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‘Dark web’: una amenaza oculta y latente en América Latina

El lado oculto de internet, conocido como la dark web, se ha convertido en un entorno propicio para las actividades ilícitas, bajo el amparo del anonimato, que incluyen la venta de drogas y armas, prostitución infantil, ciberdelitos y robo de datos personales, entre otros. Se trata de un fenómeno alarmante que plantea serios desafíos para la ciberseguridad global y que evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de defensa más robustas y proactivas, especialmente en Latinoamérica, donde poco o nada conocemos de este tipo de operaciones.

Mientras los ciberdelincuentes avanzan en la sofisticación de sus métodos y utilizan la red oculta para el comercio ilícito, la adquisición y distribución de vulnerabilidades de software, el desarrollo de malware personalizado o la coordinación de ataques contra infraestructuras críticas, las autoridades no han logrado hallar los mecanismos para abordar la problemática en su magnitud. La falta de recursos especializados y la escasa concienciación sobre los riesgos inherentes a este entorno han dejado a los gobiernos en una posición vulnerable frente a las amenazas que emanan de las sombras de la internet.

Muestra de ello es que, a pesar del desmantelamiento de plataformas emblemáticas de mercado negro como Silk Road, las actividades ilícitas en la red oscura no solo persisten, sino que continúan en aumento, dada la naturaleza descentralizada de este entorno digital, que representa una gran dificultad para la implementación de medidas de control efectivas. Al mismo tiempo, la fragmentación de las jurisdicciones ha obstaculizado una acción coordinada contra los ciberdelincuentes, y las medidas preventivas al respecto siguen siendo, francamente, insuficientes. 

Qué es la dark web y sus implicaciones en Latinoamérica

La dark web es una sección de internet accesible únicamente a través de software especializado que se ha consolidado como un espacio propicio para las actividades ilícitas a nivel global. En su entorno, plataformas similares a mercados electrónicos convencionales permiten la proliferación de redes criminales que aprovechan el anonimato y la descentralización para operar sin restricciones. Se trata de un fenómeno que ha sido denominado por algunos expertos como una forma de “globalización desviada”, en la que los actores delictivos trascienden las fronteras y las normativas locales.

Pero además del comercio ilícito, esta red alberga sitios diseñados para vulnerar la seguridad informática, mediante malware y spyware. La dark web también facilita la comunicación anónima en foros y correos privados, utilizados incluso por figuras como Edward Snowden (antiguo empleado de la CIA) para divulgar información clasificada.

Particularmente en América Latina y el Caribe ha demostrado ser un recurso estratégico para el crimen organizado. Un reporte de Insight Incrime señala que los cárteles latinoamericanos han utilizado la red oscura para localizar compradores de envíos de cocaína a gran escala, mientras que pandillas centroamericanas han encontrado en estos foros un medio para coordinar el tráfico transfronterizo. La investigación señala, además, que los narcotraficantes recurren a plataformas subterráneas para adquirir opioides sintéticos provenientes de Asia, lo que evidencia un uso sofisticado de esta tecnología para fortalecer sus operaciones internacionales.

Junto con el tráfico de narcóticos, la dark web también ha sido un canal clave para otras actividades ilícitas, como la distribución de pornografía infantil. Investigaciones internacionales que condujeron al cierre de sitios como Playpen revelaron vínculos directos con arrestos en países como Chile y Perú, mientras que México se ha convertido en un actor relevante en esta industria ilegal. 

Por su parte, a lo largo de 2023 los analistas de SOCRadar identificaron tendencias alarmantes que vinculan a empresas de América Latina con actores de amenazas cibernéticas asociadas a la dark. Durante este periodo, las organizaciones enfrentaron un aumento sostenido de ataques cibernéticos, con 3.561 publicaciones en foros de la dark web atribuidas a 1.331 actores maliciosos. Las industrias más afectadas incluyeron administración pública, tecnología de la información, finanzas y seguros. A su vez, el comercio de datos de usuarios comprometidos ha sido predominante.

En concordancia, informes como los de Kaspersky han subrayado la necesidad de respuestas más robustas y coordinadas por parte de las autoridades internacionales ante la creciente sofisticación de las transacciones realizadas en la dark web. La urgencia de fortalecer las defensas cibernéticas mediante la colaboración entre países, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento de las capacidades locales es apremiante, pues no solo se trata de un desafío de seguridad sino también de una amenaza creciente para las economías y las sociedades de la región.

El impacto del anonimato

La red oscura ha sido diseñada para proteger la privacidad en línea, enmascarar tanto la ubicación como las actividades de sus usuarios y dificultar el rastreo y la persecución de las actividades ilícitas. Su estructura se apoya en características legítimas de la tecnología moderna, como el cifrado, la anonimización y las criptomonedas, para facilitar transacciones que evadan los controles tradicionales. 

A su vez, el uso de monedas virtuales centralizadas y criptomonedas descentralizadas ha transformado el lavado de dinero y otros delitos financieros en prioridades críticas para los organismos de seguridad. Bajo este modelo de transacciones, que incluye técnicas como el mixing de criptomonedas, la dificultad de rastrear el origen de los fondos es tan compleja como las labores de enjuiciamiento. 

Paralelamente, el empleo de herramientas como Tor ha transformado la forma en la que operan los cibercriminales, ya que les permite navegar de manera anónima y así evadir la detección por parte de las autoridades. El asunto no comienza allí. La proliferación de tutoriales, foros y recursos en línea ha facilitado el acceso de delincuentes emergentes a técnicas avanzadas de hacking y fraude. Incluso en plataformas accesibles es posible encontrar foros, videos y materiales que instruyen sobre la ejecución de ataques cibernéticos o la adquisición de productos ilícitos en la red. Hablamos de un alcance exponencial, que ha permitido y seguirá permitiendo la participación de individuos con y sin experiencia previa, mientras los riesgos asociados a estas actividades son inimaginables.

La amenaza de la dark web trasciende fronteras y es un desafío constante para las autoridades. Si bien algunos países han adoptado medidas legales más estrictas para frenar estas actividades, otros (como los latinoamericanos) enfrentan serias dificultades para comprender y abordar el fenómeno de manera efectiva. Sin embargo, el futuro de la lucha contra los delitos en la dark web dependerá de un enfoque integral, que combine educación para generar conciencia sobre los riesgos, regulación que establezca límites claros y colaboración internacional que permita desmantelar las estructuras delictivas. Es necesario poner el debate sobre la mesa, no solo para mitigar los impactos del presente, sino también para construir un entorno digital más seguro, donde los avances tecnológicos sean utilizados para el progreso y no para la explotación.

El regreso de Trump y la supuesta oligoautocracia

El 20 de enero, Trump regresó a la Casa Blanca, en una transición de poder pacífica, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando él mismo se negó a asistir a la toma de posesión de Biden e incitó a sus partidarios a asaltar el Capitolio. El regreso de Trump es, sin duda, el resultado de la manifestación de la voluntad de la mayoría de la sociedad norteamericana (51%). Pero, aunque la transición pacífica demuestra la resistencia de las instituciones, se pone en tela de juicio la continuidad de la práctica democrática.

Lo que está en juego con el proyecto trumpista es la realización del potencial de autocratización y, en última instancia, el derecho a ser ciudadano estadounidense. Ésta es su principal agenda política: definir quién tiene derecho a las garantías fundamentales, a la posibilidad de impugnación y a la protección de la expresión del poder.

