La foto del 1.º de marzo del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, representante de la nueva coalición de gobierno integrada por los partidos que durante quince años fueron oposición, fue portada en infinidad de diarios. Es una foto histórica que marca el inicio de un nuevo ciclo político en el país. Pero no es esta foto a la que me refiero, sino a otra que también fue portada y que quedó grabada en el subconsciente de los uruguayos. Una foto en la que aparecen casi todos los líderes de esta misma coalición en un lluvioso mediodía de abril de 2016. Se les ve de gabardina beige, reunidos en la explanada del Teatro Solís, para dirigirse a los juzgados del Crimen Organizado para presentar las denuncias de lo que se conoció como la “megacausa Ancap”.
Las cuatro denuncias, interpuestas por diferentes partidos políticos de Uruguay, incluían originalmente once presuntos delitos ocurridos durante la gestión del ente en los cinco años anteriores. Este era el último paso tras meses de investigación de la comisión parlamentaria, que, con los votos oficialistas, concluyó que no existieron actos ilícitos.
Un año antes de las denuncias, Ancap ya había comenzado a ocupar cada vez más espacio en los medios. La situación financiera del ente, con pérdidas millonarias, había desencadenado una crisis en el partido de gobierno. El enfrentamiento entre el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, y el expresidente José Mujica, padrino político del entonces vicepresidente Raúl Sendic y expresidente del ente durante el período anterior, habían tensado las relaciones dentro del Frente Amplio. A ello se sumaba que Sendic, quien era visto como una amenaza interna dentro de las propias filas del partido y estaba bajo la lupa, comenzaba a acumular polémicas. Primero, las contradicciones en torno a una licenciatura que no tenía y, luego, el uso de tarjetas corporativas para uso personal.
Las críticas, reproducidas por los medios, crecieron como la espuma y las sospechas iniciales, tanto de la derecha como de la propia izquierda, se fueron agudizando y desde ciertos sectores se convirtieron en deliberadas acusaciones de corrupción que las redes sociales se encargaron de viralizar. La teoría del robo de los 800 millones de dólares empezaba a asentarse.
A principios del 2018, tras un año de audiencias, el fiscal a cargo del caso pidió a la jueza el procesamiento sin prisión de siete exdirectores por delitos de abuso de funciones y, además, de peculado en el caso de Sendic. Esto fue celebrado por los denunciantes y exhibido por muchos medios como confirmación de un Lava Jato uruguayo. En mayo, sin embargo, la jueza dejó sin efecto el pedido de procesamiento de todos los exdirectivos, menos el de Sendic, quien fue procesado, únicamente y sin prisión, por un delito de abuso de funciones y el caso de las tarjetas.
El fallo desmontaba la oscura teoría, pero el mensaje ya era una verdad consumada. Sendic, presionado por su procesamiento y convertido en primer enemigo público debido a las acusaciones y a su colosal torpeza política, terminó renunciando a la Vicepresidencia meses después.
El fiscal, desacreditado, no desistió y presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, pero tras la confirmación del fallo inicial, decidió dar la última batalla, llevando la “megacausa Ancap” ante la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Finalmente, el pasado 14 de febrero, la solicitud del fiscal fue rechazada en tercera y última instancia. Pero en pleno carnaval y a semanas de la asunción del nuevo presidente, el fallo pasó desapercibido. No se vieron portadas ni grandes titulares ni declaraciones de políticos y mucho menos preguntas de la prensa.
¿Cómo surgió la teoría de la corrupción en Ancap?
