Trampas para Washington en la Cumbre de las Américas

En febrero de 2022, China y Rusia publicaron una declaración conjunta en la que proyectaban una visión del mundo compartida. En ese momento, argumentaban, el mundo dejaría de ser unipolar, es decir, Estados Unidos dejaría de concentrar la mayor parte del poder mundial. El mundo sería policéntrico, y Rusia y China serían algunos de esos centros. En marzo de 2021, la administración Biden, en su Estrategia de Seguridad Nacional, ya señalaba dos tendencias: China sería el único país capaz de reunir un poder económico, diplomático, militar y tecnológico que podría amenazar la hegemonía de Estados Unidos, mientras que Rusia aparece como un país capaz de desestabilizar la influencia de Washington D.C. en el mundo. En este contexto, está teniendo lugar la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Cumbre de las Américas es una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que se celebra aproximadamente cada tres años desde 1994 para debatir los retos comunes, afirmar los valores compartidos y comprometerse con acciones nacionales y regionales conjuntas para hacer frente a los nuevos y persistentes desafíos. Desde su puesta en marcha, las Cumbres suelen caracterizarse por la ausencia de liderazgo y el abordaje de temas controvertidos.

En 2018, por ejemplo, Donald Trump no asistió a la Cumbre de Lima. Tampoco es raro ver Cumbres en las que las declaraciones no se adoptan por consenso, y los temas controvertidos suelen quedar fuera de las reuniones. También son frecuentes las polémicas sobre la amenaza de boicot a la Cumbre por la exclusión de países como Cuba. La diferencia este año es que Estados Unidos ha revertido la posición que había tomado en 2015, cuando Cuba fue invitada a participar en las Cumbres de las Américas.

Es el país anfitrión el que elabora la lista de invitados y, en 2022, Estados Unidos dejó fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un escenario en el que China es el principal socio comercial de los países sudamericanos, estos tres países forman una troika que introduce la influencia de Rusia en los márgenes de poder de Estados Unidos. Si, históricamente, Estados Unidos considera las Américas como un territorio para los (norte)americanos, la geopolítica del siglo XXI ofrece nuevos retos en la región que, sin embargo, corren el riesgo de adquirir soluciones antiguas ante las lentes utilizadas por los responsables estadounidenses.

En el siglo XX, Washington D.C. instrumentalizó a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que apoyaran a los regímenes pro estadounidenses, aunque no tuvieran ningún compromiso con la democracia y los derechos humanos. Entonces, como ahora, el discurso de Estados Unidos era que Occidente representaba el lado democrático y capitalista de una guerra en la que se oponía al autoritarismo y al socialismo. Sin embargo, los países latinoamericanos, mientras estuvieron alineados geopolíticamente con Estados Unidos, tuvieron sus prácticas de falta de respeto a la democracia y los derechos humanos aceptadas por Washington D.C. -con la excepción, hasta cierto punto, de la Administración Carter.

La exclusión de la troika de la Cumbre de las Américas revela una selectividad similar, ya que países como El Salvador tienen una democracia cuestionable y no respetan sistemáticamente los derechos humanos, pero fueron invitados. Según el índice de libertad de Freedom House, el principal think tank occidental que mide estos índices en todo el mundo, en América Latina no sólo Nicaragua, Venezuela y Cuba no son libres, sino también Haití, invitado por Estados Unidos a la Cumbre. Además, entre 2020 y 2021, hubo una tendencia a la baja en los índices de democracia en la región, incluyendo países como Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador y México. En este sentido, acoger la Cumbre y firmar declaraciones que celebren los valores democráticos compartidos por los países de las Américas podría significar legitimar a gobiernos que, aunque geopolíticamente cercanos a Estados Unidos, están lejos de ser campeones de la democracia y los derechos humanos.

Actuar de este modo genera costes a medio plazo para los propios Estados Unidos, que acaban siendo vistos por los latinoamericanos como un enemigo de la voluntad popular, patrocinando proyectos de poder ajenos a los deseos del pueblo. Frente a la primacía comercial de China en Sudamérica y las iniciativas de la Ruta de la Seda, parece contraproducente que Estados Unidos vuelva a adoptar una estrategia de instrumentalización de los regímenes favorables a sus intereses, legitimando gobiernos que tienden a ser autoritarios y a irrespetar masivamente los derechos humanos sólo porque, a corto plazo, parecen contener la influencia de China y Rusia.

La selectividad de la administración Biden con motivo de la Cumbre de las Américas es, por tanto, una trampa para los propios Estados Unidos. Genera consecuencias negativas para los intereses de Washington D.C. en su zona de influencia inmediata. Esta situación se vuelve aún más delicada ya que la tradición de la política exterior de los países sudamericanos, por ejemplo, se basa en la noción de autonomía, es decir, la noción de que no deben alinearse automáticamente con ninguno de los polos de poder mundial. En estos países, la búsqueda del desarrollo pasa por la diversificación de las asociaciones, el establecimiento de buenas relaciones con todos los polos de poder para generar medios que fortalezcan la economía y promuevan la justicia social en la región.

Ante la interpretación de la administración Biden, que parece similar a la de la Guerra Fría, el retorno de políticas exteriores autónomas por parte de los países de las Américas podría generar la percepción en Washington D.C. de que los países de la región estarían coqueteando con alineamientos con China y Rusia, una percepción errónea que podría generar el apoyo de Estados Unidos a procesos de cambio de régimen y a regímenes autoritarios. Esta actitud comprometería, por tanto, la percepción de que Estados Unidos es un socio de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, todas ellas agendas centrales de la Cumbre de las Américas de 2022.


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Los futuros de Darcy Ribeiro en un mundo sin futuro

Coautor Andrés Kozel

«Estamos condenados a aceptar la necesidad de experimentar con lo humano, asumiendo los riesgos que ello conlleva» y «un error conllevará el riesgo de conducir a toda la supertribu, finalmente unificada, al desastre». A finales de 1973, Darcy Ribeiro, el célebre antropólogo y ensayista brasileño de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en este 2022, dejaba entrever en su texto titulado Venutopías 2003 que para producir los equivalentes culturales de los nuevos inventos tecnológicos habría que desmontar y volver a montar al ser humano. El «hombre nuevo» será un hombre programado: así serán «los nietos de nuestros nietos», abominables desde nuestros parámetros, pero quizá más fuertes y eficaces, más libres y creativos. Por primera vez en la historia, el hombre no será el producto de la necesidad, sino el resultado de un proyecto.

En los años sesenta y setenta varios pensadores latinoamericanos se interesaron por el futuro y, muy en particular, por los impactos de los avances tecnológicos sobre la vida humana. Algunos lo hicieron en un registro muy vinculado a la planificación; otros con ánimo más crítico.

Podemos mencionar el capítulo de la Historia de nuestra idea del mundo de José Gaos, titulado “Tecnocracia y cibernética”, que fue parte de un seminario impartido en el Colegio de México. También podemos mencionar a Óscar Varsavsky y su idea de una futurología constructiva y política, ligada a un proyecto nacional. O el Modelo Bariloche coordinado por Amílcar Herrera, que discutió con gran lucidez el informe Los límites del crecimiento, el cual surgió en la misma época por encargo del Club de Roma.

Desde otro ángulo, recordemos un ensayo como Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna, en el que el último Gino Germani formuló interrogantes estremecedores sobre el porvenir de la democracia. Interrogantes que son de tremenda actualidad.

