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Una región, todas las voces

Protección a venezolanos en Sudamérica

Por
Leiza Brumat
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Coautora Luisa Feline Freier / Los países sudamericanos han recibido muchos más venezolanos que el número de solicitantes de asilo que la mayoría de los países europeos recibieron durante la crisis de los refugiados del Mediterráneo. Mientras que la Unión Europea (EU), con una población total de alrededor de 450 millones de personas, recibió 1,5 millones de sirios en el punto álgido de la crisis, los países sudamericanos, con una población similar (430 millones), recibieron más de 4,5 millones de venezolanos en los últimos cuatro años. Aunque el éxodo de venezolanos se redujo debido a la pandemia de la COVID-19, nunca cesó y los expertos esperan que el flujo de salida aumente significativamente una vez que se reabran las fronteras de la región.

La UE publicó recientemente el Pacto sobre la Migración y el Asilo, que hace una distinción clara entre «refugiados» y «migrantes irregulares», lo que significa que hay algunos que merecen protección y otros que deberían ser detenidos y devueltos.  Sugerimos que América del Sur presenta un caso interesante —y contrastante— para la movilidad y la protección de los refugiados. El régimen sudamericano hace la distinción entre entrada y estancias irregulares, y solicitantes de asilo y refugiados, casi irrelevante en la práctica, ya que los migrantes irregulares tienen acceso a los derechos básicos y a la residencia legal, en muchos casos.

El régimen formal de protección de refugiados de América Latina

La Declaración de Cartagena es el instrumento representativo de la liberalización de la gestión del asilo en América Latina. La definición de refugiado, de Cartagena, amplía la protección a «las personas que han huido de su país porque su vida, su seguridad o su libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público».

Hasta la fecha, la mayoría de los países sudamericanos han incluido en su legislación nacional la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, junto a un enfoque de la protección de los refugiados que está centrado en los derechos humanos.

En general, las leyes de América Latina son muy progresistas»

En general, las leyes de América Latina son muy progresistas. En América del Sur, Brasil y Argentina ofrecen casos interesantes, ya que las Constituciones de ambos países incluyen el derecho de asilo. Las leyes sobre refugiados de ambos países extienden a los refugiados los mismos derechos de los nacionales, excepto el derecho a votar en las elecciones nacionales. También conceden, tanto a los refugiados como a los solicitantes de asilo, el derecho a trabajar, exigen una rápida acreditación de los títulos extranjeros y ofrecen pleno acceso a la sanidad pública y a la educación.

Protección de hecho a través del régimen de movilidad regional

Actualmente, hay dos asuntos polémicos en relación con la situación jurídica de los venezolanos en la región. La primera es el punto de si los venezolanos deben considerarse migrantes o refugiados, dado que no hay consenso regional sobre si se debe ampliar la condición de refugiado a ellos sobre la base de la definición de Cartagena. Hasta ahora, solo el Brasil y México han aplicado la definición de refugiado de Cartagena a un número importante de solicitantes de asilo venezolanos. La mayoría de los países de América del Sur decidieron adoptar diferentes medidas ad hoc, como visados temporales y tarjetas de movilidad en la frontera.

El segundo punto es que Venezuela fue el único país que no ratificó el Acuerdo de Residencia (RAM) del Mercado Común del Sur (Mercosur) de 2002, un hito en la gobernanza regional de la migración en América del Sur, que podría dar una condición migratoria legal a la mayoría de los venezolanos que viven en otros países de América del Sur.

El RAM crea un régimen de residencia libre al otorgar un derecho de residencia de hasta dos años, tras los cuales los migrantes pueden solicitar la residencia permanente. Garantiza un amplio conjunto de derechos que incluyen un trato igual al de los nacionales, la reunificación familiar y derechos especiales para los niños nacidos en uno de los Estados miembros (incluyendo el acceso a la educación).

En el RAM, la situación regular frente a la irregular de los migrantes no determina el acceso de los migrantes a los derechos y la regularización. Esto constituye una diferencia fundamental con el Pacto de la Unión Europea, que se centra en el «control» y el «retorno» de los migrantes irregulares. Sin embargo, solo Argentina y Uruguay aplican (unilateralmente) el RAM a los venezolanos.

Conclusión: lecciones del Sur

América del Sur presenta un caso interesante que podría ofrecer algunas lecciones para otras regiones del mundo. El régimen de América del Sur funciona de maneras diferentes, y a veces contradictorias. Por un lado, la legislación es excepcionalmente progresista, incluyendo la definición ampliada de refugiados de Cartagena y la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes. Por ejemplo, en toda la región, los venezolanos pueden trabajar tan pronto como llegan a la mayoría de los países de acogida, independientemente de su condición de migrantes o refugiados.

Países como el Ecuador y el Perú han limitado la entrada legal por razones políticas»

Por otra parte, también hay espacio para el aprendizaje, dado que la legislación oficial sobre refugiados coexiste con diferentes prácticas políticas, algunas de las cuales son restrictivas y violan las obligaciones internacionales. Por ejemplo, países como el Ecuador y el Perú han limitado la entrada legal por razones políticas. En cualquiera de los casos, existe una conciencia regional de que las fronteras son porosas y de que no es posible impedir la migración de las personas.

Es cierto que las similitudes culturales, incluyendo las diferencias lingüísticas y religiosas prácticamente inexistentes entre los venezolanos y sus vecinos regionales, facilitan su integración, mientras que las diferencias entre los migrantes del Medio Oriente y Europa septentrional y los europeos son más amplias.

Sin embargo, la lógica del régimen sudamericano es diferente, puesto que considera que la solución a la migración irregular no es la deportación, sino la regularización. Los migrantes en situación regular son más fáciles de integrar en la sociedad y la economía formal. La regularización es especialmente importante en los tiempos de la COVID-19, cuando el acceso a la atención sanitaria es crucial.

Aunque existen importantes diferencias entre los países y una creciente resistencia a la regularización, debido al gran tamaño del desplazamiento de venezolanos en algunos países, en general esto se opone a la lógica de bloqueo de la llegada de migrantes que prevalece en la UE.

*Una versión extendida y en inglés fue publicada en el foro del proyecto ASILE (Global Asylum Governance and the European Union’s Role)

Foto de UNICEF Ecuador en Foter.com / CC BY

COVID-19 y patologías del poder

Por
Pía Riggirozzi
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Coautora Belén Herrero / Mientras los principales ensayos clínicos llegan a su fin, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2021 se necesitarán 2.000 millones de dosis contra la COVID-19. Todo indica que, una vez disponibles las primeras vacunas, lo que primará será la lógica del mercado. ¿Quiénes acceden primero?  

A nueve meses de haber empezado la pandemia, no se han hecho acciones para declarar a esas vacunas como un bien público mundial. Se estima que las naciones ricas —con solo el 13% de la población mundial— ya han preadquirido la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo. A esto se suma que los distintos laboratorios vinculados a la fabricación continúan exigiendo la exclusividad y la protección de la propiedad intelectual. Esto impide a los países de ingresos bajos y medianos prepararse más rápidamente para producir y exportar versiones genéricas. 

El debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central»

Aquí el debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central. Por un lado, está el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (iniciativa Covax, por sus siglas en inglés), una iniciativa público-privada, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS. Covax apunta a convertirse en un mecanismo global para la compra de vacunas. Por el otro, la vacuna contra el coronavirus, producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, estará disponible, sin fines de lucro y «a perpetuidad», para países de ingresos bajos y medianos por medio del programa Covax.

Si bien esto puede convertirse en un mecanismo mundial para la compra de vacunas, no garantiza el acceso equitativo permanente o su relación con el cuestionado sistema de patentes. Aquí, dos datos novedosos que reposicionan a América Latina en el debate sobre soberanía sanitaria: uno, Argentina y México serán los países encargados de fabricar la vacuna Oxford-Astra-Zeneca. Segundo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, apoyado por 37 países, ha impulsado una propuesta en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud para un pool de licencias voluntarias de medicamentos, vacunas y tecnologías para compartir libremente.

