“América Latina y el Caribe mantiene una trayectoria de moderado crecimiento y su economía se expandirá 1,5% en 2018, a pesar de incertidumbres externas”. Así se titula el más reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El moderado crecimiento al que se refiere el estudio representa un hachazo de siete décimas en comparación con el 2,2% previsto en el mes de abril. Esto significaría que la economía de Latinoamérica crecerá este año casi al mismo ritmo que el año pasado.  

De acuerdo con el estudio, el recorte se debe principalmente a la notable reducción a la baja de sus proyecciones para América del Sur, que pasó del 2% al 1,2%, y al ligero ajuste para México y América Central, que crecerían alrededor del 2,5%. Por el contrario, la previsión de crecimiento para los países del Caribe mejoró ligeramente respecto al reporte anterior y crecerán un 1,7%. Por países, las economías que sufrieron los mayores recortes fueron Argentina (de un 2,5% a una contracción de 0,3%), Brasil (de 2,2% a 1,6%), Ecuador (de 2,0% a 1,5%), Uruguay (de 3,0% a un 2,3%) y Venezuela (de una contracción del 8,5% a un 12,0%). Mientras, en Centroamérica el país más afectado fue Nicaragua (de 5,0% al 0,5%) por el impacto de la crisis política. 

La recuperación económica en Latinoamérica está siendo más lenta de lo esperado, debido a la complicada situación política en ciertos países»

La recuperación económica en Latinoamérica está siendo más lenta de lo esperado, debido a la complicada situación política en ciertos países. Tras los comicios presidenciales en Colombia, Iván Duque ha reiterado que su programa de gobierno girará en torno a los principios de legalidad, iniciativa empresarial y equidad, pero tiene el gran desafío de unificar a una sociedad fuertemente polarizada y luchar contra la corrupción y el crimen organizado. En México, Andrés Manuel López Obrador enfrenta una fuerte crisis de seguridad, pero promete solucionarla enfrentando la pobreza y la corrupción. Si bien se respira cierta esperanza, no hay garantías del éxito de su enfoque. En Brasil, por otra parte, la carrera electoral hacia octubre está abierta. El Partido dos Trabalhadores (PT) ha nombrado como candidato al expresidente Lula da Silva, quien lleva adelante la campaña electoral desde la cárcel, donde se encuentra recluido por corrupción. De momento, las encuestas favorecen a Lula, seguido de Jair Bolsonaro; sin embargo, la participación del expresidente en las elecciones será resuelta por la Suprema Corte a mediados de septiembre. Pero más allá de los resultados electorales, la incertidumbre política está impactando en la economía brasileña. Y en Venezuela, Nicolás Maduro anunció recientemente un nuevo plan de recuperación económica que es más de lo mismo, más allá de que el Gobierno ha reconocido finalmente su papel en la hiperinflación. 

En el plano geopolítico, los conflictos comerciales entre las grandes potencias, la caída en los flujos de capital en los mercados emergentes y una subida en los niveles de riesgo soberano, acompañado del debilitamiento de las monedas de los emergentes frente al dólar, está debilitando el crecimiento regional.  

En este marco, y a pesar de que la Cepal ha intentado “suavizar” el mensaje negativo sobre el crecimiento de la región, el hachazo en sus previsiones de crecimiento —lo que sugiere que la economía está perdiendo dinamismo—, aunado a un entorno político y geopolítico complejo, nos hacen pensar que las economías de la región no lo tienen fácil para lo que resta del año y para el que viene.

El financiamiento regulado de los partidos políticos es un aspecto central para el buen funcionamiento de la democracia y de los procesos electorales. Esto no solo minimiza la dependencia de los partidos de los aportes privados que pudiesen derivar en intercambios de favores, sino que permite mantener cierta equidad en la competencia electoral. Sin embargo, la falta de control en la financiación privada amenaza la viabilidad de los sistemas democráticos en una región marcada por la desigualdades distributivas que, de por sí, han creado sesgos en los procesos democráticos.

Para evitar esta amenaza, existe en toda América Latina, con excepción de Bolivia y Venezuela tras las reformas de 2009 y 1999, la modalidad de financiamiento público de los partidos. Pero el aporte del Estado, ya sea de forma directa o indirecta, no es suficiente para financiar el sistema. Por ello, “la mayoría de los países de la región adoptan sistemas mixtos de financiamiento que combinan el financiamiento público y el privado”, afirmó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en su artículo Los sistemas de financiamiento político en América Latina: principales tendencias, publicado en la página web reformaspoliticas.org.

Desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política»

Sin embargo, a pesar de que en ciertos países las financiaciones públicas son considerables desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política, debido a la ausencia de una regulación efectiva. Si bien el financiamiento privado es indispensable, también tiene sus riesgos, como la utilización de dinero proveniente de actividades delictivas para fines políticos. En países como México, Colombia, Brasil o los países centroamericanos, amenazados por el narcotráfico y el crimen organizado, el financiamiento de campañas para comprar impunidad es el principal riesgo. De hecho, aunque las contribuciones privadas no provengan de fuentes dudosas, igualmente pueden comprometer los procesos democráticos, debido no solo a su gran capacidad de influencia, sino también a la percepción pública que estas generan.

