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Una región, todas las voces

La población de Venezuela se reduce y envejece

Por
Nastassja Rojas Silva
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A inicios de agosto se difundió un informe de Naciones Unidas señalando a Venezuela como el país con mayor pérdida de población en los últimos años, incluso más que Siria. Se calcula que el año pasado el país contaba con casi 28 millones y medio de habitantes, población similar a la que tenía en 2010, y unos cuatro millones de habitantes menos de lo que se esperaba. Esto no sorprende debido a la migración masiva y a las precarias condiciones de vida. Lo que sí sorprende es el acelerado envejecimiento de la población y los efectos que esta nueva composición de la pirámide poblacional tendrá en el futuro desarrollo económico y social del país.

La primera causa de esta reducción es la migración masiva, especialmente la que se ha dado en los últimos seis años, sin desconocer que el flujo comenzó a registrar ligeros incrementos desde el año 2000. Se estima que aproximadamente 5,6 millones de personas han huido de Venezuela y que, aún cuando se presentan flujos de retorno, especialmente por la pandemia, estos no son significativos frente a las cifras de salida.

La migración de población joven económicamente activa

Las estadísticas, realizadas en precarias condiciones por organizaciones no gubernamentales, dentro y fuera de Venezuela, así como de Naciones Unidas han permitido evidenciar que la migración está compuesta en su mayoría por población joven económicamente activa. Esto explica, en buena medida, el envejecimiento en pocos años de la población y la gran cantidad de menores de edad a cargo de sus abuelos u otros familiares mayores.

Y es que la curva poblacional empezó a descender justamente en el año 2015 cuando se dio una de las primeras oleadas masivas migratorias y se empezó a evidenciar internacionalmente el acelerado deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, producto de las políticas implementadas desde el gobierno.

Como bien lo ha expresado la profesora venezolana en demografía, Anitza Freitez, el envejecimiento en el país se adelantó casi 20 años. Esto, sumado a una infraestructura profundamente deteriorada, ha hecho que el país no esté preparado para atender a los niños y adultos mayores que no cuentan con familiares en edad productiva.

Si para muchos sobrevivir en Venezuela resulta un drama por los desafíos físicos y psicológicos, para esta población es aún más difícil. Evidencia de ello son los numerosos casos de personas mayores que han fallecido sin atención. A esto se suma la devaluación de las pensiones que equivalen a menos de un dólar. Por esto, no es de extrañar que más del 80% de la población adulta mayor en Venezuela vive en situación de pobreza.

Otro problema generado por esta situación es que los menores de edad quedan expuestos al reclutamiento de grupos criminales urbanos o a los peligros que representa la migración de niñas y niños sin acompañantes. Este es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años y que expone a los menores a otra cantidad de riesgos como el tráfico de personas.

Y es que migrar no garantiza una mejora de las condiciones de vida ni de seguridad. Muchas de las personas que han salido en los últimos años del país lo hacen caminando o en barcas artesanales poco seguras sin contar con los recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades durante el recorrido. De esta manera, los migrantes quedan expuestos a diversos peligros y en muchos casos carecen de protección debido a su condición irregular.

Además del tráfico de migrantes, la trata de personas y el reclutamiento forzado, los migrantes están expuestos a recurrentes expresiones de xenofobia en algunas sociedades receptoras e incluso desde las mismas autoridades. El reciente pronunciamiento de la Alcaldesa de Bogotá sobre su intención de crear un comando especial contra la criminalidad de extranjeros y de realizar “identificaciones forzosas” es un claro ejemplo de ello. Esta discriminatoria propuesta, sin embargo, parece inspirarse en una política del gobierno de Perú de 2020 que creó una brigada con la misma finalidad.

Sin embargo, también es importante reconocer el esfuerzo que han hecho gobiernos de algunos países vecinos, en especial Colombia, con la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Este, además de otorgar a los venezolanos el beneficio de regularización, permiten conocer con mayor claridad las características de la población migrante, algo que debería provenir del régimen venezolano pero que producto de su negacionismo ha llevado a la ausencia de cifras y a una mala gestión migratoria.

La esperanza de vida

Otro aspecto a tener en cuenta son las dificultades relacionadas con la calidad de vida, particularmente la alimentación y la salud que tiene un gran impacto sobre la esperanza de vida y su retroceso en el país. La mortalidad infantil ha sufrido un retroceso de dos décadas debido a la desnutrición en niños, niñas y mujeres gestantes, mientras que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en las cárceles. Esto sin ahondar en las cifras de muertes violentas.

Y en cuanto a las cifras de muertes provocadas por la pandemia, que ha generado un impacto a nivel global, en el caso de Venezuela se desconocen ya que lo reportado por medios y algunas organizaciones no gubernamentales dista de las estadísticas y registros oficiales.

Todo esto nos deja en claro que el abordaje de la crisis de la migración venezolana requiere de atención coordinada e inmediata por parte de los países de la región. Pero tampoco podemos olvidar a las más de 28 millones de personas que aún viven en Venezuela, e incluso aquellos que no desean migrar y que necesitan de toda la cooperación internacional posible para seguir trabajando para mejorar las condiciones de vidas de miles de personas en medio de una dictadura.

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Foto de EU Civil Protection and Humanitarian Aid en Foter.com

Somos una de las principales víctimas del cambio climático

Por
Robson Dias da Silva
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Existe una alta probabilidad de superar, en la próxima década, el aumento medio de la temperatura global de 1,5 grados centígrados, incumpliendo así el objetivo fijado en el Acuerdo de París. De mantenernos en esta línea, el mundo llegaría a un punto de no retorno que nos llevaría a complejos cambios en los procesos físicos, químicos y biológicos en todo el planeta, lo cual provocaría una alta imprevisibilidad sobre el clima, especialmente sobre los patrones de lluvia. Estas fueron las conclusiones de la sexta edición del Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

El documento presenta un panorama extremadamente preocupante de los efectos del calentamiento global, revelando como nunca antes los riesgos y desafíos que los cambios climáticos suponen para el planeta. El informe remarca la necesidad de adoptar medidas más radicales para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya sea reduciendo las emisiones o capturando el dióxido de carbono y el metano.

El informe sugiere una ambiciosa reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El recorte propuesto del 7% anual ayudaría a mantener el calentamiento global dentro de los 1,5 grados centígrados para 2050. El informe reafirma que la actividad humana en la era industrial (siglo XVIII) ha sido preponderante en el calentamiento global, con 1,07 grados centígrados.

Sin embargo, algunos procesos ya iniciados no se revertirán tan pronto. El aumento del nivel de los océanos, debido al deshielo de las regiones polares, continuaría incluso durante este siglo, aunque atenuado y cambiando de rumbo, dando esperanzas a las próximas generaciones. 

En las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos años, los riesgos climáticos que hasta hace poco eran «posibilidades» empezaron a ser «realidades». La ocurrencia de eventos extremos está llamando más la atención al provocar, no sólo pérdidas económicas de billones de dólares, sino también miles de muertes, tanto en los países más pobres como en las naciones consideradas desarrolladas.

Las sequías prolongadas afectan a los países latinoamericanos y africanos, y las inundaciones se convierten en una constante en toda Asia. Las olas de calor excesivas han afectado a Canadá, Estados Unidos y Grecia. Alemania y Japón, por su parte, se han visto sorprendidos por impactantes tormentas torrenciales que han dejado muerte y destrucción a su paso.

Los incendios forestales han azotado a gran parte de Norteamérica, mientras que los huracanes golpean con mayor frecuencia y fuerza a las naciones caribeñas y centroamericanas, y a la costa oeste de Estados Unidos. Hace unas semanas, varias ciudades brasileñas fueron azotadas por un intenso frío polar, con temperaturas cercanas a cero en las regiones agrícolas tropicales.

