Hay muchas cosas en juego en las elecciones del domingo 25 de octubre en Brasil: democracia, derechos básicos, el futuro de la Amazonía y la soberanía nacional, por solo mencionar algunos temas. Sin embargo, algo menos debatido pero clave, es el futuro de la transición energética justa en la región.
El plan de Flavio Bolsonaro ya anuncia: “vamos a ayudar al mundo a realizar la transición energética”, al mismo tiempo que señala que “vamos a permitir la explotación de gas no convencional (fracking)”. Estas afirmaciones reflejan las visiones sobre transición energética, no únicamente de Bolsonaro, sino de los lideres de extrema derecha que han llegado al poder en el último ciclo electoral. En caso de una victoria, Bolsonaro tendrá la vía libre para implementar su visión sobre transición energética en la región.
¿Qué significa transición energética para la extrema derecha latinoamericana?
Todos los planes de gobierno de la extrema derecha, incluyendo la derecha radical como Kast o de la Espriella y la derecha conservadora de mano dura como Fujimori o Noboa, tienen una sección específica sobre energía en sus planes de gobierno a excepción de Milei.
La transición energética, como señalan Pablo Bertinat y Jorge Chemes, es un término en disputa. La declaración de Santa Marta de abril de 2026 define la transición energética justa global, como un proceso de abandono de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La extrema derecha parece proponer una visión de transición energética más cercana a lo que ciertos activistas ambientales han denominado de “transacción energética”.
Este proyecto implica, por una parte, no abandonar las energías fósiles, sino por el contrario continuar, y en muchos casos, expandir su producción. A semejanza de Donald Trump, tanto Milei como de la Espriella apostaron por el fracking como motor económico, promesa también recogida por Bolsonaro. Esto, sumado a las propuestas de flexibilización de la legislación ambiental, presentada como proceso de “desburocratización” o “fast track” para proyectos estratégicos, y la reducción de la capacidad de fiscalización del Estado, representan un grave peligro ambiental. De hecho, en Argentina la región de Vaca Muerta ya sufre las consecuencias de estas decisiones.
Algunos lideres de la extrema derecha presentan la transición, que incluye el abandono de los fósiles, de forma negativa y apuntan a un aumento de la inseguridad energética, a una perdida de competitividad en el mercado y a impactos negativos en el crecimiento de sus países. Por ello, prefieren enfatizar la idea de diversificación energética. En ese sentido, mantienen la importancia de aumentar la explotación de energía fósil y no dar lo que ellos llaman “un salto al vacío”, que sería abandonarlas.
El impulso a las energías renovables es presentado por estos actores como una ventaja comparativa para la atracción de inversiones internacionales. En vez de transición, lo que se busca es una expansión de la oferta para atraer industrias que usan intensivamente energía, pero quieren aparentar sustentables.
La mayoría de los planes, incluyendo el de Bolsonaro, ponen los recursos naturales, incluyendo tierras raras, minerales críticos y energía limpia, al servicio de estas industrias internacionales. Proponen a la energía limpia (y ya no alternativa) como un commodity a ser exportado, sea directamente como en el caso de biocombustibles o hidrogeno verde, o indirectamente alimentando la descarbonización de industrias extractivas globales o a través de datacenters. Las consecuencias son una profundización de la reprimarización de las economías, un aumento de la dependencia internacional y un retroceso en la respuesta a la crisis climática.
Descarbonización energética
América Latina es una de las regiones pioneras en producción de energía renovable, según la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (OLACDE). No obstante, la mayor parte de la energía eléctrica renovable está vinculada a la energía hidroeléctrica. Esta energía es afectada por la intensificación de sequías vinculadas al cambio climático, como lo mostró la crisis de apagones en Ecuador en 2024. Así, el aumento de producción de energías renovables es necesario para garantizar la seguridad energética de los ciudadanos de la región y combatir la pobreza energética, particularmente en zonas no interconectadas.
Este aumento también es necesario para descarbonizar la matriz energética primaria de la región (destinada tanto al sector eléctrico, transportes, industria, entre otros). A pesar de los esfuerzos, el índice de renovabilidad de la oferta total primaria de la región solo alcanzó el 34.53% en 2024, según la OLACDE. Es decir, la descarbonización del sector transporte e industrial (incluyendo agroindustrias) aún es un reto pendiente para el cual necesitamos energía renovable. Así, expandir los usos de la energía, atrayendo sectores de alto consumo energético como datacenters, impacta directamente los planes de descarbonización nacionales.
La energía, incluso la energía renovable, depende de recursos limitados (como tierra o agua) y su producción no está libre de impactos socioambientales negativos. Por lo tanto, colocar como meta la diversificación sin repensar los usos de la energía y sin adoptar criterios socioambientales más claros ubica a la región como un espacio de colonialismo y extractivismo verde, sin ninguna consideración de justicia climática.
En Brasil, del otro lado del espectro político, el plan de Lula da Silva en materia de energía tal vez es uno de los puntos débiles dentro de su agenda ambiental, particularmente su ambivalencia con relación a la explotación de petróleo. No obstante, su compromiso con la agenda climática, la democracia, y su disposición a promover la participación de la ciudadanía, lo convierten en un gobierno que pueda ser más permeable a las demandas de la sociedad civil por una transición justa. Y lo colocan también como un freno a los proyectos de transacción energética en la región.
Autor
Doctora en Sociología por la PUCP (Perú) y Profesora de Ciencia Política en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Brasil. Coordina el Laboratorio de estudios políticos para la acción climática (LEPAC).