En ese contexto, las numerosas futurizaciones de Darcy Ribeiro, en distintos registros y cultivando acentuaciones diferentes, nos llevaron a relevar sus tentativas, tratar de contextualizarlas, de interpretarlas. Entonces hicimos un libro titulado Os futuros de Darcy, que la editorial Elefante está publicando en este momento.

Básicamente, distinguimos dos Darcys. Un primero más optimista, convencido de la inminencia de la “revolución necesaria”. Un segundo, menos optimista, más perplejo y atravesado por incertezas, cultor de la “pequeña utopía” a corto plazo y bastante más escéptico a largo plazo.

El punto de quiebre puede ubicarse entre los años 1972 y 1976, cuando hubo coincidencia con varias cosas que le fueron pasando. Desde el golpe en Chile y luego en Perú hasta su enfermedad y su retorno a Brasil. Lo interesante es que el desplazamiento no supuso un desmantelamiento masivo de los puntos de vista previos. Desde los estudios de las ideas, la obra de Darcy se presenta como un terreno apto para analizar asincronismos, coexistencias, tensiones: un despliegue extraordinario de trabajo intelectual históricamente condicionado, como todo trabajo intelectual, y con alto valor teórico.

En 1972, Darcy acuña una fórmula rotunda y estremecedora: “el abominable hombre nuevo”. Ahí plantea la pregunta acerca de cómo podrá haber vidas que merezcan la pena ser vividas; a falta de un proyecto de gestión racional de la historia, quizá el hombre no sepa qué hacer ni por qué luchar…

En su texto Venutopías 2003, escrito justo después del golpe de Estado que depuso a Salvador Allende, es decir, a finales de 1973, Darcy retoma estos temas y sugiere que cada vez será más necesario buscar medios artificiales para producir personalidades equilibradas.

También hay en este texto de 1973 una novedad sustantiva: la de proponer para Venezuela una «utopía estética» inspirada en los indios makiritares. Con ello, Darcy «devuelve» a los venezolanos la existencia pastoril «a la que siempre hemos aspirado», el «deseo de belleza» y el «acceso a la sabiduría». Nos parece que esa es la primera vez que aparece esta valoración en su obra. Así, surge un nuevo y fundamental componente que podemos llamar, siguiéndolo de cerca, «utopía pastoril».

En nuestros días, el pensamiento de Darcy podría aproximarse a los planteamientos de una figura como Ailton Krenak. Pero también podría ser comparado, sin duda, a todos aquellos pensadores que trabajan temas asociados al transhumanismo y al poshumanismo, considerándolo un horizonte en parte inevitable, en parte abominable, en parte promisorio.

En la última parte de su ensayo La civilización emergente, de 1984, titulada «Revoluciones culturales», aborda varios de los retos derivados de la revolución tecnológica en curso: el movimiento verde, el movimiento feminista, el movimiento pacifista. Relaciona con el movimiento feminista la «anacronía irremediable» de los constructores básicos de la personalidad y de los organizadores básicos de la conducta humana: quizá estén heridos de muerte, estamos obligados a rehacerlos.

De nuevo, uno se pregunta si seremos capaces de reinventar la propia condición humana. En cuanto a la paz y la guerra, Darcy sostiene que no solo la perspectiva de una guerra terminal es una amenaza; también lo es el advenimiento de una nueva y tétrica pax romana.

También destaca la incapacidad de la economía mundial para implantar la prosperidad general. Esta economía loca, desequilibrada y paranoica genera un enorme ejército de mano de obra excedente. Los lazos de dependencia se refuerzan. Los pueblos del tercer mundo suspiran por una pequeña, modesta e inalcanzable utopía. Su existencia le permite imaginar una revolución de los pobres. Sin embargo, el autor no tarda en reconocer que, abandonado a su suerte, el pauperismo no hace revoluciones sociales.

Una vez descartada la posibilidad revolucionaria, Darcy aborda otra amenaza: el advenimiento de una era de hambre e idiotización en el marco de una civilización obsoleta y de corazón endurecido. Ante este panorama, la vida de los pueblos pobres será una batalla por ideales muy concretos. Una hermosa y ardua batalla. Una vez más, parece haber conjeturado bastante bien.

Muchas de las consideraciones de Darcy, las teóricas, las proféticas y las catárticas, pueden relacionarse con elaboraciones muy actuales que cuestionan el impacto de las novísimas tecnologías en la subjetividad, la política y la cultura. Pensamos, por ejemplo, en Éric Sadin, en Byung-Chul Han, en Yuval Harari. No es exagerado decir que, en varias de sus predicciones, Darcy acertó o estuvo muy cerca de acertar. Al menos en el sentido de localizar, con sorprendente precisión, la mayoría de los temas que, tres o cuatro décadas después, definen las agendas del debate.

Y quizá lo más impresionante de Darcy es que, enfrentado a todas esas tensiones, jamás perdió su increíble fuerza vital. Todos sus escritos, aun sus más sombríos, destilan una combinación muy especial de sabiduría, apasionamiento, entusiasmo y alegría de vivir.

Por veces, catárticamente volvía el Darcy que proyectaba Brasil y América Latina como la “Nueva Roma tropical”, aquella “nueva civilización mestiza y tropical” abierta a todas las razas y culturas, ubicada en la más bella y luminosa provincia de la Terra. Es toda esa complejidad que buscamos traer para el debate con nuestro libro, en una coyuntura marcada por la ausencia de alternativas y por la obsesión con el presente.

Andrés Kozel es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El desafío de desmontar al Trump colombiano

Al subir al estrado en el hotel Tequendama de Bogotá, el senador Gustavo Petro se veía seguro de sí mismo. Nos recordó a Jean-Luc Mélenchon cuando subió a la tarima para festejar el excelente performance que casi lo lleva a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas. A partir de ahí, la France Insoumise pasó a ser el centro de gravedad de la nueva coalición de izquierda llamada la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social. Al Pacto Histórico le cabe ahora pasar también a un papel convocante, pero con la mirada puesta hacia el centro.

En su discurso de la victoria, Gustavo Petro dio varios mensajes que iban en la dirección de convocar a un pacto social más amplio, conjugando dos términos claves: la “justicia social” y la “estabilidad”. Así, el candidato bosquejó una propuesta de inversión social incluyente, basada en una política tributaria redistributiva, que permita mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, y al mismo tiempo contribuya a la estabilidad y prosperidad económica del país y al conjunto de la sociedad.  

Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda, aborda la aún persistente discusión sobre las derechas e izquierdas en la política, e introduce el concepto del “tercero incluyente”. Lo describe como una alternativa que va “más allá de los dos opuestos (derecha e izquierda), englobándolos en una síntesis superior”. En la Colombia polarizada, ese “tercero incluyente” puede y debe serlo Gustavo Petro.

No son pocos los analistas que consideran que ganaron dos candidatos “antisistema”, lo cual conspira contra la idea de que Gustavo Petro sea visto como un actor articulador. Si bien Petro es un actor “no tradicional”, conoce y tiene experiencia en el manejo del “sistema” político colombiano. Nada más el hecho de haber sido constituyente y su consecuente apego a la Constitución de 1991 dan una fuerte señal de su compromiso con el marco institucional del país.