Los países desarrollados son los principales responsables del calentamiento global

La crisis climática que estamos viviendo es el resultado de un proceso de industrialización y urbanización global a largo plazo. Las naciones más ricas fueron las que más contribuyeron al calentamiento global al aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero junto con el crecimiento de sus industrias y ciudades.

Decir esto no es excluir a las naciones más pobres de la responsabilidad de tomar medidas para combatir el cambio climático, sino más bien mostrar que las medidas globales deben considerar una paradoja: los países y pueblos que menos han contribuido a las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero son los que corren más riesgo de sufrir los efectos del cambio climático.

Sin duda, estas regiones y países disponen de menos recursos para financiar los cambios necesarios y, además, carecen de infraestructuras sociales básicas en cantidad y calidad suficientes para que el grueso de su población pueda estar más segura ante los fenómenos meteorológicos extremos.

¿Qué pasa con América Latina y el Caribe en esta coyuntura?

América Latina y el Caribe se encuentran entre las regiones más amenazadas por la emergencia climática. Los países de la región, densamente poblados y todavía con considerables déficits urbanos y sociales ya están sintiendo el agravamiento de los efectos relacionados con los fenómenos extremos.

El informe profundiza la preocupación dado que la región puede sufrir cambios que hagan inviables actividades económicas claves como la agricultura familiar o el turismo, además del riesgo para la vida misma. De hecho, el número de refugiados climáticos viene aumentando en la región.

Si bien previo a la pandemia la situación de los países de la región ya estaba resultando difícil, la pandemia empeoró la situación social de millones de personas. Las estimaciones de la Organización del Trabajo (OIT) indican que el número de parados y desempleados desde México hasta la Patagonia puede alcanzar los 50 millones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe calcula un avance significativo de la pobreza, que ha llegado a 209 millones, de los cuales 78 millones viven en la pobreza extrema, o sea con menos de 2 dólares al día.

La crisis climática se suma de esta manera a la realidad latinoamericana y caribeña. Y al igual que lo observado en relación al covid-19, también se ve afectada por el negacionismo de una parte de la población e inclusive presidentes como en el caso de Brasil, un país clave para pensar en los desafíos climáticos globales, tanto por su rol de gran productor agrícola mundial como por los biomas que se encuentran en su territorio.

El elevado desempleo y la necesidad de recuperación económica conllevan el riesgo de reforzar las medidas de estímulo económico a corto plazo, utilizando el capital social productivo ya instalado y que se basa en gran medida en el carbono. Así, se corre el riesgo de que la llamada recuperación pospandémica amplíe las inversiones en nuevas estructuras productivas y en las ya existentes que siguen siendo muy contaminantes y emiten gases de efecto invernadero.

Esto podría llevarnos tanto a nuevas tragedias, como a un posible «bloqueo climático», como señala Mariana Mazzucato, profesora de la Universidad de Sussex. Según ella, los fenómenos climáticos extremos serán mucho más intensos y las próximas generaciones tendrán que vivir con periodos de bloqueo forzados por los problemas climáticos: contaminación atmosférica, tormentas, sequías y olas de calor excesivas.

Parece que, al igual que en una pandemia, necesitamos aplanar la curva del cambio climático para evitar un colapso del sistema y planificar una nueva normalidad para garantizar la vida y supervivencia de las futuras generaciones.

Foto de 8zil em Foter.com

Milei y el ascenso de la derecha libertaria en Argentina

Por
Diego M. Raus
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“Vamos a derrumbar el modelo defendido por la casta política que solo nos ha hecho más pobres”. “No vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones”. Así, a los gritos, vestido con campera de cuero y pelo largo, como un rockstar, Javier Milei se dirigía a un numeroso público, sobre todo joven, un soleado sábado siete de agosto en una plaza pública.

A los días, en un programa radial exclamaba que él y sus votantes iban a echar a los políticos “….con una patada en el culo”. En un programa de TV proponía el desmantelamiento del Estado empezando por “….el cierre del Banco Central”. Otro día proponía las privatizaciones de las calles, que los vecinos la gestionen, las cuiden, cobren peaje, y que los automovilistas, con su GPS, sepan que calles tomar y cuanto les va a costar.

De la TV a la política

Javier Milei, es un economista mediático que se hizo conocido por su paso asiduo por los programas de televisión, sus posiciones ultraliberales y su look particular de pelo largo y flequillo que le cae por el rostro. Y en víspera de las elecciones intermedias de noviembre, en los últimos meses saltó de la fama televisiva a la política. Fundó, con otros socios, un partido -Avanza Libertad- y se postula como primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Su capital político es su irreverencia discursiva, su apariencia desenfadada y juvenil, un liberalismo exacerbado que tiene adeptos urbanos y el atrevimiento a decir y proponer todo lo que es impolíticamente correcto en un electorado que tiende del centro a la centroizquierda. Su acierto estratégico: apelar a una porción del electorado que está definitivamente harta de la política y la clase política, algo que se viene manifestando desde principios de siglo. El escenario es propicio: una crisis socioeconómica in crescendo agravada por la pandemia que tampoco ha sido bien gestionada por el gobierno actual.

El público que sigue fervorosamente a Milei, para quién es una especie de gurú insultante —outsider de la política—, se compone básicamente de jóvenes urbanos, de clase media y media alta, de buen nivel educativo y sin problemas a futuro pero que se sienten frustrados e inhibidos para desarrollar sus carreras y profesiones. Es el mismo público joven que afirma que es mejor emigrar aunque el país pierda un valioso capital humano. Lo cierto es que es un público totalmente hastiado de la clase política argentina, sus entuertos pasados y presentes, y sus disputas partidarias que aplazan una y otra vez las resoluciones de los problemas urgentes del país.

Es un público que capta claramente las incongruencias actuales de la política argentina pero que solo la rechazaba individual o socialmente, es decir en círculos de amigos. Milei les ofrece el discurso, el tono y la agresión necesaria contra ese status quo, a la vez que una propuesta política cuyo sentido último es derribar la institucionalidad vigente por caduca, corrupta e ineficiente. La simbiosis entre Milei y ese público fue inmediata.

Milei y su Avanzada Libertad

A partir de esa relación convocante, Milei abandonó todo intento de presentarse a primarias por Juntos Cambiemos, la alianza política que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015, y decidió jugársela por su lado. Junto a otras personas de perfil similar, aunque menos estruendosas, fundaron Avanza Libertad y se lanzaron a la campaña.

Avanza Libertad es, en esencia, una configuración política ultraliberal en lo económico. No hay más novedad que esa. Milei le agrega las propuestas desenfadadas y aparentemente contracorriente, propias de las actuales corrientes libertarias: hiperindividualismo, derechos de las personas sin restricciones, libertad absoluta de decisión —importante entre quienes rechazan la vacuna Covid-19— y nula injerencia del Estado en cuestiones de decisión personal. Por otro lado, evita lo que sostienen otras corrientes libertarias: racismo, homofobia, condena al discurso de género y diversidad sexual o la apelación a fundamentos religiosos, posiciones que son límites claros en la cultura política argentina debido, también, a su predominio laico.

El discurso de Milei es liberal en el sentido histórico de la Escuela Austríaca (Von Hayek, Ropke,) y el legado de Milton Friedman. Es decir, una centralidad absoluta del mercado como productor y distribuidor de los bienes sociales, y un liberalismo que se traslada a todas las demás arena de la vida social: educación, salud, vivienda, transporte, trabajo, legislación, normas, etc.

