Dados los últimos acontecimientos en Venezuela, ha surgido una disyuntiva falsa: parece que los demócratas tuviéramos que elegir entre la dictadura chavista o el imperialismo de Washington. Desde luego, no se trata de escoger, puede condenarse -y condenamos- a ambos tipos de usurpadores de la voluntad democrática, legítima y soberana.
Maduro ha sido la encarnación de una dictadura que practicó un fraude descarado en las últimas elecciones en Venezuela, usurpando el poder político que le correspondía al ganador de los comicios, Edmundo González. Se transformó así en un gobierno ilegítimo, no reconocido por la mayoría de las democracias del planeta.
Al convertirse en un gobierno ilegítimo queda abierta la posibilidad del empleo de la fuerza para sustituirlo. Con el desarrollo del derecho humanitario, ha cobrado fuerza la aplicación del derecho a proteger que asiste a las poblaciones sometidas por la fuerza a un régimen de dictadura. Tanto a nivel global como hemisférico, resulta lícito intervenir en un país cuya población sufre la represión ilegal. Pero esa intervención requiere requisitos estrictos. Por un lado, debe quedar demostrado la gravedad de la situación, y por otro esa intervención no puede hacerse de forma unilateral por parte de otro país.
Tanto en términos de diagnóstico como de operación, son los organismos internacionales aceptados por la comunidad internacional, quienes, a nivel interamericano como global, tienen la competencia para hacerlo. A nivel hemisférico, la OEA posee instrumentos políticos y jurídicos como la Carta Democrática Interamericana, que establece medidas al efecto (Art. 20). Sin embargo, ese instrumento colectivo tiene hoy una dificultad objetiva, el desconocimiento del gobierno Trump a pesar de ser una orden internacional de acuerdo a normas compartidas.
A nivel global, la competencia para intervenir en un conflicto interno le corresponde a Naciones Unidas, ya sea de forma directa o mediante una coalición bajo el patrocinio de la ONU.
La operación militar unilateral ordenada por el presidente Trump, que incluyó la captura de Nicolás Maduro, carece totalmente de competencia legítima. Resulta, por tanto, una usurpación del poder soberano de Venezuela. Como dicta una regla básica del derecho, la comisión de un delito no se compensa ni justifica con la perpetración de otro.
Ahora debemos preguntarnos cuál debe ser el planteamiento inmediato ante el hecho consumado de la captura de Maduro, el cual tiene un poderoso efecto en la crisis venezolana. En primer lugar, parecería no haber duda de que la operación comando ha contado con apoyo interno, al menos en el terreno de la inteligencia. Pero aún no se sabe si ese apoyo interno es tan amplio como para que estamos ante un profundo quiebre del régimen. Para ello sería fundamental conocer la situación de las fuerzas armadas venezolanas. Es obvio que no han sido capaces de detener una operación de secuestro de su comandante en jefe. Pero ese dato no debe sobreestimarse, en términos de un abandono de la mayoría de los efectivos castrenses favorable al mantenimiento del régimen.
Sea como fuere, desde una perspectiva democrática solo cabe exigir una rápida transición hacia el establecimiento de un gobierno legítimo y soberano; sea mediante una reposición en el poder del ganador de las últimas elecciones o mediante un acuerdo para una rápida convocatoria de nuevas elecciones para constituir unas autoridades legítimas.
Esto supone un categórico rechazo a las propuestas sobre el régimen neocolonial que planea imponer Donald Trump en Venezuela. Estados Unidos no tienen ningún derecho a tutelar el país mientras se acuerda un proceso de transición hacia un gobierno electo. Y mucho menos para establecer que las compañías petroleras estadounidenses repongan y actualicen la infraestructura petrolera venezolana.
Esas propuestas resultan tan groseras que difícilmente pueden ser aceptadas por los actuales dirigentes venezolanos. No permiten ninguna solución ordenada y pacífica. Por eso resulta lógico que la vicepresidenta Delcy Rodríguez haya tenido que desdecirse de las buenas palabras que intercambió con el Secretario de Estado Marco Rubio en medio del ataque militar estadounidense.
Es posible que el chavismo aún posea capacidad de resistencia y que tenga lugar un proceso más lento del previsto por Washington. Trump ha asegurado que está prevista una segunda intervención en Venezuela si esto llegara a suceder. Pero una segunda intervención, en términos de invasión, podría dar lugar a un enfrentamiento considerablemente sangriento.
En todo caso, los hechos traumáticos que provocaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela no solo están teniendo consecuencias a corto plazo, sino también los tendrán a mediano y largo término. El regreso al uso de la fuerza de parte de Estados Unidos podría provocar el resurgimiento de la violencia antiimperialista en una región que había logrado superar esa tendencia.
Autor
Enrique Gomáriz Moraga ha sido investigador de FLACSO en Chile y otros países de la región. Fue consultor de agencias internacionales (PNUD, IDRC, BID). Estudió Sociología Política en la Univ. de Leeds (Inglaterra) con orientación de R. Miliband.
