Una madre espera que se resuelva la pensión alimenticia de su hijo. Un trabajador aguarda una sentencia para recuperar su empleo. Una persona investigada necesita saber si podrá defenderse en libertad. Para los tribunales son expedientes; para sus protagonistas, meses de ingresos perdidos, proyectos suspendidos y noches sin dormir. La justicia no debería medirse únicamente por las sentencias que produce, sino también por el tiempo que obliga a esperar.
América Latina no tiene un único sistema judicial ni una sola causa para sus demoras. Hay diferencias de presupuesto, organización, acceso territorial y carga procesal. Sin embargo, en toda la región una resolución tardía puede reconocer un derecho cuando parte del daño ya resulta irreversible. La pregunta es cómo acelerar los procedimientos sin debilitar las garantías que hacen legítima una decisión. Las cifras muestran la dimensión del desafío. Según el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el país terminó el 2025 con 75,5 millones de procesos en trámite, tras recibir 40,9 millones de nuevos casos durante ese año. Aunque el volumen pendiente disminuyó, la tasa de congestión fue del 62,6%. No se trata de extrapolar esos números al resto de América Latina, pues describen la realidad brasileña y muestran que incluso una mejora estadística puede coexistir con una enorme cantidad de personas esperando.
El problema trasciende la región. Por ejemplo, el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project registró un deterioro de la justicia civil en el 68% de los 143 países y jurisdicciones evaluados. El indicador abarca distintas dimensiones, como las demoras, la eficacia de los mecanismos alternativos y la interferencia indebida. No significa que el 68% de los juicios se haya retrasado; significa que el funcionamiento de la justicia civil retrocedió en esa proporción de países.
Ante este escenario, la inteligencia artificial puede contribuir, pero debemos precisar para qué. No debería decidir si una persona es culpable, si merece perder su empleo o si corresponde separarla de su familia. Puede, en cambio, ayudar a los equipos judiciales a ordenar expedientes, identificar documentos repetidos, localizar antecedentes y advertir sobre plazos próximos a vencer.
Imaginemos un proceso con miles de páginas. Una herramienta podría construir una cronología de las actuaciones y vincular cada fecha con el documento original. El abogado podría comprobar si falta una notificación; el juez, localizar con mayor rapidez una prueba relevante. Ninguna alerta informática demostraría por sí sola una responsabilidad. La valoración de los hechos, la escucha de las partes y la motivación de la sentencia seguirían siendo obligaciones humanas.
Brasil ofrece un ejemplo concreto: Victor, desarrollado por el Supremo Tribunal Federal para apoyar la identificación y clasificación de recursos vinculados con temas de repercusión general. Colombia aporta otra experiencia: en su sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional examinó el uso de ChatGPT por parte de un juez y abordó las garantías necesarias para preservar la autonomía judicial y los derechos de las partes. Ambos casos permiten discutir usos y límites de estas tecnologías; ninguno autoriza a prometer que un programa, por sí solo, reducirá la duración de todos los juicios.
Ahí aparece una distinción esencial. Clasificar un expediente en minutos no sirve de mucho si la audiencia continúa sin fecha. Preparar rápidamente un borrador tampoco devuelve tiempo al ciudadano si la sentencia permanece pendiente de firma o nunca se ejecuta. La mejora debe medirse desde el ingreso del caso hasta la decisión y, cuando corresponda, hasta su cumplimiento. Propongo que los tribunales que incorporen inteligencia artificial publiquen cuatro indicadores: el primero, la duración total de los procesos; el segundo, el número de personas que esperan más allá de los plazos legales; el tercero, la proporción de resoluciones efectivamente cumplidas; y como último, los errores detectados y corregidos. Los resultados deberían compararse con los de tribunales de competencias y cargas semejantes, para no atribuir a la tecnología avances que provengan de contratar personal o reorganizar procedimientos.
La dimensión humana también puede cuantificarse. Si 5.000 personas recibieran una resolución 60 días antes, la suma de sus esperas evitadas equivaldría aproximadamente a 822 años. Es un ejemplo hipotético, no un resultado alcanzado por algún tribunal. Tampoco representa años adicionales de vida: expresa cuánto tiempo dejarían de pasar las personas pendientes de una respuesta. Esa medida tendría sentido únicamente si la rapidez no aumenta los errores ni limita el derecho de defensa. Una sentencia equivocada dictada antes no constituye progreso. Por ello, propongo que cada proyecto tecnológico empiece con una prueba controlada, revisión independiente y publicación de resultados. Una meta inicial podría ser reducir en un 20% la duración de los trámites administrativos seleccionados durante dos años, sin aumentar las decisiones revocadas por errores atribuibles al sistema. Es una meta propuesta para evaluar, no una eficacia demostrada.
La tecnología tampoco reemplaza la inversión en jueces, funcionarios, defensorías e infraestructura. Una persona que debe viajar horas para asistir a una audiencia necesita acceso efectivo, no solamente un expediente digital. Y quien no dispone de conexión estable debe conservar alternativas presenciales para ejercer sus derechos. El propósito final no es que las instituciones exhiban programas más modernos. Es que una madre reciba oportunamente los recursos para alimentar a su hijo; que un trabajador sepa si recuperará su empleo; que una persona investigada no permanezca indefinidamente bajo incertidumbre. Una sentencia a tiempo no devuelve todo lo perdido, pero puede impedir que alguien siga entregando años de su vida a una espera que el sistema debería reducir.
Autor
PhD en Automática y Robótica. Ha desarrollado investigaciones en diversas universidades ubicadas en Francia, España y Ecuador, en temas de energía, tecnología y desarrollo. Su línea de trabajo se enfoca en economía social, transformación industrial y evolución educativa.