En conclusión, el Estado debe abstenerse de todo lo que se desee y pueda ser ofertado por un privado. Y en esta coyuntura política, se suma el rechazo absoluto a lo que, algunos consideran, un aprovechamiento de la pandemia para atropellar las libertades individuales y conculcar derechos.

La pregunta no es si a Milei y su partido les irá bien en esta elección, ya que con viento a favor conseguirán algunas diputaciones. El tema es como va a evolucionar el partido y el personaje.

La política argentina tiene, desde la transición democrática de 1983, una clara tradición de permitir la emergencia de terceras fuerzas políticas —por sobre el peronismo y el radicalismo— y luego dejarlas caer, es decir, no extender ese apoyo electoral más que por dos o tres elecciones. Se puede entonces pensar, con cierto fundamento, que la perdurabilidad de esta fuerza política y el liderazgo de Milei, es muy incierto.

Quizás Milei devenga, por su poder de convocatoria, en un dirigente taquillero de Juntos Cambiemos o como se siga llamando esa alianza política liberal. Y quizás, satisfecho su ego, se dedique luego de un breve paso por la política a la arena escénica, la cual maneja muy hábilmente.

Es posible que encauzada —un poco— la crisis que vive la Argentina y tras una renovación política en 2023, amaine la furia política del sector que apoya a Milei y así se atenúe su poder de convocatoria. Lo cierto es que, hoy, es la figura emergente de la política argentina. No tanto por intención de voto sino por la articulación de un discurso nuevo, apto para este escenario de decepción y desafección política.

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Foto del Foro Económico Mundial en Foter.com

Turbulento inicio del gobierno de Pedro Castillo

Por
Carlos Ugo Santander
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A pocas semanas de asumir el cargo, Pedro Castillo, como cualquier presidente ha desarrollado dos tareas propias de quien asume las riendas del gobierno, nombrar a sus ministros y distribuir cargos entre sus partidarios de confianza. Ambas decisiones generaron controversias y llevaron a sus opositores a sobredimensionar de forma insistente todo aquello que contribuya a erosionar la legitimidad del presidente. 

De acuerdo a la Constitución peruana, el presidente tiene treinta días para presentar su gabinete ministerial y exponer la Política General del Gobierno ante el Congreso, que es quien le otorga o no la confianza a los ministros. Es decir, avalan la continuidad o no en sus cargos, de forma semejante a los sistemas parlamentarios, pero con la diferencia de que el Congreso peruano tiene apenas dos oportunidades para negarle la confianza al gabinete y las propuestas del gobierno. Si la segunda vez el congreso aprueba la censura, el Presidente puede cerrar el Congreso y llama a nuevas elecciones legislativas.

Los primeros roces entre el gobierno y la oposición

El primer gabinete ministerial de Castillo aún no se ha presentado ante el Congreso. Sin embargo, Héctor Bejar, un ex guerrillero en los años 60, fue presionado para renunciar como ministro de relaciones exteriores por una declaración que fue señalada por la oposición como una afronta a la Marina de Guerra del Perú al ser vinculada con prácticas de terrorismo de Estado. Luego de la renuncia de Bejar, los hechos fueron confirmados por algunos periodistas quienes verificaron en la época el modus operandi de algunos miembros de las fuerzas navales. Lo cierto es que Bejar renunció, pero las declaraciones dejaron mal parada la institución militar.

Otra acusación al gabinete del presidente Pedro Castillo, señaló al Primer Ministro, Guido Bellido, por haber elogiado, hace más de 8 años en su cuenta privada de redes sociales a algunos miembros del movimiento terrorista Sendero Luminoso. La controversia ha llevado a una investigación en el Ministerio Público, como si la ley de apología al terrorismo no fuera suficiente. Bellido puede ser comunista, pero no hay ninguna ley que declare está tendencia como ilegal. Es más, Bellido se ha manejado con cierta prudencia y moderación frente a posiciones intolerantes de la extrema derecha.

Por otro lado, luego de una segunda vuelta extremadamente polarizada, era de esperar que el inicio del gobierno tuviese una desaprobación del 46% como declara la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Existe una clara incertidumbre entre los sectores que votaron por Castillo, ya que, si bien aún no se ha nombrado a la mayor parte de los nuevos funcionarios, ha habido algunos casos que han generado cuestionamientos tanto por no contar con la formación idónea o la experiencia que los vincule a la función pública. Estos casos, ventilados públicamente, han contribuido a disminuir las expectativas sobre la gestión gubernamental del profesor.

Ante la controversia asociada a su primer ministro, la oposición viene ensayando la posibilidad de una destitución del Presidente, y es que en el sistema político peruano la destitución (vacancia) siempre es posible. Pero en el actual caso peruano, esto no es probable ya que para que se materialice la destitución se necesitan que se cumplan ciertos requisitos.

Requisitos para destituir al presidente

El primer requisito se refiere a una de las causales que la oposición invoca, que es declarar al presidente de incapacidad moral. La figura de la vacancia es imprecisa, dado que esta figura no es un acto de naturaleza judicial -como es el caso del impeachment que implica generalmente una denuncia, la necesaria caracterización del crimen, indagación y colecta de pruebas, testimonios, informes, exposición de argumentos de la defensa, etc.- y sí un acto fundamentalmente político. De esa forma, el acto inmoral cometido por el presidente puede ser estirado a diestra y siniestra por los actores involucrados.

El segundo requisito es que la oposición debe obtener los votos para aprobar la vacancia. A diferencia de un impeachment, que generalmente es un proceso más largo, la vacancia o destitución del presidente en el Perú puede desarrollarse en dos sesiones del congreso. En una primera se debe aprobar una moción (pedido previo) que debate la destitución del presidente por mayoría simple (66 votos) que lleva a una siguiente sesión donde se debate la aprobación o no de la vacancia.

Luego de aprobada de la moción, se necesitan al menos 87 votos para que se apruebe la destitución del Presidente. En otras palabras, si bien Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso, él necesita de 43 congresistas para que se opongan a la vacancia. Pero ¿de cuántos votos dispone hoy Pedro Castillo? Castillo tiene una bancada de 37 parlamentarios, y a estos se suman otros cinco del partido Juntos por el Perú, socio en el gobierno. Por lo que le faltaría apenas un voto que puede ser obtenido entre los partidos de centro o de parlamentarios independientes. Por lo tanto, de momento esta situación por ahora es bastante improbable.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los mecanismos con los que cuentan los parlamentarios opositores para obstruir la política del gobierno son numerosos. Por ejemplo, pueden llamar constantemente a los ministros a las comisiones del Congreso, pueden crear comisiones parlamentarias de investigación, censurar individualmente a los ministros, realizar interpelaciones o procedimientos parlamentarios que puede dificultar la actividad normal del ejecutivo.

Si bien el presidente, Pedro Castillo, ha dejado una serie de flancos abiertos en torno a la gestión gubernamental, su mayor debilidad se encuentra en el frente interno. Lo cierto es que las predicciones catastróficas de la oposición de que el gobierno buscaría llevar al país un proceso comunista o seguiría un modelo económico semejante al de Venezuela o Cuba no se están cumpliendo. Castillo se está mostrando bastante moderado en sus propuestas, está jugando dentro de la legalidad, y si bien existe una continua incertidumbre económica, esta se debe en buena medida al escenario de anormalidad generado por la pandemia que afecta a todos los países de la región.

De momento, no existe ninguna tentativa para llevar al Perú al populismo o a la irresponsabilidad fiscal. Lo que sí se verifica, son acciones de algunos actores políticos que buscan paralizar el gobierno de Pedro Castillo y el país con el objetivo de obtener ventajas políticas.

