Una región, todas las voces

La inequidad regional: el lado más oscuro de la desigualdad

Que América Latina es la región más desigual del mundo ya es un tópico. El dato no tan difundido es la enorme inequidad económica que existe entre las diferentes regiones dentro de los países latinoamericanos. Como ejemplo, el departamento de Chocó —el más pobre de Colombia— tardaría 200 años en alcanzar los niveles de renta per cápita de Bogotá, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Colombia, del año 2015. En América Latina, los ingresos de las personas de las diferentes divisiones administrativas intermedias —departamento, provincia, estado o región— son nueve veces mayores en las más ricas que en las más pobres.

En promedio, la disparidad económica territorial es cuatro veces mayor entre los países latinoamericanos que entre los de la OCDE. Sin embargo, según el informe, Descentralización fiscal y disparidades regionales en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de desigualdad varía mucho entre los diferentes países. En países como Argentina y México, el PIB per cápita en las divisiones administrativas más pobres llega a ser 16 veces menor que en las más ricas, mientras que en el extremo opuesto, en países como Honduras y Uruguay, esta diferencia se reduce a solo tres veces.

existe una alta y significativa correlación entre la desigualdad en el ingreso regional y los ingresos tributarios propios de los gobiernos intermedios”

A pesar del crecimiento económico y de la leve pero disminución al fin y al cabo de la desigualdad en los países de la región de las últimas décadas, las disparidades resultantes en los ingresos tributarios entre gobiernos intermedios no ha cambiado entre 2000 y 2012. De acuerdo con el informe antes citado, “existe una alta y significativa correlación entre la desigualdad en el ingreso regional y los ingresos tributarios propios de los gobiernos intermedios”, sobre todo en las economías más grandes. De hecho, el 10% de las divisiones administrativas intermedias con mayor recaudación impositiva tiene un ingreso ocho veces mayor que el 10% de las divisiones con menor recaudación.

Uno de los factores que determina estos desequilibrios horizontales es la descentralización impositiva que otorga potestades a gobiernos subnacionales que difieren entre sí en sus “capacidades fiscales y necesidades de gasto”. La desigualdad en la recaudación de las regiones también se debe, según el informe, a las variaciones del tamaño y las características sociales y económicas del país, a la capacidad de gestionar ingresos y servicios, y a la creciente concentración económica en las grandes ciudades. Por ello, mientras ciertas administraciones alcanzan considerables niveles de bienestar y prosperidad, otras no cubren las necesidades básicas y permanecen estancadas a lo largo del tiempo.

Hasta el momento, los sistemas de transferencias fiscales no han contribuido a un mayor equilibrio. Han sido pocos los países latinoamericanos que han incorporado reformas puntuales en sus sistemas de transferencias fiscales con el objetivo de reducir las diferencias fiscales interregionales. De momento, ningún país ha realizado reformas profundas que compensen las grandes diferencias. Por ello, organismos, académicos y expertos consideran que, al igual que el informe del BID, una mayor igualación fiscal entre regiones “es un componente esencial de todo proceso de descentralización que procure un desarrollo territorial equitativo, integral y sostenible”.

Foto de United Nations Industrial Development Organization on Trend Hype / CC BY

El populismo religioso se inserta en la política

La participación de las iglesias evangélicas o neopentecostales en la política latinoamericana crece día a día y alimenta las facciones políticas de la ultraderecha para impulsar su agenda conservadora. Ya sea a través de candidatos propios o apoyando líderes afines, definen elecciones y presionan en la toma de decisiones, gracias a su poder retórico que canaliza la desesperanza en la política.

La asociación entre religión y política no es cosa nueva. Históricamente la Iglesia católica ha estada vinculada, por lo general, con los partidos conservadores o ultraconservadores, así como con movimientos como “Tradición, Familia y Propiedad”, surgido en los sesenta y vinculado a las dictaduras del Cono Sur. La religión católica también ha estado presente con diversas posturas políticas a través de la democracia cristiana, que en algunos países llegó a la Presidencia. Incluso ha estado relacionada con la izquierda, a partir del Concilio Vaticano II, el movimiento de la Teología de la Liberación tuvo una gran influencia. En la actualidad, el catolicismo sigue presente en la retórica política de gran parte de los países latinoamericanos.

Sin embargo, el monopolio católico que hasta los setenta no conocía competencia, ha ido cediendo terreno durante las últimas décadas frente al evangelismo. Actualmente, casi el 20% de la población de América Latina practica esta corriente y en algunos países centroamericanos está cerca de alcanzar a la mitad de la población, debido a una particular penetración en las clases bajas y marginadas de la sociedad.

los sectores evangelistas se han infiltrado en la política para imponer sus ideales opuestos a la alteración del orden patriarcal, a la reinterpretación del concepto de familia, a la homosexualidad y a las libertades sociales

A pesar de la competencia por los fieles, al igual que la Iglesia católica, los sectores evangelistas se han infiltrado en la política para imponer sus ideales opuestos a la alteración del orden patriarcal, a la reinterpretación del concepto de familia, a la homosexualidad y a las libertades sociales.

Según el artículo Iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica, publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el evangelismo explota, además políticamente, su gran despliegue mediático, gracias a sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales, que deja en desventaja a los demás candidatos del sistema político. Estas organizaciones cuentan, a su vez, según Javier Calderón Castillo, autor del artículo, con una “gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses” y son fervientes “defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo”.