Petro ha sido senador, concejal y alcalde de la capital. Pero, además, su partido político, el Pacto Histórico, tendrá una bancada importante en la próxima legislatura. Es decir, su discurso de “tercero incluyente” se complementa con el conocimiento, la experiencia y el peso político como para llegar a convertir las alternativas en consensos políticos. Esto lo diferencia profundamente de su oponente que no tiene ni discurso, ni presencia política, ni experiencia, ni conocimiento.

Existen, no obstante, ciertos desafíos. El Pacto Histórico se construyó con una fuerte base en los movimientos sociales. Estos conforman la plataforma que lo sostiene en última instancia. Por ende, su llamado a la justicia social no puede ser menoscabado ni puesto en duda por los seguidores. No olvidemos que uno de los significados del fenómeno Petro como alternativa es el desplazamiento de la seguridad como tema central, marca distintiva del uribismo, a la priorización de la inclusión social, sobre todo de los jóvenes, como legado de las protestas sociales. Pero dicho desplazamiento no tiene por qué estar en riña con el país del sector privado, el mercado y el emprendimiento.

En teoría, este desafío no debería ser tan difícil de superar si no fuese por la confusión, los prejuicios y las malas intenciones. La cuestión es insistir en que Petro no representa una “izquierda radical”. Es el contexto político-social del país y la región lo que lo hace “radical”. Tal como lo ha dicho el candidato en varias entrevistas, en un contexto como el europeo es probable que sus propuestas se enmarcaran dentro del arco social demócrata o hasta de un tipo de liberalismo progresista. Y en esa línea, el candidato ha repetido que no va a “expropiar”.

Al contrario de los intentos fracasados de la coalición de centro, que quisieron atraer a la izquierda y a la derecha a una nueva propuesta, a Petro le toca jalar al centro y a la derecha hacia una comprensión más acabada de los desafíos que enfrenta el país, y desde una perspectiva progresista. El tema es desmontar un estado de negación, en el que los sectores favorecidos por las fuerzas políticas tradicionales no internalizan el hecho de que Colombia debe reducir los niveles de desigualdad, que no puede seguir con el mismo modelo extractivista y que no puede seguir ignorando su pluralidad. Construir un país sin sectores de la población invisibles, «los nadie”, como los ha denominado la candidata a vicepresidenta Francia Márquez.

Sin duda, el más obvio e inmediato desafío que tiene Petro es que se enfrenta a un contrincante distinto. Petro se preparó para competir con “Duque 2”, pero surgió un Bolsonaro-Trump versión colombiana, que se desplazó de Facebook y Twitter a TikTok, y que tiene dos puntales muy conocidos en la región: el discurso de la anticorrupción y el de la antipolítica. El primero es sumamente atendible y, sin duda, una prioridad para hacer el cambio.

El segundo es más complicado. Petro ha logrado captar la ira de la gente con respecto a las élites políticas, y parte de su éxito estriba en haber tenido la capacidad de ocupar ese espacio diferenciador. La derecha va a intentar arrebatarle ese posicionamiento optando por el candidato del llamado “populismo de derecha” que vende la ilusión del cambio. El factor central va a ser el comunicacional y, desde un punto de vista racional, el candidato Hernández es efectivamente “un salto al vacío”. Sin embargo, el uribismo, los partidos tradicionales y  sectores del empresariado lo apoyarán aun sabiendo que pondrá en peligro la institucionalidad democrática.  

En este poco tiempo Petro debe seguir insistiendo en que es el que representa el verdadero cambio y quien ofrece un real compromiso con la institucionalidad, resaltando, a su vez, su experiencia en el manejo del sistema, pero acompañado por  una ingeniosa y picante estrategia de comunicación en las redes para desbaratar al Trump colombiano.


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La Cumbre de las Américas de Joe Biden

Coautor Johannes Hügel

Bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo» del 6 al 10 de junio de 2022 tiene lugar la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los jefes de Estado y de gobierno de América del Norte, del Sur y Central y el Caribe. Para los EUA se trata de una posible redefinición de su relación con los países latinoamericanos. Con confianza, estos exigen una igualdad real, en pie de igualdad, y así meten a Washington en aprietos.

La línea Biden

Joe Biden, que ya actuó como enviado especial para las relaciones con la región cuando fue vicepresidente con Barack Obama, a través de sus numerosas visitas a América Latina, se ha esforzado desde que asumió el cargo por normalizar las relaciones con los países latinoamericanos, descuidadas con el presidente Trump.

La Cumbre en Los Ángeles representa otra oportunidad para que los Estados Unidos fortalezcan su propia presencia en la región y forjen una alianza para la lucha conjunta contra la migración irregular. En ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris fue instruida a enfocarse principalmente en combatir las causas de la migración no regulada, como tema central de la política de Estados Unidos en América Latina.

La política de América first de la administración de Trump en América Latina ya se había centrado en reducir los flujos de migrantes irregulares desde México y Centroamérica y en frenar la importación de drogas. Como medio para lograr sus objetivos, los países solían ser amenazados con consecuencias económicamente tangibles si no cooperaban según la línea dura estadounidense. Se redujeron masivamente las ayudas financieras a los países y se forzaron los acuerdos con terceros países y los consiguientes traslados de migrantes desde Estados Unidos a sus países de origen.

Una política de sanciones máximas se dirigió al cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y una aplicación de la doctrina Monroe adaptada a las circunstancias se utilizó como base para una política inequívoca hacia el nuevo rival China. Esto también iba a repercutir en los Estados latinoamericanos en su relación con el Reino del Medio.

Aparte de estos momentos de influencia política estratégicos e impulsados ​​por intereses, a Trump le importaban muy poco los asuntos de América Latina. La política latinoamericana de Estados Unidos siguió el principio de negligencia benigna, lo que quedó claro para los homólogos latinoamericanos de Trump, por ejemplo, por su ausencia en la última Cumbre de las Américas.

No se vislumbró una estrategia que abarcara a toda América Latina. En cambio, hubo intervenciones esporádicas en países y regiones de particular importancia desde la perspectiva de los asuntos internos de Estados Unidos.

Nuevos enfoques

El presidente Joe Biden, por el contrario, está dispuesto a adoptar un enfoque diferente para abordar los desafíos persistentes que enfrenta la política de Estados Unidos hacia América Latina, para restaurar su credibilidad y su antigua pretensión de liderazgo en la región.

Los puntos centrales de su agenda política son la migración irregular y el narcotráfico transnacional, la relación con los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la creciente inestabilidad institucional de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. A esto se suma el cambio climático, que se está volviendo cada vez más notorio en la región, y lo que se percibe cada vez más como una amenaza: la influencia de China sobre socios democráticos que otrora fueron confiables en el hemisferio occidental.

Con la Cumbre por la Democracia y la Cumbre por el Clima organizadas el año pasado, Biden envió dos señales justo al comienzo de su mandato: quería trabajar junto con personas de ideas afines en la región contra las fuerzas autoritarias y quería combatir las causas del cambio climático y sus diversos efectos.

En ese sentido, la Cumbre de las Américas que ahora organiza EE.UU. en Los Ángeles no es solamente una oportunidad para enmendar la relación con los países de América Latina que había sido dañada por la era Trump. Con miras a las próximas Midterms, las importantes elecciones de medio término del período de gobierno, Biden también se preocupará por convencer a los Estados participantes de un acuerdo regional significativo para combatir la migración irregular y los desafíos de política de seguridad asociados.