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Foto de Presidencia de la República del Perú

La divergencia entre “la familia” y “las familias”

Por
Esteban Caballero
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Entre el 2016 y 2018, América Latina vivió protestas y manifestaciones de grupos conservadores contra políticas como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la identidad de género y la incorporación de educación sexual y reproductiva en libros de texto escolares. Su impacto en la política ha forzado cambios de timón en las políticas públicas, sin embargo, la pandemia y la crisis políticas que ha sufrido la región han frenado el avance conservador. No obstante, hay altas probabilidades que pasada la pandemia se viva un retorno de estas movilizaciones y volvamos a vivir confrontaciones sociopolíticas importantes. 

La familia

Uno de los temas centrales de estos movimientos es, obviamente, la familia. Y aquí hay que hacer una distinción entre el plural y el singular ¿deberíamos hablar de una pluralidad de configuraciones familiares existentes o de un tipo ideal de familia? Los hechos nos remiten ineluctablemente al uso del plural. Existe una gran variedad de configuraciones familiares: familias biparentales con hijos, monoparentales, multigeneracionales, mujeres jefas de hogar, biparentales heterosexuales, biparentales homosexuales o compuestas. También existen familias sustitutas, familias de acogida, y un largo etc.

Por otro lado, no todas las familias se constituyen sobre la base de un contrato matrimonial, sino que existe un gran número de uniones de hecho. Si traemos a colación el elemento cultural, veremos familias basadas en la monogamia y otras en la poligamia. Las categorías son muchas.

Cuando el movimiento conservador se refiere a “la familia”, en singular, por lo general está tomando como base el pensamiento judío-cristiano que la define como la unión de un hombre y una mujer que tienen hijos para cumplir las funciones de reproducción, supervivencia y regulación social dadas desde el poder patriarcal. Así entonces, “se reconoce a la familia desde una única versión, anclada en la estructura madre, padre e hijos; la única familia socialmente reconocida es la que hoy se denomina familia nuclear”, como lo define la psicóloga Mariana Andrea Pinillos Guzmán.

Las voces tradicionalistas y conservadores que se basan en este concepto de familia, sin embargo, no son tan homogéneas. Existen posiciones extremas y otras más moderadas. Los más extremistas usan la calificación de “familias disfuncionales” para referirse a todo tipo de configuración que no sea la biparental heterosexual nuclear.

Los más moderados, en cambio, ven la diversidad y no descalifican a las familias monoparentales, las compuestas biparentales heterosexuales o las extendidas, entre otras. El tema contencioso para los moderados tiene más que ver con la orientación sexual y el género. Su punto de quiebre es la familia nuclear biparental homosexual. Pero aún, dentro de ese mismo tópico, existen a su vez posicionamientos diferentes entre aquellos que se oponen sobre todo al  reconocimiento legal de la familias biparental homosexual o la utilización de “matrimonio” como referencia para describirlo, pero no les incomoda en el mismo grado la unión libre, considerándolo como un tema privado.  

Los niños y adolescentes

La otra cuestión importante es la relativa a los niños y adolescentes como “sujetos de derechos”. Hay diferentes tendencias. Una se opone a la idea de familia compuesta de “sujetos”, adelantando la idea de la familia como único sujeto. Se entiende la familia como una unidad o grupo humano que se concibe como una sola voz, un conjunto que no se puede dividir y donde los padres son los principales voceros. 

Esta concepción se nutro de la doctrina de la tutela, que ve al niño como un “objeto” que los padres o tutores cuidan y ordenan, idealmente sin interferencia del Estado. Es en este marco en el que la idea de “autonomía progresiva de los niños” es uno de los conceptos de mayor controversia. No sólo en lo que concierne a los hijos, sino también en lo relativo a la autonomía de la mujer en los sectores más patriarcales del conservadurismo.

En cambio, el ala más moderada no se opone a la noción del niño como sujeto de derechos y lo reconoce como tal, ni pretende cuestionar la autonomía de la mujer. Su preocupación tiene más que ver con los “límites de la autonomía” y las dinámicas que se deberían propiciar para que el niño y el adolescente asienten su posición y participación en la familia, aceptando una suerte de “derecho condicionado o relativo”. Por otro lado, los moderados insisten también en que todos los miembros de la familia tienen derechos y que el desafío es el desarrollo armónico de los mismos.

Finalmente, uno de los debates más encendidos ha sido entorno a la educaciónde los hijos. En ese rubro se argumenta sobre todo que la educación que ofrece el Estado debe poder ser vetada o controlada por las asociaciones de padres. Esto se refiere sobre todo a la educación sexual integral.

Sin embargo, mientras ciertos representantes rechazan el uso del concepto “educación sexual integral”, otros lo redefinen adaptándolo al enfoque de familia, haciendo referencia al Amoris Laetitia —exhortacion apostólica— del Papa Francisco, que habla de educación sexual. Al mismo tiempo,  no todas las asociaciones de padres son iguales. En las movilizaciones masivas se notó la gran incidencia de las asociaciones de padres de las escuelas privadas y confesionales, pero en algunos casos, se notó menos ímpetu de las asociaciones de padres de escuelas públicas, lo cual demuestra que no estamos ante un frente monolítico.

Estas diferencias, sobre todo en los países de la región donde el conservadurismo es más influyente, pueden ser útiles para encontrar un discurso alternativo que permita superar algunos de los obstáculos existentes en el plano de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia, el género y la salud sexual y reproductiva. Siempre tomando en cuenta que la creación de una plataforma de diálogo, distinta a la que se ha dado en el periodo 2016 a 2018, deberá además lidiar con el problema de un movimiento tradicionalista y conservador fuertemente afectado por teorías de la conspiración y las noticias falsas. Característica esta que es propia de movimientos de carácter reactivo y de defensa de un sistema de valores que sienten amenazado.

La esperanza es que esa resistencia innecesaria debería ser superada con la insistencia en los hechos, la ciencia y el pluralismo. Valores que nos permitan enfrentar desafíos muy reales y actuales, como lo son la violencia hacia la mujer, la discriminación, el embarazo y el matrimonio precoz, las muertes maternas, las enfermedades de transmisión sexual, y otros.  

Episodio relacionado de nuestro podcast

Brasil y México: distancia y desencuentros

Por
Miriam Gomes Saraiva
-

Coautor Álvaro Costa Silva

Los dos países con las economías más avanzadas de América Latina y con mayor capacidad para implementar iniciativas regionales, Brasil y México, han interactuado poco desde el ascenso de Jair Bolsonaro al gobierno. En el pasado, Brasil y México, aunque alejados geográficamente, interactuaron en iniciativas regionales relevantes: fueron socios en la creación de ALALC, en 1960; ALADI, en 1980 y el Grupo de Río, en 1986. Pero el distanciamiento empezó antes y los desencuentros siguieron. ¿Por qué?

En 1990, México formó el Grupo de los Tres con Colombia y Venezuela, y firmó un acuerdo con Chile; ambos basados en el regionalismo abierto. Brasil, en 1991, formó el MERCOSUR, también basado en el regionalismo abierto, pero con restricciones. El MERCOSUR debía ser un ensayo general para una futura apertura hacia el exterior.

1994 fue un año histórico. México se adhirió al TLCAN, reduciendo su autonomía respecto a Estados Unidos. La diplomacia brasileña, por su parte, se dirigió a Sudamérica con la creación de una zona de libre comercio sudamericana. Con este replanteamiento regional, Brasil adaptó su política exterior en términos de discurso y acciones hacia Sudamérica. Fue el año en que se iniciaron las negociaciones para el ALCA, del que México formaría parte, y Brasil se resistió al avance de las negociaciones.