En este marco, las organizaciones evangelistas están cada vez más presentes en la vida política de América Latina. En países como Costa Rica, República Dominicana, Perú y México han organizado marchas en contra del movimiento LGBT. En Colombia, donde representan el 20% de la población, los evangelistas, asociados con el expresidente Álvaro Uribe, tuvieron un rol fundamental en la derrota del plebiscito del 2016 para ratificar el Acuerdo de Paz, debido a que implementaba los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. En Brasil, con unos 22 millones de pentecostales, Eduardo Cunha, antes de ser condenado a 15 años de prisión por corrupción, lideró la bancada evangelista en contra de las reformas a favor de los derechos reproductivos de la mujer y del dudoso juicio parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Y en Guatemala, donde el evangelismo prácticamente ha alcanzado al catolicismo, el gobierno es presidido por Jimmy Morales, un humorista y teólogo evangelista, que en sus discursos exhibe aires de predicador.

En la mayoría de los países de América Latina, al igual que el catolicismo, el evangelismo ha penetrado las esferas políticas con el fin de imponer su agenda ultraconservadora. Pero a diferencia de la narrativa más ortodoxa de la Iglesia, los pastores evangelistas están introduciendo en la política una suerte de populismo religioso, más radical y de mayor alcance.

Foto de Ministerios Cash Luna en Trend hype / CC BY-NC-SA

La creciente influencia de China en la economía de A. L.

En las últimas décadas, el peso de China en el crecimiento de la economía mundial no ha parado de aumentar y se ha acentuado aún más tras la crisis financiera mundial. Mientras que en el año 2000 el gigante asiático representaba cerca del 3,6% del PIB mundial, en 2016 su participación ascendió al 15% del total, y ya era el mayor productor industrial y agrícola del orbe. Esta enorme robustez, no solo ha implicado una radical transformación del país más poblado del mundo, sino que arrastró la economía de regiones tan lejanas como la de América Latina durante la mayor parte de lo que va del siglo XXI.

El comercio bilateral, gracias a la gran demanda de China de materias primas que disparó los precios, fue el principal factor de crecimiento para la región. A partir del 2014, la economía de los países en desarrollo se enfrió y el valor del intercambio entre América Latina y China se redujo durante tres años consecutivos. Sin embargo, en 2017 el valor de las exportaciones latinoamericanas volvió a incrementarse fuertemente con un crecimiento del 25%, acercándose al máximo histórico alcanzado en 2013, según el informe Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

el país asiático desplazará próximamente a la Unión Europea como el segundo principal comprador de productos latinoamericanos

A pesar del fuerte crecimiento impulsado por el aumento de los precios del petróleo y ciertos productos básicos, el intercambio comercial con China sigue siendo considerablemente deficitario. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el 10% de las exportaciones de bienes de la región en 2017 tuvieron como destino a China, mientras que de allí procedió el 18% de las importaciones. Si se mantiene la tendencia, el país asiático desplazará próximamente a la Unión Europea como el segundo principal comprador de productos latinoamericanos, por detrás de Estados Unidos, que en el 2010 ya había cedido el primer lugar como principal exportador hacia América Latina.

Por región, el Caribe, Centroamérica y sobre todo México presentan un abultado déficit comercial con China, mientras que América del Sur tiene un saldo prácticamente equilibrado. Los únicos países que presentan superávits comercial son Brasil, Chile, Venezuela y Perú, gracias a la exportación de materias primas, que en el conjunto de la región representan el 26% de las importaciones agropecuarias chinas. Más allá del buen dato del monto de las exportaciones, la composición de estas no es tan alentadora, ya que el intercambio con China sigue siendo básicamente de materias primas por manufacturas.

Otro factor de su influencia económica en la región ha sido su inversión. A pesar de que en 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina cayó sensiblemente, ese año China se convirtió en el segundo mayor país inversionista, después de los Estados Unidos, y en 2017 ya aportaba alrededor del 15% del IED total. Sin embargo, las nuevas adquisiciones de China se reducen básicamente a unos pocos sectores como la energía y minería, lo que demuestra que, de momento, su estrategia en la región se centra en los recursos naturales y el abastecimiento del mercado energético. En este marco, Brasil, Perú y Argentina concentran más del 80% de su inversión desde el 2005.

El financiamiento de las economías de la región es el tercero de los tres principales factores de su influencia económica. Según el informe de la CEPAL, los principales receptores del financiamiento fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, países con importantes yacimientos de hidrocarburos. Y la mayor parte de los préstamos fueron adjudicados para desarrollar infraestructura, extracción de hidrocarburos y distribución y generación de energía.

Según el informe de la CEPAL, en la primera reunión del Plan de Cooperación CELAC-China 2015-2019, las partes expresaron la intención de duplicar el intercambio comercial para 2025. Pero si bien la expansión es un aspecto importante para la región, no solucionará “las significativas carencias que caracterizan las relaciones comerciales entre ambas partes”.


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La crisis de los refugiados venezolanos

Comencemos por imaginar una situación que para muchos hermanos latinoamericanos parece ser ajena y extraña, y aceptar que nadie tiene nada asegurado al cien por ciento. A pesar de que varios lectores de Latinoamerica21 no son o han sido migrantes, muchos sí lo son o han sido y podrán entender la esencia de lo que les compartiré en este post. Entonces para el ejercicio a continuación, hagamos el esfuerzo de estimular la imaginación cerrando los ojos para eliminar cualquier distracción que aparezca en el campo visual.

Imagine usted que estalla una fuerte crisis social en el país en el que vive. Para fines de este ejercicio no es necesario especificar qué hay detrás de esta crisis. Puede ser un conflicto bélico, ideológico, una profunda recesión económica, una persecución religiosa, una epidemia… algo que, en palabras más o palabras menos, le quita no solo el techo, sino también el suelo y todo lo que hay en medio: trabajo, casa, un hogar, incluso su lugar en este mundo.

