Juan Orlando Hernández empleó en su reelección en 2017 cuentas falsas para manipular a la opinión pública hondureña. Esto fue descubierto cuando el expresidente —arrestado por cargos vinculados al narcotráfico luego de abandonar el poder— llevaba un año de su segundo período. Sophie Zhang, la experta en datos de Facebook que lo descubrió y que fue despedida por revelar el descuidado tratamiento que le dio la plataforma al incidente, identificó que miles de likes, shares y comentarios a favor del expresidente fueron realizadas por cuentas que pretendían ser de empresas, organizaciones y figuras públicas. Este es un ejemplo más de que las elecciones en la región están bajo amenaza, ya no tanto por la compra de votos o la corrupción, sino por la emergente industria privada de la desinformación.

Los principales clientes de estas nuevas empresas especializadas en manipular el ecosistema digital son los Gobiernos de turno, aspirantes y partidos políticos. De esta manera engañan a los votantes, moldeando el discurso público del país a su favor para posicionarse o mantenerse en el poder. Este fenómeno, se suma a las presuntas amenazas provenientes de regímenes con prácticas autocráticas como China, Rusia e Irán, que junto a hackers de Venezuela ejecutan operaciones para desestabilizar determinadas democracias de la región.

Pero con la emergencia de actores no estatales en la producción de desinformación, el panorama se torna significativamente más complejo, pues hallar culpables a los partidos políticos y gobiernos que contratan estas empresas está supeditado a la lealtad de acuerdo al pago por estos servicios. 

Este mercado de desinformación fue expuesto por el Instituto de Internet de Oxford en su informe Desinformación industrializada del 2021. Allí se insiste en que la manipulación de las redes sociales es una seria amenaza para las democracias contemporáneas. Uno de sus hallazgos más preocupantes es la creciente actividad de las tropas cibernéticas, que son producidas por empresas privadas que han sido contratadas por Gobiernos o partidos políticos con el objetivo de diseminar desinformación política a través de plataformas para afectar a sus opositores. 

¿Cibertropas en América Latina?

De los 81 países analizados en el informe, 12 son latinoamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela— han sido víctima de las operaciones desinformativas por parte de las cibertropas en periodos electorales y/o en transiciones de poder. El espectro ideológico para distinguir a los contratantes es irrelevante, pues en el informe figuran políticos tanto de izquierda como de derecha que han tenido vínculos con este tipo de empresas con el propósito de hacerse con el poder.

Las tácticas usualmente empleadas por las empresas privadas para desinformar son el narrative laundering o blanqueamiento de narrativas y el uso de cibertropas. La primera modalidad consiste en desarrollar una narrativa desde el seno del Gobierno para lo cual se contrata una empresa de comunicación estratégica extranjera, la cual crea páginas web que simulan ser centros de pensamiento virtuales que se caracterizan por fabricar personas.

Estos perfiles falsos son supuestamente autores renombrados que hacen publicaciones con mensajes a favor del contratante con el objetivo de viralizarlas hasta que sean acogidas por los medios de comunicación para reproducirlas en las audiencias particulares. 

Esta táctica aún no ha sido completamente verificada en Latinoamérica, mientras que las cibertropas sí han sido empleadas por los políticos de la región. Usualmente estas empresas tienen en su nómina a hackers o programadores que ofrecen el manejo de una variedad de cuentas falsas para dispersar la desinformación. Entre ellas, las sock puppet accounts, trolls o cuentas de usuario títere. Este tipo de perfiles modifican su comportamiento en línea de acuerdo a los requerimientos del cliente, ya sea para elogiar, defender, atacar o apoyar a un político u organización, y con ello manipulan a la opinión pública. 

El hacker de las elecciones en América Latina

Según el infame hacker colombiano Andrés Sepúlveda, este trabajó junto al consultor político J.J. Rendón en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, entre otros países, efectuando operaciones de desinformación a través de servidores contratados de manera anónima en Rusia y Ucrania y pagados por medio de bitcoins. Estas operaciones se caracterizaban por diseminar propaganda y rumores políticos, infiltrando las campañas de líderes opositores, especialmente de izquierda o progresistas con el objetivo de sepultarlos social y políticamente.

A la firma norteamericana CLS Strategies, Facebook le cerró 55 cuentas, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram centradas en Bolivia y Venezuela por injerir en su política interna de países con Gobiernos de izquierda. De acuerdo con el informe del Stanford Internet Observatory: Bolivarian Factions: Facebook Takes Down Inauthentic Assets (2020), las cuentas enfocadas en Bolivia apoyaban a la presidenta interina Jeanine Áñez y acusaban de fraude electoral a Evo Morales, pero sin contar con mayor evidencia. Respecto a Venezuela, esta empresa se centró en apoyar a los líderes de la oposición como Juan Guaidó, a quien hicieron viral manejando sus redes sociales desde Washington, particularmente cuando se declaró presidente legítimo de este país.  

Nuevas amenazas a la democracia

Este es un año de elecciones presidenciales y referéndums en la región. Países como Costa Rica, Colombia, México y Brasil, los cuales han sido afectados previamente por las campañas de desinformación que han hecho empresas privadas están de nuevo en el ojo del huracán debido a que cualquier actor político puede contratar estos servicios.

La diversificación y la sofisticación que se ha desarrollado para dispersar desinformación con los Deep fakes —imágenes y videos creados a partir de inteligencia artificial— y la automatización de bots cada vez más similares al comportamiento humano, socavan la legitimidad de las democracias contemporáneas. 

En este marco, si bien la sociedad civil trabaja en iniciativas como los fact-checking para mitigar las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, esto no es suficiente para limitar su efecto nocivo en el debate público y la democracia.