En Estados Unidos, la visa se ha convertido en un mecanismo de control para condicionar ciertas decisiones judiciales y forzar la cooperación en materia de seguridad. El visado tiene sus antecedentes en las cuotas migratorias de 1921 y 1924, impulsadas por el congresista Albert Johnson y el senador David Reed, que buscaban controlar la entrada de extranjeros al país tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Aunque no existe formalmente una doctrina Reed-Johnson, las restricciones de visado se han convertido en un instrumento de presión diplomática y también en una herramienta geopolítica. Así como Henry Kissinger recurrió a la diplomacia y Madeleine Albright defendió el uso de la fuerza en algunas ocasiones, el Departamento de Estado utiliza los visados para influir en las decisiones de los países del subcontinente.
La restricción de las visas no es exclusiva de Donald Trump. En su caso es más evidente porque ha recurrido a ello como mecanismo para alinear a países en el hemisferio. Algunos de sus antecesores, como Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden, también hicieron uso de esta estrategia. En los casos anteriores, la restricción se atribuyó a presuntos señalamientos por corrupción, nexos criminales y algo que se denominó “actores antidemocráticos”.
Sin embargo, en este nuevo mandato de Trump la reconfiguración del hemisferio se sostiene no solo en la Doctrina Monroe y el Corolario Trump, sino también en el control de los permisos de accesos a suelo estadounidense.
El caso más llamativo es el de México y la revocación del visado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la medida y ha acusado a Washington de injerencia. Asimismo, el hijo del exmandatario exigió en una carta la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario, Christopher Landau.
Cabe destacar que el retiro de visas no constituye, por sí mismo, un embate contra la soberanía, ya que el visado no es un derecho humano, sino un permiso para solicitar el ingreso a Estados Unidos por motivos como turismo o trabajo. El morenismo ha cuestionado la medida y la ha presentado como una forma de injerencia para utilizarlo como combustible político en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones intermedias de 2027.
Otro caso que puede citarse es el de Brasil. El gobierno de Trump retiró el visado a miembros del Tribunal Supremo Federal para evitar el enjuiciamiento a Jair Bolsonaro. Washington pretendía que el expresidente no fuera inhabilitado para que pudiera competir en las elecciones de este año. Al no lograrlo, Trump impuso aranceles del 50% a buena parte de los productos brasileños y se abrió un canal de confrontación con el presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, que busca vencer en las urnas a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, y conseguir un cuarto mandato.
El escenario preelectoral brasileño está marcado por las presiones de Trump y los intentos de alinear al gigante sudamericano con la nueva Doctrina Monroe. Lula ha aprovechado las acciones para construir su campaña y su candidatura como un movimiento de defensa de la soberanía nacional. Por otro lado, Flávio Bolsonaro considera que el mal entendimiento con los Estados Unidos es culpa del presidente, por lo que su victoria abriría un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Blanca y el Palacio de Planalto.
La amenaza de la revocación de visados también ha servido para limitar la influencia de China en el hemisferio y, con ello, reafirmar la hegemonía estadounidense. En Chile, la presión de Washington estuvo vinculada al proyecto Chile-China Express, que contemplaba la construcción de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong. El proyecto quedó suspendido después de que el gobierno chileno revocara la concesión inicialmente aprobada. El embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, había expresado su preocupación por los riesgos que, a su juicio, implicaba el proyecto para la seguridad regional.
Ante esa situación, el entonces presidente, Gabriel Boric, decidió dejar en suspenso la construcción del cable. Posteriormente, Washington retiró las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Transportes, Claudio Araya, y al jefe de gabinete del mismo ministerio, Guillermo Petersen.
En la vecina Colombia, al expresidente Gustavo Petro también le fue retirada la visa tras una polémica visita a Washington. Durante una protesta pro Palestina en Nueva York, el exmandatario hizo un llamado a que los soldados estadounidenses desobedecieran las órdenes de Trump. El Departamento de Estado le revocó el visado; Petro reivindicó sus declaraciones, y varios de sus ministros renunciaron voluntariamente a sus visas. Aunque la tensión con Trump se mantuvo, el presidente colombiano optó por moderar su discurso y evitar declaraciones incendiarias. En marzo de 2026, Estados Unidos reactivó el visado de Petro hasta el final de su mandato.
Centroamérica no ha sido ajena a este fenómeno. En Costa Rica, la Casa Blanca retiró las visas al expresidente Oscar Arias y al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Rodrigo Arias. También fueron retirados los visados de varios legisladores de la oposición al gobierno de Rodrigo Cháves, un aliado clave de Estados Unidos.
Así como hasta ahora hemos visto ejemplos de revocación de visados, también hay casos en los que se han usado como reconocimiento a la colaboración con la Casa Blanca. En El Salvador, el gobierno de Joe Biden retiró los visados a varios funcionarios señalados de corrupción, como también ocurrió en otros casos con Honduras, Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, algunas de estas restricciones fueron revisadas o canceladas, al menos en el caso salvadoreño.
Aunque el Departamento de Estado ha dicho que el retiro de visas responde estrictamente a criterios legales, de seguridad nacional y de cumplimiento de sus normas migratorias, y ha negado que se trate de un castigo por opiniones políticas o actitudes personales, el argumento de la seguridad nacional es el más amplio y genérico, ya que permite a Washington delinear qué considera una amenaza para su seguridad.
Las justificaciones abarcan desde la presunta colusión de políticos con miembros del crimen organizado, como en el caso mexicano, hasta el intento de limitar la influencia de otros países en el hemisferio, como en Chile, o la advertencia sobre la posible radicalización de grupos de extrema izquierda, incluidos grupos propalestinos, según funcionarios del gobierno estadounidense. En algunos casos, estas medidas han sido calificadas de injerencia, como en el caso brasileño.
Los visados, por lo tanto, han dejado de ser una mera herramienta migratoria para convertirse en un mecanismo de castigo y recompensa. Bajo Trump, negar o devolver el acceso a Estados Unidos es otra forma de imponer disciplina y reafirmar su hegemonía en el continente.
Autor
Cientista Político. Graduado en la Universidad Nacional Autônoma de México (UNAM). Diplomado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién.
