Las elecciones del domingo 4 de febrero marcaron un antes y un después en la vida política de El Salvador. Por un lado, a partir de la llegada del Presidente Nayib Bukele al poder en 2019, el país experimentó una serie de cambios profundos que sugieren un viraje en el rumbo, ante el agotamiento social a causa de la inseguridad y pobreza.

Medidas ampliamente criticadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han señalado el debilitamiento del Estado de Derecho, violaciones a Derechos Humanos de manera sistemática, que califican de graves en el cumplimiento de la estrategia de medidas de prevención, control y respuesta a la criminalidad, pero, en contraste, han resultado de alta aceptación entre la población y que sin duda, ha marcado un una nueva configuración del poder, donde se ampliaron las capacidades del Ministerio Público, cero tolerancia ante la delincuencia y el establecimiento de medidas de centralización del poder en las decisiones públicas.

Estas decisiones pasaron por una reconfiguración estructural que propone modificar el status quo de las fuerzas políticas tradicionales del país centroamericano. Señalamientos que apuntan a la violación de derechos humanos, hostigamiento hacia los medios de comunicación y algunas organizaciones de la sociedad civil, son una constante en la agenda pública.

Después de los acuerdos de paz de 1992, es la primera vez que se lleva a cabo una elección en medio de restricciones por el régimen de excepción, que a la fecha se reserva a la ampliación de plazo de detención administrativa y a la intervención de comunicaciones de quienes se encuentren en el proceso de detención y puesta a disposición.  

Otra razón de cuestionamiento al proceso electoral es que, desde la vigencia de la actual Constitución de 1983, un presidente en funciones es inscrito como candidato a la elección consecutiva para el mismo cargo. Al respecto, la nueva Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia realizó una interpretación al texto constitucional donde permitió la reelección presidencial de forma inmediata hasta por una sola ocasión, aún cuando la Carta Magna lo prohíbe de forma expresa.

Es importante mencionar que la Asamblea Nacional destituyó a cinco jueces de la Sala Constitucional, lo que permitió que con la nueva integración pudiese recibirse la petición que hizo posible el registro de Bukele por un nuevo periodo, cuestión que a todas luces enrareció el proceso electoral, ya que esta acción constituye una seria amenaza al marco de certeza al proceso y que tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como diversos organismos internacionales han señalado.

Ante este escenario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató la sentencia, registra a las candidaturas y organiza una elección, a la que se le añade una nueva reconfiguración legislativa, que reduce de 84 a 60 las curules a la Asamblea Nacional y que adopta al sistema D´Hont en lugar del Hare. El sistema D´Hont asigna escaños por promedio mayor en el registro de listas de los partidos políticos. El sistema anterior, utiliza un procedimiento de dividir el número de votos válidos entre los espacios a distribuir. Para el caso de los municipios, la reorganización administrativa reduce de 262 a 44 municipios. Se expidió la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que regula la participación de la diáspora salvadoreña que reside en el extranjero.

Así, el domingo 4 de febrero se celebró la elección, donde se presentaron los candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuevas Ideas (NI), entre otros. El proceso comicial se desarrolló en paz tanto al interior como en las juntas receptoras de votación instaladas en 81 centros distribuidos en 29 países, donde despúes del cierre a las 17 horas, Nayib Bukele se proclamó ganador, y más tarde lo haría el TSE con la información capturada en poco más del 70% de la votación.

Entre los incidentes que manifiesta la oposición al Presidente Nayib Bukele, candidato de NI, fueron las condiciones dispares para el acceso a los recursos públicos para el financimiento de las campañas, donde además pudo observarse que la mayoría de estas se realizaron a través de las redes sociales.

Por otro lado, el TSE experimentó una problemática que consistió en fallos de conectividad de los centros de votación para la transmisión y publicación de resultados. No obstante esta situación, el TSE determinó proceder al escrutinio de los paquetes faltantes de la elección presidencial y la totalidad de la votación para diputaciones a la Asamblea Nacional. Bajo la premisa de garantizar el principio de certeza sobre los resultados electorales, la Fiscalía General, Procuraduría de Derechos Humanos y los vigilantes de los partidos políticos acompañaron el traslado de la paquetería hacia el Gimnasio Nacional en San Salvador para la instalación de 300 mesas escrutadoras.

Al anunciar los resultados, pudo observarse que participó el 57,2% del padrón electoral. El candidato y Presidente Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas obtuvo el 82,6% de las preferencias, mientras que su más cercano competidor fue el izquierdista Manuel Flores del FMLN con el 6,2% de los votos, por su parte el derechista Joel Sánchez de Arena logró el 5,4% de los apoyos. Para efecto de la integración de la legislatura a la Asamblea, Nuevas Ideas obtuvo 54 asientos, el Partido Concertación Nacional (PCN) 2, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con una curul, dos curules para ARENA, y una diputación para el Partido Vamos (PV). De tal forma que, el partido que postula a Nayib Bukele contará con una amplia mayoría calificada.

Al declarar finalizados los escrutinios tanto de la elección del binomio presidencial como de las diputaciones a la Asamblea Nacional, el TSE informó que se brindaron las garantías necesarias para llevar a cabo el proceso de cómputos, donde partidos políticos y las misiones de observación internacional como Transparencia Electoral (TE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) conocieron del proceso, donde aún con la problemática originada por las constantes reformas legislativas y sentencias judiciales, hizo posible que la voluntad de las urnas se garantizara.

Para la jornada comicial del domingo 3 de marzo, se eligieron a las concejalías municipales y a la representación al Parlamento Centroamericano, donde la participación registró por debajo de la elección de febrero.

El partido de Bukele  obtuvo 13 escaños, mientras que la oposición obtuvo siete curules, mientras que para las alcaldías, el oficialismo y aliados obtuvieron 28 demarcaciones, mientras que 16 lo fueron para la oposición.

Resulta importante mencionar que la certeza de un proceso electoral se basa en generar insumos que abonen a la integridad electoral, donde actores y actoras políticas, autoridades, miembros de la sociedad civil y comunidad internacional, puedan brindar a la ciudadanía escenarios de confianza en los procesos.

Si bien es cierto El Salvador está viviendo una etapa de cambios de gran calado, es importante dotar a la autoridad electoral de la suficiente autonomía para llevar a cabo sus tareas de logística electoral, donde se definan específicamente las reglas y pueda garantizarse un proceso íntegro y competitivo. El método de elección de diputaciones a la Asamblea Nacional debe de contar con límites para la sub y sobrerepresentación y favorecer la integración de las minorías en el Congreso.

Por último, resulta importante garantizar que los medios de comunicación y la sociedad civil organizada puedan desempeñar su labor con las garantías de todo sistema democrático, ya que durante el proceso fueron notorias las quejas respecto al hostigamiento que reciben de parte de autoridades.