En el momento más crítico de la integración regional, ¿podrán Argentina y México ser pivotes para construir relaciones regionales en torno a la vacuna como bien público regional, con el fin de abordar los desafíos sanitarios y sus determinantes sociales, políticos y económicos? ¿Podrá la región convertirse en un factor clave en esta nueva etapa de la pandemia, en la búsqueda de mecanismos para garantizar el acceso equitativo?

La COVID-19 como espejo de las deudas sociales y sanitarias en la región

La COVID-19 en América Latina revela y ahonda desafíos sanitarios inmediatos en Estados débiles, o debilitados, con sistemas de salud frágiles, así como retos a mediano y largo plazo que están relacionados con el combate a la pobreza y la desigualdad e inequidades socioeconómicas y de género. Recordemos que la COVID-19 se suma a epidemias como el dengue, cuya tasa es de, en lo que va del año, más de 1,6 millones de casos, mayoritariamente en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. A esto se suman casos de chikunguña, zika y malaria, con Venezuela a la cabeza desde 2017.

Ciertamente, las crisis sanitarias exacerban todas las formas de injusticia social manifiestas en desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, a la educación, al acceso a la protección social, y justicia de género. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha apelado a la reconstrucción de un pacto social regional que, como máximo propósito, promueva un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo; y como mínimo propósito, mitigue la pérdida en el progreso de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esto es una expresión lozana en un contexto donde hasta ahora ha primado la salida individual para contener la expansión de la covid en la mayoría de los países.

A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional»

De hecho, la pandemia irrumpe en una región que da cuenta de una clara incongruencia entre, por un lado, el incremento de problemas regionales y fronterizos, y, por el otro, la disminución de respuestas concertadas. A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional. Además, hay una absoluta agenda de mínima, que está vinculada al comercio que explica la ausencia de respuestas regionales sólidas frente a crisis y, sobre todo, frente a la COVID-19.

También hay tensión en términos político-ideológicos e importantes diferencias entre los Estados sobre cómo responder al contexto geopolítico internacional. Aun así, la carrera por la vacuna contra la covid aceleró, a su vez, la carrera por la articulación y concertación en lo que en rigor sería la reconstrucción de la soberanía sanitaria.

¿Vacuna como motor de integración? Hay legado

Una década atrás, la Unasur y el Mercosur hubieran permitido una coordinación y cooperación ante la crisis sanitaria, así como una estrategia conjunta para la compra de medicamentos, incluyendo la vacuna. Basta recordar acciones comunes en el marco de la pandemia de influenza de H1N1, cuando los ministros de Salud se reunieron en Ecuador y acordaron emprender acciones conjuntas para establecer mecanismos de negociación y compra conjunta de la vacuna, aspectos para asegurar el acceso equitativo, la capacidad de producción regional, los antivirales y los kits diagnósticos.

En el área de acceso a los medicamentos, por ejemplo, se desarrollaron proyectos como el Banco de Precios de Medicamentos y tanto la Unasur como el Mercosur han motorizado la negociación conjunta de precios de medicamentos de alto costo. Incluso, a escala global, los países de la región defendieron como bloque en la Asamblea Mundial de la Salud los derechos de propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos. Y en ese contexto denunciaron el monopolio que ejercen las empresas farmacéuticas, especialmente en la definición de precios.

América Latina cuenta con sobradas experiencias y mecanismos para recrear soberanía sanitaria a través de la cooperación. Una articulación más efectiva entre los mecanismos de integración regional podría permitir la ampliación del intercambio de datos epidemiológicos y de vigilancia, así como la adopción de incentivos para la innovación tecnológica. Las estrategias de negociación y compra conjunta de vacunas y tratamientos para la COVID-19 también podrían beneficiarse enormemente si los mecanismos pudieran desarrollarse de forma articulada.

La vacuna no remueve lo que el médico y antropólogo Paul Farmer denomina las patologías del poder ni diferencias político-ideológicas que debilitaron las estructuras regionales como base de estrategias comunes. Tampoco resuelve problemas de desvío comercial ni mucho menos es antídoto para que los Gobiernos no repitan las muchas prácticas discriminatorias mostradas durante el abordaje de la pandemia. Como ejemplo, las políticas que excluyen refugiados y migrantes indocumentados del acceso a servicios de salud y sistemas de protección social.

La vacuna es un incentivo comercial, si se quiere. Sin embargo, también puede ser un incentivo para dinamizar un nuevo pacto social y regional, que se base en sinergias entre redes de laboratorios y comunidades científicas regionales, así como una articulación de esfuerzos públicos y privados que privilegie la responsabilidad compartida en el acceso universal y equitativo a la vacuna como bien público regional, y a la salud, como derecho universal.

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Foto da Presidência Peru en Foter.com / CC BY-NC-SA

Encuestas, medios y democracia

Por
Leonardo Magalhães
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Quienes trabajan en el campo profesional de la opinión pública en América Latina saben que existe un embargo mediático a la publicación de encuestas de opinión, superado solo por los tradicionales institutos de demoscopia en sus respectivos países. En los grandes medios de comunicación tradicionales son pocas las encuestadoras que tienen siempre las puertas abiertas para la difusión de encuestas de intención de voto, mientras que las empresas más recientes, a menudo, no logran publicar sus datos. Esta exclusividad no se apoya en criterios de calidad o capacidad de predicción, ya que las encuestadoras más recientes han mostrado mejores resultados que las tradicionales en las últimas elecciones.

La tradición de publicar encuestas de algunas pocas fuentes, que se remonta a una época en la que solo existían tales encuestadoras, ya no tiene sentido. Esta actitud desalienta el libre mercado en el ámbito de la opinión pública, no estimula el aumento de la calidad de los sondeos e impide el acceso público a una mayor pluralidad de fuentes de información fiable.

Los institutos de investigación tradicionales de América Latina nacieron y se consolidaron en el siglo XX cuando existían muy pocas instituciones con capacidad técnica e intelectual para la ardua labor de comprender el clima social de poblaciones enteras.

La politóloga de la Universidad de Harvard, Pippa Norris, afirma que uno de los rasgos característicos de la evolución de las campañas electorales a lo largo del siglo XX es identificable, entre otras cosas, por la centralidad que las encuestas de opinión ganaron en la política. La autora explica que en las campañas premodernas los candidatos se presentaban con sus propias propuestas y buscaban el consenso del público sin recurrir a los sondeos de opinión. Según Norris, con la llegada de las campañas posmodernas en los últimos decenios, los políticos comenzaron a utilizar las encuestas para comprender a los votantes y, así, construir una amplia variedad de discursos personalizados que se adaptaran a cada segmento del electorado.

En los últimos diez años han surgido nuevas empresas de investigación que, si bien son relativamente menos conocidas, han demostrado una mayor capacidad en materia de previsión electoral»

En este contexto, los principales medios de comunicación se asociaron con las encuestadoras tradicionales en un momento en que estos estudios eran sumamente costosos, complejos y accesibles para muy pocos. Hoy en día el panorama es mucho más complejo, dado que en los últimos diez años han surgido nuevas empresas de investigación que, si bien son relativamente menos conocidas, han demostrado una mayor capacidad en materia de previsión electoral que los institutos tradicionales de varios países, sobre todo, gracias al uso de métodos de estratificación muestral más precisos y analíticos, que tienen en cuenta aspectos de lo social que las antiguas encuestadoras todavía no utilizan.

Un ejemplo significativo es el del instituto de investigación brasileño AtlasIntel, que realiza encuestas exclusivamente por internet. La encuestadora logró el mejor desempeño en las elecciones municipales de Brasil de 2020 según el diario O Antagonista y fue la única encuestadora que acertó el resultado de la elección presidencial de Argentina de 2019, según El Clarín. AtlasIntel también fue la mejor encuestadora en las recientes elecciones presidenciales de EE. UU. Según los datos de FiveThirtyEight, Atlas quedó en primer lugar y superó a encuestadoras tradicionales como YouGov, Gallup, Pew Research e Ipsos. En este contexto, otras encuestadoras también fueron más exactas que las tradicionales en sus pronósticos, pero hubo resistencia por parte de los medios estadounidenses en publicar sus resultados.

