A tres semanas de la primera vuelta electoral que posicionó a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral de forma extraoficial, debido a la falta de confirmación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este 12 de julio un juez suspendió al Partido Semilla (PS), tras una causa penal promovida por el fiscal Rafael Curruchiche, por supuestos actos de corrupción cometidos por presentar “firmas falsas”. Esto ha sido condenado por diversos actores políticos y la comunidad internacional ya que deja la candidatura de Arévalo en el aire, ya que sin partido no podría participar en la contienda.  

Estas elecciones eran un reto importante para Guatemala. Se esperaba que el país superara la crisis democrática sufrida en las elecciones de 2019, a partir del desastre organizativo del proceso electoral, donde incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un severo informe de hallazgos respecto a la vulnerabilidad electoral de este país centroamericano.

Para ello, con una nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se renovaba la esperanza de contar con un proceso electoral donde la certeza fuera la constante en el sentir de actores políticos, sus partidos, poderes y candidaturas. Sin embargo, diversos acontecimientos mermaron la confianza en la organización electoral. 

En primer lugar, de 23 candidaturas presidenciales, fueron eliminadas algunas que al parecer contaban con altos índices de competitividad, como es el caso de Carlos Pineda, candidato de Prosperidad Ciudadana, quien fue “bajado” de la contienda por la Corte Constitucional, por un amparo promovido por el Partido Cambio, que impugnaba la elección interna del aspirante presidencial.

Y es que, una encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a principios de mayo y levantada entre el 14 al 23 de abril, otorgaba a Pineda más del 23% de intención de voto, por encima de Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Otro caso es el de el ex precandidato Roberto Arzú, quien por supuestos actos anticipados de campaña, fue descalificado.

Además, meses previos al inicio del proceso electoral se documentaron diversas conductas contrarias a la libertad de expresión, como es el caso del encarcelamiento de José Rubén Zamora, periodista que había señalado actos de corrupción por parte de diversos actores políticos.

Ante este clima de inestabilidad política y polarización, el 25 de junio se celebraron los comicios, donde se destaca la participación de poco más del 60% de las personas acreditadas para votar, en un ambiente de calma y buena organización electoral. Contrario a lo sucedido en 2019, el sistema de transmisión de datos y resultados electorales funcionó y dotó de certeza y tranquilidad a la población en general. El programa informático de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) arrojó que las candidaturas de Sandra Torres y Bernardo Arévalo se enfrentarían en una segunda vuelta a celebrarse el próximo 20 de agosto.

Actos posteriores a la elección

A pesar del correcto desarrollo de la elección, ciertos actos posteriores  comenzaron a enturbiar el proceso. La aceptación de un amparo provisional ante la Corte Constitucional para que se amplíen los procesos de impugnación y se revisen los resultados, impidió al TSE hacer la declaratoria de los candidatos ganadores, y por tanto, de determinar oficialmente la celebración de la segunda vuelta. 

Ello recrudeció el clima de polarización y despertadó la sospecha de que los entes de poder habrían encontrado incómoda la candidatura de Bernardo Arévalo, aspirante del Partido Semilla y quien se ha mostrado distante de las políticas tradicionales del país. La candidatura del socialdemócrata, ha mantenido una línea discursiva progresista, sin embargo había sido intrascendente en los sondeos electorales. 

No obstante, ante su ascenso y la crisis generada, el propio Arévalo había manifestado la intentona de restarle votos para favorecer al candidato oficialista Manuel Conde o bien, dilatar el proceso legal y que sea él quien elija al binomio presidencial el próximo 14 de enero de 2024.

De hecho, las misiones internacionales de Observación Electoral habían señalado con insistencia las debilidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la injerencia del gobierno en sus decisiones. A esto se suma la evidente incomodidad de algunas fuerzas al interior del TSE por la observación electoral, específicamente del departamento de fortalecimiento de cooperación, desde donde se bloquearon los trabajos de diversas misiones independientes.  

La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿qué habría que ocultar a la comunidad internacional?