La praxis comercial verde de Europa es un camino sin retorno. Desde el Acuerdo Verde Europeo de 2019, lanzado por la presidencia de la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, hasta el Plan de Recuperación EU Next Generation, lanzado en julio de 2021 por la presidencia de Ursula Von der Leyen, a los Estados miembros de la Unión se les exige una previsión de reformas fiscales y revisión de la legislación sobre subvenciones. El objetivo es que los países de la Unión adapten sus sectores de transporte, industria, energía y gestión de residuos a las nuevas metas medioambientales.
La Unión Europea aprovechó la necesidad de inversión para la recuperación económica posterior al COVID 19 para vincular el dinero de las transferencias y préstamos europeos a los compromisos de sus Estados miembros con la transición energética y ecológica. El contrapunto de esta realidad de transición –que incluye el cumplimiento de los objetivos de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030 y de neutralidad para 2050- es que el comercio internacional con los países de la Unión Europea se verá afectado.
La Unión Europea es el segundo socio comercial de Brasil, considerando importaciones y exportaciones. Y para esta relación comercial dos temas son centrales: uno es el Acuerdo Mercosur-UE; el otro es la previsión de nuevos mecanismos fiscales en Europa sobre la emisión de gases contaminantes y el uso de energías no renovables en la producción agrícola e industrial, con impacto en el precio de las importaciones de los países contaminantes.
Después de casi tres décadas, el Acuerdo Mercosur-UE vuelve a estar paralizado. Tras la reanudación de las negociaciones por parte del presidente Temer y un importante avance dado en 2019 con la firma del acuerdo bajo el gobierno Bolsonaro, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de su aprobación ante la falta de mecanismos de transparencia y garantías de control sobre los delitos ambientales en Brasil. Países como Francia, Irlanda y Austria plantearon sus sospechas y críticas relacionadas con Brasil y el incumplimiento de los compromisos en materia de deforestación y otros aspectos ambientales.
La Comisión Europea ha comprometido a sus Estados miembros a realizar las reformas necesarias para utilizar las inversiones del paquete de recuperación económica EU Next Generation. Estas reformas deben incluir «impuestos medioambientales», además de un impuesto sobre el carbono para aumentar los ingresos directos europeos y desincentivar la producción contaminante y la «fuga de carbono» (cuando una industria traslada su producción a países donde el carbono es más barato o las normas no son tan estrictas como las nacionales).
La Comisión recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y planes de inversión y acción que conllevan reformas para garantizar el cumplimiento de las metas de la transición ecológica. La nueva generación de impuestos busca, por un lado, una compensación por la responsabilidad medioambiental y, por otro lado, garantizar que los que contaminan sufran las consecuencias pecuniarias, siguiendo el principio «quien contamina paga».
En este contexto, la realización de una transición normativa y tecnológica, y la implementación de las reformas necesarias para cumplir las metas de comercio sostenible, son pasos ineludibles para Brasil debido a la dependencia comercial con los países europeos.
Esto implica reformas para la transición tecnológica y energética en las empresas productoras y en la industria brasileña de los sectores dependientes del comercio exterior con los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido (que también adhirió a los objetivos de la transición energética verde).
En caso de que no haya una cadena de producción comprometida con los objetivos verdes se prevé repercución en la balanza comercial brasileña con Europa y también con Estados Unidos.
Una nueva postura de Bolsonaro
Mientras tanto, vimos en Glasgow una nueva postura del gobierno de Bolsonaro respecto a los compromisos adquiridos en la COP26. El ministro de Medio Ambiente anunció un «nuevo» objetivo climático, que en realidad significaba una reanudación del compromiso del Tratado de París.
Pero más allá de esto, Brasil formó parte de dos relevantes acuerdos medioambientales en los que los países firmantes se comprometen a reducir las emisiones de gas metano y a proteger las florestas. El primer acuerdo afecta directamente a las actividades agrícolas y ganaderas brasileñas y supone la aplicación inmediata de medidas para cumplir la meta de reducción de emisiones de gas metano en 30% hasta 2030.
Con el segundo acuerdo, Brasil se compromete a alcanzar la deforestación cero para 2030 en un pacto que destaca la importancia de las comunidades tradicionales que dependen de las florestas (los pueblos indígenas) y propone un embargo al comercio internacional y a la financiación de productos procedentes de países que no respeten las tierras protegidas, sus pueblos y sus florestas. Esta fue una nueva sorpresa del actual gobierno, esta vez positiva.
Sin embargo, la herencia de Glasgow y el dilema de la ratificación del Acuerdo Mercosur-UE enseñan que el statu quo de las condiciones comerciales entre Brasil y los países de la Unión Europea no se mantendrá. Una vez que los países europeos cumplan sus compromisos, independientemente de que Brasil cumpla los suyos, el impacto de la transición verde europea llegará a los sectores exportadores brasileños.
En este contexto, además de la expectativa sobre los próximos capítulos respecto a los compromisos asumidos por Brasil en la COP26, es fundamental para los sectores exportadores brasileños llevar a cabo una transformación radical en sus modelos energéticos y en la gestión de recursos y tecnología, alineándose con el compromiso mundial respecto al riesgo climático.
Los sectores exportadores brasileños que dependen del comercio con la UE precisarán de adaptaciones e inversiones para garantizar el flujo de las exportaciones. En otras palabras, tendrán que cambiar para mantener su situación actual en el escenario del comercio internacional.
Autor
Cientista política. Profesora e investigadora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Doctora en Ciencia Política por IUPERJ (actual IESP / UERJ). Investigadora del Centro Brasileño de Relações Internacionais (CEBRI) - Núcleo Europa.