No existe otra alternativa que cambiar radicalmente la vida y, posiblemente de la noche a la mañana, convertirse en un fugitivo profesional. Usted no ha cometido ningún crimen, pero clama inocencia en algún otro lugar en este mundo donde ahora será visto como un forastero, desde la óptica de aquellos que se consideran como establecidos, como usted alguna vez lo era semanas o meses atrás.

el número de venezolanos que residieron fuera del país aumentó de alrededor de 50.000 a mitad de los noventa a 1.2 millones en 2013

El número exacto no está claro, pero es indiscutible que muchos venezolanos están huyendo de la profunda crisis política y económica que, a su vez, se está transformando en una crisis humanitaria. No obstante, la salida de estos de la República Bolivariana no es reciente ni consecuencia de la actual crisis. Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) decenas de miles ya habían emigrado del país. Los datos oficiales disponibles de inmigración indican que el número de venezolanos que residieron fuera del país aumentó de alrededor de 50.000 a mitad de los noventa a 1.2 millones en 2013. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Colombia, México y Panamá, y el grueso de esta población migrante eran personas altamente cualificadas —entre ellos ingenieros petroleros y profesionales de la salud—.

No hay datos ni estudios oficiales del número de venezolanos que han abandonado el país desde entonces, pero otras estimaciones sugieren que la salida de la población se ha intensificado rápidamente, con hasta 2 millones viviendo en el extranjero. Esta población equivaldría al 6% del total de la población venezolana. Datos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos corroboran que el número de peticiones de asilo se han multiplicado por siete en los últimos tres años, y en la misma Venezuela los medios locales han informado un incremento estrepitoso de solicitudes de pasaportes en 2016 y 2017. Algunos sondeos mencionan que entre 2 y 3 millones de venezolanos solicitaron nuevos pasaportes en 2017, mientras que el gobierno emitió solamente 300.000.

La recesión económica es cada vez más profunda y una inflación de tres dígitos está destruyendo rápidamente todo aquello que alguna vez tuvo valor. Y no bastando con eso, la escasez crónica de alimentos y medicinas está exacerbando la desesperación, haciendo que mucha gente abandone el país, incluso sin documentación oficial y pagando grandes cantidades a intermediarios para que los saquen.

La emigración que se originó durante la era Chávez consistió principalmente en profesionales de clase media con medios financieros propios para subsistir en el extranjero. Sin embargo, los migrantes de ahora son gente de la clase trabajadora poco calificada y poco educada, quienes, en lugar de emigrar a Estados Unidos, Europa u otros países latinoamericanos, huyen principalmente hacia países caribeños cercanos, entre los que destacan Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago. Dado que muchos de estos países caribeños carecen de capacidad financiera y física para atender a un gran número de llegados de Venezuela, el empeoramiento de la crisis en la que alguna vez fue la potencia petrolera de América Latina continuará ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los servicios internos, el desempleo y la población en general de estos pequeños países.

Pero esta situación no solo está poniendo presión sobre los países caribeños. Brasil y Colombia también están sintiendo la tensión. En Brasil, muchos venezolanos han cruzado al estado de Roraima, donde el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado que los refugios que mantiene ahí albergan actualmente a 6.000 venezolanos y que 5.000 más se encuentran en lista de espera. Muchos de estos refugiados cruzan la frontera con Roraima para buscar desesperadamente atención médica u hospitalización. Por su parte, el Hospital General de dicha localidad ha declarado que el número de venezolanos tratados durante 2016 aumentó tres veces y que alrededor del 80% de los pacientes en el hospital de Pacaraima, cerca de la frontera, son de nacionalidad venezolana.

El hecho de que la ley brasileña permita, a personas que han presentado una solicitud de asilo, permanecer en el país, ha sido muy atractivo para la migración de venezolanos. No obstante, las autoridades brasileñas han indicado que se encuentran elaborando un plan de contingencia para hacer frente a una posible afluencia masiva de refugiados, en caso de que la situación siga agravándose.

Colombia también siente la tensión. El Servicio Nacional de Inmigración ha publicado que unos 140.000 venezolanos viven actualmente en Colombia. Sin embargo, con el número de venezolanos que cruza la frontera, superando enormemente la cantidad que regresa al país, la población de venezolanos está aumentando rápidamente. La ciudad fronteriza de Cúcuta está siendo la más afectada y la cuerda se está tensando en los servicios de salud y vivienda, lo que ha hecho que también las autoridades colombianas estén organizando planes de contingencia para hacer frente a la posible llegada de más refugiados.

A pesar de la creciente tensión que está generando la crisis de Venezuela tanto dentro como fuera de sus fronteras, es muy probable que se desvanezcan todas las esperanzas de que esta situación pueda impulsar a la región a tomar una línea más firme y unificada hacia el régimen de Nicolás Maduro. Así mismo, es muy posible que la respuesta de política latinoamericana siga siendo reactiva, en lugar de ser proactiva, y que se vaya implementando país por país, alargando así la agonía de los venezolanos que tanto dentro como fuera de las fronteras de su país han perdido el techo y el suelo, por lo que se han convertido en fugitivos sin haberlo deseado.

Foto por Agência Amazônia Real on Trend Hype / CC BY

La izquierda en A. L., ¿el fin de un ciclo y el inicio de otro?

Este año se cumplen 20 años de la primera victoria de Hugo Chávez en las urnas venezolanas y el inicio de un ciclo de gobiernos de izquierda que se extendió a gran parte de la región. Durante dos décadas se instauraron en gran parte de los países latinoamericanos, salvo México, Colombia y algunos otros países de menor tamaño, gobiernos que abarcaron todo el espectro de la izquierda, desde la centroizquierda moderada hasta regímenes neopopulistas. Diferentes enfoques que pertenecieron a un mismo ciclo que será recordado por el gran crecimiento económico gracias al boom de las materias primas y a la disponibilidad del capital global, a la importante baja de la pobreza, la desigualdad y el aumento de la clase media, y al destape de los mayores casos de corrupción de la historia latinoamericana.

