Luego de seis años de estancamiento, en 2017 la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica volvió con bríos y se incrementó notablemente respecto al año anterior. Según el último informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el flujo de IED en la región creció 8% y alcanzó los 150 mil millones de dólares. Este resultado contrastó notablemente con la tendencia mundial, pues el flujo global de IED presentó una caída interanual del 23%, arrastrada básicamente por una caída en torno a un tercio en las economías desarrolladas y de más del 20% en África, mientras que en los países asiáticos que están en vías de desarrollo los flujos se estancaron, básicamente.

En América Latina los flujos de inversión extranjera aumentaron, atraídos por la recuperación gradual de la actividad económica regional y el aumento de los precios de las materias primas. Desagregando los datos por país, el primer lugar se lo llevó Brasil, que registró flujos por 63 mil millones de dólares, marcando un crecimiento del 8%, y el segundo lugar fue para Argentina, que registró inversiones por 12 mil millones de dólares, lo que representó un masivo crecimiento anual del 264%. En el Caribe, los flujos de IED también crecieron vertiginosamente, impulsados por un fuerte incremento, sobre todo, en República Dominicana y en Haití —este último posiblemente refleja inversiones de China en cuanto a la infraestructura—.

En otras partes de Latinoamérica, el cuadro fue menos alentador. A pesar de que en Colombia la IED mostró signos de crecimiento moderado, esta se estancó en México y Perú, y se contrajo en Chile por las disputas laborales en el sector minero. En Centroamérica la inversión creció apenas un 2%, aunque con marcadas diferencias entre países, pero hubo un gran crecimiento en Costa Rica y El Salvador.

El grueso de los flujos de IED en Latinoamérica se destinó a los sectores productores de materias primas»

Como históricamente ha venido ocurriendo, el grueso de los flujos de la IED en Latinoamérica se destinó a los sectores productores de materias primas. Los commodities que recibieron mayor inversión fueron la soja, los metales básicos y el sector extractor, particularmente petróleo. Sin embargo, 2017 también mostró que hubo notables flujos de inversión en bienes de consumo y comercio al por menor, particularmente en Sudamérica, cuya demanda interna ha comenzado a recuperarse después de un largo periodo de debilidad.

Otros sectores con mejoras fueron el automotriz y el energético, no solo en el sector tradicional, sino también en las energías renovables. Las infraestructuras, principalmente el transporte y la logística, también se destacaron por recibir mayores flujos, gracias a que varios Gobiernos en la región fortalecieron marcos para forjar alianzas público-privadas. Esto, como parte de un esfuerzo por cerrar la brecha de infraestructura que dificulta la productividad y el crecimiento.

A pesar de la muy positiva evolución de la IED en 2017, las perspectivas para este año son, en el mejor de los casos, inciertas. De acuerdo con el informe, se espera que los flujos disminuyan ligeramente o, en el mejor de los casos, se estanquen. Si bien se espera una aceleración de la recuperación económica en algunas de las grandes economías de la región, como Chile, Perú y Colombia, los expertos consultados por FocusEconomics han revisado recientemente sus previsiones de crecimiento para Argentina por la fuerte sequía y depreciación de la moneda, y en Brasil, por la incertidumbre electoral.

Pero más allá de la incertidumbre para este año y el siguiente, la política comercial podría ser un gran impulsor de mayores flujos de IED en la región, incluyendo inversiones intrarregionales. Esto, gracias a los esfuerzos por diversificar las relaciones comerciales y para fortalecer y profundizar la integración regional a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en ingles), el acuerdo discutido entre la Unión Europea y el Mercosur (la Unión Aduanera del Cono Sur) y una mayor cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Si estas negociaciones —y otros acuerdos más pequeños, actualmente en vías de negociación— se confirman, las perspectivas de mayores influjos de IED seguramente mejorarán a mediano y largo plazo. Por ahora, lo que estamos viendo es que el bajo crecimiento económico y la prevaleciente incertidumbre política y geopolítica están frenando los flujos de capital.

Como ya sabemos, América Latina es la región más desigual del mundo. Esta falta de equidad que tanto la caracteriza es sin duda una barrera importante para su desarrollo económico. ¿Por qué nos cuesta tanto reducir la desigualdad de forma sostenida?

La principal razón de que América Latina no logra reducir la desigualdad es el precario sistema impositivo y su escasa fuerza redistributiva. Según datos del Banco Mundial, los países latinoamericanos son los que tienen la menor presión fiscal. Mientras la media de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) está en alrededor del 35%, la media latinoamericana es cercana al 20%. Y sin impuestos no hay igualdad.

