El diputado federal de Morena, Armando Contreras Castillo, presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica para que la próxima elección de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se celebre como ha venido sucediendo desde 1945. Desde entonces, la elección se ha realizado a través de una junta de gobierno que le ha garantizado estabilidad a la máxima casa de estudios de los mexicanos.

La iniciativa de marras señala lo siguiente: “La persona titular de la Rectoría será elegida por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca el Consejo Universitario, que deberán garantizar el principio de paridad de género”.

Además, la iniciativa, que no se discutió ni se publicó en la Gaceta Parlamentaria, ni mucho menos se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que al menos momentáneamente no podrá aplicarse en el siguiente proceso de renovación del rector que dirigirá la institución entre 2023 y 2027.

El argumento esgrimido por el diputado para impulsar la iniciativa, que inmediatamente provocó reacciones sociales y políticas en contra, fue que “la junta de gobierno se ha constituido en una instancia impermeable a la renovación generacional de las instituciones sociales y de gobierno, consolidándose como un factor de inmovilismo político”. Sin embargo, lo que no se señala es que el ente está integrado por 15 distinguidos universitarios de la comunidad académica que son elegidos por el pleno del consejo universitario y, solo en ocasiones específicas, por la propia junta, y tiene entre sus principales facultades nombrar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos.

Así mismo, hay que recordar que los electos tanto de la junta como los rectores y directores deben cumplir los mismos requisitos: ser “mayor de 35 y menor de 70 años, poseer grado universitario superior al de bachiller, haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación a la UNAM o haber mostrado en otra forma interés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente”.

Grosso modo, la UNAM tiene actualmente alrededor de 360.000 estudiantes, 43.000 académicos y 33.000 empleados administrativos, por lo que para celebrar elecciones directas como lo propone el planteamiento haría falta una gran movilización logística y de recursos. Además, de aprobarse dicha idea, esta desplazaría este voto indirecto por uno directo, sustituyendo, así, un voto sustantivo por otro marcado por el de la popularidad. Bien reza un mensaje de Facebook: “La elección de un rector debe partir de criterios académicos y no de popularidad. Una universidad no es una república”.

Morena tiene la mirada puesta en la UNAM, y en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha vapuleado mediáticamente mediante el argumento ideológico de que es una institución conservadora y neoliberal, lo que podría explicar el porqué de la propuesta del diputado federal.

Ante las dificultades de Morena para imponer su voluntad política por las vías institucionales, lo está intentando a través de una “elección directa y del sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible” para, de esta forma, impulsar candidatos afines en la máxima casa de estudios y también en el resto de las universidades públicas del país.

Actualmente, por ejemplo, en las universidades públicas del estado de Sinaloa, el Gobierno y el Parlamento local, dominados por Morena, están haciendo un ensayo para no solo imponer ese tipo de voto “democrático”, sino para que también el Congreso del Estado cumpla tareas de auditoría financiera, consultas universitarias y presentaciones de altos funcionarios universitarias ante el pleno de diputados locales. Esto ha hecho que la Universidad Autónoma de Sinaloa se haya amparado a través de consejeros universitarios, lo que llevó a que un juez otorgara una suspensión provisional en la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado.

Es evidente que el interés de Morena, tanto en la UNAM como en las universidades de provincia, es eminentemente político. No hay un interés académico: el objetivo es el control de las instituciones, y con el voto universal de los estudiantes y académicos se busca capturar estas instituciones, lo que terminaría por lesionar fuertemente la autonomía universitaria.

Por fortuna, el asunto sinaloense va camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los once ministros que han refrendado el cumplimiento y el hacer cumplir la Constitución deberán interpretar y resolver las reformas sinaloenses. Lo que resulte tendrá aplicación para el resto de las universidades públicas.