Desde la campaña electoral, Trump ha abogado por cambios radicales en las políticas de inmigración, medio ambiente, diversidad y protección de las minorías. Y, para aquellos que pensaron que éstas eran promesas de campaña vacías, quedaron desconcertados por la demostración de voluntad y urgencia. Como primeros actos de su administración, promovió la revocación de políticas del gobierno anterior y adelantó lo que viene: imposición de impuestos a países extranjeros, restablecimiento de la política de “Permanecer en México”, revocación del Green New Deal y el establecimiento de la “política oficial con sólo dos géneros: masculino y femenino”. Justificó dichos cambios como su responsabilidad como “comandante en control” de defender al país de “amenazas e invasiones” y elevar a Estados Unidos a “una nación orgullosa, próspera y libre”. 

Subvirtiendo la práctica democrática, la retórica trumpista está marcada por una exaltación chovinista, con rastros de expansionismo imperialista y nostalgia por un pasado dominado por las clases hegemónicas. Su movilización política se produce a partir de la tensión entre los valores de la “identidad blanca” –definida por Ashley Jardina como un sentimiento de identidad blanca colectiva en reacción a la ampliación de derechos y el sentimiento de compartir el poder político-económico con otros grupos– y la garantía de protección de los derechos de los grupos minoritarios. 

En este movimiento se agrupan individuos provenientes de grupos dominantes, pero que se encuentran resentidos ante la ampliación de derechos y garantías, motivándolos por la percepción de amenaza y el deseo de retomar la hegemonía socioeconómica-cultural blanca. Más allá de la mera política identitaria, el lema: “MAGA – Make America Great Again” resume la visión de Trump de recuperar “Estados Unidos” según intereses supremacistas.

Además, su ascenso está asociado a dos factores coyunturales: el descontento popular con las respuestas gubernamentales (crisis de representación) y la fragmentación de la sociedad en diferentes valores y visiones del mundo. Se está formando la tormenta perfecta para propagar la segregación, la venganza y la incredulidad institucional.

Así, bravuconería o no, Trump proyecta su acción política hacia (i) el rescate y absolutización de valores hegemónicos en decadencia y (ii) el señalamiento de chivos expiatorios como causa de los males de Estados Unidos. Con ello, no se ve obligado a presentar una propuesta de amplias mejoras y, poniendo patas arriba la democracia, construye su plan supremacista, orientado a garantizar la libertad, la protección y los derechos con quienes comparte convicciones y reconoce la condición de ciudadano, en detrimento de retrocesos en derechos de las minorías.

Modus operandi

Estos aspectos son parte de la creciente ola reaccionaria actual, que predica la prosperidad a través de políticas basadas en el “antimultilateralismo” y el proteccionismo supremacista-patrimonialista. El objetivo es deslindarse de la responsabilidad por los impactos colectivos resultantes de esta agenda aislacionista, que resulta en el rechazo de compromisos globales, como los acuerdos climáticos y comerciales.

Con sus matices, líderes como Javier Milei, Viktor Orbán y Nayib Bukele comparten este modo de gobernar, defendiendo agendas identitarias o de eficiencia económica para movilizar a una mayoría y justificar los “efectos secundarios” de la opresión para las minorías. Estos líderes son verdaderas expresiones autoritarias, que utilizan el conservadurismo identitario para obtener el apoyo y el patrocinio necesarios y, de esta manera, imponer estos valores a todos. Es la lógica de la tiranía de la mayoría, que ignora intencionalmente aspectos de equidad y justicia social. Y esto es precisamente lo que la práctica democrática intenta evitar.

En esta línea, la señalización de alineamiento con Trump por parte de los CEO de las grandes tecnológicas implica efectos (graves) para la sociedad. Aceptando su propuesta, los controladores de los canales de comunicación globales se embarcaron en una aventura conjunta con Trump, literalmente. Mucho más que un apoyo, es la consolidación explícita de la alianza oligo-autocrática para, a través de la colaboración mutua, llevar adelante sus proyectos político-económicos sin obligación de rendición de cuentas socio-colectiva.

No nos engañemos: no hay ganancia para la libertad individual ni para los derechos colectivos. El desmantelamiento del marco de protección y equidad busca, únicamente, garantizar el libertinaje para que ciertas entidades promuevan políticas de altísimo impacto socioeconómico sin rendir cuentas.

Por otro lado, la expresión de voluntad del líder político de acabar con las políticas de diversidad y la verificación de datos genera incentivos sociales (malos), como la promoción de la desinformación y la intolerancia en la sociedad. Sin duda, se sentirán impactos económicos, ya sea en el mercado laboral o a través del aumento de los costos de transacción, dada la mayor incertidumbre y fragilidad institucional. También aumenta el sentimiento de miedo, lo que genera un mayor apoyo popular a políticas violentas de seguridad pública y al exterminio de grupos minoritarios. El abandono de las regulaciones ambientales y la reanudación de la exploración de combustibles fósiles pueden, a corto plazo, flexibilizar y abaratar los costos de producción, pero el cuestionable beneficio individual impondrá un alto costo global, sobre todo para los países pobres, que sufrirán más severamente las consecuencias del cambio climático: es la conclusión del estudio de la premio Nobel Esther Duflo.

Normalizar lo que debería ser aborrecible parece ser la tendencia en política. Es hacia allí hacia donde el entonces presidente pretende devolver Estados Unidos: hacia la condescendencia opresora de una parte de la sociedad con la implementación de un proyecto supremacista y oligárquico, a pesar del orden mundial colectivo. Sin embargo, apoyar políticas que buscan ganancias individualistas, refuerzan privilegios o segregan estructuras es ser complaciente con la perpetuación de violaciones históricas y eximir de responsabilidad a los actores involucrados.

Es importante, por tanto, desenmascarar los eufemismos y no tratar lo persecutorio y opresivo como mero proteccionismo o identitarismo conservador. El gran peligro de no nombrar las cosas correctamente es que permite a grupos poderosos patrocinar regímenes autoritarios y daños colectivos y beneficiarse de ellos sin consecuencias. Hay, por tanto, sectores organizados que ven la democracia como una limitación y una barrera para la realización de sus intereses oligárquicos. El pionero Elon Musk, que ahora forma parte de la administración Trump, identificó el potencial de ganancias en la diversificación de la inversión en tecnología, redes sociales y líderes autocráticos. Otros inversores con gran poder (económico y político) están siguiendo oportunamente la recomendación, sin ningún tipo de pudor.

Al predecir que “el sueño americano regresará”, Trump deja claro a quién se le permitirá soñar. Cabe preguntarse si habrá condiciones institucionales, políticas y sociales para resistir y detener la pesadilla de otros –incluso más allá del muro–, cuyo sueño no parece encajar en esta supuesta oligoautocracia norteamericana en marcha.

