Los criterios de demarcación de las tierras indígenas vuelven a ser una cuestión importante para el Congreso Nacional de Brasil en el segundo semestre de 2023. En el mes en que se conmemora el trigésimo quinto aniversario de la promulgación de la nueva Constitución Federal de Brasil, el Senado Federal debate la creación de herramientas jurídicas para legitimar la tesis del marco temporal, de que los grupos indígenas sólo pueden tener sus tierras demarcadas si ya las ocupaban cuando se instaló la nueva República brasileña, en octubre de 1988.

La llamada tesis del hito temporal es muy controvertida. Se trata de una idea que limita cronológicamente el derecho de posesión de los indios sobre importantes franjas del territorio brasileño. En 2003, se creó la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, en el estado de Santa Catarina, que abarca unos ochenta mil kilómetros cuadrados y está ocupada actualmente por el pueblo indígena xogleng. Ante las demandas de decenas de agricultores de la región, el gobierno de Santa Catarina llevó el asunto ante el Supremo Tribunal Federal, alegando que los nuevos propietarios de la tierra no estaban allí cuando se promulgó la Constitución brasileña y, por tanto, no debían tener control legal sobre la zona.

Un dictamen jurídico de la Procuraduría General de la República en 2009 cristalizó aún más la base de la tesis del hito temporal. En relación con la demarcación de la reserva indígena de Raposa-Serra do Sol, en el norte del país, se argumentó que sólo podría delimitarse una vez que se hubiera cumplido este criterio temporal y, ante este impasse, se hizo necesaria una sentencia del Tribunal Constitucional de Brasil, dada la necesidad de que el Poder Judicial se pronunciara sobre asuntos para los que había sido convocado.

El caso del impasse entre indígenas y propietarios rurales en Santa Catarina tendría el poder de influir en más de trescientos procesos de demarcación de tierras en todo el país y, con la decisión de la Corte Suprema, tendría repercusiones generales. El 21 de septiembre de 2023, veinte años después del inicio del litigio, la mayoría de los jueces del Tribunal decidió anular las limitaciones temporales, garantizando una victoria para los pueblos indígenas de todo el país, que podrán reclamar la propiedad de sus espacios naturales.

Lo más importante por el momento es saber que, después de haber sido considerado por la legislatura brasileña, el Proyecto de Ley 2903 de 2023 va para sanción presidencial, habiendo sido aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. Activistas rurales de todo el país, a través de frentes parlamentarios, han presionado a sus representantes para crear una nueva legislación que detenga la eficacia de la decisión dictada por el poder judicial a favor de los pueblos indígenas.

En un momento de gran polarización en el Congreso, que numéricamente cuenta con una mayoría de representantes conservadores, los Poderes de la República están en curso de colisión. En recientes intervenciones, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha criticado la frecuente intervención del poder judicial en asuntos propios del Congreso. El proyecto de ley aprobado recibió el apoyo masivo no sólo de grupos vinculados al agronegocio nacional, sino también de sectores importantes como los evangélicos y los grupos de seguridad pública.

Juristas de Brasil y del exterior han sido consultados sobre la capacidad de un proyecto de ley para anular una decisión vinculante del máximo tribunal del país. Por un lado, están los que defienden el poder judicial y consideran que la reciente sentencia garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que, por esta razón, está más allá de la revisión del Congreso.

En el otro extremo están los que definen la decisión judicial como un exceso de los poderes garantizados al Supremo por la Constitución de 1988 y abogan por que el Legislativo actúe para reequilibrar los poderes. El presidente Lula ya ha anunciado que vetará la propuesta, por considerarla inconstitucional. Legisladores de todas las tendencias políticas han hecho pública su intención de anular el probable veto presidencial.

Frente a intereses tan diversos, representados en las esferas políticas más importantes del país, la Constitución, que cumple un año más de vigencia, pasa por una prueba de fuego. La complejidad de este escenario pretende ser útil para definir con claridad los límites del equilibrio de poderes ideado en el siglo XVII por los padres fundadores de la democracia estadounidense, Madison, Hamilton y Jay, y aplicado a varios países latinoamericanos.

A pesar de los momentos de quiebre del orden democrático, los países de la región están ansiosos por mejorar sus regímenes políticos a través de situaciones que permitan conocer la solidez -o no- de sus instituciones.