Las declaraciones recientes del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, sobre una posible candidatura presidencial en México para 2030 no son una noticia política más. Son la manifestación de un patrón regional peligroso que América Latina ha experimentado durante las últimas décadas: la seducción de los empresarios convertidos en salvadores políticos. Su promesa de hacer «lo que sea necesario» por México recuerda a otros magnates que prometieron administrar países como empresas exitosas, lo cual siempre termina por evidenciar que la democracia no funciona según las reglas del mercado.
El espejismo de la eficiencia empresarial
La crisis de representación política en América Latina es terreno fértil para el florecimiento de narrativas seductoras: si estos hombres construyeron imperios empresariales, seguramente podrán «arreglar» países enteros. Esta lógica ignora una diferencia fundamental entre administrar una corporación y gobernar una democracia. En una empresa, las decisiones son verticales y los objetivos están claramente definidos por el beneficio. En una democracia, el poder debe ser compartido, negociado y ejercido pensando en el bien común, no en la maximización de ganancias.
La experiencia regional ha demostrado que esta diferencia no es meramente teórica. Es la línea divisoria entre el éxito democrático y el fracaso autoritario.
Ecuador: La promesa inconclusa del presidente más joven
Daniel Noboa representa el caso más reciente de este fenómeno regional. Hijo de un magnate bananero, llegó al poder en 2023 a los 35 años como el presidente más joven en la historia de Ecuador, con credenciales académicas de Harvard y NYU, y la promesa de resolver la crisis de seguridad que asfixiaba al país.
Su respuesta a la crisis ha sido predominantemente militarista: declaración de «conflicto armado interno», más de 120.000 operaciones conjuntas policía-ejército en los primeros seis meses, y la detención de casi 35.000 personas. Pero mientras implementaba estas medidas de «mano dura», la inversión en salud cayó 8% y el gasto en educación se estancó durante su primer año de gobierno.
El caso ecuatoriano revela una paradoja fundamental: la capacidad para tomar decisiones ejecutivas rápidas choca con la complejidad de problemas estructurales que requieren soluciones integrales. La crisis de seguridad en Ecuador no es únicamente un problema policial, sino el síntoma de desigualdades económicas profundas, instituciones debilitadas y ausencia de oportunidades para millones de jóvenes. Problemas que no se resuelven con la lógica empresarial de la eficiencia y los resultados inmediatos.
Argentina: Cuando el gradualismo se convierte en estancamiento
El caso de Mauricio Macri en Argentina representa quizás la lección más clara de por qué los empresarios no son necesariamente mejores administradores del Estado. Este llegó al poder en 2015 con credenciales impecables: había dirigido exitosamente Boca Juniors y había sido jefe de gobierno de Buenos Aires. Su propuesta era simple y atractiva: aplicar la eficiencia empresarial para resolver los problemas crónicos argentinos.
Cuatro años después, Argentina estaba peor que cuando Macri asumió. La inflación se había disparado, la pobreza había aumentado y el país había caído en una recesión profunda. Su «revolución de la alegría» terminó en una derrota electoral contundente. El proyecto que se había planteado «para 20 años» se desplomó en menos de un mandato presidencial.
Chile: Prosperidad sin legitimidad
Sebastián Piñera, el empresario más rico de Chile, tuvo dos oportunidades de demostrar que los magnates podían gobernar mejor. Su primer mandato mostró algunos indicadores económicos positivos, pero su segundo período reveló las grietas profundas de un modelo que priorizaba el crecimiento por encima de la equidad social.
El estallido social de octubre de 2019 no fue un accidente. Fue la explosión de décadas de descontento acumulado bajo un modelo que, aunque generaba riqueza, la concentraba en pocas manos. Piñera, con una fortuna de 2.900 millones de dólares, personificaba exactamente aquello contra lo que protestaban los chilenos: la desigualdad extrema disfrazada de éxito económico.
Brasil: Cuando el “empresarialismo” abraza el autoritarismo
El caso de Jair Bolsonaro ilustra hacia dónde pueden derivar los gobiernos que priorizan la lógica empresarial por encima de la democrática. Aunque técnicamente no era empresario, su gobierno funcionó exclusivamente para beneficiar al sector privado, implementando políticas que favorecieron a las corporaciones mientras la violencia, la pobreza y la polarización social aumentaban.
La gestión de Bolsonaro demostró las consecuencias más extremas de aplicar mentalidad empresarial al Estado: concentración de poder, desprecio por las instituciones democráticas y subordinación sistemática del interés público a los intereses del capital.
Los riesgos estructurales de los magnates en el poder
La investigación académica sobre este fenómeno ha identificado patrones consistentes. Primero, la «captura del Estado» es inevitable cuando quienes tienen intereses económicos específicos acceden directamente al poder político. Segundo, los empresarios carecen de la cultura democrática necesaria para gobernar, proviniendo de estructuras jerárquicas donde la toma de decisiones es unilateral. Tercero, cuando los empresarios más ricos acceden al poder político, se produce una concentración peligrosa que amenaza los fundamentos democráticos.
América Latina ya enfrenta niveles extremos de desigualdad, con apenas 106 personas acumulando más de 565.000 millones de dólares. Esta concentración de riqueza, combinada con acceso directo al poder político, crea una oligarquía donde rige la lógica de «un dólar, un voto» en lugar de «una persona, un voto».
El caso Salinas Pliego: México en la encrucijada
Ricardo Salinas Pliego encarna todos estos riesgos estructurales. Su confrontación abierta con las instituciones fiscales mexicanas, su uso de medios de comunicación como herramientas políticas personales, y su coqueteo con movimientos ultraderechistas globales lo posicionan como una versión mexicana de los empresarios autoritarios que han fracasado estrepitosamente en otros países de la región.
Su retórica populista de presentarse como víctima de «persecución política» mientras evade obligaciones fiscales multimillonarias demuestra la misma hipocresía que caracterizó a otros magnates convertidos en políticos. Su promesa de hacer «lo que sea necesario» por México suena peligrosamente similar a los discursos mesiánicos de otros outsiders que terminaron dañando profundamente a sus países.
La lección regional
La experiencia latinoamericana del siglo XXI ha proporcionado evidencia abrumadora de que los empresarios no son mejores administradores del Estado que los políticos profesionales. México tiene la oportunidad de aprender de estas experiencias. La democracia no necesita magnates que la administren como empresas privadas; necesita instituciones fuertes, políticos con experiencia democrática y un compromiso genuino con el pluralismo y el bien común.
El mensaje debe ser claro: América Latina no necesita más experimentos con empresarios autoritarios disfrazados de renovadores democráticos. La región necesita fortalecer sus instituciones democráticas, no entregarlas a quienes ven a los países como oportunidades de negocio.
Autor
Economista. Ex-director de Investigación y Metodología ESG en Dow Jones. Postgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía de la Hochschule Schmalkalden (Alemania).
