En Latinoamérica, hablar de justicia es hablar de desigualdad. No todos llegan a un tribunal en las mismas condiciones. Para quien vive en una capital, tiene internet, recursos y acceso a abogados, presentar una demanda puede ser relativamente sencillo. Para quien habita una comunidad rural, habla una lengua indígena o no puede pagar una defensa, el mismo trámite se vuelve una carrera de obstáculos.
La distancia frente a la justicia no se mide sólo en kilómetros. También se mide en dinero, tiempo, idioma y conocimiento del aparato estatal. Por eso, ante el avance de la inteligencia artificial, la pregunta no debería ser cuánto trabajo puede ahorrar a jueces y funcionarios, sino cuánto puede acortar la brecha entre el Estado y quienes tienen un derecho formal, pero pocas posibilidades reales de ejercerlo.
Una justicia que siempre llega tarde
Las constituciones latinoamericanas reconocen derechos y garantías procesales. El problema surge al momento de hacerlos efectivos. Expedientes saturados, procedimientos laberínticos, lenguaje jurídico incomprensible, escasez de defensores públicos, costos de traslado y tribunales concentrados en las grandes ciudades forman parte del paisaje cotidiano.
La tecnología no resolverá estas fallas estructurales, pero puede mitigar algunas de sus consecuencias. Argentina cuenta con Prometea, una herramienta que automatiza tareas repetitivas, mientras Colombia ha experimentado con PretorIA para procesar información relacionada con acciones de tutela. Son pasos iniciales que muestran hacia dónde puede avanzar la región.
El verdadero aporte no está en que una máquina haga las cosas más rápido, sino en liberar tiempo para que jueces y defensores se concentren en aquello que exige deliberación humana. Ahí está el límite: inteligencia artificial para acercar la justicia, nunca para deshumanizarla.
México y sus dos transformaciones
México podría convertirse en un laboratorio fascinante. La nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso el acceso a la justicia de pueblos indígenas y afromexicanos en el centro del debate. Bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, la Corte ha promovido una visión pluricultural que reconoce que el derecho no nace únicamente en los códigos y tribunales del Estado.
Apenas en enero, se presentó el Sistema de Investigación Comunitaria, que reconoce los saberes indígenas y afromexicanos como conocimiento jurídico válido. También se crearon mecanismos para incorporar normas y resoluciones de sus autoridades al Semanario Judicial de la Federación.
Durante décadas, la relación entre el Estado y los pueblos indígenas fue un monólogo: el Estado reconocía —o negaba— derechos mientras los sistemas normativos comunitarios permanecían fuera del esquema oficial. Eso empieza a cambiar.
Al mismo tiempo, los tribunales federales han construido criterios sobre el uso de inteligencia artificial, aceptándola como auxiliar bajo condiciones de transparencia, protección de datos, explicabilidad y supervisión humana.
Son dos caminos que todavía avanzan separados: la justicia digital y la justicia intercultural. El verdadero potencial aparecerá cuando se crucen y la tecnología se convierta en un puente entre sistemas normativos que han coexistido durante siglos sin mirarse de frente.
Publicar no es lo mismo que hacer accesible
También en 2026, la Corte firmó una colaboración con Wikimedia México para difundir sus acervos jurídicos e históricos mediante Wikipedia. La iniciativa recuerda algo fundamental: publicar información no significa hacerla accesible. La combinación de repositorios abiertos e inteligencia artificial puede romper esa lógica mediante herramientas capaces de resumir, traducir y contextualizar.
Una persona no tendría que conocer el número de una tesis o qué órgano emitió una resolución. Debería poder preguntar en lenguaje cotidiano qué derechos tiene su comunidad frente a una obra pública que no fue consultada y encontrar decisiones relacionadas.
Democratizar la justicia también significa democratizar el conocimiento que producen los tribunales. Un saber encerrado en lenguaje críptico y bases difíciles de navegar es, en los hechos, un saber inaccesible.