A dos décadas del inicio del ciclo liderado por Chávez, la nueva victoria de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha en Chile, es solamente el último revés que sufre la izquierda en la región. El estancamiento de la economía a partir del 2014, debido sobre todo a la caída de los precios de las materias primas, y los numerosos casos de corrupción causaron un aumento de la inestabilidad en la región y poco a poco varios gobiernos de izquierda fueron relevados por otros de derecha en sucesivas elecciones o a través de destituciones como en el caso de Dilma Rousseff en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay.

dos terceras partes de los latinoamericanos tendrán que elegir en 2018 a su próximo presidente

Tras el fin de la recesión económica, la recuperación de la demanda y los precios de los commodities ha devuelto cierta esperanza a los países sudamericanos, mientras México, amenazado por el proteccionismo de Trump y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN), busca nuevos horizontes. En este marco, dos terceras partes de los latinoamericanos tendrán que elegir en 2018 a su próximo presidente en los comicios generales de México, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica y supuestamente Venezuela.

La primera vuelta de las elecciones de Costa Rica en febrero será la primer contienda regional, y las encuestas apuntan a que la centroderecha recuperará el gobierno. En Paraguay, el claro favorito para las elecciones de abril es el candidato de derecha vinculado al ala más conservadora del Partido Colorado. Y en Colombia, los comicios que se llevarán a cabo en el mes de mayo, dentro de un clima polarizado entre defensores y retractores de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, aún no tienen un claro favorito. Pero, de momento, las encuestas ubican al candidato independiente Sergio Fajardo, líder de la Coalición Colombia, integrada tanto por sectores de centroizquierda como de centroderecha, a la cabeza.

Será recién el 1.º de julio que tendrá lugar la primera de las dos elecciones que marcarán el futuro de la región. En medio de la mayor ola de violencia y con escándalos de corrupción que rebasan cualquier límite, los mexicanos tendrán que elegir ese día a su próximo presidente. Y en ese contexto, quien lidera todas las encuestas es el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, que en 2006 fuera derrotado por Felipe Calderón por una diferencia de apenas el 0,56%. Si bien el candidato de izquierda —quien abandonó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras las elecciones del 2012 y actualmente lidera la coalición Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— tiene el apoyo de importantes sectores empresariales, gran parte de sus contrincantes tratan de sembrar la duda en el electorado presentándolo como el “Chávez mexicano”.

La segunda elección clave es la de Brasil en el mes de octubre. En un clima de mayor estabilidad política y con una economía en recuperación, tras la dudosa destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer, todos los sondeos dan como claro ganador a Lula da Silva. Sin embargo, su candidatura está en manos del poder judicial, ya que depende del resultado de la apelación del expresidente en contra de su condena por corrupción. Unas elecciones sin Lula como candidato serían radicalmente diferentes. Sin embargo, según el Instituto Datafolha de São Paulo, de momento el 38% de los votantes tienen la intención de votar a quien el expresidente designe para sustituirlo en caso de no poder ser candidato.

El país que debe cerrar el calendario electoral es Venezuela. “En el año 2018 llueva, truene o relampaguee vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución”, afirmó Nicolás Maduro el año pasado. La fecha de los próximos comicios todavía no ha sido anunciada y, según los analistas, el mal momento que atraviesa la oposición podría ser aprovechado por el gobierno para adelantar la fecha que tradicionalmente ha sido en el mes de diciembre. Sin embargo, todavía está por verse si Maduro cumple su palabra de celebrar las tan esperadas elecciones presidenciales.

El país que hace 20 años impulsó a la izquierda en la región, hoy no solo es incapaz de garantizar las condiciones fundamentales de una democracia, sino que está siendo testigo del fin del ciclo que vio nacer. La izquierda latinoamericana está debilitada y las próximas elecciones en Costa Rica probablemente le sumarán una nueva derrota. No obstante, a pesar de que aún faltan varios meses para los comicios en Brasil y México, si los resultados de las encuestas se cumplen y la izquierda llega al gobierno en las dos potencias de la región, el 2018 podría inaugurar un nuevo ciclo de izquierda en América Latina.

Foto por Eneas on Trend Hype / CC BY


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Chile: más del 50% de abstención. ¿Y en el resto de A. L.?

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El domingo 19 de noviembre fueron las elecciones presidenciales en Chile y nuevamente la abstención ganó la carrera comicial. Del total de personas con derecho al voto, solamente asistió a las urnas el 46,8%, casi tres puntos menos que la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2013. De esta forma, Chile se consolida como el país latinoamericano con menor participación electoral, una tendencia que empezó a acentuarse luego de que en 2012 se aprobara el voto voluntario.

Para cambiar esta tendencia, antes de las elecciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y varias organizaciones habían lanzado el eslogan «¡Ahora vota!». Se trataba de una campaña que tenía como objetivo promover la participación electoral ciudadana, que ha venido disminuyendo desde la vuelta a la democracia. La importancia de modificar esta tendencia se centra en que la participación ciudadana en las elecciones es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia, señaló el informe Participación electoral: Chile en perspectiva comparada 1990-2016, del PNUD.

mientras algunos pocos países consideran el voto como una obligación, la mayoría lo considera un derecho

Si bien la participación de los ciudadanos en las elecciones “es clave para el funcionamiento y legitimidad” de una democracia representativa, no hay parámetros que definan cuotas mínimas que aseguren el correcto funcionamiento. Lo que sí está claro es que mientras algunos pocos países consideran el voto como una obligación, la mayoría lo considera un derecho. Este factor afecta los niveles de participación, pero no es el único. En este marco, la tradición del país, la politización de las sociedades y la solidez del sistema partidario son factores clave a la hora de ir a votar.

