El 2020 ha sido el año más letal para quienes defienden sus hogares, sus medios de vida, la tierra y los ecosistemas. Así lo afirma la ONG británica Global Witness en su informe “Última línea de defensa”. Más allá de los terribles efectos sobre el cambio climático, la explotación irresponsable de los recursos, basada en una codicia sin freno, ha disparado una violencia que va in crescendo y que ha convertido a América Latina en el lugar más peligroso del mundo para los defensores de la tierra.
Los explotadores, sin embargo, ya no se limitan con atentar contra los referentes de los grupos ambientalistas, ahora también atacan a simples pobladores que pretenden resguardar sus entornos y sus parcelas. Tres de cada cuatro personas asesinadas por cuestiones ambientales en el mundo son latinoamericanos. En total, en 2020 fueron asesinadas 227 personas, contra 219 del año anterior en la región.
A nivel global, los países que encabezan la lista de los más peligrosos son Colombia con 65 asesinatos, México con 30, y Filipinas con 29 muertes. A los homicidios, deben sumarse toda una retahíla de ataques de diverso tipo y gravedad como detenciones arbitrarias, amenazas, acoso, campañas de difamación, violencia sexual, hostigamiento y demandas judiciales sin sustento (lawfares).
Colombia, el más peligroso del mundo
En Colombia, el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente, aproximadamente un tercio de las agresiones fueron contra nativos de diferentes etnias y contra pobladores afrodescendientes. Casi la mitad de esos ataques fueron contra personas dedicadas a la agricultura de pequeña escala. Estos datos deben encuadrarse en un contexto general de ataques sistemáticos contra líderes y lideresas sociales, y contra ex combatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz.
En México, donde la situación también es muy grave, se ha registrado el mayor aumento de violencia y asesinatos de defensores del ambiente con respecto al año anterior. De acuerdo con información oficial y de ONGs ambientalistas, la explotación forestal está vinculada a un tercio de estas agresiones y la mitad estuvo dirigida contra comunidades indígenas. En México, aproximadamente el 95% de los crímenes quedan en total impunidad.
A las cifras de Colombia y México, le siguen Brasil con 20 asesinatos, Honduras con 17 y Guatemala con 13. Pero si se tiene en cuenta el número de asesinatos per cápita, es decir el numero de muertos en relación al tamaño de la población total, Nicaragua, Honduras, Colombia y Guatemala encabezan la lista.
¿Por qué los matan?
Según el informe de Global Witness, más de un tercio de los ataques mortales están vinculados a la explotación de recursos forestales, mineros y la agroindustria a gran escala. Esta última industria es especialmente peligrosa en Brasil y México, de acuerdo a datos de ONGs no incluidos en el informe de Global Witness. Otros causantes de atentados son las disputas en torno a la construcción de represas hidroeléctricas y otras infraestructuras, en gran parte ilegales o por lo menos irregulares.
El caso de la lideresa Berta Cáceres, quien fue asesinada por oponerse a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, en Honduras, ha sido el de mayor impacto a nivel internacional y es un claro ejemplo de la situación imperante.
Global Witness indica en su informe que, a pesar de la gravedad de los datos, éstos no son un fiel reflejo de la verdadera extensión del problema, pues en muchos países la situación real a la que se enfrentan los defensores del ambiente es casi imposible de medir. El informe señala que las restricciones a la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes sobre las agresiones, dan lugar a un importante subregistro. Por lo tanto, las cifras publicadas en el informe son, lamentablemente, una subestimación del estado real de la situación.
El rol de las empresas
El informe señala que “muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias” sobre aspectos como los derechos humanos y el medio ambiente. Este desproporcionado e irresponsable poder corporativo “es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras”.
En muchos países ricos en recursos naturales, estos depredadores operan casi con total impunidad y en ocasiones en complicidad con los gobiernos; por ello, es poco frecuente que los culpables paguen por sus delitos. Y en los casos donde la justicia interfiere, termina actuando contra los autores materiales, pero nunca contra los responsables intelectuales. En el caso del asesinato de Berta Cáceres y de otros líderes Lencas, si bien los autores materiales han sido condenados, la Justicia se niega a abrir una investigación para dilucidar quiénes son los autores intelectuales.
Si bien no es común que los culpables paguen por sus delitos, inclusive en muchos casos son los propios defensores del medio ambiente quienes terminan encarcelados. En Honduras, esta situación es evidente. En el caso del río Guapinol, los defensores del río que se opusieron a un proyecto minero, guardan prisión preventiva desde hace dos años, en un juicio basado en argumentos insostenibles y orquestado desde el poder político-institucional y en defensa de los intereses de un alto empresario local.
Ante este contexto, cabe afirmar que mientras se sigan explotando los recursos de forma irresponsable y en un marco de total impunidad, los ataques contra los defensores del medio ambiente y la propia crisis climática, se seguirán agravando. Unicamente los gobiernos, aprobando nuevas leyes y haciéndolas cumplir, pueden revertir esta situación para proteger al medio ambiente y los derechos humanos.
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Autor
Analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