Amenazas

Sin embargo, el tiro amenaza ahora con salir por la culata y convertir a la Cumbre en un desastre para los estadounidenses, después de que tanto los presidentes de México y Bolivia como algunos países del Caribe pusieran en duda su participación en caso de que no fueran invitados Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas dictaduras tampoco habían sido invitadas a la última Cumbre por la Democracia organizada por el gobierno de Estados Unidos.

Una cumbre tan boicoteada alimentaría conflictos ideológicos en el continente y dificultaría alcanzar un tan necesario acuerdo migratorio sostenible y, en lo que respecta a Brasil, el avance de una política amazónica coordinada a nivel regional. Además, socavaría la iniciativa de los EUA de fortalecer la cooperación con los Estados latinoamericanos y, por lo tanto, también para hacer retroceder la creciente influencia china y parcialmente rusa.

Panorama

Un buen año y medio después de asumir el cargo, la promesa de Biden de trabajar por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho con el apoyo de la cooperación internacional y regional y la formación de alianzas puede evaluarse de dos maneras. Por un lado, los gobiernos de Biden y Harris han logrado marcar un nuevo tono de asociación con muchos países latinoamericanos, derribando gradualmente los muros construidos por Trump e impulsando una nueva estrategia de cooperación entre socios. Sin embargo, el gobierno no está cumpliendo en gran medida sus promesas electorales.

La implementación de la estrategia de América Latina hasta el momento no puede describirse de ninguna manera como un claro cambio de tendencia de la era Trump y sus duras prácticas. No es especialmente innovadora ni ha hecho ningún progreso esencial en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular o el cambio climático.

Los actores internacionales, sobre todo China, observarán de cerca si Estados Unidos logrará enviar la señal que Biden aspira para la cooperación regional en relación a importantes desafíos comunes como la migración, el cambio climático y la seguridad (energética), o si la Cumbre alejará aún más a los países latinoamericanos de Estados Unidos y, por lo tanto, ofrecerá una oportunidad para desafiar a los Estados Unidos en su propio patio trasero.

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de la plataforma Diálogo Político.

Johannes Hügel es Coordinador de la Fundación Konrad Adenauer para Perú, el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, cuestiones especiales y transversales.


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La Cumbre de las Américas y el pragmatismo político

La Cumbre de las Américas que se efectuará en junio en Los Ángeles será un espacio importante para fortalecer una agenda de crecimiento y desarrollo para los países de América del Norte, del Triángulo Norte y América Latina en general. Allí, los países de la región podrán exponer la importancia de que el Gobierno estadounidense y, en particular, el Congreso y sus senadores republicanos reconozcan la relevancia social y económica de una reforma migratoria, el impacto de las remesas para disminuir la inmigración irregular, la necesidad de liberar los cuatro mil millones de dólares del Plan de Desarrollo para Centroamérica y el aumento de las visas laborales de tipo temporal. Para EE. UU., la Cumbre será un espacio para fomentar una mayor y eficaz corresponsabilidad migratoria, y fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza para el desarrollo con compromisos compartidos por los países de la región.

La Cumbre es un espacio político para impulsar un eficaz cabildeo latinoamericano, pero los países de América Latina deben plantear una posición más pragmática. Si bien el Gobierno estadounidense ha tenido ciertas reservas con algunos países de la región, recientemente la administración del presidente Joe Biden ha adoptado algunas decisiones pragmáticas. Por un lado, ha disminuido las restricciones para viajes y las remesas a Cuba y reuniones con funcionarios cubanos para una mejor gestión migratoria, y, por otro lado, ha permitido las negociaciones de la principal petrolera estadounidense (Chevron) en Venezuela para negociar posibles actividades, partiendo de la relevancia de las reservas petroleras en el país.

En este contexto, la prioridad de América Latina en la Cumbre debería ser convencer al Gobierno de EE. UU. de que impulse políticas que disminuyan las asimetrías bilaterales. Esto se lograría reduciendo las desigualdades sociales con base en una agenda social: control de la corrupción; inversiones en el sector energético que promueve las energías limpias, con interés público y mayor autosuficiencia energética; mayores incentivos a micro, pequeña y mediana empresa con una perspectiva de igualdad y de valor, políticas de emprendimiento e innovación social para jóvenes e insistir en una reforma migratoria con un impacto laboral y de inclusión social.

Pero más allá de la Cumbre de las Américas, hay en curso otras iniciativas importantes entre Estados Unidos y los países de la región como el Diálogo Económico de Alto Nivel, en el cual se articulan la competitividad económica, la seguridad y la movilidad de las personas. En el marco de la administración Biden, se ha planteado una nueva agenda en materia de seguridad y desarrollo que impacta las fronteras norte y sur de México y con los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y El Salvador. 

Esta agenda busca fomentar soluciones a diferentes problemas como la seguridad, la salud, los cruces fronterizos, la migración, el desarrollo, el comercio, la seguridad energética sustentable y el cambio climático. El reto de esta iniciativa es gestionar de manera conjunta dichas propuestas para promover una relación bilateral y regional en la que predomine la competitividad, el crecimiento y el respeto a las soberanías de cada país.

Un segundo ámbito relevante en esta línea fue la reunión entre los presidentes Joseph Biden con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de Líderes de América del Norte el pasado 18 de noviembre del 2021. Esta reunión fue el marco para fortalecer la integración y trazar una nueva senda acorde con los desafíos globales complejos.

Allí, el Gobierno mexicano reiteró la importancia de los flujos y de la movilidad migratoria hacia Estados Unidos en el contexto de la necesidad de mano de obra según la integración laboral y del crecimiento que se espera de la economía estadounidense. Los tres presidentes destacaron la complejidad del aumento de la migración irregular en el hemisferio ―casi tres millones de migrantes irregulares entre septiembre de 2020 y abril de 2022―, el mayor flujo migratorio en los últimos veinte años. 

Todas estas iniciativas son espacios donde los países de la región y, sobre todo los centroamericanos y México, pueden presionar al gobierno de Biden para exigir mejores condiciones en su relación con la potencia del norte. Y es que la emigración centroamericana y mexicana no disminuirá a mediano plazo. Las diferencias salariales son enormes, y la demanda de mano de obra irregular en EE. UU. seguirá aumentando debido al crecimiento de la economía en el contexto de la reactivación pospandemia.


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¿Qué representa “Rodolfo”, el outsider colombiano?

Una lección de esta primera vuelta es que la mayoría de los colombianos prefiere cualquier cosa ―literalmente, cualquier cosa― que el continuismo. Federico Gutiérrez, el candidato del Gobierno, los clanes y la “maquinaria” más pesada, fue por eso castigado sin piedad. Como Sergio Fajardo nunca supo encarnar el espíritu de cambio, su fracaso fue estruendoso y, por supuesto, merecido. Quedaron, entonces, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ambos, a su modo, son el cambio. Tras las elecciones, y en vista del difícil escenario para la segunda vuelta del petrismo, muchos quieren ver ahora en “Rodolfo” el plan C del uribismo y un escenario simple, de nuevo, de izquierda contra derecha. Creo que se equivocan. Me explico.

Hernández puede recibir ahora el apoyo del uribismo. Ya, de hecho, recibió la bendición de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Innegablemente el uribismo se la jugará por “Rodolfo”. Eso no significa, sin embargo, que Hernández sea, desde el principio, una soterrada ficha uribista. Le faltan vínculos mucho más orgánicos con esas redes y sus recursos.