Si bien los periódicos estadounidenses asumieron que sus encuestadoras fallaron en las predicciones en 2020, las encuestadoras que obtuvieron mejores resultados fueron silenciadas y se transmitió la idea errónea de que esa elección no podía predecirse adecuadamente.

Lo que está ocurriendo es una enorme resistencia por parte de los medios en entender que se está produciendo una renovación generacional de encuestadores. Esta resistencia está reforzando una especie de “oligopolio de la publicación”, en el que las encuestadoras con una capacidad de predicción incontestable se enfrentan a enormes dificultades para divulgar sus investigaciones, debido a una decisión editorial explícita a favor de los institutos tradicionales.

No es raro escuchar a periodistas de diferentes países afirmar que no pueden divulgar datos de «otras» encuestadoras por decisión editorial. Esta elección, en algunos casos, se justifica por un acuerdo de exclusividad entre los medios y el instituto y, en otros, por temor a represalias en el acceso a futuros datos.

Hay casos en los que los medios se autocensuran para evitar posibles recortes de fondos públicos de publicidad»

En otros casos, existe una orientación editorial explícita de no divulgar encuestas que puedan «tocar» los intereses de ciertos políticos o partidos. Hay casos en los que los medios se autocensuran para evitar posibles recortes de fondos públicos de publicidad.

Las investigadoras Belén Amadeo y María Eugenia Tesio, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizaron en 2015 un estudio sobre cómo los medios argentinos abordan la publicación de encuestas electorales, y citaron a empresas como Poliarquía, Management & Fit y CEOP. El estudio revela que los medios terminan utilizando las encuestas como herramientas que reproducen la postura editorial sobre determinados candidatos, pero sin analizarlas debidamente con profundidad técnica.

Según la politóloga ecuatoriano-brasileña María Villarreal, de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), en el caso de Ecuador existe una línea más enfocada en apoyar u oponerse a determinadas fuerzas políticas en la elección de las encuestas por publicar. Los institutos destacados son Cedatos, Celag, Opecuador, Informe Confidencial y Market. Además, Villarreal afirma que, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de febrero de 2021, circulan en los medios algunas encuestas completamente contradictorias, lo que tiende a aumentar la desconfianza del elector.

Un caso representativo es el de la empresa First Análisis y Estudios en Paraguay, considerado como el instituto tradicional de los grandes medios de comunicación. En 2018 esta empresa publicó tres encuestas que fueron consideradas las más confiables, pero que fracasaron con un error de alrededor del 20% en relación con el resultado de la elección presidencial.

El politólogo Alejandro Moreno, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), afirma que en su país los márgenes de error han ido aumentando paulatinamente en las últimas dos décadas y que “caería bien un reemplazo generacional de encuestadores públicos”.

Esta situación es perjudicial para el desarrollo del sector de la opinión pública, ya que limita la libertad de mercado, favorece la concentración y debilita el profesionalismo. Además, esta preferencia por los institutos tradicionales, cuyos análisis son muchas veces erróneos en sus predicciones, termina por socavar la credibilidad de todo un campo profesional y alimentando teorías de la conspiración.

Desde el punto de vista de los medios de comunicación, en tiempos de posverdad, la reproducción sistemática de pronósticos equivocados aumenta la desconfianza en las instituciones, en especial en los propios medios de comunicación.

Algunos medios, además, no están dispuestos a celebrar un debate abierto sobre la calidad de las encuestas y a comparar sus resultados. Esto, a pesar de que la exposición pública de los errores y aciertos fomenta el aumento de la calidad de las investigaciones.

En general, la calidad de la comunicación pública afecta directamente a la calidad de la propia democracia, como afirma la profesora Maria Helena Weber, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Ufrgs). La comunicación pública es la mejor fuente de información disponible para que el público se oriente y tome decisiones de naturaleza política.

Las encuestas tienen el poder de afectar el voto. Por ello, los medios de comunicación, como guardianes de la democracia, tienen el deber de guiar al público publicando encuestas de diferentes y contrastadas fuentes, para que los votantes puedan formarse su propia opinión. Por último, y especialmente en estos tiempos de «terraplanismo ideológico», es importante iniciar un debate técnico sobre cómo se hacen las encuestas y por qué sus resultados varían tanto entre encuestadoras.

Foto por Iván PC en Foter.com / CC BY

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Los partidos presidente

Por
Aldo A. Martinez-Hernandez
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Históricamente al hablar de partidos en América Latina se alude a organizaciones centralizadas, poco democráticas, con una gran concentración de poder en la cúpula y, generalmente, con pocos incentivos institucionales para el acceso de minorías étnicas, de género, y jóvenes a la toma decisiones. Así, la falta de identidad partidista, el drástico cambio en las dinámicas del voto, el decrecimiento de las bases sociales, la disminución de militancias, la difusa identidad ideológica, la opacidad, la corrupción y el falso compromiso por la consolidación democrática son una constante en estos sistemas y, en especial, en sus organizaciones de partidos.

La realidad latinoamericana ha dejado evidencia, con mayor claridad durante las últimas dos décadas, de que la crisis de representación se encuentra íntimamente ligada a la incapacidad de los partidos de aglutinar intereses colectivos y de agregarlos al proceso de toma de decisiones. Esto se ha evidenciado con la crisis político-institucional de Perú en los últimos años y las movilizaciones sociales en Ecuador y Chile, que tuvieron relevancia justo antes de la pandemia de la COVID-19 y que se han profundizado durante esta. Estas experiencias son el resultado de una estructura sistémica de desapego institucional e incapacidad organizativa de los partidos de procesar el interés ciudadano.

La caracterización de los partidos políticos como instrumentos político-electorales ha cobrado especial relevancia en la percepción de la clase política y la ciudadanía»

En este contexto, la caracterización de los partidos políticos como instrumentos político-electorales ha cobrado especial relevancia en la percepción de la clase política y la ciudadanía. El fenómeno, pese a no ser exclusivamente latinoamericano, se profundiza en las entrañas de las democracias de la tercera ola. En la actualidad, los partidos han dejado de tener protagonismo como operadores del sistema democrático y han pasado a un segundo plano como instrumento de acceso al poder, perdiendo responsabilidad política y social. En ello radica la idea de que consolida el surgimiento de los partidos presidente que están vinculados a su vertiente populista.

El nacimiento de los partidos presidente, y, en específico, su vertiente populista, no solo tiene que ver con una estructura sistémica, relacionada con la incapacidad de la democracia de responder a la sociedad, o con el propio desgaste de los modelos económicos, o las ya conocidas trayectorias históricas que reivindican a caudillos y liderazgos carismáticos, sino también con instituciones débiles. Entre ellas, las figuras de representación política por excelencia, los partidos, son una herramienta fundamental para la operatividad orgánica del populismo.

La idea que vincula el populismos y los partidos presidente tiene su base en que ningún populismo latinoamericano se asocia en su origen a un partido político fuerte o si quiera a la existencia previa de un partido político. Sin embargo, todos los populismos requieren de un partido para acceder al poder.

Instrumento político necesario para procesar su acceso al poder por la vía electoral»

Paradójicamente, la idea de partido —independientemente del concepto y adjetivo— indispensable para la democracia, se adhiere a la transformación de este como instrumento político necesario para procesar su acceso al poder por la vía electoral. Si bien es cierto que los populismos latinoamericanos tienen como eje central la concentración de poder, y por ello, la incapacidad de democratizar la toma de decisiones, la relación con los partidos es insoslayable.