El nexo entre clima, biodiversidad y agua: la protección de los servicios ecosistémicos en Sudamérica

En los últimos años, incendios forestales sin precedentes han devastado regiones de todo el mundo, entre ellas Australia en 2019-2020, Canadá en 2023 y, más recientemente, Brasil, otros países de América del Sur y California en Estados Unidos. En Brasil, los incendios en la Amazonia y el Pantanal (el humedal tropical más grande del mundo) destruyeron más de 20 millones de hectáreas en 2024, mientras que en Bolivia ardieron al menos 4 millones de hectáreas. Al hacer que las condiciones atmosféricas sean más cálidas y secas, el cambio climático aumenta el riesgo de incendios, causando trágicas pérdidas de vidas humanas, daños económicos extremadamente altos y una pérdida masiva de biodiversidad, con la destrucción de innumerables especies de todo tipo.

No hay evidencia científica de que la tendencia del cambio climático se revertirá en los próximos años. Por el contrario, continuará, y es probable que provoque escasez de agua y alimentos, la desaparición de bosques nativos, menor cantidad de abejas para polinizar los cultivos y menos espacios naturales para que disfrutemos. En otras palabras, la aceleración del cambio climático y los incendios resultantes en todo el mundo no solo están teniendo un enorme impacto en la pérdida de biodiversidad, sino que también están disminuyendo, a un ritmo acelerado, los servicios ecosistémicos, como la regulación de la cantidad y calidad del agua dulce, de la que depende el bienestar humano.

Los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que la naturaleza proporciona a las personas, o en términos más simples, todo lo que la naturaleza hace para ayudarnos a tener una vida saludable, dependen de la conservación, el uso sostenible y la restauración de la naturaleza. Un futuro con servicios ecosistémicos en declive es un futuro de menor calidad de vida y mayor inequidad, ya que la escasez de alimentos, energía y agua será la regla y no la excepción. 

Las poblaciones ya vulnerables de las áreas rurales y urbanas sufrirán desproporcionadamente los impactos de la pérdida de servicios ecosistémicos. En unas pocas décadas, se espera que el cambio climático sea el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo que conducirá a lo que se conoce como injusticia climática. Los desastres naturales intensificados por el cambio climático, como huracanes e inundaciones, en América Latina y el Caribe, se han triplicado en los últimos 50 años. Los desastres pueden reducir el PIB hasta en un 0,9 por ciento en los países de bajos ingresos del continente, mientras que en el Caribe pueden destruir el 3,6 por ciento. El cambio climático también impulsará la migración de 17 millones de personas para 2050.

Además de reducir el consumismo y el uso de combustibles fósiles, las soluciones basadas en la naturaleza son una de las mejores opciones que tenemos como sociedad global para luchar contra el cambio climático. Estas consisten en acciones que utilizan la naturaleza y los procesos naturales para resolver problemas ambientales, por ejemplo, restaurando o protegiendo los bosques para tener agua limpia o absorbiendo carbono para luchar contra el cambio climático. Estas soluciones pueden mejorar el medio ambiente al tiempo que benefician a las personas, haciendo que las comunidades sean más saludables y resilientes.

Un ejemplo de solución basada en la naturaleza es el Proyecto de Conservación del Agua – Extrema en el municipio brasileño del mismo nombre. Se considera un modelo exitoso de Pago por Servicios Ecosistémicos (PSA), donde los agricultores y propietarios de tierras locales son compensados ​​por conservar y restaurar áreas forestales que protegen las fuentes de agua. El proyecto, que comenzó en 2005, ha ganado atención a lo largo de los años por su papel en el aumento de la disponibilidad de agua para las áreas urbanas circundantes, incluida la zona metropolitana de São Paulo. Esta iniciativa ha restaurado además, más de 5.000 hectáreas de bosque, lo que ha permitido proteger la biodiversidad.

Ubicado en el estado de Minas Gerais, el municipio de Extrema prioriza la conservación del agua en la cuenca de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí (PCJ). El proyecto ofrece incentivos financieros (unos 70 dólares por hectárea al año) a los propietarios rurales para restaurar áreas degradadas, proteger manantiales y adoptar prácticas sostenibles como la agroforestería. Hasta la fecha, el proyecto ha beneficiado a más de 2.500 familias, ha mejorado las condiciones agrícolas y ha mejorado los servicios ecosistémicos, como la filtración de agua y la resistencia a la sequía.

Las acciones clave de este proyecto incluyen la plantación de más de 80 especies de árboles nativos para restaurar las zonas ribereñas y mejorar el ciclo del agua, la recolección de agua de lluvia, el control de la erosión, la agricultura sostenible y el uso de imágenes satelitales e inspecciones de campo para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales.

La iniciativa se basa en el liderazgo municipal, la participación de las bases y un modelo de gobernanza de abajo hacia arriba, que fomenta la confianza y la participación a largo plazo. Además, integra tecnologías avanzadas como la teledetección, imágenes satelitales, SIG (sistemas de información geográfica) y sistemas de riego inteligentes para una gestión eficiente de los recursos.

El proyecto Extrema comparte similitudes y diferencias con las iniciativas de PSA en otros países. En comparación con el PSA de Costa Rica, que, desde la década de 1990, comenzó a compensar a los propietarios de tierras por la reforestación, la conservación de la biodiversidad y la protección del agua, el Proyecto Extrema también utiliza los mismos modelos de incentivos financieros financiados por los usuarios de los servicios ambientales (por ejemplo, las empresas hidroeléctricas) para promover prácticas sostenibles. A diferencia del primero, que opera a nivel nacional, el proyecto Extrema está más localizado y se centra en una cuenca hidrográfica específica (la cuenca del río Jaguari). El proyecto también enfatiza la colaboración directa con otros municipios dentro de esta cuenca, promoviendo un mejor enfoque de gobernanza regional.

El Fondo de Agua de Ecuador financia proyectos de conservación en los Andes para proteger las fuentes de agua para el consumo urbano. Tanto esta como la iniciativa de Extrema aprovechan a los beneficiarios de aguas abajo para financiar la conservación aguas arriba. Las diferencias son que este último incorpora amplios esfuerzos de reforestación y agroforestería, mientras que el modelo de Quito se centra más en mantener los ecosistemas existentes a través de la participación y la educación de la comunidad.

El Programa de Conversión de Tierras en Pendiente de China compensa a los agricultores por convertir tierras de cultivo degradadas en bosques o pastizales para combatir la erosión y mejorar la retención de agua. Tanto este proyecto como el de Extrema son similares en lo que respecta a abordar la seguridad hídrica a través de la reforestación y el control de la erosión, centrándose en paisajes vulnerables. Sin embargo, Extrema enfatiza fuertemente la participación de las partes locales interesadas e integra prácticas agrícolas tradicionales, mientras que el SLCP de China funciona más como una política de arriba hacia abajo.

Estas comparaciones resaltan el importante papel del proyecto de Extrema en el nexo entre clima, biodiversidad y agua y su potencial para servir como modelo para regiones con estrés hídrico como Nairobi o Ciudad del Cabo, donde la demanda de agua urbana presiona las cuencas hidrográficas frágiles.

El Proyecto de Conservación del Agua de Extrema demuestra cómo los esfuerzos localizados y centrados en la comunidad pueden abordar los desafíos interconectados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua. Ampliar estas iniciativas a nivel mundial puede mejorar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios forestales, conservar los ecosistemas y promover el acceso equitativo a los recursos.