“Los niveles de participación electoral varían enormemente entre países a nivel mundial”, afirmó el informe del PNUD. Mientras en los países desarrollados que integran la OCDE, la participación en elecciones parlamentarias bajó un 11% entre 1990 y 2016, en el mismo período la participación en América Latina aumentó del 63,3% al 70,8%, indicó dicho informe. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países de la región. Mientras en Uruguay y Bolivia, cerca del 90% de quienes pueden votar acceden a las urnas, en Colombia y Chile solamente el 47% lo hace.

El aumento de la participación electoral en la región, según el texto, se debe a países como Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México y Guatemala. En Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Nicaragua la participación es estable. Mientras, Chile y Costa Rica son los países que han tenido una mayor disminución de la participación.

Más allá de las tendencias, la participación en los países de América Latina se caracteriza por una alta volatilidad, lo que representa la inestabilidad política de algunos de ellos. Por eso, para seguir incrementando la participación y disminuyendo la volatilidad electoral con el fin de mejorar la representatividad democrática, es esencial que los países de América Latina sigan fomentando la confianza en los procesos electorales y en los sistemas de partidos.

Foto por Joaquín Vallejo Correa on Trend hype / CC BY-NC-ND

La región más urbanizada del mundo en desarrollo

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Durante las últimas décadas América Latina ha experimentado un acelerado proceso de urbanización. Hoy en día, alrededor del 80% de los latinoamericanos viven en zonas urbanas. En Asia, el porcentaje es solo del 50%, mientras que en África escasamente llega al 40%. Esto hace de Latinoamérica la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Por tanto, también es en donde los desafíos de un mundo cada vez más urbano se hacen, si cabe, más apremiantes.

Por lo general, el crecimiento de las ciudades es positivo y viene asociado al proceso de desarrollo económico. Las ciudades grandes ofrecen multitud de oportunidades de empleo, educación y servicios. De igual forma, el trabajo en estas es, en muchas ocasiones, mucho más productivo que en las zonas rurales; en promedio, se espera que la productividad media de una ciudad aumente un 5% cada vez que dobla su población. Esto hace que las ciudades grandes atraigan cada vez más habitantes. Como ejemplo, en América Latina la proporción de la población total que vive en ciudades de más de un millón de habitantes supera ya el 40%.

un porcentaje elevado de la población urbana se concentra en una o pocas ciudades de gran tamaño

Como es evidente, el crecimiento de las ciudades no está libre de problemas. En ese sentido, la forma de dicho crecimiento es importante. La gran mayoría de los países latinoamericanos presentan un patrón fuertemente sesgado hacia una o dos ciudades principales; un porcentaje elevado de la población urbana se concentra en una o pocas ciudades de gran tamaño (lo que se conoce como concentración urbana). Por ejemplo, mientras que a escala mundial el peso relativo de la ciudad principal de un país ronda el 16% de la población urbana de este, en América Latina este porcentaje se eleva de media al 22%. En otras palabras, comparadas con las demás ciudades de su país, la ciudad principal de cada país latinoamericano (usualmente la capital, pero no necesariamente) presenta un tamaño desproporcionado.

Según datos del Banco Mundial, varias de estas ciudades exceden los 20 millones de habitantes, como Ciudad de México, Sao Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires, y se encuentran entre las más pobladas del mundo. Otras urbes latinoamericanas están ya alrededor de los 10 millones de habitantes como Bogotá, Caracas y Lima. Y como cabe esperar, esta concentración poblacional va acompañada desde luego de una concentración de la actividad económica. Las ciudades más pobladas de América Latina son también los principales polos económicos de la región, de los cuales dependen las ciudades más pequeñas y las zonas rurales.

¿Qué puede explicar estos tamaños desproporcionados de las ciudades principales de América Latina? Parte de la respuesta yace no en las ciudades mismas, sino en las zonas más rurales. Las oportunidades menguantes en el campo, los desastres naturales recurrentes, la falta de infraestructuras, el abandono de las instituciones y la violencia han contribuido, entre otros factores, a la urbanización acelerada de la región. Así, las ciudades principales han sido el destino de millones de personas forzadas, de una u otra forma, a abandonar el campo y pueblo o ciudades pequeñas.

¿Y cuál ha sido la consecuencia de este fenómeno? En la mayoría de los casos, una urbanización poco planificada, desordenada, y con grandes deficiencias en infraestructura, cohesión social y desarrollo institucional. Deficiencias que se traducen en serios y apremiantes problemas de congestión, desigualdad, pobreza, segregación, violencia y degradación medioambiental, por mencionar los principales, que no desaparecerán por sí solos y que requieren una respuesta decidida de los gobiernos locales y nacionales de la región.

Foto de payorivero on Trendhype / CC BY-NC-ND

Corrupción en Latinoamérica: ¿fenómeno endémico?

En octubre, Transparencia Internacional publicó una actualización de su informe sobre corrupción en América Latina. ¿Qué podríamos esperar?

En efecto, la percepción de la corrupción ha aumentado en toda la región y la confianza en los Gobiernos, así como en los funcionarios, se ha deteriorado notablemente. Sin embargo, es curioso que el empeoramiento de las percepciones de la corrupción se produzca, al tiempo que las campañas políticas en curso —como lo mencionamos en un «post» anterior, varios países latinoamericanos han comenzado un ciclo electoral— prometen medidas más contundentes en contra de la malversación de fondos públicos, el cohecho, el tráfico de influencias y la corrupción en general.

El empeoramiento de la percepción también refleja una serie de protestas multitudinarias que han surgido de los escándalos en los que se vieron envueltas muchas autoridades de alto nivel a lo largo y ancho de la región, como es el caso de Odebrecht o de los Panama Papers. Sin embargo, estas campañas tienen (y tendrán) un impacto limitado en el sentimiento de la población. Por ende, la lucha contra la corrupción será verdaderamente un tema clave en el ajetreado 2018 que ya se avecina.