Aunque la zona de libre comercio sudamericana no tuvo éxito, la idea de América del Sur se fortaleció progresivamente en el comportamiento diplomático de Brasil, hasta llegar a las iniciativas de Lula para estructurar la gobernanza sudamericana bajo el liderazgo brasileño. Los países de Centroamérica y el Caribe, a su vez, fueron vistas como en la órbita de Estados Unidos.

El peso de las ideologías

Varias razones contribuyeron a este cuadro. A nivel regional, en la década de 2000 la ola rosa marcó los mapas cognitivos predominantes de América del Sur e impulsó un proyecto de cohesión regional. En la dimensión interna brasileña, el acercamiento a Sudamérica se basó en la articulación entre desarrollistas, diplomáticos autonomistas y una comunidad epistémica pro-integración que incluía actores políticos y académicos.

Esta iniciativa tomó forma con el regionalismo posliberal y su principal organización, UNASUR. En la política exterior brasileña, la UNASUR y los países sudamericanos aprovecharían los esfuerzos del país para proyectarse con fuerza en el ámbito internacional, además de ser receptores del desarrollo brasileño. Durante este periodo, México llegó a solicitar su ingreso en el MERCOSUR como miembro asociado, pero le fue denegado.

México, a diferencia de la ola rosa, fue gobernado durante la década por el Partido de Acción Nacional, conservador y liberal en su economía. Tomó un camino diferente para ascender como actor global, acercándose a Estados Unidos y compartiendo votos con los países europeos en los foros multilaterales. Y siempre buscando neutralizar una proyección brasileña que molestaba al gobierno mexicano.

La oposición mexicana a la candidatura de Brasil a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU fue un ejemplo. Otro roce fue la suspensión por parte de México, en 2005, del Acuerdo de Exención de Visados de Corta Duración (posteriormente restablecido en 2013), en un intento de frenar el paso de brasileños por el país para entrar en Estados Unidos. 

También hubo iniciativas de acercamiento, pero tenues. Se creó una Comisión Binacional para facilitar las negociaciones económicas entre ambos países. En el ocaso del gobierno de Lula, ambos países colaboraron en la creación de la CELAC, como parte de los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón por reconectar con América Latina.

En el ámbito económico, la firma por parte de ambos países de un acuerdo de complementación económica (ECA 55), en el marco de la ALADI, tenía como objetivo la liberalización del comercio y la integración del sector del automóvil. Propuesto por el presidente mexicano en 2009, ambos países iniciaron conversaciones sobre un futuro comercial integral. En cualquier caso, el comercio entre ambos no era (ni es) relevante para ninguno de ellos: distancia geográfica; poca complementariedad entre sus economías; preferencias comerciales condicionadas por el MERCOSUR, el NAFTA y China.

Un giro político

A principios de la década de 2010 cambiaron ambos gobiernos: Dilma Rousseff en Brasil y el regreso del PRI al poder con Peña Nieto. Sin embargo, el gobierno de Rousseff no gozó de las circunstancias favorables de la década anterior. La crisis económica internacional interrumpió el periodo de auge. A nivel regional, se eligieron varios gobiernos liberales y/o conservadores y el regionalismo posliberal decayó.

A nivel interno, la crisis económica, la crisis política y una política exterior poco activa fueron las señas de identidad de la administración de Rousseff. El papel de Brasil como estructurador de la agenda sudamericana perdió consistencia, dando paso a un comportamiento de bajo perfil. En el mismo periodo, México se incorporó a la Alianza del Pacífico, inspirado en los preceptos del regionalismo abierto, rearticulándose con los países sudamericanos.

Luego, en 2012, el gobierno brasileño decidió renunciar al ECA 55, debido al déficit de Brasil en el comercio de automóviles. Para evitar el colapso, los gobiernos firmaron un protocolo que establecía cuotas anuales de importación, pero las negociaciones del acuerdo binacional se interrumpieron. Dilma Rousseff realizó una visita de Estado a México en 2015, pero con escasos resultados.

Después de un duro proceso de impeachment, el gobierno de Temer adoptó una política exterior reacia a cualquier cosa que recuerde a la ola rosa. Y una de sus principales banderas fue la revitalización de la política comercial. Un acuerdo de la Alianza del MERCOSUR-Pacífico pasó a ser visto como algo positivo. Al final de su administración, se celebró una cumbre entre los gobiernos de los dos acuerdos integracionistas y se concibió el Plan de Acción de Puerto Vallarta para facilitar el comercio entre los países de ambos bloques. El tema de Venezuela fue otro punto de convergencia entre Temer y Peña Nieto: ambos gobiernos fueron miembros del Grupo de Lima y condenaron al régimen de Nicolás Maduro.

Un nuevo distanciamiento

Con el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés López Obrador en México se produjo un nuevo distanciamiento. Aunque tienen coincidencias en la forma de abordar el tema de la pandemia -un negacionismo desde el principio-, sus posiciones políticas han expresado un gran desacuerdo.

Mientras Bolsonaro adoptó una retórica crítica con Venezuela; López Obrador adoptó la defensa de una salida negociada a la crisis. Brasil reconoció a Juan Guaidó mediante la Declaración del Grupo de Lima, y México no suscribió la declaración. En cambio, compuso con Argentina el Grupo de Puebla. Mientras Bolsonaro apoyaba al gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia, México daba asilo al expresidente Evo Morales. Brasil suspendió su participación en la CELAC cuando México presidía la organización -el ex canciller Ernesto Araújo la acusó, vía Twitter, de dar «escenario a regímenes no democráticos». Y está en PROSUR, que no incluye a México.

Así, el distanciamiento y los desacuerdos no se deben únicamente a la geografía. Las diferencias político-ideológicas, las diferentes prioridades e intereses en política exterior y los desajustes comerciales han limitado el potencial de una relación bilateral. Una articulación armoniosa entre los dos Estados más grandes de una región no siempre es fácil.

Álvaro Costa Silva es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (2019) y candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la misma institución. Es investigador del Laboratorio de Estudios sobre Regionalismo y Política Exterior (Lerpe-UERJ).

Guatemala: una historia de rusos y negocios opacos

Por
Dardo Justino Rodríguez
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Coautor Tomás E. Creelman P.

Una visita de empresarios rusos, reservada sino clandestina, habría sido el motivo por el cual la élite que rodea al presidente guatemalteco Giammattei, decidió que la fiscal general Consuelo Porras le mostrara la puerta de salida al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. El despido el pasado 23 de julio, sin siquiera cuidar las formas, se debió a que las investigaciones de Sandoval se estaban tornando intolerables para esta élite, que desde tiempo tenía en la mira al díscolo funcionario.

Un fiscal despedido

Sandoval, quien se desempeñaba como jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), declaró ese mismo día ante la prensa que había encontrado claros indicios respecto a ciertas acciones del presidente Alejandro Giammattei. “Obtuvimos información de la presencia de personas de nacionalidad rusa en casa del presidente a finales de abril, principios de mayo. (Además) nos dijeron que llegó dinero en efectivo a una casa en la zona 15.

¿Por qué recibiría el presidente dinero en efectivo de estas personas? Ni bien inició las investigaciones en torno al tema, el fiscal Sandoval fue bloqueado por la fiscal general Consuelo Porras. Pero hoy se sabe que, efectivamente, a finales de abril llegaron al país  inversionistas de origen ruso de la empresa Maya Níquel, una de las mineras que explora y extrae níquel en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

Los negocios de los visitantes

Según datos aportados por la investigación de la FECI, el objetivo de los propietarios de MayaNíquel es el puerto Santo Tomás de Castilla sobre el golfo de Honduras, en la costa del Caribe guatemalteco. La empresa pretendería operar su propio muelle y construir una terminal para embarque y desembarque de su producto.