El Gobierno uribista se movilizó, con plena desfachatez, a favor de Fico, y nunca de Hernández. En su lenguaje de gran estadista, este último se refirió a Iván Duque, además, entre otros sopesados pronunciamientos, como “ese hijue…que nos tiene arruinados”.  Sus votos son, en buena parte, contra la corrupción de un Gobierno uribista. La ficha de la continuidad era el mediocre Fico y ya salió del tablero. El mensaje de “Rodolfo”, sincero o no, tiene mucho de “antiestablecimiento” y, por su origen regional, de “anticentralismo” y “antielitismo”. Por todo eso llegó donde llegó.

Que ahora, en el escenario de segunda vuelta, Hernández deba volverse amigo de los enemigos de su adversario no basta para tildarlo de haber sido ya lo que probablemente llegará a ser en un futuro inmediato. La buena nueva de este 29 de mayo, con abstracción de los nuevos capítulos de esta historia, es que el uribismo, y todo el establecimiento sufrió una fulminante derrota electoral.

Los 14 millones y medio de votos de Petro y Rodolfo son votos contra un proyecto hegemónico y una forma de hacer política sumamente desgastados. Las mayorías están hastiadas de la derecha uribista y las “maquinarias”. Dicho en pocas palabras: una cosa es cómo “Rodolfo” deberá alinearse tácitamente con lo que decía odiar para poder ganar, y otra cosa es por qué es él, y no alias Fico, quien se convirtió en el contendor de Petro. Hernández, para los electores, sí representa un cambio frente al proyecto de la derecha uribista.

Ahora, dado que el “cambio” es un término neutro y con múltiples direcciones posibles, la pregunta es qué puede significar para los seguidores de Hernández y cómo describir a este personaje pintoresco en el espectro ideológico. Algunas distinciones conceptuales resultan aquí relevantes.

En su manido libro sobre la derecha y la izquierda, Norberto Bobbio introduce una distinción útil entre dos tipos de centro: el centro como “tercero incluido” y como “tercero incluyente”. El primero lo representa el fajardismo con su “ni por lo uno ni por lo otro”. Aquí el centro se define como “tercero” por su equidistancia frente a los extremos o su “tibieza”. El segundo es el centro como “síntesis” de los mismos con su “tanto lo uno como lo otro”.

Hernández, desde mi perspectiva, encarna este último tipo. “Rodolfo” representa, por un lado, el país patriarcal y autoritario, y, por otro lado, el país anticorrupción, propaz y antinequidad que, de la mano, ahora, de un empresario astuto, pretende ponerse al día en su deuda social. No se trata aquí de explotar la neutralidad, sino de integrar los extremos. La tarea corre a cargo de un viejo “zorro”, cascarrabias, vulgar, populachero y ―para criterios colombianos― “bonachón”.

Si uno revisa, por ejemplo, la historia y los ideólogos de la revolución conservadora en la Alemania prehitleriana, se topa con que no se trataba, sin más, de movimientos de derecha. Las posturas “rojipardas” y la idea del “nacional-bolchevismo”, representada por autores como Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch o Karl Otto Paetel, apuntaban, sin duda, a aplastar el comunismo desde una perspectiva autoritaria y nacionalista, pero, a la vez, acogían con beneplácito la movilización popular y, sobre todo, sus reclamos de justicia social.

La denominación oficial del nazismo, a saber, el “nacionalsocialismo”, revela esa hibridación entre derecha e izquierda dentro del culto antielitista al “pueblo”. “Das deutsche Volk…”, bramaba repetidamente Hitler. Se trataba, de nuevo, del centro como “tercero superior” o “incluyente”. No estoy sosteniendo con esto algo tan descabellado como que Rodolfo Hernández es un nazi, pero sí que su postura, a diferencia del mundo dicotómico de cierto petrismo, no es sin más de derecha.

Tal vez cuando Hernández dijo ser un “seguidor” del “gran pensador alemán Adolfo Hitler” (luego se disculpó con la extraña excusa de que estaba pensando en Einstein), estaba revelando inconscientemente su vaga intención de amalgamar, en clave colombiana, las virtudes de la izquierda y de la derecha.

Volviendo al punto: el cambio, en términos de “Rodolfo”, es la integración de la mentalidad autoritaria-patriarcal con elementos de una agenda progresista y (discursivamente) antielitista vía “habilidad gerencial”. Suena raro, pero no es inverosímil. Suena improbable, pero lo improbable también es real. La coherencia ideológica no es un criterio importante para los deseos colectivos efectivos. Lo importante, en ese marco, es condensar anhelos.

Petro, sin embargo, solo representa para el electorado la agenda progresista: derechos de las minorías étnicas y sexuales, escucha a las luchas campesinas, combate al modelo económico extractivista, simpatía con el movimiento estudiantil y los jóvenes de barriada asesinados en el primer semestre de 2021, etc. 

Muchos colombianos, sin embargo, quieren un nuevo paterfamilias, uno igual de rabioso, pero depurado, sin culpas graves, y, a la vez, un líder con sensibilidad social y capaz de golpear, también con rabia, al “establecimiento”. Ese es “Rodolfo”. Aquí el cambio tiene una parte de novedad y una parte de “restauración”, con su repetición actualizada de lo originario.

Derrotar a Hernández supone, para Petro, restarle credibilidad al lado izquierdo de su centrismo integrador y explotar al máximo la incoherencia entre un discurso anticorrupción y el apoyo de facto de bloques de políticos corruptos, pero Petro pierde, en todo caso, en un terreno cultural difícilmente modificable y extendido: el de nuestras representaciones, aún predominantes, de “autoridad”. 

La política, no obstante, es un asunto de táctica y estrategia. Nada está cantado. A Petro le quedan tres semanas para mercadear mejor su opción de cambio y hacer alianzas oportunas. El tiempo apremia.


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Las cumbres son innecesarias cuando se sacrifica la credibilidad democrática

Luego de un receso de cuatro años, nuevamente se organiza una Cumbre de las Américas. Por segunda vez desde 1994, cuando se hizo en Miami, Estados Unidos es el anfitrión, sin embargo, el entusiasmo es limitado. La administración de Joe Biden preparó la cumbre tarde y mal, y el interés latinoamericano se centra en si se invitará a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Varios presidentes han amenazado con no asistir, con el presidente mexicano en primera línea. En este contexto, surge la pregunta de si vale la pena que tres regímenes desgastados y dictatoriales sean el centro de una cuestión de principios. Poco se habla del contenido de la cumbre.

A pesar de las idas y vueltas, las Cumbres de las Américas han sobrevivido. Originalmente se suponía que debían apoyar el proceso de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y más tarde se sumó el fortalecimiento y la consolidación de la democracia en la región. Sin embargo, el ALCA murió hace mucho tiempo y cada vez menos Gobiernos en la región parecen interesados en defender la democracia.

¿Para qué se necesitan las Cumbres de las Américas? Los Gobiernos latinoamericanos tienen varios foros regionales, y la Celac es el más inclusivo. Temas que afectan a todo el hemisferio occidental pueden ser discutidos en la OEA, pero también podríamos imaginar a la Celac invitando a EE. UU. a una cumbre Celac-EE. UU. En ese supuesto, el Gobierno de Estados Unidos tendría que decidir si participaría.

