Tanto en campaña como al llegar a la Presidencia el 7 de agosto de 2022, el mandatario Gustavo Petro ha fijado como un objetivo clave el empleo (entre muchas de sus iniciativas) de la seguridad humana, esto es, que la seguridad no solo es un asunto de coerción (un soldado y un fusil, o un policía y una pistola). 

En efecto, la seguridad no puede estar reducida solo a ello. Tomando en cuenta el aspecto multidimensional de la seguridad, se debe entender que el acceso a bienes y servicios básicos como el agua, la electricidad, el saneamiento, la salud, la educación y el empleo también forman parte de la seguridad. Sin embargo, se ha dejado de lado un factor esencial de la seguridad humana y multidimensional, es decir, controlar el territorio y evitar que la población quede cercada por los delincuentes, tal como ocurre en el país. Actualmente, hay más de 30 grupos delincuenciales en el territorio nacional, los cuales ponen en difíciles condiciones al Gobierno para cumplir esta promesa de campaña.

El quiebre estratégico de las FF. MM.

Luego de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, pero especialmente en lo que respecta a la transición de los dos primeros, se había dado un golpe estratégico a los grandes grupos delincuenciales en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) huyeron hacia la frontera, pero jamás volvieron a recuperarse como en sus momentos más gloriosos luego de estos períodos de gobierno (1998-2010).

El sometimiento a la justicia fue de los más altos y también sufrieron el mayor número de bajas por la crudeza del conflicto. Nunca volvieron a tomar un casco poblacional rural ni dinamitaron torres de energía, y el nivel de secuestros extorsivos y políticos alcanzó un mínimo histórico impensable. La fuerza pública tenía capacidades operacionales de gran calidad, sin embargo, los graves hechos de los falsos positivos redujeron su legitimidad, lo que quedó consignado en el informe de la Comisión de la Verdad.  

¿Qué ocurre actualmente sobre la seguridad humana en lo que respecta al proyecto del Pacto Histórico que está encabezado por el presidente Petro? Pues bien, para sintetizar, la paz total es un proyecto ambiguo que plantea la negociación al mismo tiempo con todos los grupos armados. Esto es logísticamente imposible y, políticamente, un grave error estratégico para el Estado colombiano.

En segundo lugar, la falta de liderazgo en el Ministerio de Defensa ha evidenciado que no existe una línea de acción frente a la seguridad en el país. La única que se conoce hasta ahora es el diálogo con todos los grupos y la suspensión de algunas acciones ofensivas en el territorio nacional.

En tercer lugar, el aumento de los cultivos de hoja de coca y la propuesta de legalizar diez hectáreas por familia campesina, para que dependan de ello hasta que se haga una sustitución completa, no solo es insostenible financieramente, sino que también es difícil evitar que luego algún grupo los obliguen a seguir cultivando hoja de coca. El país, de acuerdo con la visión del intelectual Eduardo Pizarro Leongómez, alcanzará la cifra récord de casi 300.000 hectáreas de siembra de hoja de coca en el año 2023. Este combustible es suficiente para que los grupos armados se mantengan en actividad plena.

Finalmente, el quiebre estratégico de la seguridad del Estado colombiano se caracteriza por una aparente falta de orientación clara en las fuerzas militares en cuanto al Plan Estratégico Nacional. La Policía Nacional, por su parte, no puede contener la actividad delincuencial que la sobrepasa. Para ello, hace falta una mayor precisión en sus procedimientos de captura y judicialización.

La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su tratamiento como organización político-militar no solo le otorga un estatus político, sino que también le permite exigir la revisión del modelo económico del país, exigencia difícil, máxime cuando este grupo no pretende ser un movimiento político, y solo conoce un modelo económico que no es precisamente el crecimiento económico, sino que se basa en el modelo del viejo comunismo.

La justicia, a merced de lo que los grupos quieran exigir, no podrá imponer las sanciones correspondientes. De esta manera, un juez de la república pensará dos veces si debe dictar una medida o una condena a una persona, aunque se haya demostrado, efectivamente, que cometió delitos que ameriten la sanción del código penal vigente, si es que estas personas se declararan gestores de paz.

Para concluir, queda claro que en Colombia se seguirá procediendo a través de exigencias de facto y no mediante instancias institucionales dentro de lo que es un fenómeno social en el que primará, en muchos casos, el irrespeto a la norma y a las instituciones. Todos queremos la paz, es un anhelo de todo colombiano, pero con este quiebre estratégico de las fuerzas militares y de la seguridad humana será difícil conseguirla. Confiamos en que la espiral de violencia no aumente y en que el presidente pueda dejar consolidado un proyecto de seguridad humana más efectivo para un país en el que no ha cesado la violencia armada.