María Elena Wapenka, ex diputada en Paraguay, considera que las cuotas de género fueron una herramienta fundamental para que las mujeres pudieran acceder a la política en un sistema tradicionalmente dominado por hombres. Para ella las cuotas son un medio eficaz en el incremento de la representación femenina, ya que permiten que las voces de las mujeres sean escuchadas en los procesos de toma de decisiones, algo que antes era casi imposible debido a las barreras estructurales. Considera que, sin las cuotas, muchas mujeres seguirían siendo excluidas del sistema político porque son una herramienta que permite equilibrar el poder y fomentar la equidad en un sistema patriarcal y, aunque no sean perfectas, dan respuesta a la discriminación histórica.
Patricia Bullrich, por otro lado, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, ha manifestado su desacuerdo con la implementación de cuotas de género, argumentando que estas medidas pueden ser percibidas como una forma de discriminación inversa y que la igualdad debe lograrse a través del mérito y la competencia.
Ambas posturas están llenas de matices y el debate sigue siendo una cuestión importante en la política global. Las críticas se centran en la idea de que, en algunos casos, pueden resultar en una representación de mujeres que no tienen suficiente respaldo popular o experiencia, lo que podría reforzar estereotipos de que las mujeres solo acceden a esos espacios por su género, no por su capacidad.
¿Ha sido efectivo el sistema de cuotas para cambiar cifras de participación de las mujeres en el poder?
La experiencia mundial, y en particular en nuestro continente americano, muestra la efectividad de las cuotas, ya que aparentemente y en principio hay diferencias numéricas en la presencia femenina entre aquellos sistemas políticos donde se contemplan y los que no. Es común hoy afirmar que sí han sido exitosas en el sentido de incrementar más o menos rápidamente la presencia femenina en los espacios en los cuales se aplica, toda vez que contribuyen a crear “masa crítica” para la introducción de temáticas femeninas que se considera que aparecen cuando hay entre un 30% y un 40% de presencia femenina.
La democracia paritaria en América Latina y el Caribe aún está lejos de cumplirse, con una participación femenina en la toma de decisiones del 30% en promedio. A pesar de avances en leyes de cuotas y reformas constitucionales en varios países, los sistemas políticos patriarcales siguen limitando la igualdad. La representación de mujeres en gabinetes ministeriales es del 28,7%, y la paridad se alcanza solo en Chile y Costa Rica. En Parlamentos nacionales, la participación es del 34,9%, con una proyección de 40 años para alcanzar la paridad. Según el Foro Económico Mundial, la región ha cerrado el 74,3% de su brecha de género, destacando mejoras en empoderamiento político y oportunidades económicas.
Pero la realidad sigue siendo que muy pocas mujeres llegan al poder, poquísimas se mantienen (por lo general ocupan cargos hiperfeminizados con poca influencia) y casi ninguna logra incorporar perspectiva feminista en las políticas públicas y en las acciones de gobierno que logren cambiar las condiciones de las mujeres.
Todos los informes y reportes y hasta el sentido común racional resaltan lo bien que nos iría como sociedad si las mujeres participaran y tomaran más decisiones. Pero las cifras revelan que las mujeres seguimos siendo excluidas de todos los espacios de poder. Los avances son lentos y tienen retrocesos. La situación de las mujeres se está negociando permanentemente. No hay cambios estructurales, solo mujeres masculinizándose para aferrarse al poder. La verdad es que todos los días, en todo momento, los derechos de las mujeres se pasan por alto, se amenazan y se socavan.
Paridad como nueva bandera
Recientemente, en octubre de 2024, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) aprobó la Reglamentación General 40, que pone en la paridad 50-50 el foco principal. En palabras del Comité, no alcanzar la paridad impedirá a los Estados y a la comunidad internacional abordar eficazmente los urgentes retos nacionales, regionales y mundiales, en particular los relacionados con la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico, el cambio climático y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial.
Lo definen como crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Hacia mayo de 2023, en ninguno de los 17 se habían alcanzado, especialmente el número 5, Igualdad de Género, que está por detrás de lo esperado a nivel global. La RG 40 establece que todas las desigualdades se agravan debido a la discriminación estructural y las desigualdades sexistas existentes, tanto en lo público como en lo privado.
Con esta recomendación, no se apela a la transitoriedad o la discriminación positiva, la paridad pasa a ser un principio universal y permanente. Es un reclamo que el feminismo radical tiene tiempo haciendo: “Sin paridad no puede haber democracia”, “La paridad es un derecho constitutivo de la democracia”.
Este principio busca una verdadera igualdad de oportunidades y de participación entre los dos géneros, ya que garantizaría equidad total, transformación estructural a través del cambio de las dinámicas de poder y equilibrio de liderazgo a partes iguales de forma sostenible y duradera.
Sin embargo, lograr la paridad puede ser complejo, ya que representa una meta más ambiciosa. No solo implica cambiar las leyes, implica transformar profundamente las estructuras de poder y la mentalidad social. No se trata solo de cambiar números, sino generar un cambio cultural que debe atravesar tradiciones patriarcales profundamente arraigadas que limitan la aceptación de la igualdad de género.
En lo personal estoy convencida que la paridad es una lucha por un derecho similar al del sufragio. No es una concesión de los partidos políticos ni las juntas directivas ni los mandatarios cuando eligen su gabinete, es un derecho político.
¿Cómo hacer para que la paridad sea sustantiva y no solo formal?
Para cambiar esta situación se precisa una transformación estructural de los roles y responsabilidades de género en las esferas pública y privada, de modo que se fomente un contexto en el que mujeres y hombres puedan conciliar de forma igualitaria sus obligaciones y competencias profesionales y sus responsabilidades familiares y otras responsabilidades de cuidados, por ejemplo mediante una nueva organización del trabajo y la reconfiguración de los conceptos de productividad, monetización y economía del cuidado.
Según la CEPAL, la experiencia de los países donde la paridad ha sido efectiva (México, Chile, Argentina, por ejemplo) se ha dado por la incidencia articulada de diferentes actores: “las propias mujeres políticas, organizadas en coordinaciones intra e interpartidarias; los órganos de contralor electoral comprometidos con la promoción de la igualdad de género; partidos políticos y dirigentes aliados que muestran un compromiso real con la paridad de género en los espacios de decisión política, y la vigilancia y denuncia de los casos de incumplimiento desde el movimiento social feminista”.
En muchos casos, se podrían combinar las dos estrategias: comenzar con cuotas de género para generar representación y visibilidad inmediata mientras se trabaja paralelamente para construir la paridad a largo plazo, garantizando que, una vez que se logren avances, las estructuras políticas y sociales sean capaces de sostener una verdadera igualdad de género.
Si bien algunos pueden argumentar que las cuotas no resuelven todos los problemas, como la representación auténtica o la calidad de la participación, es innegable que abren puertas y visibilizan el talento femenino en un entorno históricamente dominado por hombres.
La agenda feminista es la agenda de la igualdad, no de la inclusión. No se trata de encajar en este sistema patriarcal que valora lo masculino por encima de lo femenino, sino diseñar otro en el que mujeres y hombres vivamos en igualdad de condiciones. Por ello urge un gran acuerdo nacional en torno a la paridad, donde Estado, partidos políticos, sector privado y sociedad civil se comprometan a facilitar las condiciones para que más mujeres lleguen al poder.