En enero, Marina Pozzi-Pedulla, directora del International Metal Supply Holding, un conglomerado financiero con sede en Lugano, Suiza, remitió una carta a la Gerencia General de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) para explicar sus intenciones: “Expresamos nuestro interés formal en el arrendamiento por un plazo no menor a 30 años de una porción de terreno de 150 mil metros cuadrados dentro del área conocida como Arenal del Puerto” 

La gerente explicaba en su misiva que la compañía suiza conformaría una sociedad anónima en Guatemala que operaría bajo el nombre de Atlantic Bulk Cargo (ABC). El objetivo de esta nueva empresa sería arrendar los terrenos solicitados, desarrollar el proyecto y operarlo por un plazo mínimo de tres décadas. En marzo de este año, dos meses después de esta carta, el Registro Mercantil de Guatemala recibió la inscripción de ABC, cuya dirección comercial es la misma sede de MayaNíquel. 

Al igual que ABC, MayaNíquel también pertenece al mencionado holding con sede en Suiza. MayaNíquel no exporta el mineral depurado, sino toneladas métricas de tierra cargadas de minerales, cuyo contenido específico es desconocido. La operación del área pretendida en Puerto Santo Tomás de Castilla, permitiría a la minera, exportar con mayores facilidades y rapidez dichas cantidades de tierra “en bruto”. Es evidente que la concentración de níquel u otros minerales es muy alta, para justificar la exportación de toneladas de tierra sin procesar.

Visitantes poco discretos

Aunque los empresarios rusos y el gobierno pretendieron dar a la visita un carácter reservado, los aparatosos desplazamientos, los lujosos aviones y hasta la forma en que rentaron habitaciones en los hoteles cinco estrellas donde se alojaron no pasaron desapercibido. Demasiados misterios para una visita que debió ser normal si de inversionistas extranjeros se trataba.

Los rumores nacidos en el entorno de los chapines que los recibieron y acompañaron, indican que uno de los inversores sería el kazajo Alexander Mashkevich, quien ha estado en la mira de Washington por supuestos nexos con actividades que Estados Unidos considera perjudiciales para sus propios intereses.

Tanta reserva generó sospechas. El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza e integrante de la Comisión de Economía del Congreso, ha admitido que si bien estas inversiones pueden ser una oportunidad para Guatemala, “el problema es que no hay nada claro; no se conocen las condiciones del eventual contrato, lo cual es preocupante, pues no sabemos si solo es un arrendamiento como tantos o estamos comprometiendo algo más”.

Cabe señalar que el año pasado, Wilbur Ross, Secretario de Comercio estadounidense, mediante una misiva dirigida al presidente Alejandro Giammattei, manifestó su “profunda preocupación” por la falta de controles de seguridad de cargas. Ross agregaba que Guatemala debía mostrar a la comunidad empresarial que es un socio confiable y seguro para concretar inversiones.

¿A qué se refería el funcionario? Quizás a la posibilidad de contrabandos a gran escala, pero fundamentalmente al ilegal trasiego de drogas, algo en lo cual algunos puertos centroamericanos han demostrado ser muy vulnerables como es el caso de Puerto Cortés en Honduras.

La respuesta de Giammattei ante el escandalete desatado fue simple, concreta y breve: “en los últimos días ha habido comentarios falaces que rayan en la calumnia y difamación, sobre la supuesta visita que recibí de ciudadanos rusos que eran portadores de maletas con dinero”. Sin embargo, no aclaró qué querían los visitantes.

Sin embargo, recientemente Rodolfo Letona, presidente de Junta Directiva de EMPORNAC, señaló que el pasado lunes nueve de agosto ABC-MayaNíquel presentó su propuesta y que ha sido recibida para su análisis jurídico, financiero, técnico y catastral. Las cosas están en marcha.

Foto de Roger Wollstadt

La crisis brasileña y los peligros del semipresidencialismo

Por
André Borges
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Coautor Adrián Albala

Desde el retorno a la democracia en 1985, Brasil ha tenido dos presidentes destituidos por juicio político. Además, el país ha experimentado una acelerada erosión de la autoridad presidencial en los últimos años, en medio de un escenario de permanente inestabilidad política. En este contexto, se ha propuesto la adopción del semipresidencialismo como una reforma capaz de paliar las deficiencias del modelo presidencialista de coalición, asegurando una mejor gobernabilidad, gobernanza y estabilidad política.

En un régimen semipresidencialista, en teoría, la existencia de una jefatura de gobierno ejercida por un primer ministro dependiente de la confianza de la coalición gobernante garantizaría una mayor responsabilidad política de los partidos. En el caso de la primera, el gobierno tendría que contar con la confianza de la coalición de gobierno para garantizar una mayor responsabilidad política de los partidos. En otras palabras, este sistema evitaría el largo y traumático proceso de impeachment, el único método posible para sustituir al jefe de gobierno en el presidencialismo entre elecciones.

En contraposición a estos argumentos optimistas, que han sido presentados por los líderes de los partidos, los ministros del STF y algunos politólogos, sugerimos que es necesario considerar los riesgos que conlleva el cambio del sistema de gobierno. En nuestra opinión, la adopción del semipresidencialismo no resolvería el principal defecto de la combinación institucional brasileña: la persistente divergencia entre los resultados de las elecciones presidenciales y del Congreso.

De hecho, incluso cuando son elegidos con una amplia mayoría del voto popular, los presidentes comienzan sus mandatos contando con una estrecha base partidista en ambas cámaras del Congreso. Por ello, los presidentes deben recurrir a la formación de coaliciones amplias y a menudo ideológicamente heterogéneas. Este proceso suele comenzar en el periodo preelectoral con la formación de grandes coaliciones.

Si se mantienen estas características, la adopción del semipresidencialismo obligaría a los presidentes a nombrar, por regla general, primeros ministros de otros partidos, o incluso de partidos ideológicamente distantes, lo que podría provocar conflictos intracoalición en el seno del Ejecutivo.  En el peor de los casos, tendríamos la situación de cohabitación, en la que un presidente en minoría se ve obligado a convivir con un primer ministro de la oposición y un gabinete en el que el partido del presidente no está representado.

No obstante, hay que tener en cuenta que, incluso cuando no hay convivencia, no se descarta la posibilidad de competencia y conflicto. Por ejemplo, entre un primer ministro que decide aprovechar la visibilidad del cargo para presentarse a las próximas elecciones contra un presidente que es candidato a la reelección. En otras palabras, los recientes conflictos que hemos observado entre presidentes y vicepresidentes se trasladarían al propio gobierno, produciendo un ejecutivo bicéfalo.

Esta situación es relativamente común en Francia, por ejemplo, donde en los últimos años hemos observado escenarios de competencia entre presidente y primer ministro: por ejemplo, entre Hollande y Valls, o entre Sarkozy y Fillon. Nótese que en estos casos el presidente y el primer ministro eran incluso del mismo partido.

Modelos de semipresidencialism

Existen dos grandes modelos de semipresidencialismo: el formato en el que el primer ministro y la mayoría legislativa son dominantes – «premiê-presidencialista»-, como en Irlanda y Portugal; y el formato en el que el presidente es dominante «presidente-parlamentarista», como en Francia, Perú y algunos países de Europa del Este. En el primer caso, el presidente tiene la facultad de nombrar al primer ministro, pero no tiene la facultad de destituirlo y hacer caer el gabinete. En el segundo caso, la prerrogativa de destituir al primer ministro y al gabinete se comparte entre el presidente y el parlamento, y el presidente sigue teniendo (en muchos casos) la posibilidad de disolver el parlamento.