Estos escándalos “han hecho tambalear Gobiernos, al tiempo que han debilitado a los partidos políticos y erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”, afirmó el director para América Latina y el Caribe, de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, en su artículo Reflexiones en torno a las reformas de la financiación política en América Latina. Y por ello el financiamiento de la actividad política se encuentra en el centro de la agenda pública en la mayoría de los países latinoamericanos.

Regular adecuadamente el financiamiento político es de vital importancia para mejorar la calidad de la democracia. Con este fin, o como simple apariencia, en las últimas dos décadas la mayoría de los países han llevado adelante reformas y regulaciones que, sin embargo, en gran parte de los casos no han eliminado definitivamente los problemas. Esto se debe, entre otros factores, a la disputa de intereses, a problemas de diseño y ejecución, o a que a medida que se crean nuevas reglas, las redes corruptas encuentran nuevas formas de evasión para mantener su influencia.

Las democracias latinoamericanas enfrentan grandes desafíos en cuanto a la relación entre el dinero y la política. Por ello, es fundamental que partidos políticos, legisladores, organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar la transparencia sobre el origen y destino de los montos, con el fin de mantener el equilibrio entre los partidos y ayudar a prevenir potenciales conflictos de interés. Y para alcanzar dicho objetivo, señaló Ferreira, el “elemento esencial de todo sistema de financiamiento es el grado de transparencia y rendición de cuentas que este garantice”.

Luego de seis años de estancamiento, en 2017 la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica volvió con bríos y se incrementó notablemente respecto al año anterior. Según el último informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el flujo de IED en la región creció 8% y alcanzó los 150 mil millones de dólares. Este resultado contrastó notablemente con la tendencia mundial, pues el flujo global de IED presentó una caída interanual del 23%, arrastrada básicamente por una caída en torno a un tercio en las economías desarrolladas y de más del 20% en África, mientras que en los países asiáticos que están en vías de desarrollo los flujos se estancaron, básicamente.

En América Latina los flujos de inversión extranjera aumentaron, atraídos por la recuperación gradual de la actividad económica regional y el aumento de los precios de las materias primas. Desagregando los datos por país, el primer lugar se lo llevó Brasil, que registró flujos por 63 mil millones de dólares, marcando un crecimiento del 8%, y el segundo lugar fue para Argentina, que registró inversiones por 12 mil millones de dólares, lo que representó un masivo crecimiento anual del 264%. En el Caribe, los flujos de IED también crecieron vertiginosamente, impulsados por un fuerte incremento, sobre todo, en República Dominicana y en Haití —este último posiblemente refleja inversiones de China en cuanto a la infraestructura—.

En otras partes de Latinoamérica, el cuadro fue menos alentador. A pesar de que en Colombia la IED mostró signos de crecimiento moderado, esta se estancó en México y Perú, y se contrajo en Chile por las disputas laborales en el sector minero. En Centroamérica la inversión creció apenas un 2%, aunque con marcadas diferencias entre países, pero hubo un gran crecimiento en Costa Rica y El Salvador.

El grueso de los flujos de IED en Latinoamérica se destinó a los sectores productores de materias primas»

Como históricamente ha venido ocurriendo, el grueso de los flujos de la IED en Latinoamérica se destinó a los sectores productores de materias primas. Los commodities que recibieron mayor inversión fueron la soja, los metales básicos y el sector extractor, particularmente petróleo. Sin embargo, 2017 también mostró que hubo notables flujos de inversión en bienes de consumo y comercio al por menor, particularmente en Sudamérica, cuya demanda interna ha comenzado a recuperarse después de un largo periodo de debilidad.

Otros sectores con mejoras fueron el automotriz y el energético, no solo en el sector tradicional, sino también en las energías renovables. Las infraestructuras, principalmente el transporte y la logística, también se destacaron por recibir mayores flujos, gracias a que varios Gobiernos en la región fortalecieron marcos para forjar alianzas público-privadas. Esto, como parte de un esfuerzo por cerrar la brecha de infraestructura que dificulta la productividad y el crecimiento.

A pesar de la muy positiva evolución de la IED en 2017, las perspectivas para este año son, en el mejor de los casos, inciertas. De acuerdo con el informe, se espera que los flujos disminuyan ligeramente o, en el mejor de los casos, se estanquen. Si bien se espera una aceleración de la recuperación económica en algunas de las grandes economías de la región, como Chile, Perú y Colombia, los expertos consultados por FocusEconomics han revisado recientemente sus previsiones de crecimiento para Argentina por la fuerte sequía y depreciación de la moneda, y en Brasil, por la incertidumbre electoral.

Pero más allá de la incertidumbre para este año y el siguiente, la política comercial podría ser un gran impulsor de mayores flujos de IED en la región, incluyendo inversiones intrarregionales. Esto, gracias a los esfuerzos por diversificar las relaciones comerciales y para fortalecer y profundizar la integración regional a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en ingles), el acuerdo discutido entre la Unión Europea y el Mercosur (la Unión Aduanera del Cono Sur) y una mayor cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Si estas negociaciones —y otros acuerdos más pequeños, actualmente en vías de negociación— se confirman, las perspectivas de mayores influjos de IED seguramente mejorarán a mediano y largo plazo. Por ahora, lo que estamos viendo es que el bajo crecimiento económico y la prevaleciente incertidumbre política y geopolítica están frenando los flujos de capital.