Aquí, solicitamos su apoyo a políticas que repliquen soluciones transformadoras como Extrema, garantizando prácticas más sostenibles en su comunidad, como la restauración de la vegetación nativa, programas de reciclaje y compostaje y recolección de agua de lluvia. Compartir historias de éxito puede inspirar la acción colectiva para un futuro sostenible.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Las grandes mentiras de la nueva era de Trump

Las primeras semanas de Donald Trump en el gobierno se están desarrollando como era de esperarse, pero eso no significa que sus primeras acciones sean menos llamativas u horribles. En Estados Unidos, a pocos sorprende esta mezcla de mentiras, estupidez y extremismo.

Deportaciones masivas, crisis internacionales (por ejemplo, la disputa y amenazas a Colombia) o la explicación presidencial de que una tragedia aérea se debe a los programas de diversidad son pequeñas muestras de la crisis constante y sonante que promete el trumpismo 2.0.

Como bien saben los expertos en fascismo y populismo, este tipo de líderes suele utilizar sus primeros días en el poder para restar importancia a la legalidad, aumentar la demonización y, en el caso de los fascistas, o aspirantes a fascistas como Trump, incluso recurrir a la deportación y la persecución. Lo que estamos presenciando es un intento de establecer el tono para hacer aceptable lo que normalmente en las democracias normales se considera inaceptable. Quieren adormecer a la población ante declaraciones idiotas, mentiras de tipo totalitario y acciones impredecibles e ilógicas. En este marco, Latinoamérica parece un terreno fácil para hacer y deshacer. Un ámbito para hacer ruido y promover el espectáculo frente al que no pueden hacer mucho sin enfrentar consecuencias graves para sus economías y políticas internas. Panamá es otro ejemplo de ello. El intercambio surrealista con el presidente colombiano, quien se prestó a sí mismo y a su país a ser manipulado y vapuleado, y el uso de aranceles para negociar espectáculos políticos no económicos demuestran que no se puede contestar con demagogia o populismo. Es necesario pensar programas conjuntos para defender lo propio y no basarse en las redes sociales.

A diferencia de los fascistas plenos, los primeros días de Trump en el poder también están de alguna manera desarticulados y descoordinados e incluso dominados por la ineficacia e impredecibilidad del líder. Trump claramente no es una persona que piensa con profundidad lo que dice y hace. Este nivel de ignorancia en los círculos más altos del gobierno de Estados Unidos es, por supuesto, impactante pero esperado. El conjunto de personajes promovidos para su gabinete presenta un récord trágico de charlatanes y obsecuentes y, sobre todo, carentes de conocimientos.

Pero Trump no hace nada que no dijo que iba a hacer. Prometieron una campaña de conmoción y asombro y su gobierno la continúa como si todo se tratara de un constante plebiscito del que solo participa la mitad de la población. En todo esto, hay un efecto adormecedor en la oposición. Hay fatiga de Trump entre el 48% que votó en contra del líder populista. Y también en los muchos que decidieron no votar en su contra. Trump ganó con el 49% de los votos. Esto, por supuesto, no puede darle legitimidad para ser inconstitucional y, sin embargo, lo intenta. Esto es algo que ellos saben, y por eso consideran tan importantes estas primeras semanas. ¿Groenlandia americana? ¿Golfo de América o la toma del canal de Panamá? Este es el tipo de cosas que podemos esperar de Trump: propaganda nacionalista extrema y mentiras que posiblemente puedan convertirse en realidad si a nadie más le importa. Con el tiempo, las mentiras se enfrentarán a la realidad y más ciudadanos se enfrentarán a ella. En otras palabras, Trump recibió apoyo debido a promesas falsas y, cuando sea más evidente que no las puede llevar a cabo, su legitimidad disminuirá.

El trumpismo, como luego hizo Jair Bolsonaro en Brasil, aspiró a un golpe de estado cuando perdió la elección anterior, y esta realidad no puede borrarse mediante nuevos votos o indultos o la falsa reescritura de la historia. Cuando esto sucede, se resta importancia a la democracia y la dictadura se vislumbra en el horizonte. Esto es lo que promueve Trump, las nuevas grandes mentiras de su plena legitimidad.

Por ahora estas primeras semanas nos brindan espectáculos para pensar lo que viene. En este sentido, son profundamente sintomáticos y deben ser profundamente analizados. Decenas de millones de estadounidenses lo desean y se entretienen con ello, pero pasa algo más problemático también. La creencia es exactamente lo que impulsa el culto trumpista. No evidencia, sino creencia. La creencia es clave para esta religión política extrema. Y estos espectáculos, una especie de circo en la Casa Blanca, también son parte de antiguos rituales de violencia y persecución. No es exclusivo de muchos estadounidenses sentirse hipnotizados por estas formas ilógicas de pensamiento y su propaganda y espectáculos. Pero muchos no votaron a Trump por esto, sino por razones económicas. Como pasó en historias previas de extremismos y autoritarismos fascistas y populistas, tarde o temprano muchos de ellos se darán cuenta de que creen en promesas falsas y mentiras. La pregunta es: ¿qué tan pronto?

Por ahora, reina la mentira. La nueva gran mentira es que Trump ganó de manera aplastante y esto lo autoriza a poner el mundo patas arriba. Esta es la gran confusión que se está promoviendo en estos momentos. En democracia ganar elecciones no da un cheque en blanco para borrar el pasado o la legalidad.

Una visión para OPS/OMS desde y para América Latina

El clamor de expertos sanitarios ante el anuncio de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela, desde nuestro punto de vista, cuestiones más profundas sobre las estructuras de la gobernanza sanitaria mundial, más allá de las posibles lagunas financieras y operativas que los expertos puedan decir que les preocupan. El modo en que se determinan las prioridades sanitarias mundiales, y quién lo hace, revela jerarquías de poder que reflejan historias coloniales alrededor del mundo; este desequilibrio tiene un efecto tan importante sobre la misión de la OMS y sus oficinas regionales como la pérdida de financiación.

EE.UU. ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la OMS a lo largo de sus 76 años de existencia; directa e indirectamente, el país también ha influenciado la política y la economía de muchos países de América Latina y el Caribe (ALC) durante los dos últimos siglos. Por ello, no es de extrañar que EE.UU. sea el mayor contribuyente tanto a la OMS como a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cabe recalcar que la OPS se fundó antes que la OMS, en 1902, por iniciativa del gobierno estadounidense y otros países de la región preocupados por la propagación de enfermedades infecciosas a medida que crecía el comercio marítimo internacional. El hecho de que la organización haya mantenido su sede en EE.UU. desde su creación y de que este país aporte más de la mitad de las cuotas de todos los países (54%) habla del legado colonialista de dominio estadounidense en las Américas.

Recientemente, académicos nos alertaron sobre la influencia que puede perder EE.UU. al abandonar la OMS; consideramos esta reacción como una mayor fuente de preocupación para la región de ALC que la posibilidad de ver reducido el financiamiento de la OPS, especialmente porque los mismos académicos dejan claro que les preocupa el futuro de los centros colaboradores de la OMS con sede en EE.UU. (72 de los 180 en total). Quienes abogan por la equidad, ¿no deberían buscar un mayor equilibrio entre los países? Al menos en las Américas, deberíamos dar la bienvenida a la oportunidad de descentralizar la OPS de Washington, D.C., reimaginando sus funciones básicas para atender más adecuadamente las prioridades de los países donde más se necesita. Además, la reubicación de la sede de la OPS/OMS y de algunos centros colaboradores en la región de ALC reduciría los costos operativos y traería consigo un cambio en la formación y experiencia de los expertos de OPS y colaboradores externos, lo que permitiría contribuciones más relevantes para la región.