Un ejemplo es el nombre del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia y la primera postulación de Evo Morales a comienzos del siglo, el cual agregaba las siglas IP (instrumento político). De esta manera, se entiende la organización partidista como una herramienta necesaria para acceder al poder.

Estos partidos han evolucionado a partir de instituciones débiles hasta el surgimiento de los liderazgos carismáticos o son organizaciones creadas directamente ex profeso a la necesidad del líder. El caso del Movimiento de Regeneración Nacional y Andrés M. López Obrador en México, Jair Bolsonaro en Brasil, con el Partido Progresista en su inicio y después con la creación de la Alianza por Brasil, o el caso de Rafael Correa en Ecuador, con Alianza País, son algunos de los más visibles.

El caso de Daniel Ortega en Nicaragua, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o Cristina, y Néstor Kirchner en Argentina, con el Partido Justicialista, son excepciones. Sin embargo, en estos casos se asume la idea generalizada del político por encima de la institución política en la medida en que esta le permitirá llegar al poder.

Esta asociación consolida el juego centralizador tradicional de los partidos en la región con la idea del líder reivindicador de las causas excluidas por la democracia y sus instituciones. Como consecuencia, la idea de partido tiende a desaparecer o a manifestar procesos más largos de institucionalización, debido al reajuste en sus procesos internos, que están vinculados al líder político.

Bajo esta perspectiva, la existencia de partidos presidente pareciera tener más sentido, en especial en las realidades políticas de Guatemala, Perú o Brasil, y va aumentando en otras democracias como México y Chile, las cuales discuten la pertinencia del marco en el que los partidos operan. Por lo tanto, fortalecer los partidos políticos es elemental para un mejor funcionamiento de la democracia y la representación política, y, así, superar una concepción desgastada de su significado.

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Foto de faridhMendoza em Foter.com / CC BY-NC-SA

Victoria diplomática de China en Asia-Pacífico

Por
Andrés Serbin
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La firma del megatratado de libre comercio del Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) durante la reciente Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Hanói, después de 8 años de negociaciones previas y con la participación de 14 países, ha constituido un gran avance de la diplomacia de China y tendrá un significativo impacto sobre sus relaciones con los países del Asia-Pacífico. Además, poco después de una complicada transición electoral en los Estados Unidos, pone en cuestión la estrategia del Indo-Pacífico “libre y abierto” y eventualmente democrático, que ha sido impulsada por Washington para la contención de la proyección e influencia de Pekín a escala regional.

El RCEP fue promovido inicialmente por China como respuesta al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), motorizado por la administración Obama en el llamado “pivot Asia” de su política exterior. Sin embargo, Donald Trump se retiró de este, y el TPP11 resultante no contó con la participación de los Estados Unidos. En lugar del énfasis que la administración Obama ponía en la dimensión comercial y financiera para afianzar sus alianzas en el Asia-Pacífico para contener a China, Trump optó por una estrategia centrada en los temas de seguridad en torno al llamado “Quad” del Indo-Pacífico y junto a Japón, Australia y la India.

Juegos malabares: el Indo-Pacífico

Paradójicamente, de estos tres últimos países, Japón y Australia son firmantes del RCEP y miembros, desde 2018, del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico ​ (TPP11), del que se autoexcluyó Estados Unidos. Japón, preocupado por la creciente proyección de China, desempeñó un papel prominente en la firma de este tratado de libre comercio, pero también, desde 2007, ha sido un fuerte promotor de la estrategia del Indo-Pacífico. La India, que es un miembro del “Quad” y ha participado recientemente con los otros tres países en ejercicios militares de tipo marítimo, no es miembro del TPP11 y se retiró de las negociaciones del RCEP por sus conflictos con China, pero ha apostado a la estrategia Indo-Pacífica.

En este marco, Pekín no solo ha logrado un importante triunfo con la firma del RCEP y con el papel protagonista que ha desempeñado en las recientes cumbres de Asean y del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), y su disposición a participar en el TPP11, sino que reafirma la importancia del Asia-Pacífico como narrativa regional.

Sí a la integración

El error de Trump de apostar a la estrategia del Indo-Pacífico, pero basándose prioritariamente en consideraciones de seguridad y abandonando a sus socios de la región en la creación del TPP11, obliga al recientemente electo presidente Joe Biden a repensar su estrategia en el Asia-Pacífico y a retomar, probablemente en forma más integrada, algunos de los elementos que caracterizaron el “pivot Asia” de Obama, incluyendo la posibilidad de replantearse la vinculación de los Estados Unidos con este tratado de libre comercio y la actual modalidad de implementación de la estrategia del Indo-Pacífico.

Pero la nueva coyuntura probablemente afecte, asimismo, la situación de aquellos países de América Latina cuyas economías se encuentran crecientemente vinculadas con la región del Asia-Pacífico. No solo los países de América del Sur en general, sino, en particular, los actuales miembros de la Alianza del Pacífico que, como Perú, han participado en el TPP11 o que, como Chile, aún debaten su adhesión a este, mientras que México, siempre pendiente de su relación con los Estados Unidos, mantiene una vinculación zigzagueante con el ámbito asiático, y el actual Gobierno de Colombia pone nuevamente su foco en Asia Pacífico luego de la derrota de Trump.

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Foto de Paul Kagame em Foter.com / CC BY-NC-ND

Chile: retos del proceso constitucional

Por
Emilio Moya
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El reciente plebiscito constitucional realizado en Chile evidenció tres hitos. Primero, la opción a favor del cambio constitucional fue ampliamente apoyada por la ciudadanía. Segundo, los resultados obtenidos por la opción Convención Constituyente confirman el distanciamiento que existe entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Tercero, esta elección, pese a la pandemia de la COVID-19, presentó los mayores niveles de participación desde que se instauró el voto voluntario (2012).

La participación no fue homogénea en Chile»

Ahora bien, la participación no fue homogénea en Chile. Esto es un antecedente por considerar para asegurar que la discusión constitucional abarque realmente a gran parte de la ciudadanía. Al considerar las regiones del sur de Chile, la participación no superó el 50%. Estos datos contrastan con los resultados obtenidos en las regiones del norte y en la Región Metropolitana, que aumentaron sus niveles de participación en relación con la última elección y algunas alcanzaron niveles superiores al 50%.

¿Qué explicaría la menor participación en estas regiones del sur? Es una pregunta relevante para el proceso que se avecina. En esta columna, me atrevo a a plantear algunas hipótesis, pero analizando lo que sucedió específicamente en la región de la Araucanía.

Se trata de una de las regiones más pobres y desiguales del país; presenta un conflicto chileno-mapuche de larga duración como elemento identitario que ha generado una serie de consecuencias simbólicas y materiales para su desarrollo. La presencia del Estado es bajo y posee una gran cantidad de población rural. En la última elección, la participación alcanzó el 40,15%, porcentaje menor a la última elección presidencial. Solo Temuco, la capital regional, obtuvo un porcentaje similar de participación a dicha elección.

Tres elementos estructurales explicarían esta baja participación. En primer lugar, las redes y las instituciones informales actúan como equivalente funcional del Estado. Por ende, predominan los mecanismos de participación informales que fomentan una lógica personalista y tradicional. Entre estas instituciones se destacan el clientelismo, el nepotismo y el patronazgo. No es casualidad que las elecciones municipales consignen mayor participación electoral en la región.

Como en este plebiscito no existieron candidaturas, las posibilidades de realizar clientelismo fueron nulas»

En efecto, el municipio es percibido como un lugar de trabajo estable y protegido por parte de la población a diferencia de las características precarias del mercado laboral de la Araucanía. Por tanto, la elección de la autoridad local no solo cobra importancia por los aspectos político-ideológicos en disputa, sino también por las oportunidades económicas y laborales. Como en este plebiscito no existieron candidaturas, las posibilidades de realizar clientelismo fueron nulas.

