El estado actual del regionalismo latinoamericano ya no puede interpretarse adecuadamente en términos de “crisis”. Este concepto supone, al menos, dos elementos: un carácter coyuntural y una situación de urgencia. Ninguna de esas dos condiciones parece describir hoy la situación del regionalismo en América Latina. Lo que se observa ya no es un episodio crítico excepcional o transitorio, sino una condición más prolongada de baja capacidad de actuación frente a crisis internas y fragmentación política.
Las formas limitadas y adaptativas del regionalismo que han logrado consolidarse en la región no desconocen los valiosos, aunque tímidos, esfuerzos por dar continuidad a la cooperación regional en áreas específicas, como los impulsados por el Consenso de Brasilia. Pero creemos que la discusión actual exige desplazar el eje analítico desde la idea de “crisis” hacia otros dilemas, como el dilema entre resiliencia e inercia. Estas dos nociones suelen confundirse, pero remiten a fenómenos distintos. La inercia supone mera persistencia pasiva, continuidad sin transformación significativa y supervivencia institucional con escaso potencial para producir resultados sustantivos. La resiliencia, en cambio, implica capacidad de adaptación mediante mecanismos de ajuste institucional frente a contextos adversos. Es algo más que la simple supervivencia.
Lo que emerge es un regionalismo esencialmente adaptativo. Tal vez el término no sea grandilocuente, pero captura un rasgo central del momento actual: organismos que buscan preservar mínimos niveles de coordinación política y operatividad institucional frente a crecientes tendencias de fragmentación ideológica y unilateralismo, atravesados por alineamientos geopolíticos externos.
El caso del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) resulta ilustrativo. La reforma del “Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los Órganos e Instancias regionales del SICA”, aprobada en abril de 2026 sin la presencia de Nicaragua, fue presentada como una medida destinada a destrabar la parálisis institucional generada por el veto permanente de Managua respecto de la designación del secretario general. El cargo permanece vacante desde 2023 debido al rechazo de varios países a los candidatos nominados por Nicaragua, estrechamente vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua se retiró temporalmente del SICA en 2024 por el conflicto por la secretaría general. De todos modos, el SICA continúa funcionando mediante mecanismos de cooperación técnica en áreas como salud, agricultura, digitalización o gestión de riesgos, en una muestra de que, aun en contextos de fuerte fragmentación política, los espacios funcionales de cooperación regional logran mantenerse relativamente operativos.
La reforma, que flexibiliza las reglas de cuórum y votación, constituye una innovación importante en una región históricamente aferrada al consenso y la unanimidad. Sin embargo, refleja una paradoja: puede verse como un signo de resiliencia institucional al evitar bloqueos permanentes y limitar vetos paralizantes, aunque no responde a una lógica de profundización supranacional, sino a una adaptación frente a la incapacidad de los mecanismos tradicionales para procesar conflictos políticos persistentes.
La situación andina revela otra dimensión crítica del problema: incluso los esquemas considerados relativamente institucionalizados muestran dificultades para disciplinar el comportamiento estatal. La Comunidad Andina (CAN) ordenó recientemente a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales recíprocas implementadas desde diciembre de 2025. Sin embargo, ambos gobiernos presentaron recursos contra las resoluciones andinas, prolongando así la disputa. Actualmente, la Secretaría General de la CAN se encuentra procesando las impugnaciones derivadas del conflicto por los gravámenes y limitaciones al comercio bilateral adoptados por los dos países.
Aunque la CAN logró intervenir formalmente para hacer cumplir la normativa andina, el conflicto probó los límites de esa institucionalidad: Ecuador y Colombia priorizaron agendas nacionales y disputas personales que reflejan los alineamientos de la región. La decisión ecuatoriana y colombiana de, primero, obstaculizar el comercio bilateral con medidas restrictivas, y luego, apelar las resoluciones andinas muestra las dificultades de los organismos regionales para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones, incluso en materia de libre comercio intrarregional.
Más aún, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a sugerir la posibilidad de abandonar la CAN y reorientar las prioridades estratégicas de Colombia hacia otros espacios regionales, particularmente MERCOSUR. Aunque la declaración posee un evidente componente político coyuntural, resulta reveladora de que, incluso dentro de uno de los esquemas regionales históricamente más institucionalizados, el ejercicio de autoridad colectiva depende de la existencia y articulación de intereses comunes y se ve obstaculizado por fracturas ideológicas.
El regionalismo latinoamericano parece operar hoy en un contexto menos orientado a grandes proyectos de integración profunda y más centrado en fortalecer capacidades de gestión política, resolución de conflictos y preservación de espacios de coordinación regional. En este marco, la reforma del SICA puede interpretarse como una muestra de adaptación institucional frente a escenarios prolongados de bloqueo decisional. La flexibilización de las reglas permitiría destrabar una parálisis que amenaza el funcionamiento del organismo, abriendo el camino para la elección de un nuevo secretario general.
De manera similar, la intervención de la CAN frente al conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia evidencia que los mecanismos regionales todavía mantienen cierta capacidad de mediación en disputas interestatales. No obstante, las dificultades para lograr un cumplimiento de las resoluciones andinas también muestran que esa capacidad sigue siendo limitada y altamente dependiente de la voluntad política de los gobiernos involucrados.
La cercanía de gobiernos como los de Bukele, Noboa, Laura Fernández o Mulino con la segunda administración Trump, junto con tensiones cada vez más visibles con liderazgos de signo opuesto —como el enfrentamiento entre Noboa y Petro—, sugiere que estas preferencias ideológicas se proyectan también sobre el regionalismo latinoamericano. Más que una simple diferencia de orientaciones políticas, esto tiende a profundizar la fragmentación regional y favorecer formas de cooperación cada vez más atravesadas por alineamientos geopolíticos externos.
En definitiva, tanto la reforma del SICA como la actuación de la CAN sugieren que el regionalismo latinoamericano contemporáneo no puede entenderse en términos de crisis. Si bien la región parece haberse alejado —al menos por el momento— de horizontes ambiciosos de integración, el regionalismo continúa mostrando capacidades de adaptación y resiliencia. Estos esquemas parecen reconfigurarse hacia modalidades de cooperación más flexibles y pragmáticas, orientadas a preservar gobernabilidad regional en contextos políticos fragmentados y polarizados. La cuestión central, por tanto, no es si estas instituciones sobrevivirán, sino si esa resiliencia adaptativa podrá eventualmente convertirse en una base para reconstruir formas más robustas y efectivas de gobernanza regional.
Autor
Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Directora del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea en la UNR.
