La reflexión después del proceso electoral en México

El domingo 2 de junio más de 98 millones de mexicanos tuvieron el derecho de acudir a las urnas para participar del proceso electoral más grande de la historia del país. Fue una contienda donde se enfrentaron tres candidaturas a la presidencia de la República, y por primera vez una mujer encabezará la primer magistratura de la nación.

Para este proceso se eligieron 20.708 cargos, entre los que destacan nueve gubernaturas, 300 diputaciones federales, de las cuales 44 son consideradas indígenas y 63 postulaciones para acciones afirmativas, es decir, candidaturas para personas en condiciones vulnerables respecto al resto de las candidaturas, por ejemplo personas con discapacidad o de diversidad sexual, entre otras. 

En este marco, donde la democracia mexicana busca consolidar su fortaleza en estas casi tres décadas de organismos electorales autónomos, la autoridad electoral debe garantizar las condiciones necesarias para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo en condiciones de paz, armonía, certeza y legalidad, para que cada ciudadana y ciudadano tenga la seguridad de que su voto se contará y tendrá el valor que aporte a la elección.

Las candidaturas, los partidos políticos y los equipos que participan deben respetar las reglas, exponer sus propuestas y convencer con argumentos al electorado. Es importante recalcar, en un país con tanta desigualdad, la necesidad de analizar los planes de gobierno, compararlos y propiciar una cultura de voto informado.

El gobierno, por su parte, debe cumplir con su papel coadyuvante al buen desempeño del proceso electoral, evitar el uso de recursos públicos y generar condiciones de confianza para el respeto de los resultados. 

Una vez configurados los elementos antes descritos, el ojo y la vigilancia de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de la ley es fundamental. El éxito de un proceso electoral no reside exclusivamente en el respeto a los resultados, sino a que estos sean legítimos, aceptados por todas las fuerzas políticas, las candidaturas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Así, en un contexto de polarización enmarcado por la violencia en las campañas, las elecciones mexicanas pudieron celebrarse en condiciones de paz y armonía. Al respecto hay que destacar que el día de la jornada electoral fueron escasos los brotes de violencia que se vislumbraban para varias entidades, más aún cuando en los días previos un candidato opositor fue ejecutado en medio de un evento político de cierre de campaña, en el estado de Guerrero, una entidad marcada por los altos índices de violencia.

Por otro lado, hubo altos índices de participación en entidades como Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila, donde más del 65% de las personas inscritas en la lista nominal pudieron participar. También se destaca que la participación nacional apenas superó el sesenta por cierto, cuando se esperaba que acudiera más del 63,4% que se obtuvo en 2018.

En los resultados finales, pudo observarse que la candidata Claudia Sheinbaum, postulada por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvo el 59,8% de los votos, mientras que la candidata opositora Xóchitl Gálvez, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, apenas alcanzó el 27,5% de los apoyos. Llama la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, logró el 10,3% de los votos, una situación que sitúa a su partido en una posición de claro crecimiento, sobre todo en zonas urbanas.

Para la parte de las gubernaturas, Morena obtiene siete de nueve en disputa, mientras que ejercerá mayoría absoluta en 27 congresos locales y, según las proyecciones de diversos análisis, la tendrá en la Cámara de Diputados y se quedará a un par de escaños para conseguirlo en el Senado.

Por su lado, la oposición, si bien mostró resultados catastróficos, que incluso terminan con la vida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien no alcanza el umbral del 3% para mantener su registro, gobernará en 14 de 32 estados. 

Es importante destacar que después del 2018 los partidos de oposición no supieron reconstruirse. Los resultados demuestran que no lograron sostener siquiera a sus estructuras al interior del país, confirmando una desarticulación entre la campaña presidencial y los partidos políticos. Estos últimos quedaron evidenciados en la integración de las listas de representación proporcional para el Congreso, dejando de lado los intereses de sus militancias o bien de las organizaciones de la sociedad civil, quienes habían arropado la candidatura de Xóchitl Galvez y que, por decir de los resultados, habrían aportado más votos que los propios partidos.

De lado de la candidatura de Sheinabum esta contó con los apoyos del presidente, toda la estructura del partido en el gobierno y del discurso de la continuidad, que permeó en todas las estructuras socioeconómicas del país y que facilitaron el cómodo triunfo. Voltear hacia la población más desprotegida, dotar de recursos a millones de familias, generó un cúmulo de apoyos que se tradujeron en más de 35 millones de sufragios, superando incluso los números de Andrés Manuel López Obrador de 2018.

Es importante destacar que hay muchas tareas por ejercer. Primero, en materia electoral es necesario revisar el esquema de los actos anticipados de precampaña y campaña. Si bien el proceso electoral inició en septiembre del año pasado, existen múltiples señalamientos de que inició de manera fáctica a partir de mediados de 2021, lo que permitiría —en primera instancia— al Tribunal Electoral determinar si estos posibles actos configuran un escenario de ventaja clara hacia una de las candidaturas.

El asunto del financiamiento de las campañas y los actos de violencia deberá evaluarse y generar insumos para perfeccionar tanto los criterios de fiscalización como la intromisión de agentes externos en los procesos electorales, que muchas veces detonan en situaciones de violencia. 

Preocupa también el índice de participación electoral, por lo que habrá que revisar las estrategias que permitan al Estado, es decir, a todos los entes en su conjunto, encaminar los trabajos a la construcción de cultura política y de responsabilidad democrática.