Como explica el economista Claudio Lozano en el artículo Sin impuestos no hay igualdad, publicado en la revista Nueva Sociedad, la escasa presión tributaria en América Latina impide una redistribución seria en la región.

De acuerdo con el informe El imperativo de la igualdad, de la CEPAL, mientras en los países de la OCDE, la desigualdad según el índice de Gini, disminuye 17% después de la acción fiscal directa, en los países latinoamericanos el descenso que se logra después de impuestos directos y transferencias públicas es de apenas 3%. De hecho, en muchos países de la región los sistemas impositivos no solo han sido históricamente modestos en su redistribución, sino que incluso han llegado a ser globalmente regresivos; quienes tienen mayores ingresos han pagado comparativamente menos impuestos que las personas de menos ingresos.

las mejoras en la distribución de la riqueza no se dieron gracias a progresos en los sistemas tributarios

Incluso los gobiernos progresistas que mandaron en varios países latinoamericanos en los últimos años, aunque consiguieron logros significativos en temas de distribución del ingreso, no consiguieron reformas tributarias substanciales. En mayor o menor medida, la desigualdad cayó durante las últimas décadas en varios países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina. Pero las mejoras en la distribución de la riqueza no se dieron gracias a progresos en los sistemas tributarios. La redistribución se dio sobre todo debido a subsidios financiados con otros tipos de ingresos, como los generados por la explotación minera y la exportación de materias primas.

Al depender del boom de los commodities y de los sistemas de subsidios que fácilmente pueden desaparecer, la redistribución de la riqueza en América Latina no tiene una base sólida. Y con el regreso de gobiernos de derecha a muchos países de la región, las reformas seguramente irán en línea con una reducción de impuestos y menor redistribución tributaria.

Hoy por hoy los economistas sabemos que la alta desigualdad es una barrera importante en el desarrollo económico. Y Latinoamérica no es la excepción. Las estructuras desiguales, heredadas de la época colonial, han impedido a los países latinoamericanos aprovechar al máximo sus posibilidades. Solo haciendo partícipe a toda la población en el progreso económico es la manera como un país puede crecer de forma sostenida. Y para ello, es fundamental un sector público fuerte y con capacidad redistributiva. Su papel en el desarrollo económico y social ha sido evidente a lo largo de la historia. Tanto los países europeos como las economías exitosas del sureste asiático empezaron a crecer de forma sostenida después de haber redistribuido la riqueza y de hacerlo a través de mecanismos tributarios sólidos. Todos los países desarrollados, incluso los más neoliberales, son conscientes de la importancia de un sistema tributario fuerte y progresivo. Solamente con un sistema tributario sólido y un pacto social en el que contribuyan más los que más tienen, se podrán financiar bienes públicos esenciales como infraestructuras, servicios públicos e instituciones eficientes, y se podrá alcanzar una identidad nacional que vaya más allá de colores y banderas.

La aversión a pagar impuestos en América Latina es una constante, y, a su vez, un lastre histórico. Generalmente, la clase alta y media alta ni sienten la obligación moral de contribuir a las arcas públicas ni son conscientes de su importancia, no solo para reducir la desigualdad, sino también para el buen desempeño económico del país en su conjunto. Esto se debe a que para muchos latinoamericanos, hablar de impuestos es sinónimo de estatismo, derroche e ineficiencia, y la redistribución, un concepto completamente ajeno a las responsabilidades individuales.

Las consecuencias de nuestra incapacidad de entender el bien colectivo y no atacar decididamente la desigualdad son graves. Una sociedad desigual es una sociedad fracturada. Y esto se traduce en posiciones políticas extremas, que, a su vez, generan conflicto social permanente. Blancos frente a criollos, liberales frente a conservadores, ciudades frente al campo, empresarios frente a trabajadores, izquierda frente a derecha… condenados persistentemente al conflicto recurrente que no nos permite progresar.

Foto de Oscar Andrés PV on Trend Hype / CC BY

La polarización de los resultados electorales del domingo pasado en Colombia han determinado que en la segunda vuelta del 17 de junio se enfrenten los dos candidatos que representan los extremos del espectro político. Por un lado el candidato de la ultra derecha y delfín del ex presidente Uribe, Iván Duque, y por otro el candidato de izquierda, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero de la desmovilizada M19, Gustavo Petro. Un panorama nada raro en la región, pero que bajo los parámetros conservadores colombianos representa una excepción.

