Cuando el pasado 20 de agosto Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales, parecía que Guatemala daba el primer paso hacia una nueva primavera política. Con un discurso anticorrupción, Arévalo basó su campaña en la necesidad de implementar políticas que fortalecieran a la débil democracia guatemalteca, afectada por escándalos y persecuciones políticas contra empleados públicos y activistas que trabajan en materia de lucha anticorrupción, derechos humanos y medioambiente. Su victoria en las urnas supuso un punto de inflexión con la manera tradicional de hacer política en el país centroamericano y evidenció el rechazo de los votantes hacia el establishment político guatemalteco, encarnado en la figura de la que un día fuera primera dama, Sandra Torres.
Sin embargo, las cosas no iban a ser fáciles para Arévalo y su partido. Sólo tres días después de la celebración de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el Ministerio Público pidió al Congreso que suspendiera al partido Movimiento Semilla. El 28 de agosto el partido fue suspendido de manera provisional por una decisión judicial y el 1 de septiembre Arévalo denunció un intento de golpe de Estado para evitar que asumiera el poder. Esto sólo sería el inicio de una batalla que llega la antesala de la toma de posesión del cargo, prevista para el 14 de enero. Así, el pasado 8 de diciembre la Fiscalía General de Guatemala protagonizó un nuevo intento de revertir el orden electoral, presentando los resultados de una investigación con la que acusan al nuevo presidente electo y a su partido de haber cometido actos de corrupción en la constitución y financiación del partido. Además, se apuntó a que el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo ilegalidades en el proceso electoral en el que Arévalo ganó la presidencia de la República.
Arévalo y parte de la comunidad internacional no han tardado a reaccionar frente a los últimos acontecimientos. El presidente electo ha vuelto a hablar de golpe de Estado y hasta la propia Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado las últimas acciones como un intento de golpe en la nación centroamericana. Pero, más allá de la crisis y su ataque a la democracia, la experiencia guatemalteca pone de relieve algunos de los riesgos a los que se enfrentan los regímenes débilmente institucionalizados: la resistencia de los partidos o coaliciones gobernantes para aceptar la derrota, la perversión de las instituciones para ponerlas al servicio de los intereses de la élite que detenta el poder, el abuso de los instrumentos legales, la criminalización de la oposición o el señalamiento de los actores o instituciones que no logran ser cooptadas por el régimen.
Pero esto no es todo. Lo que está ocurriendo en Guatemala también da cuenta del uso perverso de los medios de comunicación y redes sociales en política. Si bien la teoría nos dice que los medios de comunicación juegan un papel clave en la democracia, tanto en lo que concierne a la transmisión de información, como a la socialización política y la fiscalización del poder desde el lado de la opinión pública, en su peor versión contribuyen a la desinformación, la manipulación y el señalamiento. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales ligados a la élite guatemalteca han llevado a cabo ataques directos contra el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo. Las noticias falsas han ido desde decir que el presidente electo es ciudadano uruguayo y por tanto no puede asumir la Presidencia, hasta acusarle de “castrochavista” e impulsor de un globalismo que atenta contra los valores tradicionales.
La situación en Guatemala es compleja. El debilitamiento de las instituciones, la impunidad de los actos de corrupción, la crispación social y la persecución de líderes y partidos son solo una muestra de los obstáculos a los que se enfrenta el país centroamericano. Esta crisis política e institucional afecta directamente a la democracia y los derechos humanos de la población, y pone de relieve la necesidad de poner fin a cualquier injerencia de poder indebida y arbitraria. La OEA, el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala, múltiples organizaciones sociales y una amplia mayoría ciudadana han alzado su voz para exigir el cese de la persecución a Arévalo y el respeto de los resultados electorales.
Del éxito o fracaso de todas estas acciones depende no solo el traspaso de poderes, sino la salvaguarda y regeneración de las instituciones tras años de corrupción e impunidad. La aceptación de la victoria de Arévalo, no obstante, solo es el primer paso de un largo camino. Para que el nuevo gobierno pueda iniciar un proceso de regeneración es necesario un reposicionamiento de las élites políticas y económicas, las cuales deben decidir si están del lado de la democracia o si prefieren mantener sus beneficios, derivados de la cooptación de las instituciones. Junto a esto, es imprescindible el esfuerzo de los funcionarios y servidores públicos en la lucha contra la corrupción y la arbitrariedad. Por último, el papel responsable de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Quizás así la primavera vuelva a Guatemala.
Autor
Cientista Política. Profesora de la Univ. de Valencia (España) y docente externa en la Univ. de Frankfurt. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Univ. de Salamanca. Especializada en élites políticas, representación, sistemas de partidos y política comparada.