Además, los comparativamente mejores resultados en salud de algunos países de ALC apuntan a la posibilidad de que los conocimientos que necesitamos se encuentren fuera de EE.UU. Por ejemplo, Chile, Costa Rica y Panamá tienen una esperanza de vida superior a la de Estados Unidos. De hecho, se considera que EE.UU. tiene un «rendimiento global excepcionalmente débil» (con una menor esperanza de vida y mayores tasas de mortalidad y enfermedad que otros países comparables) teniendo en cuenta su elevado gasto sanitario; los territorios no incorporados de EE.UU. tienen resultados sanitarios aún más bajos. Las clasificaciones de salud y desarrollo humano también sitúan a EE.UU. muy por detrás de otros países de renta alta (como Canadá). Quizás los académicos basados en EE.UU. deberían preocuparse más por los retos de la salud pública estadounidense y el papel que la OPS/OMS podría tener en el apoyo a sus reformas.

Después de más de un siglo de toma de decisiones e implementación sanitaria a nivel mundial y regional que dependía en gran medida de la financiación del gobierno estadounidense y de organizaciones con sede en EE.UU., como la Fundación Gates, la Alianza GAVI y Rotary International, puede que haya llegado el momento de que los gobiernos de ALC se hagan cargo de su propia gobernanza en salud. Descentrar física, financiera y políticamente a la OPS de Washington, DC, le permitiría centrar más adecuadamente su agenda sanitaria en las prioridades de ALC y estar más capacitada para abordar las necesidades de las diferentes poblaciones de las Américas. Como predecesora de la OMS, la OPS tiene la capacidad de encontrar formas de mantenerse fiel a su misión de «liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas”.

La preocupación por cuestiones de salud mundial, como la gobernanza en salud (por ejemplo, reglamentos sanitarios internacionales, un tratado sobre pandemias), no justifica la influencia desproporcionada de un país en el futuro de cualquier organización multilateral. En efecto, la prolongada dependencia de las economías de ALC con respecto a EE.UU., refuerza los desequilibrios de poder que han dado lugar a desigualdades sistémicas en los resultados sanitarios de la región. Romper con este legado y avanzar hacia esfuerzos más equitativos y colaborativos es un camino positivo para los países de ALC.

El déjà vu electoral de Ecuador

En apenas tres años, Ecuador ha experimentado cuatro procesos electorales, un ritmo vertiginoso que refleja la profunda inestabilidad política del país. El desenlace de ayer en la primera vuelta confirma un escenario ya conocido: una reedición del balotaje de 2023.

Por un lado, Daniel Noboa, heredero de uno de los conglomerados más poderosos del país, representa la continuidad de un proyecto político aún en construcción. Por el otro, Luisa González, figura emblemática de la marea rosa que recorrió América Latina en la primera mitad del siglo XXI, busca devolver al correísmo al poder tras dos intentos consecutivos fallidos en la carrera presidencial.

Ambos candidatos suman más del 88,62% de los votos, consolidando así la elección en primera vuelta más polarizada de Ecuador desde el retorno a la democracia.

El correísmo resurge: ¿podrá Luisa González romper el techo electoral?

El correísmo, agrupado en la Revolución Ciudadana (RC), ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia electoral. Desde la salida de Rafael Correa del poder en 2017, el movimiento ha enfrentado proscripciones, persecuciones judiciales y un desgaste natural tras más de una década en el gobierno. Sin embargo, sigue siendo una de las fuerzas políticas mejor organizadas del país, con una base de apoyo sólida en sectores populares y rurales, especialmente en la Costa, donde la RC es vista como la única alternativa con proyecto de protección social en el país.

Esta elección marca un punto de inflexión. Con Luisa González alcanzando el 44,17% de los votos, la RC se encuentra en su posición más fuerte desde 2017. A diferencia de elecciones anteriores, donde el techo electoral parecía infranqueable, hoy se vislumbra una oportunidad real de superarlo.

Uno de los factores clave en este proceso es la evolución de Luisa González como figura política. En 2021, su irrupción en la escena nacional fue abrupta, fue una figura nueva, y aunque logró consolidarse como la candidata del correísmo, su falta de trayectoria le impidió conectar más allá del voto duro. Hoy, su historia es diferente. Ha demostrado mayor experiencia y madurez, intentando construir una identidad propia que no solo se apoye en el legado de la Revolución Ciudadana, sino que también proyecte un liderazgo autónomo y renovado.

Además, el contexto actual juega a su favor. Ecuador atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, marcada por la inseguridad, la precarización económica y la inestabilidad política. En este escenario, la demanda de estabilidad y protección social se ha vuelto central en la decisión de los votantes. Para una parte significativa de la población, la RC sigue siendo la opción más creíble para devolver al país una sensación de orden y seguridad.

Aunque el desafío de superar el voto de rechazo y ampliar su base electoral sigue vigente, la posibilidad de recuperar la presidencia es más real que nunca. El respaldo de un aliado clave como Leonidas Iza, líder indígena con una base electoral significativa y el 4,76% de los votos en la primera vuelta, podría ser determinante. Con esta posible alianza y una estrategia efectiva para atraer indecisos, Luisa González tiene la oportunidad de lograr lo que en 2021 y 2023 parecía imposible: llevar al correísmo de vuelta al poder.

Daniel Noboa: la fortaleza de un liderazgo en construcción

A pesar de apagones de 14 horas y una crisis de seguridad sin precedentes—2024 cerró como uno de los años más violentos, con 8.008 homicidios—Daniel Noboa mantiene una popularidad notable: un 44,44% para un incumbente, una cifra alta en el actual contexto de crisis.

Su aprobación no se basa en la eficiencia, sino en la percepción de firmeza. Acciones como la militarización de las calles o la incursión en la embajada mexicana han reforzado su imagen de “presidente que actúa”, más allá de los resultados concretos.

Incluso eventos traumáticos, como la desaparición de cuatro niños, no han debilitado su respaldo. En una sociedad que ha naturalizado la violencia, la legalidad pasa a un segundo plano cuando lo que se exige es soluciones inmediatas, sin importar el costo.

Su respaldo trasciende el anticorreísmo y las élites económicas altas, atrayendo a diversos sectores de la sociedad: mujeres, jóvenes, clases medias y bajas, así como a sectores populares empobrecidos que buscan estabilidad en medio del caos. Una de las ideas más reveladoras de la socióloga Arlie Hochschild es que la clase trabajadora no necesariamente rechaza a los ricos; por el contrario, los admira cuando percibe en ellos esfuerzo y éxito. Lo que valoran es la movilidad social ascendente y la posibilidad de mejorar sus propias condiciones de vida. Sin embargo, desconfían profundamente de las élites urbanas sobreeducadas, a quienes perciben como arrogantes y desconectadas de la realidad cotidiana.