Protección de la democracia versus soberanía de represores

Con su política de no invitar a Gobiernos claramente no democráticos, la administración Biden parece haber quedado atrás en el tiempo. Pero también surge la pregunta de si los tiempos han cambiado para bien o para mal. Hace 21 años, en la Declaración de Quebec, como resultado de la III Cumbre de las Américas, todos los Gobiernos participantes estuvieron de acuerdo en lo siguiente: “El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

En aquel momento, incluso el gobierno de Hugo Chávez, que planteó reservas frente a otras formulaciones, apoyó el párrafo relacionado con la democracia. Sin embargo, hoy este consenso democrático ya no existe. Criticar la represión política en un país vecino es considerado impropio.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso cuestiona si es apropiado llamar así a los matones, torturadores y represores en países vecinos, ya que esto podría violar los principios de la autodeterminación de los pueblos (de ser oprimido) y de la no intervención. Cabe preguntarse si AMLO habría relativizado con el mismo discurso los crímenes de Pinochet y Videla en su momento.

Muchos Gobiernos latinoamericanos parecen dispuestos a sacrificar los principios democráticos en el altar de una mal entendida hermandad y solidaridad latinoamericana. Lo que se defiende no es la soberanía de los pueblos, sino la soberanía de los Gobiernos, o más precisamente la de los presidentes, para poder restringir la democracia en sus países y oprimir a los opositores políticos.

Integración sin valores democráticos y base material

En el discurso del presidente mexicano se combinan críticas a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela con vagas promesas a la integración latinoamericana, pero sin base material ni valores compartidos. Para AMLO ha llegado el momento de una nueva convivencia para “construir algo semejante a la Unión Europea” en América Latina. Pero para tal proyecto falta una sólida base económica. El comercio intrarregional latinoamericano llegó al 13 % del comercio total en 2021, y con México desconectado del resto de América Latina, a la vez que dependiente de los Estados Unidos.

Además, la UE se basa en valores comunes como el compromiso con la protección de los derechos humanos y la democracia, y cuenta con las instituciones comunitarias para su defensa. A diferencia de esto, el esfuerzo de AMLO y otros Gobiernos latinoamericanos ―con su propuesta de sustituir a la OEA (la Celac sería una opción)― apunta a abolir la única organización regional con un sistema operativo para la protección de los derechos humanos.

Por lo tanto, el resultado no sería una mayor autonomía para América Latina, sino una mayor autonomía para opresores y los regímenes represivos. La Celac no se pronunciará sobre amenazas a la democracia en países latinoamericanos ni tampoco abogará por la protección de los derechos humanos en regímenes no democráticos.

La contracara: Estados Unidos sin rumbo ni liderazgo

Los problemas previos a la cumbre muestran que la influencia de Estados Unidos en América Latina ha disminuido y los Gobiernos latinoamericanos se están volviendo más asertivos. Para recuperar influencia en América Latina, el Gobierno estadounidense debe ofrecer a sus socios del sur incentivos y apoyos económicos, tal como lo hace China. Entonces la invitación a una cumbre organizada por EE. UU. (independientemente de cómo se llame el evento) sería un privilegio, y la no participación estaría asociada con desventajas económicas y políticas.

Sin embargo, tal política carece del apoyo necesario en el Congreso. De hecho, parece sintomático el que ocho puestos de embajadores en América Latina estén vacantes antes de la cumbre, incluidos los de las embajadas en Brasil, Chile y ante la OEA, principalmente por las políticas obstruccionistas de senadores republicanos.Las principales causas de los problemas en la política de Estados Unidos hacia América Latina no se encuentran en Pekín, Ciudad de México o Buenos Aires; los problemas son caseros. En este sentido, surge la pregunta de si este vacío de liderazgo de la potencia norteamericana en América Latina no debería usarse para objetivos más productivos, realistas y centrados en los retos del futuro, en lugar de reclamar la rehabilitación y reintegración internacional de regímenes dictatoriales desgastados.


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La (nueva) Constitución chilena ¿una oportunidad perdida?

El proceso de crear una nueva Constitución como el que está sucediendo en Chile es importante no solo para la sociedad chilena, sino para toda la región. Si la propuesta finalmente es aprobada en el plebiscito “de salida” del 4 de septiembre de 2022, la nueva Constitución se sumaría a las nuevas Constituciones de la región como la aprobada en Venezuela en 1999, en Ecuador en 2008 y en Bolivia en 2009. Sin embargo, el caso de Chile presenta algunas peculiaridades.

Primero, desde su transición a la democracia en 1989, ese país ha mantenido una relativa estabilidad política, superior a gran parte de los países de la región, ya que no fue sino hasta 2019 cuando las protestas masivas dejaron ver la insatisfacción social, particularmente con el sistema económico.

Segundo, Chile es uno de los pocos países cuya población ha mantenido un grado medio-alto de satisfacción con la democracia, ya que, según datos del Latinobarómetro, de entre 1995 y 2020, la preferencia por la democracia ha superado constantemente la preferencia por el autoritarismo. Y, tercero, si bien Chile ha mantenido la Constitución de 1980, de origen pinochetista, en 2005 sus élites supieron adaptarla a la democracia. Pero ese modelo parece estar agotado, y en octubre de 2020 la mayoría de los chilenos (78%) votó por crear una nueva Constitución, y en mayo de 2021 se eligió la Convención Constitucional.

Mientras que los procesos de Venezuela, Ecuador y Bolivia tuvieron una fuerte influencia de liderazgos populistas, en Chile existe una pluralidad de actores involucrados, aunque con una clara mayoría con inclinación hacia la izquierda. En este contexto, es preocupante la ventaja a favor del “rechazo” en el plebiscito ratificatorio.

Una Constitución es esencialmente un pacto para asegurar derechos, distribuir obligaciones y organizar relaciones entre grupos de poder que en determinado momento se disputan la hegemonía de la política. Hay Constituciones que duran en el tiempo, y otras que no, y las hay eficientes, y otras que se convierten en letra muerta. No son lo mismo Constituciones democráticas que aquellas que sostienen regímenes no democráticos. Las Constituciones escritas, a diferencia de las no escritas, propias de la tradición del common law, deben cambiar con el espíritu del tiempo. O se adaptan o deben ser sustituidas.  

Las Constituciones son el espacio donde los factores de poder miden sus fuerzas dentro de los sistemas políticos. Por ello, el diseño institucional que se plasma en una Constitución es fundamental y debe favorecer el equilibrio entre una adecuada representación política y una eficiente gobernabilidad del sistema.

Si se favorece la representación sobre la gobernabilidad, se crean situaciones de inestabilidad, y si se favorece la gobernabilidad por sobre la representación, se genera un sistema rígido. A la larga, ambas situaciones conducen a la deslegitimación del régimen político. El éxito de las Constituciones democráticas y escritas no depende necesariamente de su origen, de si fueron elaboradas democráticamente; depende de si los principios que postulan son universales y si la ciudadanía los interioriza.

Más allá de lo democrático con que se haya conformado la Convención Constitucional, parece que no hubo un diagnóstico profundo de lo que ha expresado la ciudadanía chilena por otras vías, y la ausencia de ello está llevando a una propuesta de Constitución poco innovadora. Según el Latinobarómetro 2020, existe un creciente malestar con el Gobierno, independientemente de su signo político. A más del 70% de los encuestados le interesa poco la política y, el presidente, el Poder Judicial, el Congreso y los partidos políticos, en ese orden, son las instituciones que generan menor confianza.

