En octubre, Transparencia Internacional publicó una actualización de su informe sobre corrupción en América Latina. ¿Qué podríamos esperar?
En efecto, la percepción de la corrupción ha aumentado en toda la región y la confianza en los Gobiernos, así como en los funcionarios, se ha deteriorado notablemente. Sin embargo, es curioso que el empeoramiento de las percepciones de la corrupción se produzca, al tiempo que las campañas políticas en curso —como lo mencionamos en un «post» anterior, varios países latinoamericanos han comenzado un ciclo electoral— prometen medidas más contundentes en contra de la malversación de fondos públicos, el cohecho, el tráfico de influencias y la corrupción en general.
El empeoramiento de la percepción también refleja una serie de protestas multitudinarias que han surgido de los escándalos en los que se vieron envueltas muchas autoridades de alto nivel a lo largo y ancho de la región, como es el caso de Odebrecht o de los Panama Papers. Sin embargo, estas campañas tienen (y tendrán) un impacto limitado en el sentimiento de la población. Por ende, la lucha contra la corrupción será verdaderamente un tema clave en el ajetreado 2018 que ya se avecina.
En su publicación People and Corruption: Latin America and the Caribbean, Transparencia Internacional recopiló los últimos resultados regionales de su encuesta Barómetro Global de la Corrupción. En esta, el 62% de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado en la región en los últimos 12 meses, mientras que solo un 10% cree que ha disminuido. En 20 países encuestados, la mayoría de las respuestas provenientes de 17 países mostró que la corrupción se ha incrementado, incluyendo una proporción especialmente alta en Venezuela, Chile, Brasil y Perú.
Las figuras institucionales siguen siendo corruptas. No así las religiosas
Un desglose de la encuesta por tipo de institución mostró que el 47% de los habitantes de la región piensa que la policía y los políticos son los más corruptos, mientras que los líderes religiosos son vistos como los menos corruptos. En Venezuela, el 76% de las respuestas muestran que la policía es corrupta, lo que refleja la alta politización de las fuerzas de seguridad venezolanas y el incremento de la violencia en todo el país.
Los venezolanos también fueron los más críticos con los esfuerzos que su Gobierno está llevando a cabo para combatir la corrupción: el 76% de los encuestados respondió que el Gobierno está haciendo un mal trabajo. Esto no es para nada sorprendente, dados los altos niveles de corrupción e impunidad en el país. El índice de Percepción de la Corrupción que produjo Transparencia Internacional para el 2016 colocó a Venezuela en el puesto 166 de 176 países.
Después de Venezuela, el país que mostró un deterioro en la percepción fue Perú. Ahí, el 73% piensa que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, y el 64% considera que los representantes electos son muy corruptos. La encuesta se realizó entre mayo y diciembre de 2016. Por tanto, no reflejó el impacto de las nuevas iniciativas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el cargo en julio de 2016 e hizo de la lucha contra la corrupción un compromiso electoral clave de campaña.
No obstante, en Perú ha habido una constante de escándalos de corrupción dentro del establishment político desde entonces, y Kuczynski está sintiendo la presión para hacer cumplir su promesa electoral. Además de eso, tiene una posición legislativa débil (el partido PPK del presidente ocupa solo 17 de los 130 escaños en el Congreso).
De manera sorprendente, los encuestados guatemaltecos tuvieron una opinión relativamente positiva sobre la lucha contra la corrupción. Solo el 42% de los encuestados dijo que esta había aumentado en el último año, y el 54%, que el Gobierno estaba progresando en su lucha.
Esta visión más optimista probablemente refleja el momento de la encuesta, la cual se realizó no mucho después de las elecciones de enero de 2016. En estas, Jimmy Morales obtuvo la Presidencia, gracias a una campaña anticorrupción y tras la destitución del expresidente Otto Pérez Molina en septiembre 2015. Este último hecho ocurrió como resultado ni más ni menos que de un gran escándalo de corrupción.
A pesar de los resultados en Guatemala, es poco probable que se mantenga la visión positiva. Desde que la encuesta se cerró en diciembre de 2016, Morales ha estado bajo constante presión por los escándalos de corrupción vinculados con aliados políticos cercanos y miembros de su familia. Además, sus esfuerzos en agosto de 2017 para expulsar al jefe de la Comisión contra la Impunidad, respaldada por la ONU en Guatemala (Cicig), han causado protestas que ahora exigen su renuncia.
La corrupción dominará un ya intenso período electoral en 2018
La corrupción es un común denominador en toda la región y el tema desempeñará un papel importante en las campañas electorales de 2018. Brasil, Colombia, Costa Rica y México son países que celebrarán elecciones presidenciales en 2018 y un número considerable de encuestados de estos opinaron que la corrupción se ha incrementado. Los resultados muestran que en cada uno de estos países existe una creciente frustración popular con el sistema político. Esta situación contribuirá a una mayor incertidumbre sobre los resultados electorales.
En Brasil, los cuatro años desde las últimas elecciones han estado dominados por una serie de escándalos de corrupción relacionados con la petrolera estatal Petrobras, la constructora Odebrecht y los vínculos que ambas compañías tenían con la cúpula política en Brasil y otros países de la región.