Según el Latinobarómetro 2024, muchos ecuatorianos mantienen la esperanza de que su situación personal mejorará en el futuro, aunque muestran escepticismo respecto al progreso del país en su conjunto. Esta contradicción—optimismo individual frente a pesimismo colectivo—ayuda a comprender el arraigo de Daniel Noboa en el imaginario popular. Su éxito empresarial no es interpretado como un privilegio heredado, sino como un símbolo de esperanza y una promesa personalizable: si él lo logró, quizás otros también puedan hacerlo. Esta narrativa refuerza su conexión con amplios sectores de la población, que ven en su trayectoria un reflejo de sus propias aspiraciones.

En un Ecuador profundamente marcado por el rechazo hacia la clase política tradicional y la desconfianza generalizada en las instituciones, Noboa no solo representa la continuidad de un proyecto político aún difuso y lleno de contradicciones, sino que también encarna un liderazgo percibido como novedoso y alejado del tradicionalismo político, instalando la idea de un nuevo ecuador, para muchos, su figura se ha convertido en un símbolo de estabilidad y renovación.

En un Ecuador profundamente marcado por el rechazo hacia la clase política tradicional y la desconfianza generalizada en las instituciones, Noboa no solo encarna la continuidad de un proyecto político aún difuso y lleno de contradicciones, sino que también representa un liderazgo percibido como novedoso y distante del tradicionalismo político. Su figura ha logrado instalar la idea de un «nuevo Ecuador», convirtiéndose, para muchos, en un símbolo de renovación.

Cierre: Un Ecuador en busca de rumbo

Más allá de las diferencias entre ambos candidatos, lo que subyace es una demanda común: la necesidad de orden y estabilidad en un país que ha visto cómo la violencia, la precariedad económica y la desconfianza institucional se han convertido en realidades cotidianas.

La polarización entre Daniel Noboa y Luisa González, dos figuras que encarnan proyectos políticos antagónicos pero igualmente arraigados en el imaginario popular, evidencia las tensiones profundas que atraviesan la sociedad ecuatoriana. La elección no solo definirá el futuro político de Ecuador, sino también la capacidad de sus líderes para responder a las expectativas de una ciudadanía que, aunque dividida, comparte un anhelo de cambio.

Ningún ser humano es ilegal

Elegido para presidir Estados Unidos entre 2025 y 2029, el inicio del segundo mandato presidencial del republicano Donald Trump está marcado por una serie de polémicas. Las medidas que ha venido adoptando desde su toma de posesión, a pesar de no ser mayores sorpresas, pues ya eran parte de su campaña, han repercutido en discusiones en el ámbito de la política internacional. Una de estas medidas, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales, es la llamada “deportación masiva” de inmigrantes indocumentados y/o en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Muchos de éstos, a su vez, están siendo enviados a sus países de origen esposados ​​y atados por los pies bajo el argumento de que podrían, potencialmente resistirse a la detención y/o causar disturbios, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes de deportación y la seguridad de los vuelos.

Si bien la deportación es una medida controvertida, vale la pena resaltar que el Estado, en su concepción moderna, es soberano para decidir qué política migratoria adoptará en su territorio nacional. Esta política, sin embargo, debe estar en consonancia con los compromisos internacionales que ha asumido. En este sentido, la filósofa y ensayista italiana Donatella Di Cesare (2020) identifica que las democracias liberales contemporáneas están marcadas por un dilema filosófico, el cual se compone de una tensión política entre el principio de soberanía estatal y los derechos humanos. Según el autor, el derecho a la exclusión, es decir, a definir quién es nacional, ciudadano con derechos, y quién es extranjero, es el sello distintivo del principio de soberanía estatal y uno de los elementos fundadores del Estado moderno y, por tanto, del sistema internacional en el que estamos insertos.

Así, la frontera estatal que cruza el sujeto migrante no es simplemente una línea imaginaria que marca el límite de un Estado y el inicio de otro, sino un espacio complejo de disputas, encuentros, posibilidades y límites. Se trata pues de una paradoja democrática que opera según la lógica de proteger la nación, la pertenencia, discriminando y excluyendo al “otro”, al extranjero, a aquel que no pertenece a la nación.

Desde mediados del siglo XX asistimos a un aumento de los flujos migratorios internacionales, intensificados aún más por los efectos de la globalización desde los años 1990. Conflictos armados internos e internacionales, desastres ambientales causados ​​o no por la acción humana, pobreza, desigualdades sociales, diferencias históricas, la falta de oportunidades, la búsqueda de mejores condiciones de vida, son algunas de las principales razones que hacen que una persona decida migrar, a un país distinto al de su nacionalidad.

Con el objetivo de proporcionar un movimiento migratorio seguro y ordenado, en el que se puedan asegurar los derechos humanos del sujeto migrante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado instrumentos normativos, como declaraciones y tratados internacionales, que deben ser respetados por sus Estados miembros y que tratan esta cuestión. Sin embargo, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada en 1948, establece, por ejemplo, en su artículo decimotercero que todo humano tiene derecho a migrar, en la práctica las migraciones son vistas como un problema para el sistema internacional y una amenaza potencial para el Estado-nación. Por esta razón, muchos Estados han adoptado políticas migratorias cada vez más restrictivas para contener, o al menos dificultar, estos movimientos de personas.

En general, las políticas migratorias internacionales restrictivas están asociadas a una narrativa y una lógica de “crisis”, presente en ciertos discursos políticos y difundida y reforzada por los medios de comunicación, que identifican los movimientos migratorios como problemas imponentes y culpabilizan a los migrantes de problemas que enfrentan los países y sociedades que reciben a estas poblaciones. Así, además de alimentar prácticas discursivas xenófobas y racistas, según la experta Carolina Moulin, el argumento de la “crisis migratoria” convierte una cuestión de derechos en una cuestión de seguridad, resultando en lo que la autora llama una “política de contención de los excesos”, de una fuerza de trabajo necesaria pero nunca bienvenida.

En este contexto, la política de Trump de deportar personas en cantidades sin precedentes, así como el uso indiscriminado de esposas, cadenas y otras formas de trato degradante, supuestamente estaría justificada, ya que ahora los inmigrantes están asociados con todos los delitos y problemas relacionados con el bienestar social de la población estadounidense.

Como resultado, la persona migrante es objeto de un proceso de criminalización y cuando se encuentra en situación no regulada, se le coloca la etiqueta de “ilegal”, como si un ser humano pudiera ser considerado ilegal por el simple hecho de existir, buscar y construir otra realidad para sí y su familia. Según el experto Di Cesare “[…] vista como una delincuencia en sí misma, la inmigración sería una fuente de criminalidad. […] el inmigrante se convierte así en un criminal potencial, un bandido furtivo, un terrorista implícito, un enemigo oculto.”

El efecto de esta narrativa, a su vez, no se limita a los migrantes irregulares, quienes no cuentan con la documentación necesaria, sino que afecta también a los migrantes documentados, es decir, aquellos en situación migratoria regular, quienes son estigmatizados cotidianamente. En vista de ello, desde una perspectiva de derechos humanos, lo que estamos presenciando en Estados Unidos, en general, es un profundo retroceso en la política de acogida de los migrantes, lo que pone de relieve el actual colapso de la hospitalidad cosmopolita liberal kantiana.