Históricamente la política colombiana ha estado dominada por dos partidos, —liberal y conservador— representantes ambos de la elite que a lo largo de la “democracia” más duradera de la región se han repartido el poder. En este marco, la izquierda se vio históricamente desplazada del mapa político y a diferencia del resto de los países de la región, Colombia no conoció ni revoluciones ni gobiernos populares. A partir del “Bogotazo” en 1948, tras el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán que se perfilaba a la presidencia, la idea de “izquierda” quedó monopolizada por el surgimiento de las diferentes guerrillas que con los años se convirtieron en organizaciones criminales. Por ello en Colombia, el simple hecho que un candidato de izquierda alcance la segunda vuelta, demuestra que el país está transitando hacia una nueva realidad política.

Caído el tabú, la izquierda, que antes con suerte podía alcanzar una alcaldía, hoy se enfrenta cara a cara con el candidato de las “buenas familias”.

Sin embargo, en el país de los buenos modales donde los reclamos sociales son cosa de radicales, los cambios políticos se viven en cámara lenta. Durante la primera década y media del siglo XXI, cuando la izquierda se extendía por todo Sudamérica, en Colombia un presidente de derecha se dedicaba en cuerpo y alma a desarticular a las FARC. Y finalmente en el año 2016, cuando en el resto del continente las guerrillas se encontraban hacía décadas en los libros de historia, el presidente Santos y el líder guerrillero Timochenko firmaron la paz. Caído el tabú, la izquierda, que antes con suerte podía alcanzar una alcaldía, hoy se enfrenta cara a cara con el candidato de las “buenas familias”.

Este nuevo contexto ha polarizado a la sociedad colombiana, y a pesar de la pasividad electoral que caracteriza al país cafetero, la participación del pasado domingo fue de más del 53%, alcanzando un nuevo record. En el primer lugar y con una diferencia que difícilmente podrá ser superada, se posicionó Iván Duque del Centro Democrático, con el 39% de los votos. Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá, obtuvo el 25% de los votos, y muy cerca de él quedó Sergio Fajardo, representante del centro político colombiano. Germán Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical y exvicepresidente de Santos, obtuvo apenas el 7% y Humberto de la Calle, el negociador del proceso de paz se quedó con un 2%.

Con estos resultados, si bien los votos del centro jugarán un papel fundamental, la campaña se polarizará aún más. Y el Acuerdo de Paz, el manejo económico y sobre todo el miedo a la izquierda, serán los principales ejes de discusión. “Toda esta campaña ha girado en torno al miedo que produce que alguien de izquierda entre al poder y directamente relacionado con que nos convirtamos en Venezuela”, explicaba el politólogo Nicolás Díaz-Cruz, en declaraciones a BBC Mundo.

Por ello, Petro, quien atrajo a gran parte de los jóvenes y las clases populares gracias al descontento social y a un discurso antiestablishment, deberá moderar sus propuestas más radicales y garantizar la estabilidad económica para distanciarse de las posiciones que puedan asemejarle al régimen del país vecino. El ex alcalde de Bogotá probablemente también deberá profundizar su narrativa elocuente en defensa de las clases más bajas y las minorías, y se contendrá de discursos improvisados que en el pasado le llevaron a afirmaciones incoherentes.

Iván Duque por su parte, el joven burócrata del partido del ex presidente Álvaro Uribe, pudo capitalizar el éxito cosechado en el plebiscito con su oposición al Acuerdo de Paz. Para consolidar la ventaja en segunda vuelta, Duque deberá aclarar las modificaciones que busca implementar al Acuerdo de Paz, el cual según ha afirmado, no tiene intención de “hacer trizas”. Pero sobre todo, tendrá que calibrar milimétricamente la distancia que tomará de su padrino y dueño de sus votos, para atraer apoyos del centro, sin llegar a incomodarle. El resto probablemente será un despliegue de advertencias temerarias en contra de su contrincante “castrochavista”.

Los resultados del pasado domingo garantizan una polarización aún mayor de la campaña de cara a la segunda vuelta de las primera elecciones en 50 años sin la sombra de la guerrilla. El Acuerdos de Paz que puso fin al conflicto con las FARC es fundamental para Colombia, pero es solo un paso más en el largo camino hacia una sociedad menos violenta y desigual. Por ello, la radicalización entorno a la campaña electoral, más que un agravamiento de la confrontación social, debe ser entendida como la consecuencia de la profundización democrática de una sociedad históricamente fraccionada.

Foto de Globovisión en Trend hype / CC BY-NC