Incluso el actual presidente, Michel Temer, que asumió el cargo en 2016 después de que Dilma Rousseff fuera removida por cargos más bien relacionados con violar la ley presupuestaria, ha sido contaminado por acusaciones de malversación. Además, su capacidad para evitar cargos formales ha despertado un todavía mayor desencanto popular con la clase política.
En este entorno, el panorama electoral brasileño no está claro a un año de las elecciones de octubre de 2018. Numerosos políticos de los principales partidos políticos han sido desacreditados hasta cierto punto por acusaciones de corrupción. Con esto, se está brindando una oportunidad de oro para figuras ajenas al establishment político.
Este es el caso de Jair Bolsonaro, político de derechas y exoficial del Ejército. Su enfoque en la ley y el orden está atrayendo a muchos brasileños, dada la ola de crímenes violentos de los últimos años.
Por otra parte, Luiz Inácio Lula da Silva (expresidente de 2003-2011), del izquierdista Partido dos Trabalhadores, encabeza las encuestas por ahora. Esto, a pesar de haber sido condenado por cargos de corrupción (y en otras investigaciones) y de que pueda ser impedido para competir.
Considerando que la incipiente recuperación económica del Brasil se fortalezca el próximo año (y aquí me voy al consenso de analistas privados de FocusEconomics que dice que Brasil crecerá de media 2,4% en 2018), esto apoyaría las posibilidades de victoria para un candidato centrista, muy probablemente del Partido de la Democracia Social Brasileña. Esto, sobre la base de que en una posible, pero incierta, segunda ronda de elecciones, las altamente negativas calificaciones de los candidatos de izquierda o derecha extrema echarían por tierra sus posibilidades de victoria. No obstante, la campaña electoral se va a ver eclipsada por las preocupaciones de un posible retorno al populismo económico que contribuyó a la enorme recesión de Brasil en 2015 y 2016.
En México, las elecciones presidenciales se celebrarán en julio de 2018 y el actual partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), va cuesta arriba en la carrera. Ello se debe a la percepción pública de que ha aportado al deterioro del estado de Derecho, en medio de una serie de escándalos que comprenden a miembros de la administración, exgobernadores de estados donde gobierna el PRI y el crimen organizado. Últimamente, estas críticas se han incrementado luego de que dos fuertes terremotos azotaran el centro y sur del país en septiembre, ya que la preocupación de la población en zonas urbanas muy concentradas se acrecentara por la falta de aplicación de los códigos de construcción.
En este contexto, y por ahora, el candidato que se ve mejor posicionado para ganar la Presidencia es el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, hay que mencionar que esta es la tercera vez que López Obrador contiende en las presidenciales.
En Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más estables y transparentes de la región, la corrupción será también un tema clave de preocupación hasta las elecciones de febrero de 2018. Si bien Transparencia Internacional puso a Costa Rica en la posición 41 en su Índice de Percepción de Corrupción 2016 —con esto, convirtió al país en uno de los más altos de la región—, la corrupción sigue siendo motivo de preocupación, especialmente a raíz del cementazo: un escándalo que involucra a un banco estatal, a miembros de la judicatura y a varios legisladores. El escándalo incentivará la volatilidad antes de la elección de febrero, pues pondrá a la corrupción como el foco de la campaña.
En Colombia es posible que la corrupción desempeñe un papel menos relevante en las elecciones del país que el estado de la economía y de la seguridad ciudadana (dada la implementación del controvertido acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC). Pero la insatisfacción pública hacia la corrupción está afectando la carrera para la Presidencia en mayo.
Hasta el momento, más de dos docenas de candidatos están buscando maneras de crear movimientos independientes como plataformas para sus aspiraciones presidenciales. Esto no es más que el reflejo de la pérdida del prestigio que los partidos tradicionales colombianos se han ganado como resultado de revelaciones de corrupción que comprenden a figuras políticas y a tribunales superiores (ello socava la credibilidad del sistema en un punto crucial para la implementación del acuerdo de paz transicional).
¿Algún resquicio de esperanza?
La percepción de la corrupción ha venido aumentando en Latinoamérica como resultado directo de la proliferación de escándalos de corrupción política de alto nivel en el último año. No obstante, podríamos ver esta tendencia como «positiva», en el sentido de que estos escándalos están saliendo a la luz y se están investigando. Esto sugiere que, en algunos países, las estructuras institucionales, finalmente, están funcionando y que se está yendo por buen camino.
Sin embargo, los casos recientes también han contribuido a reforzar la opinión de que la corrupción en Latinoamérica es endémica y de que las sucesivas administraciones no han podido abordarla. Pero esto también podría ayudar a impulsar una tendencia en las elecciones de algunos países, como Brasil, Perú y México, hacia candidatos independientes o de partidos políticos menos establecidos, pero menos comprometidos por corruptelas.
No obstante, tal como lo ilustró Guatemala el año pasado con un candidato externo como Jimmy Morales, quien hizo campaña con un eslogan electoral de «ni corrupto, ni ladrón», estos candidatos pueden verse rápidamente empañados por la corrupción.
Foto de Presidencia Perú on Trend Hype / CC BY-NC-SA
Autor
Economista. Analista de mercados e inversiones sostenibles en Dow Jones. Postgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía de la Hochschule Schmalkalden (Alemania).