Un traductor entre el ciudadano y el Estado
Pensemos en una mujer indígena que vive en una comunidad apartada y necesita denunciar violencia, reclamar una pensión o resolver un conflicto por su tierra. Quizás no sepa a qué institución acudir, no domine el español o desconozca términos como “competencia territorial”, “medida cautelar” o “amparo”.
Su problema comienza antes de llegar al juzgado: cuando decide pedir ayuda y no sabe a quién recurrir, cómo plantear su caso ni en qué lengua hacerlo.
Un sistema público de inteligencia artificial, podría funcionar como primera puerta de entrada. Mediante la voz, desde un teléfono o punto comunitario, podría escuchar su problema en su propia lengua, explicarle sus derechos, identificar la institución competente y orientarla sobre los pasos a seguir.
No sería un “juez robot”. Sería un traductor entre el ciudadano y un Estado que demasiado a menudo habla un idioma incomprensible. La IA podría facilitar traducciones, explicar resoluciones sin tecnicismos y rastrear precedentes.
Pero la justicia también debe aprender a escuchar
La interculturalidad exige un camino de ida y vuelta. No basta con que una máquina traduzca el lenguaje jurídico estatal para los pueblos indígenas. Si México incorpora normas, resoluciones y saberes comunitarios a sus repositorios, la inteligencia artificial también podría ayudar a jueces y defensores a identificar sistemas normativos indígenas relevantes, precedentes comunitarios y formas propias de resolver disputas.
Esto requiere salvaguardas. Los conocimientos de los pueblos no pueden utilizarse sin autorización y las comunidades deben participar en las decisiones sobre qué información se incorpora y para qué.
La IA no debería servir únicamente para que los pueblos indígenas entiendan a la justicia; también puede ayudar a que la justicia aprenda a entender a los pueblos indígenas. Ese es el salto de la inclusión hacia un sistema verdaderamente plural.
El algoritmo también puede discriminar
Sería ingenuo pensar que cualquier uso de IA supone automáticamente un avance democrático. Los algoritmos aprenden de sociedades atravesadas por desigualdades históricas. Si los datos contienen prejuicios, la tecnología puede reproducirlos e incluso magnificarlos.
Por eso, la IA debe ayudar al juez, pero nunca sustituir su responsabilidad. Puede clasificar expedientes, encontrar jurisprudencia, traducir documentos y detectar demoras. Juzgar, en cambio, debe seguir siendo un acto humano.
De la justicia digital a la justicia social
Existe una paradoja: quienes más podrían beneficiarse de estas herramientas son quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ellas. De nada sirve crear el asistente jurídico sofisticado si sólo funciona con internet de alta velocidad y teléfonos de última generación. La transformación digital requiere conectividad rural, puntos públicos de acceso y sistemas capaces de funcionar con conexiones limitadas.
Podemos utilizar la IA para que los tribunales trabajen más rápido. O podemos apuntar más alto: lograr que quien nunca pudo llegar a un tribunal finalmente lo haga.
Que una mujer indígena conozca sus derechos en su lengua. Que un campesino sepa dónde reclamar sin viajar durante horas. Que una persona sin recursos entienda una resolución. Que un defensor encuentre los precedentes que necesita. Que un juez conozca el sistema normativo de la comunidad cuyos derechos debe proteger.
No necesitamos jueces artificiales. Necesitamos inteligencia artificial que derribe barreras económicas, lingüísticas, geográficas y culturales. Si lo conseguimos, su mayor aporte no será tecnológico, sino democrático. Porque una justicia más rápida importa. Una justicia más eficiente, también. Pero la verdadera revolución será lograr que la justicia, por fin, llegue a quienes siempre han estado más lejos de ella.
Autor
Mexicano. Politólogo y Administrador Público por la Universidad Iberoamericana Puebla. Posee un Master en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Profesor universitario.
