Imaginemos un centro de mando militar en la frontera: en la pantalla, un programa de inteligencia artificial analiza radares, cámaras y satélites en tiempo real para sugerir un ataque en cuestión de segundos. Los oficiales deciden si aceptan la recomendación. Sin embargo, el verdadero peligro no está en la pantalla, sino a miles de kilómetros de distancia, porque el programa funciona en los servidores de una empresa extranjera y ningún juez ni autoridad local puede revisar cómo toma sus decisiones.
Delegar la inteligencia táctica de la defensa pública en infraestructuras y programas informáticos ajenos significa ceder el núcleo de la soberanía nacional. Mientras el debate parlamentario sobre tecnología en Colombia se centra en proyectos de ley sectoriales destinados a regular el uso de la inteligencia artificial por parte de la fuerza pública e imponer restricciones a las decisiones letales delegadas, se pierde de vista una lección fundamental del vecino regional: es imposible ejercer un control humano significativo sobre la tecnología militar cuando un país carece de soberanía industrial y tecnológica.
Soberanía industrial y desarrollo tecnológico
En el ámbito de la defensa, las leyes marco que prohíben la autonomía letal quedan reducidas a letra muerta si la infraestructura operativa se adquiere de terceros como un paquete cerrado. La capacidad de auditar, modificar y supervisar la tecnología exige una base industrial local. En este terreno, el contraste regional resulta revelador.
Brasil ha consolidado un ecosistema industrial de defensa liderado por la multinacional Embraer, que registra ingresos anuales superiores a los ocho mil millones de dólares y produce aeronaves militares de transporte y ataque como el C-390 Millennium y el A-29 Super Tucano. El sector se complementa con empresas como Avibras, especializada en tecnología avanzada de misiles y artillería. Esta autonomía en el hardware permite a Brasil integrar sensores y capas analíticas propias en sus plataformas tácticas.
Por su parte, Colombia ha avanzado de manera significativa en la construcción de su propio hardware de defensa. A través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), el país diseña y ensambla sus propios aviones de entrenamiento y drones de patrullaje. En el sector marítimo, el astillero estatal Cotecmar fabrica las patrulleras y embarcaciones fluviales de la Armada, además de registrar exportaciones de buques y artefactos flotantes por valor de 69,6 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el desafío pendiente va más allá del simple ensamblaje de cascos de acero y fuselajes: exige aprender a desarrollar, entrenar e inspeccionar el software de inteligencia artificial que opera en su interior.
Es ahí donde Brasil ofrece una lección metodológica: no se trata de tener mejores aviones, sino de que, al controlar la plataforma, el Estado pueda exigir que las autoridades competentes auditen el software que la opera. Colombia ya construye cascos y fuselajes. El paso pendiente consiste en tratar el código con la misma lógica industrial.
La infraestructura de datos en América Latina
La soberanía de la seguridad pública en el siglo XXI reside en la infraestructura de datos. Un modelo de inteligencia artificial depende de manera crítica de la información con la que ha sido entrenado y del centro de datos (data center), la infraestructura física donde procesa las operaciones. Es aquí donde la brecha digital entre Brasil y el resto de la región adquiere una importancia crucial.
Brasil concentra alrededor del 49 % de la capacidad de los centros de datos de América Latina, según Moody’s. Gran parte de esa capacidad es comercial y extranjera, pero sobre esa base el Estado brasileño ha impulsado iniciativas de nube pública y centros de supercomputación destinados a desarrollar modelos soberanos. La diferencia con Colombia no es solo de escala: Brasil cuenta con una política estatal orientada a evitar la dependencia de infraestructuras ajenas.
Colombia, en cambio, carece de una infraestructura soberana de procesamiento y supercomputación y es que delegar el control tecnológico compromete la autonomía del Estado. La infraestructura crítica para el análisis y la toma de decisiones del país sigue dependiendo estructuralmente de servidores comerciales remotos ubicados en Estados Unidos o Europa. Si los algoritmos de defensa se entrenan con datos externos y se ejecutan en nubes extranjeras que no pueden ser auditadas por jueces ni mandos locales, Colombia habrá privatizado su seguridad estratégica.
Modelos legislativos en contraste
En el plano legislativo, ambos países avanzan por caminos diferentes para afrontar la amenaza de la letalidad algorítmica. Brasil, mediante el Proyecto de Ley 2338 de 2023, aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y todavía pendiente en la Cámara de Diputados, estableció un precedente regional al exigir que todo sistema de inteligencia artificial que implique riesgos para la vida o la integridad física cuente obligatoriamente con supervisión humana y una decisión humana final. De este modo, fija un estándar de garantías para la auditabilidad pública frente a la autonomía algorítmica. Sin embargo, este modelo corre el riesgo de quedarse en principios abstractos si el marco operativo militar no establece reglas claras. El estancamiento legislativo demuestra que ni siquiera Brasil ha cerrado este debate.
Colombia, por su parte, ha comenzado a tramitar iniciativas dirigidas a la fuerza pública, como el Proyecto de Ley 364 de 2026 de la Cámara de Representantes. Pero el país no puede reducir el debate a una simple prohibición formal que ignore la urgencia de desarrollar capacidades tecnológicas propias. Centrar la regulación en prohibir el disparo autónomo genera una ilusión de control ético, cuando, en realidad, abandonar esta carrera tecnológica deja al país en desventaja militar y mantiene la inteligencia de defensa vinculada a servidores extranjeros.
Hacia la autonomía tecnológica regional
Para construir una regulación efectiva que proteja la vida y los derechos humanos, Colombia debe integrar el enfoque operativo con el principio de soberanía digital que Brasil está impulsando. Un marco normativo sólido en la región exige superar la copia pasiva de normas extranjeras e incorporar salvaguardias estructurales al derecho interno.
La regla es clara: un algoritmo jamás debe decidir sobre la vida o la muerte. Todo sistema analítico utilizado por las Fuerzas Armadas debe estar sujeto a la supervisión de un operador o mando militar que rinda cuentas ante la justicia ordinaria.
Además, es indispensable exigir que los datos de inteligencia y de seguridad nacional, así como el historial de entrenamiento de los modelos analíticos militares, permanezcan en servidores soberanos dentro del territorio nacional. Esto debe complementarse con registros públicos y mecanismos de auditoría civil que permitan verificar que el software utilizado respeta el derecho internacional humanitario.
Un Estado que no controla el software, los modelos ni los servidores que analizan sus amenazas renuncia a su soberanía.
Autor
Abogado y profesor deDerechos Humanos y Poder Tecnológico en el Orden Internacional en la Universidad de los Andes, Colombia. Especialista en derechos humanos internacionales, con especial atención a la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), las políticas tecnológicas y la IA responsable.