*Las opiniones, hipótesis y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de FAPESP

El Greenwashing en Brasil y el giro conservador del sector tecnológico

En los últimos años, la crisis climática se ha convertido en uno de los debates más importantes que enfrenta la humanidad. Las empresas han ido incorporando discursos sobre responsabilidad corporativa, criterios ESG (ambiental, social y gobernanza por sus siglas en inglés) y sostenibilidad en sus estrategias. ¿Pero qué pasa cuando esas promesas son sólo palabras? En Brasil, una investigación de Market Analysis (2024) expone que el 85% de las declaraciones ambientales realizadas por los productos tecnológicos analizados son greenwashing. En otras palabras, casi todo lo que se vende como “verde” no es más que maquillaje para conquistar a los consumidores.

Los datos muestran que, a pesar del importante crecimiento del número de declaraciones medioambientales en las etiquetas (un aumento del 46% desde 2010, año del primer análisis de mercado sobre este tema), la proporción de declaraciones engañosas se ha mantenido prácticamente sin cambios. El sector de la electrónica y los accesorios surge como símbolo de regresión. Para 2024, solo el 9% de los productos de esta categoría contaba con certificaciones ambientales verificadas, una caída drástica respecto del 47% en 2014, cuando Market Analysis realizó su segunda edición de la encuesta. 

¿Cómo una industria tan central como la innovación tecnológica pudo haber abandonado su potencial de liderar la agenda ambiental? En lugar de avanzar, la industria parece haber redoblado sus prácticas de greenwashing, y el 92% de las afirmaciones ambientales son ahora puro “lavado verde”.

Para entender este cambio es necesario observar dos números. Este cambio no se produce de forma aislada, sino que refleja una tendencia más amplia que algunos han llamado el “giro conservador” en el sector tecnológico en los últimos años. Un ejemplo emblemático es la posición de Donald Trump en 2025, con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la declaración de una “emergencia energética nacional”, priorizando la exploración de combustibles fósiles. 

Estas decisiones no sólo afectan al sector energético, sino que también envían un mensaje claro al mundo empresarial: la protección y el cuidado del medio ambiente no pueden dejarse de lado en nombre del crecimiento económico. En este contexto, no es difícil imaginar que sectores como el tecnológico, que operan con poca supervisión en cuestiones ambientales, se sientan autorizados a adoptar posiciones menos comprometidas con la sostenibilidad.

Y, por supuesto, la tecnología no es inmune a las presiones políticas y a las decisiones estratégicas de sus líderes. Recientemente, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, lo ilustró perfectamente. Su decisión de recortar equipos centrados en el impacto social y redirigir recursos al metaverso y la inteligencia artificial simboliza las prioridades de una industria que ve la innovación como su único propósito. Zuckerberg sostuvo que las empresas deberían centrarse en el “crecimiento y la innovación” y clasificó las agendas ambientales como “restrictivas” o “ineficaces”. Al escuchar esto, uno se pregunta: ¿Están las empresas tecnológicas demostrando que pueden escapar del escrutinio público sacrificando su compromiso con el planeta?

Curiosamente, mientras el sector tecnológico está retrocediendo, otros sectores están demostrando que es posible avanzar. Entre 2014 y 2024, categorías como “juguetes y artículos para bebé” y “cosméticos e higiene” vieron incrementos del 29% y del 14%, respectivamente, en el número de certificaciones ambientales otorgados. Estos datos son un claro reflejo de unos consumidores y empresas cada vez más exigentes que entienden el valor de las prácticas transparentes. Entonces, ¿por qué la tecnología, un sector del cual se espera que lidere el futuro, decidió ignorar esta tendencia? ¿Está el sector tan obsesionado con el crecimiento y el rendimiento que parece que el futuro no dependiera de un planeta habitable?

Lo que estamos presenciando son más que simples reveses. Es la señal de una profunda desconexión entre las prioridades del sector tecnológico y las necesidades globales. El greenwashing no es sólo una estrategia de marketing, es una elección ética, o más bien, la falta de ella. Y a medida que el sector tecnológico continúa creando el mundo digital del mañana, está construyendo una base inestable basada en promesas vacías e incumplidas.

Si la industria tecnológica no reconsidera sus decisiones, corre el riesgo de alejarse de una generación que valora la autenticidad y la responsabilidad. Lo que es más importante, pierde la oportunidad de ser el agente transformador que exige la crisis climática. Las empresas tienen la oportunidad de dejar de lado el “lavado verde” y asumir un papel real en la construcción de un futuro sostenible. ¿Pero están dispuestos a renunciar a la comodidad de las falsas promesas en aras de algo mayor? Por ahora todo indica que no será así.

Elecciones en Ecuador: entre la desconfianza y la resignación

Ecuador atraviesa un momento crítico marcado por una creciente desconfianza en el Estado y sus gobernantes. Las elecciones han dejado de ser vistas como una oportunidad para la renovación política y, en su lugar, generan incertidumbre. La inestabilidad, reflejada en los constantes cambios de presidentes desde 1979, refuerza la percepción de que el proceso electoral de 2025 difícilmente traerá un cambio real. Con 16 candidatos, muchos de ellos con propuestas similares y menos del 5% de apoyo popular, el electorado enfrenta opciones poco convincentes. Esta fragmentación evidencia una cultura política débil, sin cohesión partidaria ni representación genuina.

La reciente crisis política, marcada por una muerte cruzada y un gobierno de corto plazo centrado en la reelección, ha profundizado este escepticismo. En este contexto, el voto se percibe más como una obligación que como un derecho, lo cual ha reducido la participación activa. Las promesas de cambio parecen vacías, mientras la confianza en el sistema político ecuatoriano sigue deteriorándose.

La cultura política, entendida como el conjunto de valores, creencias y actitudes de los ciudadanos hacia el sistema, es clave para la democracia. Según los expertos Gabriel Almond y Sidney Verba, una cultura política fuerte requiere coherencia entre las creencias ciudadanas y las acciones de los gobernantes. En sus estudios de política comparada, los expertos sostienen que las democracias dependen de una participación activa donde el voto es solo una parte del compromiso político.

En Ecuador, la falta de una cultura política consolidada se refleja en la baja participación activa, lo que refuerza un ciclo de desconfianza e inestabilidad. Y sin una cultura política que promueva el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas, Ecuador seguirá atrapado en un ciclo de desconfianza que impide una democracia estable.

Inestabilidad política: un fenómeno recurrente

La inestabilidad política en Ecuador se ha evidenciado en la interrupción de mandatos presidenciales. Desde 1979 hasta 2023, cinco presidentes no completaron su periodo, revelando una crisis institucional persistente. Esta situación ha generado incertidumbre, debilitando la relación entre gobernantes y ciudadanos, lo cual a su vez ha debilitado la solidez de las instituciones democráticas.

El gobierno de Alianza País, liderado por Rafael Correa (2007-2017), brindó una percepción de estabilidad frente a gestiones previas. No obstante, los casos de corrupción y su estilo polarizador erosionaron la confianza pública. Esta situación conllevó una fragmentación interna que debilitó al movimiento y alejó a nuevas generaciones. Los gobiernos siguientes, pese a marcar distancia, no consolidaron una percepción similar de solidez. Y recientemente, las crisis de seguridad, energética y económica han acentuado la desconexión entre el Estado y la ciudadanía.

Desconexión entre ciudadanos y gobernantes

La desconexión entre las creencias políticas de los ciudadanos y las acciones de los gobernantes es un factor clave en la crisis política de Ecuador. Esto se refleja especialmente en el creciente desinterés de los jóvenes de 18 a 30 años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solo el 25% de este grupo participa activamente en procesos políticos más allá del voto, lo que demuestra una falta de confianza en los partidos tradicionales.