En segundo lugar, en la región se ha desarrollado una cultura cívica conservadora y pasiva. El Barómetro Regional de la Araucanía, aplicado recientemente en la región, apoya esta idea, ya que solo el 54% de los encuestados en la región declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 13% declara haber participado en los últimos 5 años en manifestaciones pasivas, pese al contexto de desigualdad y pobreza que experimenta la región. Y con respecto al interés por la política regional y nacional, este no supera los 4 puntos en una escala ascendente de 1 a 10. En términos de resultados electorales, la derecha, generalmente, posee mejor desempeño que la izquierda.

En tercer lugar, junto con otros investigadores, planteamos que existe una multiplicidad de conflictos en la región que se encuentran de forma latente. El conflicto chileno-mapuche es el más visible, pero no es el único. Además, las soluciones que se han propuesto últimamente impulsan medidas policiales y de control. Conflictos laborales, legales, socioeconómicos y ambientales también son importantes. El concentrarse solo en situaciones manifiestas de conflicto invisibiliza las soluciones políticas de carácter estructural que puedan hacerse, lo que inhibe la participación en instancias de decisión y deliberación política.

Por estas razones, es necesario generar acciones contextualizadas para fomentar la participación en el proceso constituyente chileno. Este es un proceso de largo aliento, en el cual debemos definir nuestra institucionalidad política y las normas esenciales que nos regirán para los próximos años.

La Constitución resguarda cierta visión de la sociedad y es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptados por la sociedad en su conjunto. Además, refleja las relaciones de poder, ya que distribuye, a través de distintos órganos, la toma de decisiones que afectarán a todo el país. Por tanto, estamos frente a una tarea que requiere que todos y todas seamos partícipes activos de este importante proceso y que se resguarden altos estándares de transparencia.

La transparencia es fundamental para cambiar la desconfianza que la ciudadanía presenta hacia los actores políticos y las instituciones»

La transparencia es fundamental para cambiar la desconfianza que la ciudadanía presenta hacia los actores políticos y las instituciones. El derecho al acceso a la información pública ya está consagrado en la ley, pero todavía no es un derecho consagrado en la Constitución. Además, según cifras del Consejo para la Transparencia, su uso ha estado restringido a grupos minoritarios de la población que posee mejores niveles de educación. Este proceso abre una oportunidad para que la ciudadanía se apropie realmente de este derecho y lo ejerza sin restricciones.

Poseer acceso en un lenguaje claro y ciudadano de las declaraciones de patrimonio y de interés de los convencionales constituyentes, conocer quiénes financiaron sus campañas, acceder a las discusiones sobre los contenidos de la Constitución, saber el objetivo de las reuniones que mantendrán con grupos de interés son prácticas que se deben impulsar para evitar que este proceso pierda legitimidad o pueda ser capturado por una minoría. Además, la transparencia debería ser un principio fundante de todas las instituciones que se creen o se transformen en este proceso.

No basta que exista información disponible para resguardar la credibilidad de la discusión constitucional; el papel que la ciudadanía pueda desempeñar en el monitoreo y seguimiento es crucial. En este contexto, la participación no debe ser restringida a votar o ratificar determinadas decisiones, es fundamental asumir y poner en práctica un concepto complejo de participación que incluya diferentes grados de involucramiento de la ciudadanía como aportar ideas a la discusión constitucional. 

Es vital que la ciudadanía de Chile adopte una actitud activa sobre lo que se está discutiendo y hacia donde se orienta la Constitución, dado que el texto final tendrá consecuencias relevantes para nuestra vida cotidiana.

El papel que pueden cumplir instituciones como el Consejo para la Transparencia, organizaciones pro transparencia, universidades regionales y radios locales se torna relevante, dado que, además de promover los principios de transparencia y derecho al acceso a la información, pueden desarrollar instancias de capacitación para que la ciudadanía asuma un papel activo en el debate que se abre en Chile.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA

Brasil: ¿qué fue de los «outsiders» de 2018?

Por
Mariana Llanos
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Coautora Magna Inácio / El pasado mes de noviembre los brasileños concurrieron a las urnas para votar alcaldes y concejales en 5.567 municipios del país; en 57 de ellos, la elección de alcaldes se definió en una segunda vuelta. Pospuestas inicialmente por la pandemia de la COVID-19, las elecciones de 2020 transcurrieron con relativa normalidad. Aunque la abstención fue expresiva, participó el 76,9% de los electores. ¿Por qué prestar atención a estas elecciones? Por tres razones. Primero, porque representan un termómetro para medir si el tsunami electoral de 2018, del que los principales partidos políticos salieron deshidratados y los outsiders, victoriosos (con Jair Bolsonaro a la cabeza), fue una situación excepcional o un giro más duradero en la política brasileña. Segundo, porque bajo el impacto de la pandemia, en la que los Gobiernos regionales tuvieron un papel crucial frente a la inacción del Gobierno nacional, estas elecciones se convirtieron en la evaluación retrospectiva de su desempeño. Tercero, porque fue la primera disputa electoral después de la reforma que abolió una de las reglas de oro del multipartidismo brasileño, las coaliciones electorales, que permitía a los partidos aliarse entre sí para superar la mínima barrera electoral y obtener representación legislativa.

En las elecciones anteriores de 2018, el hecho más destacado fue la voluntad de castigo a la élite política»

En las elecciones anteriores de 2018, el hecho más destacado fue la voluntad de castigo a la élite política, desprestigiada por denuncias y escándalos de corrupción, y la consecuente inclinación de la mayoría de los ciudadanos por los discursos anti-Brasilia y los candidatos antisistema. Jair Bolsonaro resultó electo presidente, presentándose como un outsider (pese a sus casi treinta años como parlamentario del bajo clero), y convirtiéndose, así, en el portavoz de esa postura contestataria. No fue el único. Importantes distritos electorales del país eligieron gobernadores autoproclamados como no políticos, como Río de Janeiro (Witzel, PSC), Minas Gerais (Zema, Partido Novo) y Brasília (Ibaneis Rocha, MDB).

Para muchos, el outsiderismo se convirtió en un estilo de gobierno, además de una ventana electoral. Mas, paradójicamente, los eventos del año 2020, que culminaron en la contienda electoral de noviembre, dejaron en evidencia que los outsiders necesitaban hacer política para su supervivencia.

Pese a haber sido minoría en el Congreso y no tener partido, con su postura negacionista de la pandemia, la radicalización de su agenda y los ataques a las instituciones democráticas, a principios de año Bolsonaro parecía encaminarse al aislamiento político. Sin éxito, trató de evitar el número creciente de pedidos de impeachment y los riesgos de crisis institucional mediante el acercamiento a los partidos del centrão, una coalición legislativa de partidos ávidos de patronazgo. De referirse a estos partidos como la «vieja política», Bolsonaro pasó a alimentarlos con cargos en el Ejecutivo y se puso, así, en las antípodas de sus promesas electorales de renovación. Es más, aunque Bolsonaro se negó a liderar una estrategia de enfrentamiento de la pandemia, a mediados de año intentó cambiar la caída de su popularidad a través del impacto positivo del auxilio de emergencia, programa que el Congreso creó frente a la inacción del Gobierno y que alcanzó a 67 millones de brasileños. Sin embargo, las apuestas que el presidente hizo por su cuenta no le salieron bien. Su popularidad volvió a caer para las elecciones, esta vez frente a la incapacidad de dar rumbo a la economía.

Obsesionado con la reelección, la actitud de Bolsonaro en las elecciones fue errática. Apoyó a algunos políticos radicales y aliados pertenecientes a partidos y regiones con vocación presidencial, como en el noreste del país. Pero solo dos de los 13 candidatos para quienes hizo campaña resultaron electos como alcaldes, y ninguno en ninguna capital de estado.

Otros outsiders ni siquiera llegaron a testear su influencia electoral. Dos de las sorpresas de la ola antipolítica de 2018, los gobernadores de Santa Catarina (Moisés, PSL), y Río de Janeiro (Witzel, PSC), fueron suspendidos este año en sendos procesos de impeachment. Acusados de corrupción, y sin haber tendido puentes con los partidos y legislaturas, ambos acabaron siendo desafiados por los mecanismos de control horizontal.

