En los días posteriores a la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el debate público se concentró, de manera casi automática, en las consecuencias inmediatas del operativo. La atención estuvo puesta en dos planos: por un lado, la recomposición interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, por el otro, el impacto de este golpe en la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos. Sin embargo, más allá de la coyuntura, la pregunta de fondo es otra: ¿puede esta victoria táctica convertirse en una oportunidad para la concentración de poder en el Ejecutivo mexicano bajo el argumento de la seguridad nacional?
El respaldo social inmediato a la operación en Tapalpa, Jalisco, es un dato relevante. Según una encuesta de GobernArte S.C., 82.4% de los entrevistados “aprobaba absolutamente” la intervención militar. Esa legitimidad es comprensible en un país exhausto por la violencia. Pero también es el capital político que permite profundizar decisiones excepcionales. Cuando la ciudadanía percibe resultados concretos como la caída del “criminal más buscado”, se amplía el margen para que el Ejecutivo fortalezca el aparato coercitivo del Estado sin enfrentar mayores resistencias.
La experiencia comparada muestra que la centralización del poder rara vez se presenta como una ruptura abrupta. Se construye gradualmente, bajo la narrativa de la necesidad. Más presencia militar en tareas de seguridad pública, mayor discrecionalidad presupuestaria para las Fuerzas Armadas, ampliación de facultades de inteligencia y coordinación directa con actores externos sin supervisión parlamentaria robusta. Todo ello puede justificarse como indispensable para enfrentar una amenaza que, lejos de desaparecer, podría intensificarse.
En ese sentido, la caída de Oseguera no clausura el ciclo de violencia; probablemente lo reconfigura. La larga experiencia latinoamericana enseña que cuando cae el líder de un cártel, los distintos liderazgos regionales enfrentan un dilema: esperar la emergencia de un nuevo mando que preserve la unidad o independizarse para disputar territorios y mercados criminales. Ese proceso de fragmentación suele ser más violento que la etapa de hegemonía.
Un antecedente reciente lo confirma. La fractura del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, derivó en dos facciones, “Los Mayos” y “Los Chapitos” que desde septiembre de 2024 disputan el control de la organización. La división no sólo fragmentó la cúpula, sino que arrastró a liderazgos regionales y multiplicó los enfrentamientos. Nada indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esté exento de un proceso similar.
Si la fragmentación del CJNG deriva en una intensificación de la violencia en los al menos 20 estados donde se encendieron focos rojos tras la caída de su líder, el argumento para reforzar la militarización ganará fuerza. Narcobloqueos, ataques contra instituciones públicas y empresas privadas, y un saldo creciente de militares, guardias nacionales y policías caídos en combate alimentan la percepción de guerra interna. En ese clima, la exigencia de orden tiende a prevalecer sobre la defensa de los contrapesos.
A este cuadro se suma la dimensión internacional. La operación que culminó con la ejecución de Oseguera evidenció una estrecha colaboración con Estados Unidos. El esquema descrito por diversos analistas es claro: los servicios de inteligencia estadounidenses realizan labores de investigación y localización de “objetivos narcoterroristas”, procesan la información y la entregan al sistema de seguridad nacional mexicano, que ejecuta las operaciones. Aunque los agentes estadounidenses no aparezcan públicamente, el seguimiento estratégico es cercano.
Esta cooperación marcó un punto de quiebre respecto a la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior, asociada a una estrategia de contención que, según sus críticos, paralizó la captura de grandes capos. El nuevo enfoque apuesta por golpes directos y coordinación bilateral. Sin embargo, el fortalecimiento de la seguridad hemisférica puede tener un efecto colateral: consolidar un modelo altamente centralizado en el que las decisiones estratégicas se concentren en el Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas, con escaso debate público.
La legitimidad de la colaboración con Washington —sobre todo si produce resultados visibles— reduce los incentivos para discutir sus límites. ¿Qué mecanismos de supervisión existen? ¿Cuál es el papel del Congreso en la definición de la estrategia? ¿Cómo se garantiza que la ampliación de facultades militares no desplace definitivamente a las instituciones civiles? Estas preguntas tienden a quedar relegadas cuando la prioridad es neutralizar amenazas inmediatas.
El riesgo no es la cooperación en sí misma, sino su institucionalización sin contrapesos. En un contexto donde varias instituciones de la transición democrática han sido debilitadas o capturadas, la expansión del poder militar puede volverse estructural. Incluso si hubiera alternancia partidista, la inercia de un aparato de seguridad fortalecido y con amplio respaldo social podría perdurar. Parafraseando a Fouché, los gobiernos pasan, los militares quedan.
Desde el punto de vista democrático, el escenario más probable no es la cancelación de elecciones, sino la transformación del ecosistema político. Las elecciones podrían mantenerse, pero en un entorno donde las decisiones clave como el presupuesto, inteligencia o seguridad interior, estén crecientemente en manos castrenses. La concentración de poder no siempre adopta la forma de un quiebre institucional; a veces se manifiesta como una reconfiguración silenciosa de prioridades y equilibrios.
Frente a este panorama, el campo democrático enfrenta un desafío doble. Por un lado, reconocer la urgencia de combatir a las viejas y nuevas organizaciones criminales. Por el otro, evitar que esa urgencia se convierta en una justificación permanente para ampliar sin límites el poder del Ejecutivo. La revitalización del debate público en torno a reformas institucionales y contrapesos es una señal de que existen reservas cívicas, pero su eficacia dependerá de su capacidad para articular una propuesta que no sea percibida como indiferente a la inseguridad.
En definitiva, la ejecución de “El Mencho” puede leerse como un éxito operativo y, al mismo tiempo, como el punto de partida de una redefinición del equilibrio de poder en México. Si la violencia se intensifica por la fragmentación del CJNG y la cooperación bilateral se profundiza con amplia legitimidad social, el Ejecutivo tendrá incentivos y margen para concentrar más atribuciones. La historia latinoamericana advierte que las emergencias tienden a expandir el poder estatal más allá de la coyuntura que las originó. Evitar que la excepción se normalice es, hoy, la tarea central de la democracia mexicana.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
