“Las elecciones no son exclusivas de regímenes democráticos”. Me dedico al análisis y la promoción democrática, y recurro a esta frase cada vez que doy cuenta del funcionamiento de los autoritarismos.
Mundialmente se generó un consenso de que la democracia es el mejor sistema de gobierno y las elecciones el mejor mecanismo para ungir de legitimidad a las autoridades. Contradecir esto puede resultar sumamente costoso para cualquiera. Por eso los gobiernos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, aunque son claramente autocráticos, se autodefinen como democráticos y celebran elecciones.
Otra de las frases a las que acudo constantemente es “las elecciones son necesarias, pero no suficientes para que un régimen se considere democrático”. Nada novedoso, pero a veces es necesario recordar que China y Corea del Norte también las celebran.
Por ejemplo, en una entrevista reciente el presidente Lula Da Silva sugería que el de Maduro es un gobierno democrático porque “en Venezuela hay más elecciones que en Brasil”.
De manera que en los regímenes autocráticos se celebran elecciones con ciertas características. Mientras que en las democracias hay incertidumbre en los resultados, en las autocracias los resultados se saben de antemano.
Para que suceda esto, los autócratas implementan distintas estrategias: limitar la oferta electoral y la libertad de prensa, de asociación y de manifestación e intervenir los organismos electorales, entre otras.
En Venezuela, una autocracia consolidada, se celebran elecciones constantemente bajo estas circunstancias. Una de las herramientas del régimen es la inhabilitación de los candidatos, es decir, imposibilitar a las personas ejercer su derecho político de postularse a cargos de elección popular.
La Contraloría General ha sido la institución encargada de hacer el trabajo sucio, funcionando como un brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No es casual que quien hasta hace unos días encabezaba la Contraloría, impulsando inhabilitaciones como las de María Corina Machado o Freddy Superlano, haya sido nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones generales de 2024.
La oposición a lo largo de estas más de dos décadas de chavismo-madurismo ha diseñado distintos mecanismos para coordinar sus esfuerzos y establecer una estrategia unitaria, sobre todo en contextos electorales. En este caso, se constituyó una Comisión Nacional de Primarias (CNP) para organizar unos comicios, a celebrarse el 22 de octubre, de los que resulte un candidato para enfrentar a Maduro en 2024.
Uno de los principios en la conformación de la CNP fue que una inhabilitación ilegal no condicionaría la participación, entendiendo que las reglas autoritarias no pueden definir un ejercicio democrático. De esta manera, Henrique Capriles, María Corina Machado o Freddy Superlano se inscribieron como candidatos.
A día de hoy, y de manera sostenida durante los últimos meses, Machado lidera las encuestas con una diferencia contundente sobre el resto de competidores. Muy lejos, Capriles y Superlano también figuran dentro de las preferencias del electorado.
Si las reglas del juego fueron claras desde el principio, es decir, las inhabilitaciones no impedirían competir, y si la voluntad popular es tan clara en favor de Machado, ¿por qué algunos candidatos y partidos buscan mecanismos para una eventual sustitución de una candidatura inhabilitada?
El argumento racional es que si en las presidenciales no se puede inscribir la candidatura del ganador de las primarias debido a la inhabilitación, hay que tener un plan de contingencia. Pero esto se traduce también en que será el gobierno autocrático y no la mayoría de los venezolanos el que seleccione la candidatura opositora.
Este argumento supone que un candidato habilitado, a diferencia de uno que no lo esté, puede competir, ganar, asumir e impulsar una transición democrática. A quienes comparten esta postura convendría preguntarles: ¿No recuerdan que la oposición ha ganado elecciones, con candidatos habilitados, y no le han permitido asumir? ¿No recuerdan que en el 2015 la oposición ganó dos terceras partes de la Asamblea Nacional y el gobierno desconoció los resultados? ¿No recuerdan que Andrés Velázquez ganó las elecciones del estado Bolívar en 2017 y groseramente manipularon los resultados? ¿No recuerdan que Superlano ganó las elecciones en el estado Barinas en 2021 y fue inhabilitado posteriormente para que no asumiera?
Los regímenes autocráticos cuentan con un amplio repertorio de herramientas para sostenerse en el poder, y las pueden usar antes o después de la elección. A estas alturas es ingenuo e irresponsable pensar que la posible transición democrática de Venezuela pasa por la delegación de una candidatura habilitada.
Para enfrentar a un régimen autocrático hace falta más que un candidato habilitado: hace falta ser una alternativa real de poder que sea amenazante, que cuente con apoyo popular nacional e internacional, de manera que provoque un resquebrajamiento de la coalición dominante y obligue a los distintos sectores que la conforman a negociar ante la inminencia de un cambio.
En un contexto como el actual, después de años de despolitización y desmovilización, desechar a la candidatura que más ilusión y esperanza genera para adecuarse a las reglas de la dictadura puede significar al menos seis años más de crisis humanitaria y éxodo masivo.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
