La política latinoamericana incluye un número crecientemente variado de procesos electorales, desde primarias y referendos, hasta comicios legislativos e incluso para elegir a los máximos órganos judiciales. Sin embargo, las elecciones presidenciales permanecen como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés de la comunidad internacional.

En 2023 están programadas tres elecciones presidenciales: en Paraguay (abril), Guatemala (junio) y Argentina (octubre). A esas, previstas en los calendarios constitucionales correspondientes, podría sumarse el adelanto de la cita presidencial en tres países andinos. En efecto, con distintos grados de probabilidad, podrían acudir a las urnas, Perú, como un intento de salida de la precaria gobernabilidad; Ecuador, si prosperan la destitución del presidente y la disolución del Congreso; incluso Venezuela, como nuevo episodio en el tire y afloje entre el régimen y la oposición. La sola consideración de esos escenarios ratifica la turbulencia que atraviesa la política regional.

Sean tres o más, las presidenciales se desarrollarán en el “ciclo de la pandemia”, abierto en 2020 y signado por la convergencia de crisis, sociopolítica, económica, sanitaria, derivadas de la pandemia de coronavirus y que han acentuado el malestar ciudadano con las instituciones y las autoridades.

En el ámbito electoral, esta fase se caracteríza por una participación disminuida; las dificultades del oficialismo para conservar el poder y el buen viento para la oposición, sea tradicional o encarnado por un outsider. Además, estas elecciones se han caracterizado por el auge de una retórica defensiva de valores morales tradicionales y el crecimiento de las redes sociales como cancha de la política y las campañas. Lo más probable es la continuidad de esas tendencias, aunque, en cada país, se conjuguen de manera distinta y puedan producirse excepciones.

El escenario más definido se halla en Paraguay, tierra de uno de los últimos bipartidismos históricos que subsisten en América Latina. En una contienda que se anuncia ajustada, tal como ocurrió hace un lustro, rivalizarán Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, ganador de seis de las siete elecciones desde el retorno a la democracia, y Efraín Alegre, líder de la Concertación, coalición que reúne organizaciones de derecha e izquierda, articulada alrededor del Partido Liberal. Su enfrentamiento se anticipaba desde hace casi un año y se ratificó tras las primarias respectivas. El margen de sorpresa de terceras candidaturas parece reducido. Está en juego la permanencia colorada en el gobierno o su segunda salida del poder en más de tres décadas. 

En una ola poco propicia para los oficialismos, el Partido Colorado tiene bazas por jugar, incluyendo una estructura con alta capacidad de movilización territorial, recursos y lealtad con los colores de la organización. Peña confía en que su pertenencia al ala opositora del partido le permita retener a los insatisfechos con la promesa de la alternancia dentro del mismo espectro. Al frente, Alegre procura canalizar la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y el Estado, agravada por la percepción de una extendida corrupción, con la promesa de la alternancia. Empero, la campaña giró menos alrededor del debate de políticas públicas que de las sanciones de Estados Unidos contra el expresidente y jefe del Partido Colorado Horacio Cartes, así como a otros dirigentes de ese partido, por “corrupción significativa”.

En Guatemala, hay menos certezas. En uno de los sistemas políticos más volátiles y fragmentados del mundo, ningún partido ha conseguido reelegirse, ni siquiera regresar al poder: todos y cada uno de los partidos gobernantes han sido distintos. El deterioro democrático, con cierres para la libertad de expresión y reducción de la independencia judicial forma el telón de fondo. Las chances del oficialismo parecen exiguas.

Por ahora, despuntan en las encuestas dos mujeres con trayectoria política. Zuri Ríos, hija de un presidente militar, y la exprimera dama Sandra Torres, más progresista. Ellas y los otros aspirantes todavía deben completar la validación de la candidatura, una etapa que ha probado no ser un mero formalismo, como ilustró la inhabilitación de Thelma Cabrera, una voz crítica contra el statu quo y próxima a los movimientos indígenas. La valla a su postulación ha desteñido las credenciales de los comicios. Como ha ocurrido invariablemente desde la instauración democrática, todo apunta a una resolución en segunda vuelta.  

De las tres elecciones, la de Argentina se celebra con el padrón más grande. Pese a ser una de las principales economías regionales, arrastra una inflación y devaluación altas y endémicas, que lastran el crecimiento, generan frustración, obligan a continuas y contrapuestas negociaciones con los organismos internacionales y los sectores de trabajadores.

Numerosas incógnitas persisten en la ecuación electoral. Si Paraguay y Guatemala prohíben la reelección, Argentina la autoriza, pero las opciones de Alberto Fernández, si decidiera presentarse, parecen modestas. Esto no significa que el oficialismo esté descartado de la lucha pues la abigarrada galaxia del peronismo posee la habilidad de promover una candidatura que reivindique el balance gubernamental -si se concretan evoluciones positivas, cada vez más improbables- como otra que enfatice las críticas -en la situación opuesta-.

La oposición liberal tendrá que conciliar sus propias disputas, cuyo tono se endurece, en tanto que la que surge en las fronteras del sistema político, con un mensaje frontal, aguarda recolectar los frutos del hastío. Todavía reina el suspenso sobre quiénes figurarán en las boletas. De a poco, se destapan los candidatos que deberán pasar por el tamiz de unas primarias con gusto de presidencial anticipada por su carácter simultáneo para los partidos y obligatorio para la ciudadanía.       

La política latinoamericana continuará rediseñándose a partir de los resultados de estas presidenciales, pero seguirá bajo el tenso signo de la incertidumbre de gobiernos entrantes a los cuales las sociedades les dan créditos de corto plazo y condiciones severas.