Recientemente la Cámara de Diputados de México designó a cuatro nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo a su Presidencia. La Constitución mexicana establece la renovación escalonada de quienes integran el Consejo General, con la intención de que los gobiernos y actores políticos de turno no influyan en la toma de decisiones del INE. Lo mismo sucede con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de mantener la división de poderes.
A través de un proceso de selección, cuestionado por la integración del Comité Técnico de Evaluación, que además por mandato jurisdiccional debía garantizar la paridad de género, se definió que será una mujer quien presidirá- por nueve años- al máximo Órgano de dirección del INE.
La polarización que se vive entorno a una posible reforma electoral que se encuentra en análisis por la SCJN y el abierto enfrentamiento entre el Titular del Poder Ejecutivo y el propio INE, específicamente en referencia al expresidente Lorenzo Córdova, dificultaba la generación de consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Los intentos de acuerdo que le garantizaran al partido oficialista (Morena) imponer a una persona afin en la Presidencia del Consejo General y una consejería y a los partidos de oposición otras dos posiciones no llegaron a buen término. Por ello, se optó utilizar el sistema de sorteo entre las personas que integraban las quinteta, algo establecido en la propia Constitución como último recurso.
La designación de los puestos a través de un sorteo genera algunas reflexiones. En primer lugar este método hace más transparente el procedimiento de elección ya que se elimina la discrecionalidad de la decisión de las cúpulas partidistas. Además, se elimina todo tipo de compromisos entre las personas designadas y los actores políticos. De esta manera, tanto la nueva Consejera Presidenta como las nuevas consejerías pueden asumir sus cargos, ganados por sus propias capacidades y a la bondad de la suerte, libres de compromisos políticos.
El procedimiento de designación, permitió que los mejores 20 perfiles llegaran a la fase final, donde se pudo destacar la capacidad y experiencia en la mayoría de los candidatos. De hecho, tres de las personas designadas cuentan con experiencia en el ejercicio del cargo en cuerpos colegiados. Y es que una de las principales necesidades en los órganos colegiados es la apertura y el carácter para la generación de consensos entre pares y en la necesaria y cuidadosa interlocución con los partidos políticos.
En México hemos estado acostumbrados a los acuerdos entre fuerzas políticas y el sistema democrático ha funcionado a partir de los equilibrios y las diferentes opiniones. Pero el sistema de insaculación le proporciona al INE una oportunidad para innovar y cuidar los procesos en donde se han dado fallas y en el pasado.
De las cuatro personas que llegan al Consejo General, dos cuentan con experiencia en órganos jurisdiccionales, la tercera se ha especializado en materia de género y elecciones por sistemas normativos indígenas (este último, tema que no se ha explorado en el INE) y la Consejera Presidenta ha presidido un organismo local electoral, lo cual le inyecta a la institución la necesaria visión local de los procesos comiciales.
Además, la llegada de una mujer al Consejo General y la composición paritaria del mismo sirven para equilibrar discursos y acciones en la materia, evaluar avances, insertar nuevas temáticas en la agenda y eventualmente, innovar en las tareas de educación cívica, tan necesaria en México y donde el INE requiere de alianzas estratégicas para incidir en la formación de ciudadanía. Otra temática importante que debería ser considerada es la de tecnificar los procesos electorales a través de la urna electrónica y el voto por internet, área en la cual el INE ha avanzado con dificultad.
Además, es importante sumar esfuerzos para que los procesos internos del INE puedan realizarse de manera más ágil lo cual le ahorarría costos a la institución. Es posible hacer más con menos, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las personas y las obligaciones constitucionales del Órgano electoral.
En esta nueva etapa, el INE ya ha mostrado solidez al no detener ninguna etapa de los procesos electorales locales en dos entidades federativas. Además, la visión de la Consejera Presidenta le ha llevado a mantener los perfiles valiosos que garanticen estabilidad a la institución. Ello demuestra que se vislumbran habilidades directivas para hacer frente a la institución.
Nadie cuenta con un cheque en blanco. Pero el nuevo INE sí cuenta con un voto de confianza para seguir su camino institucional y poder garantizar elecciones libres, periódicas, auténticas y en paz. La elección presidencial de 2024, con un padrón electoral que podría rozar las 100 millones de personas, será la prueba de fuego. El reto no es sencillo, pero hay una institución fuerte y con gran confianza ciudadana.
Autor
Coordinador Nacional de Transparencia Electoral para México y Centroamérica. Posee un Master en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Univ. Rey Juan Carlos (España). Profesor universitario.