En noviembre pasado las urnas se distanciaron de las posiciones extremas del presidente, pero fortalecieron a la derecha política»

En noviembre pasado las urnas se distanciaron de las posiciones extremas del presidente, pero fortalecieron a la derecha política. Partidos del «centrão», como el PSD, el PP, el PL y Republicanos eligieron el 34% de los alcaldes del país. Partidos tradicionales de derecha (DEM) y centro-derecha (PSDB, MDB), base de coaliciones presidenciales desde la redemocratización, ganaron musculatura: lograron mantener su peso nacional y gobernarán la mitad de las capitales de los estados. No es necesariamente una buena noticia para el presidente. Con la «vieja política» fortalecida, su apoyo en el Congreso costará más caro, lo mismo que el apoyo a su plan de reelección, si es que el presidente no queda en el camino como lame duck.

Los partidos que en 2018 sirvieron de puerta de entrada para la llegada de outsiders al Congreso no tuvieron suerte en la contienda electoral. El PSL, segundo en financiamiento público, no consiguió elegir ningún alcalde en las 100 mayores ciudades del país, y sus candidatos exitosos en 2018 ahora resultaron entre los menos votados. El Partido Novo, cuyo outsider, Amoedo, disputó la Presidencia en 2018 y que llevó al empresario Zema al gobierno de Minas Gerais, logró elegir solo un alcalde.

Es posible que la causa de la poca suerte de los outsiders extremistas en las elecciones locales haya estado en la pandemia y en el fin de las coaliciones electorales. La pandemia renovó los incentivos para premiar la gestión política o para valorar la importancia de volver a ella. La descoordinación de la gestión de la crisis a escala federal, debido a la reticencia de Bolsonaro, creó el espacio para que los alcaldes y políticos locales se disputaran los réditos. Un indicio interesante fue que el alto porcentaje que buscó la reelección. Con campañas cortas y alto riesgo de abstención, los partidos se lanzaron con candidatos conocidos y con votos. El fin de las coaliciones electorales, por su parte, impulsó a los partidos a lanzar candidatos propios para alcalde, a fin de enfrentar mejor una elección de concejales más competitiva.  

Los efectos de la elección municipal sobre la disputa presidencial de 2022 debe ser tomados con cautela, pero sus resultados nos dejaron algunas señales claras. Primero, el distanciamiento de los electores de la retórica antipolítica y extremista que portaron los outsiders de derecha radical en 2018. Segundo, la victoria de los partidos tradicionales de derecha, como oportunidades abiertas para que Bolsonaro haga política. Tercero, el débil desempeño de la izquierda y la necesidad de una nueva política de alianzas como única alternativa para llegar al poder. No sabemos si estas señales o alguna de ellas sobrevivirán hasta 2022, pero sí que tienen el potencial de convertir al 2018 en una excepcionalidad, trágica para la historia de Brasil, pero un punto en el tiempo.

Foto del Palacio del Planalto en Foter.com / CC BY

El populismo económico de Bolsonaro

Por
Leonardo Weller
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Jair Bolsonaro introdujo el populismo de derecha en América Latina. Como típico populista, se niega a enfrentar problemas concretos, cambia su posición para adaptarse a la opinión pública y promete logros irrealizables. El problema es que, como resultado, el presidente corre el riesgo de hundir el país en una crisis, especialmente en relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, un gran desafío para la economía brasileña.

El uso excesivo del término «populismo» genera controversia.  Se critica mucho su aplicación indiscriminada a los líderes que huyen de la norma, generalmente políticos de izquierda. El populismo de derecha es nuevo en América Latina y, por lo tanto, causa incomodidad al comparar al Bolsonaro de extrema derecha con izquierdistas como Hugo Chávez, Evo Morales y Cristina Kirchner.

Los populistas gobiernan como si estuvieran en una eterna campaña electoral, proponiendo políticas públicas inconsistentes y financieramente insostenibles»

Sin embargo, el concepto de «populismo» puede ser pertinente, siempre que se aplique con criterio. Una buena definición es la siguiente: los populistas gobiernan como si estuvieran en una eterna campaña electoral, proponiendo políticas públicas inconsistentes y financieramente insostenibles. Desde este punto de vista, Bolsonaro es una referencia del populismo, especialmente en lo que se refiere a la economía.

En su larga carrera legislativa, Bolsonaro siempre ha sido un acérrimo defensor del nacionalismo estatista promovido durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1984. Fiel a este principio, votó constantemente en contra de medidas liberalizadoras como la privatización de empresas estatales y la reforma del costoso sistema nacional de bienestar social.

Como por arte de magia, Bolsonaro se convirtió en un liberal en las elecciones de 2018. El candidato sintió que se aprovecharía de ello presentándose como el campeón nacional de la causa anti-PT, aprovechando el fuerte rechazo de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El cambio fue sorprendente. Bolsonaro es un feroz crítico de la agenda social de los peticionarios, a quienes entiende como comunistas degenerados. Sin embargo, en economía estuvo cerca de las iniciativas del partido, cuyas administraciones, notoriamente derrochadoras y nacionalistas, llevaron al país a la crisis fiscal en la que nos encontramos desde hace cinco años.

La metamorfosis liberal de Bolsonaro se hizo creíble cuando el candidato se unió al actual ministro de Economía, Paulo Guedes, quien tiene un doctorado en Chicago y es un exjugador del mercado financiero. Durante la campaña, Guedes prometió resolver el problema fiscal dejado por el PT en un fuerte programa de privatización. La venta de activos públicos generaría «billones» de reales con los que el déficit fiscal se reduciría rápidamente a cero.

Después de dos años de Gobierno, la privatización no salió del papel»

Después de dos años de Gobierno, la privatización no salió del papel. Las cuentas públicas se mantuvieron en números rojos hasta que la pandemia de la COVID-19 las empeoró sustancialmente: para 2020, se prevé que el déficit nominal sea del 12% del PIB y que la relación entre la deuda y el PIB alcance un 93% sin precedentes. Es un hecho que la COVID-19 fue el principal factor del deterioro de las cuentas públicas este año. Pero, incluso antes del brote de la enfermedad, estaba claro que los trillones de Guedes y el liberalismo de Bolsonaro no eran más que quimeras.

Guedes se desmoralizó de una vez por todas cuando el general Braga Neto, jefe de la Casa Civil, lanzó el programa Pró-Brasil, una carta de intención cuyo objetivo es aumentar las inversiones públicas. Pró-Brasil se lanzó en medio de la pandemia, lo que reveló la dicotomía en la política económica dentro de un Gobierno descerebrado. Mientras Guedes declaró que las reformas desestabilizadoras contrarrestarían la recesión que se avecinaba, Braga Neto presentó soluciones diametralmente opuestas.

¿Y Bolsonaro? Mientras su equipo luchaba en la primera mitad de 2020, el presidente parecía no prestar atención a los urgentes problemas que el país estaba experimentando. Como buen populista, se negó a presentar medidas concretas para hacer frente a la calamidad sanitaria, tratando, para ello, de evitar los costos políticos que inevitablemente surgen en la gestión de crisis. El presidente minimizó el virus y atacó las medidas de distanciamiento social impuestas por los alcaldes y gobernadores.

Bolsonaro se vio finalmente obligado a actuar cuando el Congreso y el Gobierno negociaron la aplicación de la ayuda de emergencia para sostener los ingresos de los trabajadores vulnerables cuyos medios de vida tendían a desaparecer con la pandemia. El equipo económico del Gobierno propuso una ayuda temporal de 200 reales al mes, una cantidad, que la oposición, consideraba baja. Bajo la dirección de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó una subvención de 400 reales.

Maia representa la derecha tradicional y a veces se presenta como un oponente de Bolsonaro. Por lo tanto, la aprobación de los 400 reales fue un revés político para el presidente, cuya reacción fue rápida: con el apoyo de los partidos de izquierda, su gobierno aumentó la ayuda a 600 reales. Esta cifra se alcanzó sin ningún estudio de viabilidad o de costo y beneficio.