A partir de la mediatización del caso, ciertos sectores opositores de la política y de los medios de comunicación de Uruguay sacaron provecho para imponer una teoría en torno a la manipulación de la información contenida en estos tres puntos:
Primero. Con el fin de contener la inflación entre el 2011 y el 2015, el Ministerio de Economía no aumentó las tarifas de los combustibles, tal como indicaba el incremento de los costos de Ancap. Esto, sumado a la diferencia de cambio que estaba relacionado con el endeudamiento en dólares, causó un déficit acumulado de 800 millones de dólares. En el 2015, el exministro Fernando Lorenzo ya había reconocido en el Parlamento el desfase y tras el derrumbe de los precios del petróleo, el entonces ministro Mario Bergara permitió al ente que redujera sus tarifas apenas entre el 3% y el 5,5% y, así, corregirlas a los costos reales. El agujero quedó, pero, a partir del 2016, Ancap volvió a dar beneficios.
Segundo. La recapitalización de Ancap por 622 millones de dólares y un préstamo de la CAF por otros 250 millones se utilizaron para enderezar los números e indirectamente saldar la deuda del ente con Pdvsa, la cual, en pleno boom, había financiado el 25% de las compras de petróleo a 17 años y a un interés del 2%. En plena crisis en Venezuela, Ancap ofreció una solución. Por su grado de inversión, Uruguay accedía a préstamos a un interés del 3%, mientras que Venezuela, al 15%. Los entes y los respectivos Gobiernos llegaron a un acuerdo, en el cual Ancap saldaba su deuda beneficiándose de una importante quita. El pago adelantado de la deuda de 1.148 millones de dólares significó un ahorro de 364 millones de dólares.
Tercero. Durante la dirección de Daniel Martínez —primer período de la izquierda al frente de Ancap—, se definió el Plan Estratégico del ente y desde el 2009 y, luego con Sendic al frente del ente, se ejecutaron obras por 1.282 millones de dólares que contemplaban la reforma de la refinería, que debía modernizarse, entre otras cosas, para poder producir los combustibles utilizados por los nuevos automóviles; la reforma de dos plantas obsoletas de pórtland que eran una apuesta de negocio a largo plazo; la construcción de dos plantas de etanol y dos de biodiesel, en línea con la ley de biocombustibles; y la modernización de la distribución de combustibles.
De cada uno de estos puntos se extrajo una idea: déficit, recapitalización y obras. Y con ellas se creó un mensaje fuerte y claro: los uruguayos pagamos 800 millones de dólares para cubrir lo que se robaron durante el despilfarro. El mensaje era un éxito. El ofrecimiento registrado la noche de la primera vuelta electoral del 2014 por un micrófono abierto en el que Pedro Bordaberry, entonces líder del Partido Colorado, le decía al flamante ministro de Educación, Pablo da Silveira, “vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez” en relación con Ancap, dio sus frutos. La narrativa trascendió hasta tal punto que cinco años después y, a días del reciente balotaje, un senador nacionalista podía soltar sin pelos en la lengua que “ustedes se robaron 800 millones de Ancap”; el recién electo presidente, acusar a otro presidenciable de “que preparó todo para el relajo, para que se lleven la plata de los uruguayos”; y un artículo periodístico, afirmar que uno de los motivos de la derrota de la izquierda eran “los escándalos de corrupción concentrados en la figura de Sendic”.
La justicia demostró que en Ancap no hubo corrupción sistemática. Y el vicepresidente uruguayo no renunció únicamente por falsear su currículum ni por el uso indebido de las tarjetas ni por sus mentiras y contradicciones. Sendic renunció fundamentalmente porque socialmente ya había sido condenado, al igual que el resto de los directivos involucrados, gracias a un mensaje que políticos, periodistas y referentes sociales repitieron a diario y durante años en los medios de comunicación, haciendo parte, de forma consciente o no, de un proceso de manipulación de la verdad que terminó por reemplazar a la realidad.
Hoy las fotos de las portadas reflejan el azul resplandeciente luego de la tormenta. Pero aquella imagen de las gabardinas beiges quedará por ahí, en los archivos del recuerdo, como guiño a la megamentira Ancap en Uruguay.
Photo by Sec. de Comunicación – Presidencia Uruguay on Foter.com / CC BY-NC-ND
