El fraccionamiento político en Colombia, una Torre de Babel

A pesar de los temores de unas elecciones gravemente afectadas por la ola de violencia que vive Colombia, lo cierto es que, salvo el trágico incendio de las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Gamarra (César) que le costó la vida a una funcionaria, Duperly Arévalo, y algunas pocas asonadas en algunos municipios, en general las elecciones regionales del pasado 29 de octubre transcurrieron en paz y no hubo denuncias graves de fraude electoral. Sin embargo, el profundo desbarajuste que está sufriendo nuestro sistema de partidos es una fuente de gran preocupación.

Basta señalar que en las recientes elecciones no solamente hubo 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sino más de 1.500, óigase bien, más de 1.500 “grupos significativos de ciudadanos” (GSC) inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)  respaldaron a candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales.

Según la muy respetada Misión de Observación Electoral (MOE), el número de GSC ha ido en aumento elección tras elección. Solo entre 2011 y 2019 hubo un incremento del 488% (pasamos de 213 a 1.253 GSC), que se conformaron sobre todo para la elección de alcaldes municipales. Y en las últimas elecciones la cifra de GSC se elevó a la nada despreciable suma de 1.500 creados para la ocasión, pues, a diferencia de los partidos, estos grupos no tienen vocación de permanencia. Son flor de un día.

Si los requisitos mínimos para conformar un partido o un movimiento político son hoy en día risibles (50.000 firmas o 50.000 votos, un parlamentario electo), los que se exige para lanzar un GSC es aún más irrisorio. Según las normas actuales, el equipo inicial del virtual grupo -léase bien, grupo- debe estar compuesto al menos por tres personas (¡!), quienes deben entregar un formulario a las autoridades electorales señalando el cargo (gobernador, alcalde) o la corporación pública (asamblea departamental o concejo municipal) al cual aspiran y el nombre de los candidatos que van a apoyar, los cuales deberán aparecer en el formulario de recolección de las firmas. Las firmas recolectadas deberán ser al menos el 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, hasta un tope máximo de 50.000 firmas.

Si ya la existencia de 36 partidos ofreciendo avales a diestra y siniestra es simple y llanamente alarmante, los centenares de GSC son ya la gota que derrama el vaso. De acuerdo con el CNE, “los grupos significativos de ciudadanos no suponen una organización permanente sino la simple coyuntura de postular listas y candidatos en un determinado certamen electoral” (CNE, 2019). Es decir, una de las funciones principales que deberían cumplir los partidos políticos, la selección rigurosa de los candidatos a cargos de elección popular (por su experiencia, conocimientos, moralidad), se ha evaporado del todo.

La figura de los GSC, que fue creada en mala hora por la Constitución de 1991, es, según el propio CNE, una alternativa a los partidos políticos, pues, según sostiene este organismo en un comunicado, “desde la misma Constitución se habilita la posibilidad de que ciudadanos que no encuentran afinidad con los partidos existentes pueden ejercer su derecho electoral pasivo, al postular sus nombres como candidatos por medio de esta figura”. En pocas palabras, en lugar de fortalecer los partidos políticos -que hoy viven una “mala hora”- como ejes de la democracia representativa, en Colombia se ha tomado el camino de acelerar su destrucción.

¿Y al alcalde quién lo ronda?

En este contexto de implosión sin límites de partidos, movimientos étnicos y políticos y GSC, Colombia está viviendo no solamente un “mercado de avales” sin control, sino una oscura feria de financiación oculta de la política. En efecto, transcurridos varios días tras de las elecciones del 29 de octubre, solo un reducido número de partidos, movimientos políticos y GSC han entregado al CNE sus cuentas de campaña. Es probable, incluso, que ni siquiera reporten los gastos. Y, por otra parte, si lo hacen, el débil CNE no tiene capacidad de velar ni por la transparencia de los recursos, ni por los topes autorizados, ni por su uso. ¿Quién puede examinar las cuentas de 1.500 GSC? ¿Quién puede determinar si detrás de los GSC solo se esconden oscuros clanes familiares regionales dedicados al pillaje de los recursos públicos?