El populismo de Bolsonaro resultó ser el mayor programa de apoyo a los ingresos en tiempos de pandemia en el continente»

El populismo de Bolsonaro resultó ser el mayor programa de apoyo a los ingresos en tiempos de pandemia en el continente, lo que hará que la recesión de Brasil en 2020 sea relativamente leve. Pero el costo de la ayuda de emergencia no será inferior a 322.000 millones de reales, equivalente a casi el 5% del PIB. Por mes, el gasto en el «coronavaucher» es más alto que la exitosa Bolsa Família durante todo el año.

Sin embargo, los efectos políticos de la ayuda de emergencia fueron notables. El programa ha condicionado el aumento de la popularidad del Gobierno: según Datafolha, la calificación óptima o buena pasó del 32% al 37% entre junio y agosto de 2020. Este aumento fue sustancial en el nordeste, hasta ahora el bastión del PT, donde se concentra una gran parte de la población pobre de Brasil.

Con la vista puesta en las elecciones municipales de noviembre, Bolsonaro mantuvo la ayuda de emergencia hasta diciembre y la redujo a 300 reales en los últimos dos meses. El Gobierno siguió gastando mucho a pesar de la reapertura del comercio y el momentáneo enfriamiento de la pandemia durante el segundo semestre. Con la petición ya finalizada, la ayuda aparentemente terminará, incluso con signos de que el país está a punto de entrar en una segunda ola de COVID-19. En otras palabras, la política populista y no la pandemia parece determinar la ayuda de emergencia.

Queda por ver qué pasará el año que viene. Con el juego político ya dictado por las elecciones generales de 2022, lo más probable es que el Gobierno tire por la borda su agenda liberal y se niegue a recortar gastos. A raíz de estas indecisiones y percances, las cuentas públicas se están deteriorando, junto a la salud de la población. La incapacidad del presidente para tomar decisiones difíciles incrementa el riesgo de un retorno de la inflación y una explosión de la deuda pública.

Los populistas son miopes e incoherentes; sus políticas insostenibles causan crisis que pueden arruinar a los países. Este fue el caso en la Argentina de Perón y los Kirchner; en la Venezuela de Chávez y Maduro y, lamentablemente, puede suceder en el Brasil de Bolsonaro. Su gobierno pone en grave riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad de la economía brasileña.

Foto del Palacio del Planalto en Foter.com / CC BY

Hablemos sobre Bolivia (y Evo Morales)

Por
Fabricio Pereira da Silva
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Hablar sobre Bolivia es una garantía de que habrá controversia. Además de la crítica que ya se espera de la opinión pública liberal/conservadora cuando se aborda cualquier tema desde una perspectiva crítica y emancipadora, llaman la atención en este caso las disputas que se dan en torno a este tema dentro de los sectores sociales organizados, la izquierda y los intelectuales críticos latinoamericanos. Se destacan dos fuentes de controversia: ¿cómo evaluar el llamado «proceso de cambio» y cómo caracterizar el derrocamiento de Evo Morales en 2019? Más precisamente: cuál sería la naturaleza de los cambios involucrados en ese proceso, y si se produjo un golpe de Estado el año pasado.

El caso de Bolivia refleja, de alguna manera, las principales tensiones que se manifiestan en los debates de las izquierdas de la región»

El caso de Bolivia refleja, de alguna manera, las principales tensiones que se manifiestan en los debates de las izquierdas de la región. Respectivamente, cuál es el horizonte proyectado de transformación, y cuál es el papel de la democracia en este horizonte. Voy a abordarlos aquí brevemente, con la certeza de que las posiciones presentadas no complacerán plenamente a ninguna de las «partes» involucradas en estos debates. Lo que quiere decir que van a desagradar a todos.

Primero, hagamos un balance del proceso. No se puede decir que no haya habido cambios ni que hayan sido de poca importancia. No es poca cosa cambiar el perfil social de los funcionarios del Gobierno y la representación parlamentaria. Bolivia es hoy un país con una notable representación indígena y femenina, una de las mayores del mundo en este sentido. Ha habido una participación razonable de los movimientos sociales organizados en el Gobierno, aunque cada vez más limitada. La Constitución aprobada en 2009 aportó interesantes innovaciones como la pluralidad, la «democracia comunitaria» y la presencia de los valores de suma qamaña o «vivir bien». También se ha reducido considerablemente la pobreza, se ha incrementado la inversión social y el papel del Estado, sin que la economía nacional se haya desorganizado y colapsado, como suele ocurrir cuando se intenta introducir cambios (mínimos) en los países dependientes.

Por otro lado, hay que admitir que apostamos mucho por Bolivia, y estamos decepcionados con el proceso. Entre los países de la llamada «marea rosa» de los Gobiernos latinoamericanos de principios de este siglo, Bolivia nos pareció a muchos de nosotros el caso con mayor capacidad de innovación y con las bases sociales más sólidas para sostenerla. Pero efectivamente lo que ocurrió fue un alejamiento progresivo de las propuestas de «alternativas de desarrollo», dando paso a un proyecto de «desarrollo alternativo» muy similar a cualquier proyecto neoextractivista recientemente implementado en la región (con sus evidentes limitaciones estructurales).

Sin embargo, no debe considerarse que ha habido una «traición» a la esperanza de muchos. El Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, ya estaba equilibrado desde antes de llegar al poder en al menos dos proyectos: uno más alternativo, basado en cosmogonías indígenas holísticas y comunitarias, de integración con la naturaleza y conexión con las generaciones pasadas y futuras; otro, más estatista y desarrollista, que se hace eco de las tradiciones nacionales-populares que se referían a la Revolución de 1952. No se puede considerar que haya prometido uno y cumplido otro, porque la coexistencia de ambos ha sido siempre explícita. Tampoco puede decirse que sean completamente irreconciliables, en la medida en que siguen conviviendo en el mismo espacio, lo que se ejemplifica con el binomio estratégico Luis Arce/David Choquehuanca, elegido para la Presidencia y la vicepresidencia en octubre pasado. El primero es el académico de clase media responsable del «éxito económico» de Bolivia; el segundo es el símbolo del suma qamaña.

Pasemos entonces al tema del golpe, es decir, al tema de la democracia (defiendo que hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019). El derrocamiento violento por parte de sectores del Estado de un presidente que cumple un mandato legal suele ser un golpe de Estado. Los ataques a los movimientos sociales y a los representantes del MAS, el perfil autoritario y racista de la derecha (que hegemoniza a la oposición) y la «invitación» de los militares a la renuncia de Morales permiten caracterizar lo que ocurrió como un golpe, básicamente militar y policial. Esta ruptura fue apoyada por una articulación internacional de derecha, con la participación del gobierno de Jair Bolsonaro.

Más de un año después de esos acontecimientos, la acción desestabilizadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también es evidente»

Más de un año después de esos acontecimientos, la acción desestabilizadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también es evidente. Ofreció la principal motivación para el derrocamiento de Morales al defender la tesis del fraude en las elecciones de Bolivia. Sin embargo, el informe «fabricado» por la organización al calor de las elecciones ha sido contradicho por varios análisis. Además, el argumento del fraude en octubre de 2019 se vuelve más problemático a la luz de los resultados de las elecciones de octubre de 2020. Considerando el 55% de los votos recibidos por Arce, el 46% de un gastado e ilegítimo Morales se hace factible. Dado que la diferencia entre él y el segundo favorito era de alrededor del 10% (la necesaria para evitar una segunda ronda), debería haberse realizado, como mínimo, un recuento para medir con precisión esa diferencia. No recomendar nuevas elecciones, como lo hizo la OEA. 