Pero en el proyecto se confirma el presidencialismo como forma de gobierno, como si no existiera un descontento con este sistema. La nueva Constitución crea una presidencia limitada y controlada por varios órganos autónomos, crea un Legislativo bicameral asimétrico, en el cual la Cámara de Diputados, prácticamente, monopoliza la creación de leyes, la decisión sobre cuáles son urgentes y el control sobre el gasto público. También condiciona los resultados de las votaciones en la Cámara de las Regiones (la Cámara Alta) a que, cuando su votación sea negativa con respecto a lo que se apruebe en la Cámara Baja, todavía se pueda someter el resultado a una comisión mixta de ambas cámaras “para resolver discrepancias”.

Muchas funciones de Estado se sobrerregulan en el proyecto. Ello se solucionaría si los principios quedaran bien establecidos y se exigiera claramente que se apliquen en las leyes secundarias. Sin embargo, al poner cuestiones fundamentales y regulatorias en el mismo nivel constitucional, lo que se genera es rigidez institucional, y ello puede abrir las puertas a soluciones no democráticas. La historia reciente de Perú, que al parlamentarizar su presidencialismo generó un sistema sumamente inestable, debió ser un ejemplo para ser considerado por los miembros de la Convención.

Mientras que la Constitución actual tiene 147 artículos, el borrador de la propuesta contiene 499 que, vistos de manera conjunta, proponen una Constitución cuasiliberal porque hace distinciones entre grupos de personas. Si bien asume los valores de la libertad y la igualdad, deja amplios espacios a la contradicción.

La Constitución propuesta también es cuasidemocrática, ya que la idea de democracia está adjetivada de manera incorrecta y carece de una categorización taxonómica, pues no hay claridad de si se habla de democracia como género o especie. Por ejemplo, el término “democracia representativa” no aparece nunca, pero todo el diseño institucional es precisamente el de una democracia representativa.

En cambio, la palabra “paritaria” o “paridad” aparece 36 veces, “plurinacional” lo hace 18 veces; “democracia” y “democrático”, 40 veces, mientras que “participación”, 140 veces, “representación” y sus derivaciones lo hacen apenas 73 veces, mientras que el término “partidos políticos” solo aparece 4 veces y de manera prohibitiva. En muchos casos, aquello que se postula como principio aparece como sustantivo, otras, como adjetivo, y otras veces como verbo, por lo que se crean contradicciones con otros términos, incluso en el mismo párrafo.

El proyecto aún debe armonizarse, y el 4 de julio debe ser entregado, pero el problema es que la semilla del desencanto está sembrada. Si finalmente el proyecto fuese aprobado por apenas una mayoría simple, sería una imposición para el resto de la ciudadanía, y más que un avance, sería un grave retroceso con consecuencias imprevisibles. Hasta ahora las encuestas muestran que esta no es la Constitución que desea la sociedad chilena, por lo que si es rechazada, también se habrá perdido una oportunidad histórica.


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¿Por qué no te callas?

Articular las relaciones entre estados es un tema viejo. En la modernidad, Kant y otros sentaron las bases de un supuesto orden que estuviera configurado por la razón. Así, el derecho tomó asiento y empezó a establecer una serie de principios que se proyectaron en instituciones. La acción de estas, unida a la constante interpretación de decisiones cada vez más complejas fueron poco a poco constituyendo un determinado tipo de orden que inevitablemente convivía con una realidad que no siempre era la definida por las reglas. Más o menos desde Westfalia (1648) se está en ello.

Las independencias americanas casi coincidieron con la temprana madurez de ese orden de ideas, de manera que el Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, fue el genuino representante de una propuesta de unión o confederación de los nuevos estados americanos que, a pesar del adecuado planteamiento teórico, fue saldada en el fracaso.

La historia es bien conocida desde entonces, con una sucesión de frustrados intentos de orden muy diverso. Su variopinta naturaleza, dominada a veces por lo subregional, otras por lo económico y algunas por el simple intento de concertación temática, no fue óbice para asegurar el camino del éxito. La ristra de siglas a partir de la década de 1960 es muy abundante: ALALC, ALADI, SELA, CARICOM, MCCA, Pacto Andino (Comunidad Andina), MERCOSUR, UNASUR, CELALC…

A ellas se une las de la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo que asumió diferentes iniciativas y actividades desde finales del siglo XIX y que cobró carta de naturaleza en Bogotá en 1948, cuando la novena Conferencia Internacional Americana suscribió su carta fundadora. Asentada en el inicio de la guerra fría y tutelada por Estados Unidos, que ofertó a la ciudad de Washington como sede y comprometió una jugosa parte de su presupuesto, la OEA se vio como un dispositivo indudable de la hegemonía norteamericana sobre la región.

Este aspecto se reafirmó tras el éxito de la revolución cubana y la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 porque “la adhesión de cualquier miembro al marxismo-leninismo es incompatible” con el propio sistema interamericano, y tres años más tarde cuando la organización dio carta blanca a la intervención militar norteamericana en República Dominicana.

La OEA languideció durante años, pero el 11 de septiembre de 2001 dio un paso gigante al aprobar en Lima la Carta Democrática Interamericana. Su artículo primero proclamó el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y de defenderla. Asunto nada baladí, pues obligaba a una precisión conceptual en torno a un término complejo.

El artículo tercero acentuó el compromiso al señalar como “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Una apuesta consonante con los avances de la política en la región tras haber dejado atrás las transiciones a la democracia, a la vez que una declaración de intenciones de lo que no se quería que fuera el futuro. Sin embargo, se contraponía con los matices que desde la ciencia política se estaban introduciendo en torno a una nueva línea de estudio que aducía la existencia de diferentes grados de calidad de la democracia o incluso de la necesidad de distinguir entre variedades de la democracia.

La Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles va a suponer una nueva ocasión para replantear el estado de la cuestión. Su origen se sitúa en Miami, en 1994, cuando Bill Clinton convocó la primera que tuvo como resultado la procelosa iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas. Eran tiempos de consolidación de la democracia y de extensión del neoliberalismo. Aunque el patrocinio de Estados Unidos es primordial, Donald Trump no asistió a la de Lima de 2018.

En los prolegómenos de la actual, dejando de lado el asunto no menos sobresaliente relativo al papel del componente democrático de los regímenes políticos de los países convocados, hay por lo menos tres tipos de grandes preguntas que vienen iluminando el debate. Responden a cuestiones generales que están profundamente interconectadas: ¿quién convoca?, ¿cuáles son los criterios para ser convocado?, y, ¿cuál es el propósito?

El establecimiento de una agenda y la definición de la lista de invitados y su rango son siempre mecanismos sutiles de poder que se dan en cualquier convocatoria plural. Si se establece como principio el de no excluir a nadie, ¿no hay también que definir a la vez quién es alguien? Si se reivindica la no intromisión en cuestiones internas, ¿significa que hay asuntos que quedan vedados a la hora de establecer la agenda?

La casuística con sus implicaciones siempre es diferente; no hay escenarios iguales debido al peso del pasado y al tamaño de los actores. No es igual el impacto del anticastrismo, históricamente enquistado en la política norteamericana haciendo de Cuba un asunto doméstico, que los condicionantes del sector petrolero con respecto al caso venezolano.