Esta diferencia de formato tiene implicaciones en la actuación y el comportamiento del gobierno. Así, en el primer modelo el gabinete depende sólo de su base parlamentaria, mientras que en el segundo caso existe una doble dependencia, que puede llevar a sucesivas sustituciones en la jefatura del gobierno o a la inestabilidad gubernamental, como ha ocurrido en Ucrania y Rumanía. No es de extrañar, pues, que los semipresidencialismos en formato «premier-presidencialista» tiendan a funcionar mejor. De hecho, el sistema con un presidente dominante tiene una tendencia intrínseca al conflicto intragubernamental.

El conflicto en el sistema semipresidencialista

El grado de conflicto en el sistema semipresidencialista también puede estar influido por el alcance de los poderes legislativos del presidente. En el escenario de la cohabitación, por ejemplo, un presidente con poderes de veto, de decreto y de iniciativa exclusiva puede recurrir a sus prerrogativas constitucionales para obstaculizar la aplicación de la agenda del gobierno.

La literatura comparativa demuestra, en efecto, que los países semipresidencialistas con presidentes dotados de amplios poderes legislativos experimentan conflictos intra-ejecutivos con mayor frecuencia, lo que a su vez se traduce en mayores tasas de rotación ministerial y gobiernos más efímeros. En un reciente artículo que se publicará en la revista Government and Opposition, André Borges y Pedro Ribeiro han demostrado que el aumento de la autoridad legislativa presidencial en los regímenes semipresidenciales se asocia con menores índices de disciplina de partido. Además, el semipresidencialismo sólo produce un comportamiento más disciplinado de los partidos cuando los presidentes son débiles en cuanto a prerrogativas legislativas.

En este contexto, es necesario considerar que las reformas institucionales no se hacen ex nihilo sin tener en cuenta los contextos sociológicos e institucionales preexistentes. Así, la eventual adopción del sistema semipresidencial en Brasil tendrá que responder a las preguntas de qué modelo implementar (primer ministro dominante o presidente dominante) para alcanzar un difícil consenso entre actores con intereses divergentes (por ejemplo, los partidos con vocación presidencialista perderían poder con ese cambio, mientras que los partidos especializados en disputas congresuales y subnacionales ganarían poder).

En un escenario de creciente polarización de las élites parlamentarias y de altísima fragmentación de los partidos, no hay que minimizar los riesgos de que una reforma de este tipo produzca un verdadero «Frankenstein» institucional.

En otras palabras, la implantación de un sistema semipresidencialista en Brasil se asemeja al efecto lampedusa, magistralmente presentado en la película Il Gattopardo, de Lucchino Visconti, que puede resumirse en esta frase: cambiar todo para que nada cambie.

Episodio relacionado de nuestro podcast

Adrián Albala es cientista político. Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UnB) y Coordinador del MBA en Políticas Públicas de dicha universidad. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona (París).

Foto de Alex Barth en Foter.com

Relaciones Estados Unidos-Cuba: la política exterior liberal y sus descontentos

Por
Luis Valenzuela-Vermehren
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Los recientes acontecimientos en La Habana han llamado la atención sobre la históricamente problemática relación entre Estados Unidos y Cuba. A pesar de las cuestiones que han caracterizado las políticas internas del régimen cubano y de su impacto en la población, e independientemente de nuestras actitudes morales hacia esas políticas, puede ser útil considerar brevemente un rasgo dominante de la política exterior de Estados Unidos en el curso de las últimas décadas.

La visión wilsoniana y, de hecho, la visión liberal internacionalista de los asuntos mundiales, ha ofrecido, al menos desde la Gran Guerra, una narrativa interesada según la cual el carácter excepcional de Estados Unidos le otorga un papel especial en la monumental tarea de crear un orden mundial.

Woodrow Wilson hizo famosas las palabras: «autodeterminación» y «seguridad colectiva», como principios rectores de un nuevo orden internacional de posguerra. Como si se tratara de un Prometeo mitológico que trajera la civilización al mundo moderno, Estados Unidos iba a convertirse en la estrella de la humanidad. El wilsonianismo, o internacionalismo liberal, basa sus principios en una serie de principios que buscan fundamentalmente la transformación del orden internacional según su propia imagen.

Uno de los resultados es la creencia de que la intervención en los asuntos internos de los Estados no democráticos debería acabar produciendo la ansiada calma y armonía democráticas inspiradas por pensadores como Immanuel Kant, cuyas reflexiones utópicas en su Paz Perpetua de 1795 se convirtieron en un punto de referencia para los actuales entusiastas de la tesis de la paz democrática.

Sin embargo, esta postura utópica siempre ha fracasado. Se guía esencialmente por un ethos voluntarista, que se traduce en políticas intervencionistas concretas marcadas por una determinación inflexible y obstinada. Como señaló E.H. Carr en su The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939, «El utópico es necesariamente voluntarista: cree en la posibilidad de rechazar más o menos radicalmente la realidad, y sustituirla por su utopía mediante un acto de voluntad».

La tesis contemporánea de la paz democrática, y su pensamiento liberal concomitante en materia de política exterior, no son, en este sentido, un compromiso razonado con la realidad, sino más bien una visión moral deletérea del orden que conduce a un conflicto ilimitado, que George F. Kennan criticó con tanta facilidad. En lugar de considerar la visión histórica realista del equilibrio de poder como un mecanismo para la paz, y en lugar de mantener la contención moral y emocional, busca el cambio radical y revolucionario como una especie de deus ex machina que cambia mágicamente la trama de la historia, y del futuro, a través de la mano no tan invisible del intervencionismo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba

Históricamente, las relaciones estables entre Estados Unidos y Cuba se han visto entorpecidas por las exigencias de los grupos de interés embarcados en un camino de retribución punitiva por el celo revolucionario de Cuba. Varias intervenciones a lo largo de la historia, como la tristemente célebre invasión de Bahía de Cochinos, sirvieron para antagonizar al gobierno y a la sociedad cubanos, a la vez que aglutinaron la resistencia a las iniciativas políticas de EE.UU..

En su discurso del 17 de diciembre de 2014, el presidente Obama, sin embargo, explicó: «En lugar de apoyar la democracia y las oportunidades para el pueblo cubano, nuestros esfuerzos por aislar a Cuba, a pesar de las buenas intenciones, tuvieron cada vez más el efecto contrario: cimentar el statu quo y aislar a Estados Unidos de nuestros vecinos en este hemisferio. El progreso que marcamos hoy es una demostración más de que no tenemos que estar presos del pasado».

Antes de esta declaración pública, la Ley de Democracia Cubana de 1992 y la Ley de Libertad y Solidaridad Cubana de 1996, pretendía ampliar y profundizar las sanciones contra el régimen castrista. A ello se sumaron otras iniciativas intervencionistas destinadas a fomentar la disidencia política en la isla.

Sin embargo, algunos thinktanks han formulado recomendaciones alternativas. Por ejemplo, un informe político del Instituto Cato de 2001 y un estudio político de la Corporación Rand de 2004 sugerían el levantamiento del histórico embargo como un paso positivo para fomentar el cambio en Cuba. La administración Obama, por su parte, aprovechó un momento histórico al restablecer los lazos diplomáticos con La Habana.

Su decisión fue una iniciativa sutil y audaz que buscaba la integración gradual de Cuba en la política y la economía occidentales. El reciente artículo de Richard E. Feinberg en Foreign Affairs, «A Return to Détente with Cuba», argumenta correctamente que «Obama creía -con optimismo razonado- que coser a Cuba al tejido de la economía global y exponerla a tendencias culturales más amplias induciría con el tiempo un cambio significativo». Sin duda, esto representó un punto de inflexión en las actitudes de Estados Unidos hacia Cuba.