En su publicación People and Corruption: Latin America and the Caribbean, Transparencia Internacional recopiló los últimos resultados regionales de su encuesta Barómetro Global de la Corrupción. En esta, el 62% de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado en la región en los últimos 12 meses, mientras que solo un 10% cree que ha disminuido. En 20 países encuestados, la mayoría de las respuestas provenientes de 17 países mostró que la corrupción se ha incrementado, incluyendo una proporción especialmente alta en Venezuela, Chile, Brasil y Perú.

Las figuras institucionales siguen siendo corruptas. No así las religiosas

Un desglose de la encuesta por tipo de institución mostró que el 47% de los habitantes de la región piensa que la policía y los políticos son los más corruptos, mientras que los líderes religiosos son vistos como los menos corruptos. En Venezuela, el 76% de las respuestas muestran que la policía es corrupta, lo que refleja la alta politización de las fuerzas de seguridad venezolanas y el incremento de la violencia en todo el país.

Los venezolanos también fueron los más críticos con los esfuerzos que su Gobierno está llevando a cabo para combatir la corrupción: el 76% de los encuestados respondió que el Gobierno está haciendo un mal trabajo. Esto no es para nada sorprendente, dados los altos niveles de corrupción e impunidad en el país. El índice de Percepción de la Corrupción que produjo Transparencia Internacional para el 2016 colocó a Venezuela en el puesto 166 de 176 países.

Después de Venezuela, el país que mostró un deterioro en la percepción fue Perú. Ahí, el 73% piensa que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, y el 64% considera que los representantes electos son muy corruptos. La encuesta se realizó entre mayo y diciembre de 2016. Por tanto, no reflejó el impacto de las nuevas iniciativas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el cargo en julio de 2016 e hizo de la lucha contra la corrupción un compromiso electoral clave de campaña.

No obstante, en Perú ha habido una constante de escándalos de corrupción dentro del establishment político desde entonces, y Kuczynski está sintiendo la presión para hacer cumplir su promesa electoral. Además de eso, tiene una posición legislativa débil (el partido PPK del presidente ocupa solo 17 de los 130 escaños en el Congreso).

De manera sorprendente, los encuestados guatemaltecos tuvieron una opinión relativamente positiva sobre la lucha contra la corrupción. Solo el 42% de los encuestados dijo que esta había aumentado en el último año, y el 54%, que el Gobierno estaba progresando en su lucha.

Esta visión más optimista probablemente refleja el momento de la encuesta, la cual se realizó no mucho después de las elecciones de enero de 2016. En estas, Jimmy Morales obtuvo la Presidencia, gracias a una campaña anticorrupción y tras la destitución del expresidente Otto Pérez Molina en septiembre 2015. Este último hecho ocurrió como resultado ni más ni menos que de un gran escándalo de corrupción.

A pesar de los resultados en Guatemala, es poco probable que se mantenga la visión positiva. Desde que la encuesta se cerró en diciembre de 2016, Morales ha estado bajo constante presión por los escándalos de corrupción vinculados con aliados políticos cercanos y miembros de su familia. Además, sus esfuerzos en agosto de 2017 para expulsar al jefe de la Comisión contra la Impunidad, respaldada por la ONU en Guatemala (Cicig), han causado protestas que ahora exigen su renuncia.

La corrupción dominará un ya intenso período electoral en 2018

La corrupción es un común denominador en toda la región y el tema desempeñará un papel importante en las campañas electorales de 2018. Brasil, Colombia, Costa Rica y México son países que celebrarán elecciones presidenciales en 2018 y un número considerable de encuestados de estos opinaron que la corrupción se ha incrementado. Los resultados muestran que en cada uno de estos países existe una creciente frustración popular con el sistema político. Esta situación contribuirá a una mayor incertidumbre sobre los resultados electorales.

En Brasil, los cuatro años desde las últimas elecciones han estado dominados por una serie de escándalos de corrupción relacionados con la petrolera estatal Petrobras, la constructora Odebrecht y los vínculos que ambas compañías tenían con la cúpula política en Brasil y otros países de la región.

Incluso el actual presidente, Michel Temer, que asumió el cargo en 2016 después de que Dilma Rousseff fuera removida por cargos más bien relacionados con violar la ley presupuestaria, ha sido contaminado por acusaciones de malversación. Además, su capacidad para evitar cargos formales ha despertado un todavía mayor desencanto popular con la clase política.

En este entorno, el panorama electoral brasileño no está claro a un año de las elecciones de octubre de 2018. Numerosos políticos de los principales partidos políticos han sido desacreditados hasta cierto punto por acusaciones de corrupción. Con esto, se está brindando una oportunidad de oro para figuras ajenas al establishment político.

Este es el caso de Jair Bolsonaro, político de derechas y exoficial del Ejército. Su enfoque en la ley y el orden está atrayendo a muchos brasileños, dada la ola de crímenes violentos de los últimos años.

Por otra parte, Luiz Inácio Lula da Silva (expresidente de 2003-2011), del izquierdista Partido dos Trabalhadores, encabeza las encuestas por ahora. Esto, a pesar de haber sido condenado por cargos de corrupción (y en otras investigaciones) y de que pueda ser impedido para competir.

Considerando que la incipiente recuperación económica del Brasil se fortalezca el próximo año (y aquí me voy al consenso de analistas privados de FocusEconomics que dice que Brasil crecerá de media 2,4% en 2018), esto apoyaría las posibilidades de victoria para un candidato centrista, muy probablemente del Partido de la Democracia Social Brasileña. Esto, sobre la base de que en una posible, pero incierta, segunda ronda de elecciones, las altamente negativas calificaciones de los candidatos de izquierda o derecha extrema echarían por tierra sus posibilidades de victoria. No obstante, la campaña electoral se va a ver eclipsada por las preocupaciones de un posible retorno al populismo económico que contribuyó a la enorme recesión de Brasil en 2015 y 2016.

