El pasado 20 de julio Nicolás Maduro anunció la creación de cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE) en varias regiones costeras de Venezuela: Paraguaná, Puerto Cabello-Morón, La Guaira, Margarita y la isla La Tortuga. La noticia, de obligatoria difusión en “cadena nacional”, como acostumbra el chavismo, fue acompañada de su correspondiente ley orgánica y superintendencia.
Se trata de un instrumento normativo de 38 artículos en los que se plantea una iniciativa gubernamental para fomentar la inversión extranjera y procurar un “nuevo equilibrio en el desarrollo nacional”. Básicamente se trata de un intento desesperado para atraer divisas y sortear las sanciones internacionales, en vista de su pertinaz negativa a ceder en su forma despótica de ejercer la autoridad, y evitando cualquier arreglo negociado a su atrincheramiento político.
Las ZEE están ubicadas en regiones geográficas específicas (habitualmente con salida al mar) en las que se establece un régimen fiscal diferenciado del resto del país, con el fin de promover determinadas actividades comerciales orientadas principalmente hacia el comercio internacional de bienes y servicios. Desde mediados de los setenta, este tipo de mecanismo se ha implementado en varios países del mundo mediante diferentes modalidades, y actualmente existen más de 4.000 ZEE en 76 países. Casi la mitad han conseguido prosperar y sostenerse en el tiempo.
Buena parte del éxito de estas zonas se debe a diferentes condiciones socioeconómicas, más allá de su baja carga impositiva. Las ZEE requieren una infraestructura instalada mínima de servicios públicos, así como la seguridad jurídica mínima para que cualquier inversión nacional o extranjera pueda tener ganancia y resguardo ante cualquier potencial arbitraje; un esquema “ganar-ganar” que incluya al empresario, algo históricamente ajeno a la doctrina económica del chavismo, siempre recelosa del libre mercado en cualquiera de sus formas.
A escala global, uno de los casos más recientes, aunque de incierto futuro, fueron los puertos francos y las ZEE que propuso el saliente gobierno de Boris Johnson como compensación al brexit en el Reino Unido. Mientras tanto, en nuestra región se destacan las ZEE implementadas en México durante la gestión de Enrique Peña Nieto y más recientemente el proyecto Ciudad Bitcoin en El Salvador, tras la cuestionable decisión gubernamental de hacer de este criptoactivo una moneda de curso legal. Sobre este último, tras varios meses del festivo anuncio del presidente Nayib Bukele, el lugar sigue siendo El Zonte, un pequeño pueblo pesquero en el sur del país, donde aún se espera por los inversores que conviertan el lugar en la primera ZEE centrada en la criptomoneda.
Estos casos demuestran que, más allá de las soflamas de los políticos, el florecimiento de estas zonas no depende de un decreto presidencial o de la voluntad de un puñado de empresarios dependientes del Estado. Se necesita inversión privada con certidumbre de lucro.
En Venezuela todo ha naufragado durante el socialismo
En la historia económica contemporánea venezolana existe un antecedente en las conocidas zonas francas creadas desde 1991. En su momento, estas pudieron dinamizar parcialmente la economía y funcionaron en ciertos momentos como mecanismos para equilibrar la balanza comercial del país. Sin embargo, su operatividad ha estado desde entonces sumamente influenciada por la gestión gubernamental, lo cual terminó por degenerarlas en zonas orientadas principalmente hacia la llamada “economía de puertos”. Es decir, espacios dedicados a las importaciones masivas que han sido promovidas por el ingreso petrolero que se aspiraba fuese sustituyendo el tejido empresarial nacional en rubros económicos históricamente considerados como “estratégicos” o de “interés nacional”.
Es importante considerar que el socialismo venezolano, a lo largo de sus más de dos décadas de hegemonía política, ha causado el exterminio de empresas privadas, una catástrofe económica sin igual en la región. Según datos de Conindustria y de Fedecámaras, la revolución bolivariana ha conllevado la expulsión de alrededor de medio millón de empresas privadas, además de la expropiación y estatización de más de 1.400 empresas en Venezuela.
Ante semejante descalabro, el régimen de Maduro apela ahora a estas zonas económicas especiales. Pero tal como lo refiere a lo largo de su articulado, el papel fiscalizador y supervisor del Estado condiciona cualquier aspecto operativo y de capitalización que pueda desarrollarse en estas ZEE. Además, estas entidades están adscritas administrativamente a funcionarios con restricciones financieras internacionales en su contra y, en algunos casos, hasta con órdenes de captura. Y es que de acuerdo a la firma venezolana Ecoanalítica y a la ONG Transparencia Internacional, el 21% de los ingresos del Estado venezolano provienen de actividades ilegales, el mismo Estado, responsable directo del desplome del producto interno bruto más acentuado de la región desde 2013.
Estos antecedentes poco alentadores son los que deberá sopesar cualquier empresario, nacional o extranjero, que busque algún tipo de participación en estas ZEE. De hecho, a despecho de quienes aseguran que en Venezuela existe un capitalismo autoritario de Estado, en la práctica, su economía está en las antípodas de un régimen mínimo de capitalización y apertura de mercado sostenible. Ni siquiera para su propia boliburguesía de bodegones.
Por tanto, queda claro que no es suficiente con voluntarismo político y discursos nacionalistas para hacer que emerja la inversión privada. Tratándose de una economía asfixiada por el naufragio de su propio Estado autoritario, lo que se requiere es de más Estado de derecho, más transparencia, más inversión autónoma, libertades empresariales, posibilidad de lucro, infraestructura de servicios públicos básicos y, sobre todo, respeto a la propiedad privada. Solo así estas ZEE podrán plantearse como una estrategia de desarrollo sólido y sostenido.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Autor
Politólogo egresado de la Univ. Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Analista de asuntos parlamentarios.