A pesar de que la presidencia de Trump dió marcha atrás en la política de Obama hacia Cuba, estas últimas recomendaciones alternativas y la renovada visión de la administración Obama sobre las relaciones entre EE.UU. y Cuba, dan un paso más hacia una comprensión realista del orden internacional. La postura política liberal intervencionista, una variante de la cual es una política exterior basada en sanciones dirigidas al orden interno, sirve en gran medida para crear tensión e inestabilidad en las relaciones internacionales, como ha señalado acertadamente John Mearsheimer en su reciente obra The Grand Delusion.

El crecimiento de los sentimientos nacionalistas, la reafirmación de la soberanía y la independencia frente a lo que se percibe como designios coloniales, se convierten en la respuesta de referencia a la intromisión extranjera en los asuntos internos. La resistencia, en lugar de la conformidad, es la respuesta habitual a la injerencia extranjera.

La posición política de la administración Biden debería ser la de volver a comprometerse con Cuba con vistas a respetar los principios universalmente reconocidos de soberanía y no intervención, restaurando así el espíritu westfaliano entre los estados. Estos son, de hecho, los mismos principios que EE.UU. reclama ardientemente para sí mismo. Biden debería, como dijo Feinberg, jugar el «juego largo».

El cambio de régimen en Cuba debe ser, por tanto, más una función de la dinámica política interna que una política de cambio irracional y, de hecho, poco realista, orquestada desde el exterior. Esta última postura no ha conseguido nada significativo en 62 años.

A pesar de toda su preocupación por instigar y forzar la democracia en el orden interno de los Estados en un mundo cultural y políticamente dispar, la política de Estados Unidos quizás debería considerar, como dijo recientemente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la «democratización de las relaciones internacionales». Este renovado estado de cosas allanaría el camino hacia la preeminencia de la diplomacia y la negociación sobre las políticas de intervención y fuerza, agotadas desde hace tiempo.

Episodio relacionado de nuestro podcast

Foto de Cubadebate em Foter.com

López Obrador vende gato por liebre

Por
Alejandro García Magos
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En un giro extraño, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está impulsando la llamada Ley Federal de Revocación de Mandato que abre la puerta a su remoción a través de un referéndum. Esta opción se presenta como un novedoso derecho político que flexibiliza el sistema presidencialista mexicano. Pero el diablo está en los detalles. La ley es en realidad una estrategia para mantener a AMLO como protagonista de la vida nacional y darle una oportunidad para movilizar a sus bases. Esto no beneficiará a la economía ni a la seguridad de los mexicanos, pero sí aboca a la polarización y degradación institucional.

Para empezar, aclaremos que el sistema político mexicano, como el de casi la totalidad de los países latinoamericanos, es un calco del presidencialismo de los Estados Unidos de América. Lo llevamos hasta en el nombre: Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial del país. Pero el presidencialismo estadounidense es un sistema muy distinto a lo que vemos en otros países de habla inglesa como Canadá y Australia, donde rige el sistema Westminster o parlamentarismo británico.

Presidencialista en Latinoamérica

Según el sociólogo español Juan Linz, el sistema presidencialista en Latinoamérica es parcialmente responsable de la incidencia de golpes de Estado y crisis constitucionales debido a dos aspectos. El primero es que el presidencialismo puede generar dos poderes con legitimidad democrática, ejecutivo y legislativo. Cuando éstos están unificados todos felices y contentos, pero cuando no, se genera un choque de trenes, la parálisis gubernamental y el desbordamiento del conflicto político a las calles.

La segunda observación de Linz es que el presidencialismo establece periodos fijos a los poderes democráticos. En México, por ejemplo, el ejecutivo se renueva cada seis años y el legislativo cada tres. Para Linz, los periodos fijos son una rigidez que impide la remoción por cauces constitucionales de un gobernante que ha perdido la confianza de los suyos. Desde esta perspectiva, el parlamentarismo sería un sistema superior al unificar la legitimidad democrática en un sólo poder —en el legislativo— y permitir la caída constitucional de un gobierno a través de una moción de censura.

El proyecto de AMLO

El proyecto de la Ley Federal de Revocación de Mandato que impulsa AMLO se vende como una forma de flexibilizar el sistema presidencialista mexicano siguiendo las pautas de Linz. Desde el gobierno se proclama, además, que la ley consagra un novedoso derecho político para los ciudadanos. Pero como se menciona: el diablo se esconde en los detalles y lo que se le ofrece a la ciudadanía como un ejercicio democrático es en realidad una farsa, un sucedáneo de un verdadero referéndum de revocación de mandato.

Para empezar, es extraño que el propio presidente impulse una ley que potencialmente le llevaría a la remoción y pérdida del enorme poder que goza. Arguye el presidente un prurito democrático que le impulsa a promover esta ley, pero no deja de ser raro que un hombre que estuvo en campaña por la presidencia durante veinte años ahora la ponga en riesgo.

También es raro que sea el presidente quien busque capitalizar una ley que en principio fue pensada para dar voz a quienes se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante. Como diría Maquiavelo: “Los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio, y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan el favor de los súbditos”.

Las cosas se aclaran cuando removemos la pátina del discurso de AMLO. Las señales de que se trata de una estrategia para mantenerlo en el centro de la política saltan por doquier. La primera viene de Martí Batres, actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de México y viejo operador político del presidente. En su última columna periodística, Batres señala que “debe haber libertad para que cada quien exprese su punto de vista sobre la consulta de ratificación o revocación de mandato, incluido el propio mandatario, el cual no debe ser sometido a una censura, a un bozal que le impida defender los resultados de su gestión en el debate público.”

En México, las leyes electorales impiden al ejecutivo promover las acciones de su gobierno durante las campañas. En lo personal siempre me pareció un despropósito exigirle al presidente que no opinara en unas elecciones, pero fue justamente la izquierda la que por años lo exigió. “¡Cállate chachalaca!” le espetó en 2006 AMLO al entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) por su activismo verbal. Permitirle al presidente hacer campaña en su propia revocación de mandato, tal como lo exige Batres, sería tanto como darle banderazo de salida a su maquinaria electoral con miras a la sucesión presidencial de 2024.

La segunda y más clara señal de que todo esto es una farsa es que la propuesta de la pregunta del referéndum nada tiene que ver con una revocación de mandato. Juzgue usted: “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”. Oigan, ¿pero esto no iba de una revocación? ¿En qué momento pasamos a un “estar de acuerdo”? ¿O es que se trata ahora de un referéndum de ratificación de mandato?

Si fuese así, llamémosle entonces como lo que es: Ley Federal de Ratificación de Mandato. Eso, o arreglamos la pregunta: “¿Está usted a favor de la revocación de mandato del presidente? Sí, No, No sé”. Al pan pan y al vino vino, la verdad por delante.

Da la impresión a veces que AMLO es como esos campeones mundiales de boxeo que se quedan sin retador al título. El resultado son peleas de bajo nivel en que el campeón vapulea a completos “costales de papas” que lo hacen lucir un par de rounds a lo mucho. Pero el público no es tonto y rápidamente se ausenta del patio de butacas.

Ante ello, la única salida es encontrarle al campeón un verdadero retador que realmente ponga en juego el cetro mundial. En el caso de AMLO, su problema es todavía peor: ni siquiera se puede subir a un ring ya que no hay reelección en México. Por ello, lo que ofrece al público con esta “revocación de mandato” es un round de sombra con él mismo. Es triste pero cierto: cuando estás en la cima del box o de la política sólo hay un camino por recorrer, hacia abajo.

Foto de Eneas em Foter.com

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