En México, las elecciones presidenciales se celebrarán en julio de 2018 y el actual partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), va cuesta arriba en la carrera. Ello se debe a la percepción pública de que ha aportado al deterioro del estado de Derecho, en medio de una serie de escándalos que comprenden a miembros de la administración, exgobernadores de estados donde gobierna el PRI y el crimen organizado. Últimamente, estas críticas se han incrementado luego de que dos fuertes terremotos azotaran el centro y sur del país en septiembre, ya que la preocupación de la población en zonas urbanas muy concentradas se acrecentara por la falta de aplicación de los códigos de construcción.

En este contexto, y por ahora, el candidato que se ve mejor posicionado para ganar la Presidencia es el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, hay que mencionar que esta es la tercera vez que López Obrador contiende en las presidenciales.

En Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más estables y transparentes de la región, la corrupción será también un tema clave de preocupación hasta las elecciones de febrero de 2018. Si bien Transparencia Internacional puso a Costa Rica en la posición 41 en su Índice de Percepción de Corrupción 2016 —con esto, convirtió al país en uno de los más altos de la región—, la corrupción sigue siendo motivo de preocupación, especialmente a raíz del cementazo: un escándalo que involucra a un banco estatal, a miembros de la judicatura y a varios legisladores. El escándalo incentivará la volatilidad antes de la elección de febrero, pues pondrá a la corrupción como el foco de la campaña.

En Colombia es posible que la corrupción desempeñe un papel menos relevante en las elecciones del país que el estado de la economía y de la seguridad ciudadana (dada la implementación del controvertido acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC). Pero la insatisfacción pública hacia la corrupción está afectando la carrera para la Presidencia en mayo.

Hasta el momento, más de dos docenas de candidatos están buscando maneras de crear movimientos independientes como plataformas para sus aspiraciones presidenciales. Esto no es más que el reflejo de la pérdida del prestigio que los partidos tradicionales colombianos se han ganado como resultado de revelaciones de corrupción que comprenden a figuras políticas y a tribunales superiores (ello socava la credibilidad del sistema en un punto crucial para la implementación del acuerdo de paz transicional).

¿Algún resquicio de esperanza?

La percepción de la corrupción ha venido aumentando en Latinoamérica como resultado directo de la proliferación de escándalos de corrupción política de alto nivel en el último año. No obstante, podríamos ver esta tendencia como «positiva», en el sentido de que estos escándalos están saliendo a la luz y se están investigando. Esto sugiere que, en algunos países, las estructuras institucionales, finalmente, están funcionando y que se está yendo por buen camino.

Sin embargo, los casos recientes también han contribuido a reforzar la opinión de que la corrupción en Latinoamérica es endémica y de que las sucesivas administraciones no han podido abordarla. Pero esto también podría ayudar a impulsar una tendencia en las elecciones de algunos países, como Brasil, Perú y México, hacia candidatos independientes o de partidos políticos menos establecidos, pero menos comprometidos por corruptelas.

No obstante, tal como lo ilustró Guatemala el año pasado con un candidato externo como Jimmy Morales, quien hizo campaña con un eslogan electoral de «ni corrupto, ni ladrón», estos candidatos pueden verse rápidamente empañados por la corrupción.

Foto de Presidencia Perú on Trend Hype / CC BY-NC-SA

¿Y el separatismo en América Latina?

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El proceso soberanista catalán que se ha profundizado en los últimos meses mantiene conmocionada a la opinión pública internacional que se hamaca entre partidarios o detractores según se suceden los acontecimientos. Y en América Latina, la región del mundo más desacostumbrada a conflictos separatistas, el simple hecho de imaginar a la Madre Patria fracturada nos da vértigo.

En el mundo existen actualmente más de cincuenta conflictos separatistas. Algunos son impulsados por la extrema izquierda y otros por la extrema derecha, —para quienes estamos más acostumbrados a categorías políticas simplificados— que generalmente están combinados con motivos tribales, lingüísticos, étnicos o religiosos. Estas condicionantes son relativamente estables, pero en contacto con otras condiciones más dinámicas, como pueden ser las económicas, pueden llegar a generarse situaciones más o menos tensas.

Muchas veces se trata de nacionalismos impulsados por intereses económicos de ciertos sectores inconformes, que trasladan la política al campo emocional dejando muchas veces de lado el aspecto racional. Pero también existen casos de situaciones de discriminación y marginación en el reparto del poder político, de inequidad en la distribución de la riqueza o el simple sometimiento de un sector de la población por parte de otro. Ese fue el caso de Sudán de Sur, el ultimo país reconocido por Naciones Unidas, tras el referéndum en el año 2011.

Mas allá de opiniones, el mapa del mundo se ha transformado constantemente. Los movimientos de emancipación en América fueron la primer gran oleada de independentismos desde que existen los Estados-nación. Más tarde, en 1945, el año de su fundación, la ONU tenía apenas 49 miembros, y cinco décadas más tarde, en 1990 reconocía a 159 países. Actualmente el organismo agrupa a 193 Estados independientes, diez de ellos creados en los últimos 24 años.

Una vez finalizados los procesos de descolonización en África y la desintegración del bloque comunista y la antigua Yugoslavia, la creación de nuevos Estados se ha desacelerado. Sin embargo, algunos académicos sostienen que las transformaciones económicas, sociales y políticas como consecuencia de la «globalización» han disparado las tensiones secesionistas en las últimas décadas. Más allá de la tendencia, es claro que la violencia, como medio de buscar la independencia ha dado lugar a medios pacíficos como la celebración de referéndums como fue el caso de Quebec o Escocia.