Frente a sendos contenciosos, cuya importancia es notoria, la cuestión nicaragüense apenas si resulta relevante. No son semejantes las razones del presidente brasileño, envuelto en un proceso electoral en el que quizá se juegue la cárcel, que las del oprobioso presidente guatemalteco con su permanente manipulación de la justicia. También son muy diferentes las preocupaciones del presidente norteamericano, inmerso en una severa crisis económica y con un liderazgo enmarañado en la guerra del este europeo. En cuanto a México, sus lustros de introspección regional lastran un pasado inmediato que el actual presidente quiere recomponer con una renacida vocación americana.

Ante los fracasos anteriores y el turbio preámbulo de la próxima cumbre surge imperiosa la necesidad de construir una nueva lógica de interacción. En este sentido, cabe recordar lo ocurrido en 2007, en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, cuando el muy poco edificante jefe del estado español conminó al atrabiliario presidente venezolano a que se callara.

Este, que hacía uso de su libertad de expresión, había calificado de fascista al anterior jefe del gobierno español. El incidente tuvo su costado positivo: la libre interlocución en el seno de un foro donde nadie estaba proscrito. Si hoy se confrontan asuntos trágicos vinculados a la emigración, al desastre medioambiental y al crimen organizado que demandan colaboración transnacional ¿no es el momento de abrir espacios de interlocución en los que quienes asistan estén sujetos al escrutinio ajeno?


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Diez reflexiones sobre la primera vuelta en Colombia

Uno: La izquierda colombiana, liderada por Gustavo Petro, ha obtenido el mejor resultado de su historia en la primera vuelta electoral. Tanto es así, que en un contexto de alta participación para lo que representa Colombia (55%), el Pacto Histórico, que aglutina a todas las fuerzas progresistas del país, ha obtenido más de ocho millones y medio de votos. Un dato que supera incluso el resultado de la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales de 2018 y que consolida la máxima de que el otrora alcalde de Bogotá es el candidato por batir.

Dos: El uribismo consuma su particular proceso de decadencia. Desde 2010, tras dos presidencias consecutivas de Álvaro Uribe, el candidato que este designaba se garantizaba su presencia en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, desde hace años la imagen del máximo valedor de la Política de Seguridad Democrática ha ido perdiendo enteros. La vitola de mesianismo del pasado ha dejado paso a una figura desdibujada por el exceso, el dogmatismo y la manipulación. A ello debe añadirse el descrédito de Iván Duque, sin agenda de gobierno en estos cuatro años y con índices de favorabilidad que hace sólo unos meses apenas llegaban al 25%.

Tres: Sergio Fajardo es el gran derrotado. Hace sólo cuatro años estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral, siendo finalmente superado, por un escaso margen, por Gustavo Petro. De haberlo logrado, dada la volatilidad electoral en su favor, al ocupar el espacio del moderantismo ideológico, posiblemente hubiera llegado a la presidencia de Colombia. Empero, su candidatura surgió de una coalición de nombres profundamente fracturada, con personalismos enfrentados, y que ha desarrollado una campaña gris, sin grandes propuestas, con una participación tibia en los debates, como si en ningún momento Fajardo se hubiera creído capaz de colarse en la segunda vuelta.

Cuatro: Rodolfo Hernández es la gran sorpresa. La intención de voto en los últimos meses ha sido más o menos estable, entre el 10 y el 12%. Su condición de outsider y valedor de la antipolítica frente al tradicionalismo elitista disfruta de una notable audiencia. Un caldo de cultivo superior al esperado, para un candidato que es una suerte de Donald Trump a la bumanguesa, que carece de programación de gobierno, que mantiene un discurso de simplismos reduccionistas al servicio de la demagogia, y que encuentra en las redes sociales -especialmente Twitter y TikTok.

Quinto: Se constata la liberación que ha supuesto el Acuerdo de Paz para la izquierda. Durante décadas, la pervivencia del conflicto armado hizo que buena parte del andamiaje político-partidista gravitase en torno al clivaje que alimentaba la violencia. Así, desmovilizadas las FARC-EP, la visibilidad y politización de otros aspectos de la agenda pública, como la educación, la salud, la vivienda o el empleo, han ganado enteros. Esto, agitando a la sociedad colombiana, motivando amplios escenarios de movilización y protesta, y construyendo la viabilidad, como alternativa, de una izquierda democrática que dirija las riendas del país.

Sexto: La cultura política colombiana es una suma de ingredientes que, de un modo u otro, igual que permiten entender el auge y la popularidad de Gustavo Petro, pueden ayudar a permitir entender que alguien como Hernández se cuele en la segunda vuelta. Aún en muchos lugares de Colombia prima una cultura política parroquial y conservadora, que el elitismo tradicionalista no ha sabido ni querido entender. Sus excesos en la patrimonialización del Estado, y la imagen de saqueo continuo, producto de una corrupción tan endémica como clientelar, abona un escenario idóneo para el discurso antiestablecimiento y anticorrupción que, demagógicamente, enarbola Hernández.

Séptimo: La coyuntura de la segunda vuelta juega a favor de Hernández. El uribismo y el propio Federico Gutiérrez ya han manifestado su adhesión a la candidatura del exalcalde de Bucaramanga. Todo, sin negociaciones ni peticiones previas, sabedores que cualquier posibilidad mejor que Petro es la única deseable para sus intereses. El uribismo, la maquinaria partidista del Partido Liberal, del Partido Conservador o de Cambio Radical, con gran anclaje territorial, irá a favor de Hernández, como igualmente lo hará la mayoría de un espectro mediático que sigue considerando a Petro la personación del bolivarismo en Colombia.

Octavo: Aunque para Gustavo Petro el candidato que mejor jugaba para sus intereses era Federico Gutiérrez, no todo está perdido. Desde luego, ha de evitar el discurso que figuras como Hernández motiva, en tanto que sus intervenciones concitan pulsión, improvisación, escasa viabilidad e insulto fácil. Frente a la demagogia antidemocrática las armas deben ser otras, como han evidenciado las campañas en el continente, desde Estados Unidos y hasta Brasil, pasando por El Salvador. Será importante atraer al voto de centro, al voto no movilizado en primera vuelta y priorizar los enclaves geográficos, mayormente periféricos, que junto a Bogotá han respaldado la agenda progresista y de paz, desde el año 2016.

Nueve: En los próximos días es de esperar que los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se posicionen con Rodolfo Hernández. Viendo la suma que resta que personifica Iván Duque, su presencia en la campaña, posiblemente, sea más taimada que en la primera vuelta, en donde se posicionó claramente del lado de Gutiérrez. Entre los expresidentes, Petro tiene el apoyo asegurado de Ernesto Samper, pero está por ver lo que hace Juan Manuel Santos. Es posible que un eventual respaldo de su parte, sumado al de otras figuras, como Sergio Fajardo, matice la proyección de Petro sobre parte del imaginario colectivo y atraiga al votante moderado que, inicialmente, en otras circunstancias, jamás votaría a Petro.

Diez: Desde luego, Colombia se juega mucho en estas elecciones, y no es una máxima recurrente. Tras cuatro años de inacción, desgobierno e involución en buena parte de los indicadores sociales o de seguridad, la llegada de Hernández a la presidencia ha de entenderse como una amenaza a la institucionalidad. Petro es el único que propone una agenda programática coherente con los retos de una Colombia que demanda, entre muchas otras cuestiones, mayor gasto público, mejor redistribución de los recursos y las oportunidades, mayores capacidades institucionales en el territorio y el retorno a una senda de la paz, por completo desdibujado tras la nefasta presidencia saliente de Iván Duque.


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