Sin embargo, argumentar que hubo un golpe implica la necesidad de hacer dos observaciones. La primera es que el MAS insistió en la reelección de Morales tras la derrota en el plebiscito de 2016, que había negado esta posibilidad. Con esto, perdió parte de su legitimidad y apoyo. Si se pierde una votación popular, el resultado es aceptado. No puede haber lugar para la discusión sobre esto. La imposición de la candidatura de Morales podría entenderse como un «golpe institucional», con la apariencia de legalidad, debido a su aceptación por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Había una percepción (correcta) de que la posibilidad de un mayor control estatal y una deriva autoritaria estaba abierta en caso de la reelección de Morales. Él no debería haber sido candidato. Esto ejemplifica las dificultades de parte de la izquierda para asumir la democracia como uno de sus fines, entendiéndola aún como un medio. Más igualdad y democracia «sustantiva» no son contradictorias con el respeto a las reglas del juego previamente acordadas.

Otro punto es reconocer que parte de los heterogéneos sectores sociales que salieron a la calle en los días posteriores a las elecciones de 2019 no buscaban el golpe de Estado ni el gobierno de extrema derecha que resultó de todo ello. Hubo movimientos sociales, intelectuales críticos, sectores progresistas de la juventud que exigían más participación y democracia. Responsabilizarlos del golpe sería decir que las protestas de junio de 2013 en Brasil condujeron al golpe institucional de 2016 y a la elección del Bolsonaro en 2018. Nada más lejos de la realidad.  

Esperamos que el fracaso y la derrota de la corta y desastrosa solución autoritaria de Bolivia pueda conducir al menos a un desarme temporal de la recurrente situación de «empate catastrófico» que se manifiesta en ese país. También esperamos que la intelectualidad crítica de la región pueda debatir respetuosamente sus dilemas, que, en definitiva, se traducen en cómo lograr cambios estructurales en democracia.

Foto de Du Monde Dans L’Objectif em Foter.com / CC BY-NC-ND

México: la regulación de la mariguana

Por
Jorge Javier Romero
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En estos días, el Congreso de México discute un proyecto de regulación del cannabis para uso adulto que, de aprobarse finalmente, puede convertir a ese país en el tercero del mundo, después de Uruguay y Canadá, en crear un mercado legal de mariguana para uso adulto. Cien años después de la prohibición inicial en México de las drogas psicotrópicas que “envenenan al individuo y degeneran la raza”, finalmente puede concretarse en México un sistema que regule desde la producción hasta la venta al menudeo del cannabis, al tiempo que se abren posibilidades para la explotación industrial de la fibra del cáñamo, víctima colateral de la prohibición de sus flores psicoactivas.

Después de un siglo de una prohibición que no ha cumplido ninguno de sus  pretendidos objetivos, pues no solo no logró sacarla del mercado, sino que aumentó todos los riesgos asociados a su consumo y convirtió en víctimas de la acción desproporcionada del Estado tanto a los consumidores, que se volvieron objeto de acoso, extorsión y encarcelamiento, como a los campesinos productores, quienes quedaron sometidas al yugo de las organizaciones criminales de tráfico, por un lado, y a la destrucción de sus cultivos, el encarcelamiento y la muerte a manos de los agentes del Estado, mientras que los traficantes controlaban un mercado con jugosas ganancias gracias a la demanda norteamericana.

México fue durante décadas el principal proveedor de mariguana ilegal de los Estados Unidos»

México fue durante décadas el principal proveedor de mariguana ilegal de los Estados Unidos, donde ha estado prohibida desde la Marijuana Tax Act de 1937, pero donde su consumo es muy amplio, sobre todo desde la década de 1960, a pesar de medio siglo de guerra contra las drogas, declarada en 1971 por el presidente Richard M. Nixon, con una agenda oculta, pues el objetivo no era erradicar el consumo de drogas, sino tener elementos para acosar y encarcelar a sus enemigos políticos. El mercado ilegal de mariguana les permitió a las organizaciones del crimen organizado armarse y reclutar ejércitos hasta convertirse en un competidor del Estado por el control territorial, pero en complicidad con diferentes agentes estatales que les brindaban protecciones particulares.

La prohibición de las drogas ha sido un gran desastre para México. Así, la regulación que se está abriendo paso puede significar el punto de partida de un cambio muy relevante, aun cuando la mariguana ya no es importante en el mercado de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, pues la regulación en diferentes estados ha desplazado a las exportaciones mexicanas por cannabis producida legalmente en territorio norteamericano.

Fue una serie de cinco sentencias de la Suprema Corte de Justicia mexicana, en juicios de amparo, lo que conformó una jurisprudencia que, con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró a principios de 2019 inconstitucional la prohibición absoluta de la mariguana para uso personal y mandató al Congreso a legislar en consecuencia.

A pesar de que la regulación de la mariguana afectará poco a las redes del crimen organizado, cuyo poder económico está ya en el tráfico de otras sustancias, su efecto sobre la sociedad mexicana pude ser enorme, en primer lugar, porque es el primer paso para desmontar el fallido paradigma prohibicionista en materia de drogas, pero también porque es un paso para dejar de usar al sistema de justicia penal y a las fuerzas de seguridad del Estado contra los consumidores y los productores.

Entre los avances de la regulación que ahora está a discusión en el Congreso mexicano estaría la creación de un mercado regulado desde la producción hasta la venta al menudeo, la posibilidad de cultivo doméstico para el autoconsumo y la creación de asociaciones de consumidores con posibilidades de producir su propia mariguana.

El umbral de posesión individual de mariguana sin penalización pasaría de los cinco gramos actualmente tolerados hasta los 28, y a partir de ahí hasta los doscientos gramos se castigaría la posesión con multas. Sin embargo, seguiría el delito de posesión simple, castigado con cárcel a partir de los doscientos gramos, incluso si no se acredita la intención de comerciar con la sustancia.

El lado oscuro del proceso es que se trata de un proyecto de ley abigarrado, que sobrerregula y establece barreras de entrada muy altas para el mercado legal. Se exigen requisitos, como el registro legal y la trazabilidad de las semillas y la inversión en medidas de seguridad y vigilancia de los cultivos, que favorecerían a las empresas canadiense que ya cuentan con la biotecnología y las patentes de las simientes, mientras que los campesinos, que tradicionalmente produjeron variedades propias de mariguana, algunas con prestigio internacional en la clandestinidad, como la Acapulco Golden o la sinsemilla, no podrían producirlas legalmente. Y aunque en la ley se contempla que un cuarenta por ciento de las licencias de producción estarían destinadas a las comunidades campesinas víctimas de la prohibición, el costo de las semillas legales podría significar un obstáculo infranqueable para su entrada al mercado legal.

Por otra parte, el hecho de que el proyecto mantenga a la mariguana en el Código Penal y en la lista de sustancias ilícitas de la Ley General de Salud, llevaría a que el mercado legal fuera solo un resquicio aprovechado por grandes empresas y destinado a los consumidores de mayor capacidad económica. Mientras los consumidores pobres, aquellos que suelen ser las víctimas reiteradas del acoso y la extorsión policial, lo mismo que los campesinos que no puedan franquear las barreras de entrada a la producción regulada, se mantendrían en la ilegalidad, amenazados por la criminalización.

El éxito de un proceso regulatorio de este tipo se mide por el porcentaje del mercado que se logra substraer de la clandestinidad»

El éxito de un proceso regulatorio de este tipo se mide por el porcentaje del mercado que se logra substraer de la clandestinidad. Un ejemplo: un año después de que Washington y Colorado regularon el mercado de cannabis para uso adulto, las barreras de entrada y las tasas impositivas del primer estado hicieron que solo un 30 por ciento del mercado dejara la clandestinidad, mientras en Colorado, con reglas más liberales, el porcentaje absorbido por el mercado regulado llegó al 70 por ciento.

El riesgo es que una legislación compleja y llena de contradicciones lleve a que solo un porcentaje pequeño del mercado pase a la legalidad, mientras los males de la prohibición con toda su corrupción e iniquidad sigan cebándose con los más débiles.

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