“Sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, afirmó el ex secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara en 1966. A partir de ese momento, esa idea se convirtió en piedra grabada en la Doctrina de Seguridad Nacional Latinoamericana. Tanto ha influido esta visión que se instaló de forma natural en la idea de seguridad humana, que hasta el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en su Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo, publicado en el año 2025, rescata el mismo enunciado.
Cuando en 1938 el historiador y analista político Edward M. Earle introduce el concepto de seguridad nacional, y después lo desarrolla en 1941 con Albert K. Weinberg y otros colegas en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, están señalando, en un contexto de conflicto mundial, que la seguridad de la nación debe contar no solo con el esfuerzo de los militares, como era normal anteriormente cuando se hablaba de defensa nacional, sino con ciudadanos con otros perfiles profesionales. Los académicos en ese contexto son importantes para analizar situaciones y anticipar problemas, mientras que los militares son reactivos. Los dos perfiles profesionales son complementarios para garantizar la seguridad de una nación.
Sin embargo, la visión del politólogo Hans J. Morgenthau en 1948 sobre el poder nacional, los intereses, los objetivos, los antagonismos y los riesgos de la nación dio vuelo a los militares estadounidenses y a la recién creada Escuela Superior de Guerra en Brasil (1948) para redefinir un concepto de seguridad nacional entendido al revés de como los académicos de Princeton imaginaron. Desde esta perspectiva, la visión de seguridad nacional implicaba que los militares garantizaran y en algunos casos condujeran la gobernabilidad nacional. Su concepto en el fondo respondía a los mismos fines que Hobbes había señalado que eran propios de la razón de ser del Estado.
Al finalizarse la Guerra Fría, se ve la necesidad de sustituir el concepto de seguridad nacional por el de seguridad humana, adoptado por las Naciones Unidas en 1994. El primero parece centrado en los intereses del Estado-Nación, y el segundo en los del ser humano. Esta segunda definición se interpreta como un modelo que respeta al ciudadano y a la democracia. Según esta visión, el concepto nacional se encuentra estigmatizado por las consecuencias negativas que provocó la definición de militares autónomos de lo que significaba la seguridad nacional en un Estado Nación. Una de las preguntas que hay que plantear es quién define el interés nacional. En la mayoría de las sociedades con instituciones políticas débiles, son los militares, y el pueblo no tiene nada que decir: “Ni está, ni se le espera”. El impacto del concepto de seguridad interior, el enemigo interno, la lucha contra “insurgencias”, los “movimientos guerrilleros” o los “antagonistas políticos” condenaron a los ojos del sistema internacional esta visión.
Al impulsar el concepto de seguridad humana, se pensó que el problema quedaba resuelto. Los diplomáticos latinoamericanos todavía llegaron más lejos al acuñar el concepto de seguridad multidimensional en una declaración de la OEA del 2003 que pretendía impulsar una definición que sustituyera el concepto militar tradicional.
En el fondo, sin embargo, nada cambió. En sociedades con instituciones políticas débiles, la idea de las múltiples amenazas a la seguridad de los ciudadanos convirtió los conceptos de seguridad humana y gobernabilidad en sinónimos. Para los políticos ha sido muy sencillo reclamar que los militares, que siguen teniendo importantes grados de autonomía funcional y operativa, desarrollen tareas de gobernabilidad.
Visto lo visto, en estos momentos se señala que la militarización de muchas funciones de gobernabilidad debilita la democracia. Sin embargo, como históricamente ha pasado, han sido los políticos los que han demandado la participación de los militares. ¿No será que es la falta de democracia, el autoritarismo de la clase política o la incapacidad operativa de estados con una calidad democrática muy deficiente lo que ha invitado a la nueva militarización de América Latina? La pregunta clásica de qué es antes, el huevo o la gallina, parece adecuada en estas condiciones.
Debemos dejar de relacionar seguridad con desarrollo, incluyendo a las fuerzas militares en la ecuación. Las sociedades democráticas deben construir estado, y aprovechar los diferentes perfiles profesionales de los ciudadanos. Las elites políticas deben dejar de mirar hacia otro lado y tomarse en serio la gestión de los problemas reales de los ciudadanos y de la construcción de sociedades democráticas.
Seguridad nacional y seguridad humana son sinónimos si ello implica que los militares gestionan los problemas de gobernabilidad de las sociedades. La consolidación democrática, el bienestar de los ciudadanos y el buen gobierno únicamente se pueden lograr construyendo un estado eficiente, integrado por ciudadanos con perfiles profesionales complementarios y especializados. Un estado sometido a controles democráticos y a un estado de derecho que acompañe con eficiencia esta visión.
La gestión de la seguridad en México
Hablemos de un ejemplo en concreto: México. El problema de la inseguridad en este país no es un problema de falta de desarrollo. Tiene que ver con la captura del Estado, y con la presencia de grupos del crimen organizado sobre los territorios. La apuesta del gobierno ha sido la transferencia de recursos para aminorar situaciones de pobreza, la creación de una Guardia Nacional militar y el descuido de los poderes locales. El resultado ha sido el aumento tanto de los homicidios como de los desaparecidos (aunque se traten de manipular las cifras), y del miedo en el contexto local.
Los casos exitosos de recuperación de territorio frente al crimen organizado en los últimos años han tenido lugar en espacios como Baja California Sur, en algunos municipios de Nuevo León y en áreas concretas de las grandes ciudades. No se logró solo con la presencia militar, que no puede atender todo el rato todos los espacios, sino con el fortalecimiento de los municipios y de su capacidad de vigilancia e inteligencia. Con la coordinación de empresarios, sociedad civil y poder político. Si nos fijamos bien, los casos exitosos responden a la idea de la intención inicial de Earle de combinar los esfuerzos ciudadanos para enfrentar el conflicto, no con el desvío de responsabilidades en los profesionales militares, cosa que nos condena a acciones reactivas coyunturales.
Autor
Investigador Nacional Nivel II adscrito a El Colegio de la Frontera Sur. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
