Vivimos en una época de democracias en agonía fruto de sus déficits políticos o insuficiencias sociales. En este contexto, el llamado Gobierno Abierto, como se conoce a la forma de gobernanza que busca profundizar el rol de la ciudadanía en la participación en la toma decisiones públicas, es una alternativa contra la extinción gradual, crónica y degenerativa que padecen las democracias por el populismo y la ingobernabilidad de facto.
Amenaza a la democracia
El populismo es autoritarismo porque lo distingue la “predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”, según los acreditados estudios de Levitsky y Zibllatt que anuncian la muerte de las democracias. Es decir, el populismo promulga leyes o políticas que persiguen las críticas que se hacen al gobierno o promueven amenazas contra las personas críticas de partidos de oposición, sociedad civil o medios de comunicación. En pocas palabras: la clave autoritaria consiste en dejar en la indefensión informativa a los ciudadanos para que no tengan datos con los que censurar al gobierno ni proponer soluciones a las necesidades.
Pero esa no es la única traba que impone el populismo autoritario o la única táctica para corroer el vigor de las democracias. Fallas institucionales como conductas que abonan la ilegalidad, arbitrariedad, corrupción, discriminación, o alimentan la división conflictiva de poderes, también socavan la fe democrática. También están las estructuras fiscales adversas como un statu quo impositivo desigual, la ineficiente administración tributaria frente a evasiones o la asignación ineficaz de recursos, que minan la credibilidad operativa de regímenes electos. Otras dos fallas completan el contexto de problemas. Las deficiencias administrativas (deficiente calidad normativa, estructura de mando y de trabajo confusa y redundante, fragmentación intra e intergubernamental) y las políticas (relaciones conflictivas del gobierno con las oposiciones, las organizaciones empresariales y las civiles, discurso de baja credibilidad, nula representatividad).
Evitar las dificultades anteriores requiere la apertura del gobierno. Es decir, que los datos, la gestión y la respectiva cuenta pública estén accesibles y claros, sin galimatías que impidan verificar que el gobierno se ejerce dentro de los cánones de la legalidad y la regulación administrativa. Ello incluye que los datos puedan ser reutilizables por los ciudadanos para presentar propuestas en miras a solucionar las dificultades sociales. Así, la idea del Gobierno Abierto proporciona legitimidad, posibilidad de elaborar políticas públicas consensuadas y aprovechar datos, experiencia y voluntad política para corregir las desviaciones o errores de la gobernabilidad. Tres serían sus ejes: la rendición de cuentas, la transparencia y la incorporación efectiva de la participación ciudadana.
Propuesta de la ONU
Como el Gobierno Abierto es deseable, la ONU propuso a los jefes de estado realizar una Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) en la Asamblea General de julio de 2011. La idea tomó forma desde los ecos de las iniciativas previas de Obama y Dilma Rouseff del Brasil. Así, desde el 20 de septiembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones acordó formular la Alianza para el Gobierno Abierto [OGP]. Las naciones fundadoras de la Alianza fueron Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos.
México, desde la fundación de la Alianza, se involucró elaborando cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (del 2011 al 2013, del 2013 al 2015, del 2016 al 2018 y del 2019 al 2021/22). Además, participó en la Alianza durante el período de 2014 a 2015 ejerciendo la presidencia de dicha organización internacional en la investidura del presidente Enrique Peña Nieto.
Pero la Alianza nació miope y los políticos tropezaron al caminar invidentes de la ciudadanía y ahondar en sus propias trampas. La Alianza del Gobierno Abierto es una alianza entre gobiernos, no entre gobernantes y ciudadanos. La apertura de la Alianza no ha hecho de la casa del gobierno una casa transparente, sino un bastión de espejos donde la información se refleja sesgada y fragmentada entre los propios muros oblicuos de una burocracia endógena que se hunde en la opacidad. Y lo anterior, todavía al margen de la arbitrariedad de clasificar la información como “reservada” con pretextos a los que se presta la interpretación mañosa de ley o por no citar la máxima cínica del “yo tengo otros datos”.
Un plan fallido
A pesar de las buenas intenciones y las credenciales positivas que se asocian a semejante iniciativa, la representación de la ciudadanía mexicana nació sesgada en dicha Alianza. Ello porque en los Planes de Acción de Gobierno Abierto la voz de la ciudadanía fue reducida y domesticada a unas pocas organizaciones de la sociedad civil anidadas en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza institucionalizada. Muchas organizaciones civiles quedaron excluidas, los ciudadanos no pertenecientes a organizaciones civiles fueron y aún son totalmente ignorados. La ciudadanía no puede proponer sus problemáticas, pues solo es consultada bajo la selección de algunas temáticas en una ventana de tiempo instaurada con anticipación por la visión estatal. En otras palabras: no es posible hacer emerger problemáticas ciudadanas ni existe la priorización “de abajo hacia arriba”.
Más recientemente se añadieron otras dificultades a la calidad y genuinidad de la iniciativa: las pocas organizaciones de la sociedad civil se autoexcluyeron porque algunos de sus miembros fueron espiados y vigilados digitalmente por el gobierno federal de México durante el período 2016 a 2018. Por último, colmando de males el pobre desempeño oficial en una idea que podría mejorar la calidad democrática, el gobierno desistió en 2022 de elaborar un Plan de Acción de Gobierno Abierto. Y esa situación se extiende al presente. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está imposibilitado de construir el Plan de Acción por un grave conflicto gubernamental: no se asignó en tiempo y forma a los comisionados que deben integrar el INAI.
Si bien el Senado de la República designó el primero de marzo de 2023 a dos comisionados para sustituir a los que terminaban su período de ley, el veto presidencial a esta acción llevó a consecuentes amparos, suspensiones, recursos y una larga serie de alegatos que no terminarán hasta satisfacer la mayoría que en el Senado de la República requieren dichos nombramientos. Durante 2023 no se alcanzó consenso en ninguna de las propuestas para asignar a quiénes serían los comisionados.
La rebatinga del poder por los datos de un Gobierno Abierto muestra la importancia de los datos abiertos y su reutilización en Planes de Acción. No obstante, a pesar de haber nacido con una Alianza miope, el Gobierno Abierto en México podrá convertirse en una opción contra las regresiones democráticas siempre y cuando incorpore la efectiva participación ciudadana para diagnosticar problemas prioritarios y tomar soluciones reales.
Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública
Autor
Doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana (México) y profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