La desafección política se debe en gran parte a la escasa representación y a la percepción de que las promesas electorales no generan cambios reales. La falta de liderazgo auténtico y la incapacidad de transformación agravan el desencanto, especialmente entre los jóvenes, quienes, pese a los intentos de algunos candidatos por acercarse a ellos, ven la política como un ámbito reservado para expertos. Las elecciones se han convertido en un ejercicio de «supervivencia política», donde se elige al «menos peor» en lugar de propuestas concretas y viables, perpetuando la crisis de representación y la desconfianza.

En este marco, el panorama político ecuatoriano de cara a las próximas elecciones presidenciales está marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Mientras un sector del electorado mantiene esperanzas de cambio, la mayoría se muestra apática o desilusionada. Este desinterés, especialmente entre los jóvenes, evidencia la falta de una cultura política sólida que exija la implementación de las promesas de campaña en acciones concretas.

El ejercicio político no culmina en la urna, sino que cobra sentido a partir de ella. La democracia no se sostiene solo con el voto, sino con ciudadanos informados, críticos y comprometidos con el futuro del país. Exigir transparencia, el cumplimiento de promesas y una gestión responsable no es una opción, sino un deber. El futuro de Ecuador no puede reducirse a la defensa de intereses individuales, sino entenderse como un esfuerzo colectivo donde la participación activa de la sociedad y la responsabilidad de los gobernantes sean la verdadera fuerza del cambio.

A contracorriente: el acuerdo UE-Mercosur y la política comercial de Trump

Con la toma de posesión de Donald Trump, ha vuelto la política de “America First” que incluye los aranceles como arma de presión económica y expresión de una política proteccionista. Durante el primer mandato de Trump, las negociaciones entre la UE y Mercosur concluyeron (en junio de 2019) con un primer borrador de un Acuerdo de Asociación. La conclusión de las negociaciones, tras más de 20 años de altibajos, se consideró en su momento como una señal de la UE y del Mercosur a favor del libre comercio y en contra de la política proteccionista de la administración Trump.

Posteriormente las negociaciones quedaron bloqueadas por la disputa sobre una mayor garantía de protección del clima como demanda de la UE, el proteccionismo agrícola encubierto de Francia y la desastrosa política medioambiental y climática de Bolsonaro. El escepticismo sobre si el acuerdo llegase a firmarse volvió a aumentar. Sin embargo, tras la elección de Trump, la Comisión Europea y Mercosur acordaron un texto modificado con anexos a principios de diciembre de 2024, que aún debe ser firmado y ratificado por las partes.

El inminente cambio de gobierno en Estados Unidos después del triunfo electoral de Trump puede haber influido en la conclusión de las renegociaciones. No se puede descartar que la reacción contra la política proteccionista estadounidense en Europa y América del Sur también podría influir en la firma y posterior ratificación del acuerdo. De esta manera, Donald Trump se convertiría en el partero del acuerdo UE-Mercosur.

Con el acuerdo, ambas partes marcarían una clara contraposición a la política estadounidense. A diferencia de Trump, el Mercosur y la UE están a favor de una liberalización comercial amplia y la consolidación de sus relaciones comerciales sobre una base jurídica que crea seguridad para empresas y gobiernos. La UE y el Mercosur se refieren al Acuerdo de París, del que Trump ha vuelto a retirar a Estados Unidos. En cambio, la UE y el Mercosur reafirman su validez y se comprometen a cumplirlo.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur es un acuerdo basado en una asociación entre iguales que toma en cuenta las preocupaciones del socio. Esto no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo, la UE ha intentado imponer unilateralmente sus intereses o ha dictado normas de acceso al mercado europeo, que repercuten directamente en terceros países y van más allá de lo acordado en el acuerdo con el Mercosur.

Con Lula, Brasil ha conseguido convertir las negociaciones en un conflicto de intereses Norte-Sur en el que la UE quiere hacer valer sus intereses unilateralmente y no hace ninguna concesión a los socios del Mercosur ni tiene suficientemente en cuenta sus intereses. En el nuevo texto del acuerdo, la UE y Mercosur se han hecho concesiones mutuas.

Los gobiernos del Mercosur, especialmente Brasil, ponen énfasis en las concesiones en materia de la liberalización de contratación pública (como la exclusión total de las compras realizadas por el Sistema Único de Salud y la preservación de márgenes de preferencia para bienes y servicios nacionales), el derecho a aplicar tarifas de exportación sobre minerales críticos para fomentar la creación de valor añadido local, y la protección de la industria automovilística nacional con eliminaciones arancelarias durante un período más largo (especialmente para vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno y otras nuevas tecnologías) y la creación de un mecanismo de salvaguardia de inversiones en el sector.

La UE ha logrado su objetivo de dar mayor peso a la protección del medio ambiente y del clima. En el nuevo texto las partes reiteran su compromiso con el Acuerdo de París que definen como elemento esencial del acuerdo entre la UE y el Mercosur. El texto establece que en el caso de una violación grave y sustancial de las obligaciones se podrán adoptar medidas apropiadas que como último recurso incluyen la suspensión, total o parcial, del acuerdo. El nuevo anexo sobre comercio y desarrollo sostenible la UE y el Mercosur reafirman sus compromisos internacionales de evitar una mayor deforestación e intensificar los esfuerzos para estabilizar o aumentar la cubierta forestal a partir de 2030.

Para los gobiernos del Mercosur, los elementos de cooperación y de confianza mutua en el nuevo texto del acuerdo revisten especial importancia. Durante mucho tiempo, la posición de la UE se caracterizó por la desconfianza hacia Mercosur, y se puso en duda su voluntad de aplicar sus compromisos en materia de protección del medio ambiente y del clima. Los gobiernos del Mercosur hacen hincapié que la UE ahora confía en los propios Estados del Mercosur para supervisar y comprobar si se cumplen las normas medioambientales de la UE al exportar mercancías al mercado europeo. Además, la UE promete apoyo financiero para adaptarse a los nuevos requisitos medioambientales y de protección del clima en el comercio, así como un trato preferencial para los productos sostenibles de Mercosur y la creación de un programa especial para canalizar la cooperación en el marco del acuerdo. En resumen, se trata de un avance significativo hacia una agenda birregional y compartida para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible.

El texto está ahora en proceso de revisión jurídica y de traducción a las lenguas oficiales de la UE. A continuación, la Comisión Europea presentará el acuerdo al Consejo Europeo para su aprobación (por mayoría cualificada). A continuación, debe decidirse si se divide el acuerdo de asociación y se vota por separado la parte comercial (ratificación sólo por el Parlamento Europeo) o en su totalidad (ratificación también por los parlamentos nacionales y, en algunos casos, subnacionales).

Aunque la firma y ratificación del acuerdo por parte de los Estados del Mercosur puede darse por segura, ahora depende de la Unión Europea si aprovecha la oportunidad para posicionarse como antítesis de la política comercial de Trump y reivindicarse como potencia normativa. Sería trágico que las aspiraciones geopolíticas y geoeconómicas de la UE se sacrificaran en el altar del proteccionismo agrícola francés.