Simple y llanamente la vida político-partidista se está desdibujando a ritmos acelerados. Su origen se encuentra en el pésimo diseño institucional en este terreno de la Constitución de 1991 y en la Ley 130 de 1994, «por la cual se dicta el Estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones», en la cual se crearon dos nuevas y extrañas figuras: los movimientos sociales con aspiraciones políticas y los GSC.

Sin duda, la Constitución de 1991 tuvo un objetivo loable: superar el bipartidismo perfecto -es decir, un sistema en el cual dos partidos obtienen más del 90% de los votos y de los cargos de elección popular por proveer- y abrir el sistema para nuevas fuerzas políticas, en particular, las prevenientes de los grupos guerrilleros que aceptaron entre 1990 y 1991 realizar el tránsito “de las armas a la política”: el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lama (MAQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Sin embargo, este objetivo se vio empañado por el pésimo diseño institucional que condujo no solo a debilitar a los partidos existentes -hoy los partidos Liberal y Conservador son una simple sombra del pasado-, sino a fracturar la totalidad del campo de la representación política en mil pedazos. Hoy, el funcionamiento de los cuerpos colegiados a todos los niveles es muy deficiente y las leyes, ordenanzas o acuerdos que aprueban terminan siendo simples “colchas de retazos”, es decir, normas de mala calidad.

La ampliación del número de actores políticos y los requisitos mínimos para conformarlos no ha servido para fortalecer la adhesión a la democracia, pues, según las encuestas, día a día decrece el número de ciudadanos que afirman pertenecer a un partido político-. Pero, además, estamos observando dos fenómenos adicionales muy preocupantes: por una parte, la multiplicación de partidos personalistas y, de otra parte, la expansión de los clanes familiares regionales. Es decir, la ausencia creciente de proyectos politicos y programas colectivos.

Las hipótesis para intentar explicar este incremento de los GSC por parte de la MOE son, principalmente, tres: en primer término, disponen de un tiempo más amplio que los partidos o movimientos políticos para hacer campaña, pues desde la entrega de los formularios para la recolección de firmas (ocho meses antes de los comicios) empiezan, de hecho, su agitación electoral. En segundo término, debido a la desconfianza y mala imagen de los partidos políticos -que, según la última encuesta de Invamer publicada en febrero 2023 tienen un 77% de desfavorabilidad y un 11% de favorabilidad-, muchos políticos o aspirantes a políticos prefieren presentarse como independientes. Y, por último, el alto número de partidos y movimientos políticos ha conducido a un hondo desdibujamiento de los programas y símbolos partidistas, es decir, de su identidad ideológica. 

¿Qué hacer?

Las recientes elecciones regionales nuevamente han encendido las alarmas sobre el hondo desbarajuste de nuestro sistema electoral y de partidos que yo no dudaría en calificar como uno de los más deficientes del mundo. Lo grave es que a la mala política le sigue una mala administración pública.

En especial, en un país donde no se ha logrado consolidar una verdadera carrera administrativa y donde los grupos políticos que llegan al poder a todos los niveles buscan ocupar los cargos públicos con sus seguidores y simpatizantes con total autonomía de su experiencia y capacidad administrativa, además de pagar favores políticos. Según reconocidos investigadores como Miguel Ángel Centeno y Agustín Ferrado, los únicos países latinoamericanos que cuenta con una administración pública autónoma y con un servicio civil de carrera son Chile y Costa Rica. En Colombia prima el nepotismo y los protegidos políticos, es decir, se privilegia la lealtad o los nexos familiares a la capacidad.

Por ello, es urgente un gran acuerdo nacional en torno al reordenamiento del sistema electoral y de partidos, así como la necesidad de una verdadera carrera administrativa en el país a todos los niveles.