Gran parte de los movimientos separatistas en Europa, África y Asia son de carácter étnico, debido a la diversidad de pueblos, lenguas y religiones dentro de un mismo país. Sin embargo, en América Latina, el mestizaje y la relativa homogeneidad lingüística y religiosa, como producto del proceso colonizador, generaron sociedades menos diversas, por ende menos proclives a fracturarse.

Las fronteras en América no han sufrido cambios desde 1903 cuando Panamá se separó de Colombia, sin embargo, siempre han existido pequeños movimientos separatistas. Uno de ellos es el de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la región más rica del país. Allí, un pequeño sector de las élites blancas promovieron el secesionismo, luego de que Evo Morales, de origen aymara, fuera elegido presidente. Un ejemplo aún menos relevante es el movimiento en Zulia en Venezuela, región que concentra gran parte de la riqueza petrolera del país, donde algunos grupos desconformes con el chavismo llegaron a reclamar un referéndum de independencia. Otros casos son el separatismo en Guayaquil, el mayor puerto de Ecuador, o el movimiento São Paulo Livre (SPL), la organización más notoria de Brasil, cuyo objetivo es la independencia de la ciudad que acumula la tercera parte de la riqueza del país.

Queda claro que el aspecto económico en sí mismo es un móvil suficiente como para generar movilizaciones. Sin embargo, los movimientos separatistas en América Latina carece de caracterizaciones profundas que puedan movilizar a grandes sectores de la sociedad. Por lo tanto, parece muy probable que de momento la configuración de la región se mantenga intacta. Pero lo que no hay que olvidar, es que desde que existen los Estados, el mapa global no ha dejado de redibujarse, y probablemente nunca lo hará.

Foto de gui.tavares en Trend hype / CC BY-NC-SA

A. L. como destino de la emigración latinoamericana

La emigración tradicional de paraguayos y bolivianos hacia Argentina, de peruanos a Chile, de colombianos a Venezuela, de haitianos a República Dominicana, de nicaragüenses a Costa Rica, y de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños a México es parte de un fenómeno en ascenso: la inmigración intrarregional.

En los últimos diez años, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la región ha cambiado sus patrones de migración. Los latinoamericanos tendemos a movernos cada vez más entre países de la región.

El cambio de patrón comenzó a ser notorio en el 2005. Por un lado, debido a la crisis económica que afectó a los países receptores como Estados Unidos y España, donde se disparó el desempleo y se implementaron políticas más restrictivas hacia la inmigración. Y, por el otro, debido a una mayor estabilidad política y al boom económico que experimentaron los países emisores. Este fenómeno impulsó el regreso, sobre todo de sudamericanos a sus países, y simplificó los desplazamientos, especialmente entre países fronterizos, gracias a la mejora de las comunicaciones y los medios de transporte.

Estas condiciones han hecho que varios países latinoamericanos hayan registrado un gran aumento de la inmigración desde países vecinos o de la región. Según el estudio Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre los censos de 2000 y 2010 hubo un aumento del 32% en los stocks de latinoamericanos viviendo en otro país de la región. De hecho, entre 2009 y 2015 los países latinoamericanos concedieron más de 2 millones de residencias temporales y permanentes a personas de naciones vecinas. Las motivaciones fundamentales han sido la búsqueda de trabajo, el tránsito fronterizo, la movilidad indígena, la reunificación familiar, la movilidad por estudios y la búsqueda de refugio por persecución política.

México representa el 40% de la emigración regional con unos 12 millones de sus ciudadanos viviendo fuera del país, sobre todo en Estados Unidos.

Si bien los flujos hacia los principales destinos extrarregionales han disminuido, y los intercambios dentro de la región se han intensificado, aún es considerablemente mayor la cantidad de emigrantes latinoamericanos que residen en países extrarregionales. De hecho, la emigración regional hacia los Estados Unidos sigue concentrando a la mayoría de estos con cerca de 20 millones de personas. En este marco, México representa el 40% de la emigración regional con unos 12 millones de sus ciudadanos viviendo fuera del país, en especial, en Estados Unidos. Este fenómeno, sin embargo, presenta variaciones por subregión, donde el Caribe y Centroamérica, con un 11,1% y un 10,2% de su población residiendo en el extranjero, son las que tienen un mayor proporción de emigrantes.

Si bien estos países son los que han emitido más emigrantes, se trata de un proceso que se ha prolongado a lo largo de varias décadas y que se ha centrado sobre todo en un flujo masivo hacia Estados Unidos. No obstante, los fenómenos migratorios más recientes han tenido una mayor incidencia intrarregional. Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, ha emitido alrededor de 400.000 emigrantes desde el año 2000. Y si bien prácticamente la mitad se han ido a Estados Unidos, su vecino República Dominicana aloja a casi el 30% de estos.

El fenómeno reciente más destacado, sin embargo, por su acelerada evolución, es el flujo de venezolanos, ya sea hacia países de dentro como fuera de la región. Según cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, más de dos millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, y en los últimos meses esta tendencia “se transformó en una fuga vertiginosa”. Y según un estudio realizado por el experto Iván de la Vega y el Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), tras el ascenso de Hugo Chávez al poder, han llegado solo a Colombia 900.000 venezolanos, incluyendo los que tienen doble nacionalidad.

Del lado contrario, Argentina, Costa Rica, República Dominicana y hasta hace poco tiempo Venezuela, son los mayores receptores de inmigrantes regionales en proporción a su población, mientras que México y el Brasil se suman a la lista en números absolutos. Y en este contexto es Costa Rica, con 385.000 inmigrantes registrados por el censo, el país que cuenta con la mayor proporción de inmigrantes, con un 9% de la población total. La emigración sigue siendo una vía para aquellos que desean buscar mejores condiciones de vida.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Trend hype / CC BY