En el año 2019, el gobierno de Trump presionó a los países del Triangulo Norte centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador, para firmar acuerdos bilaterales para blanquear la expulsión de quienes solicitaban protección ante las autoridades estadounidenses. Bajo la premisa falsa de que podrían acceder a la protección internacional, los acuerdos establecían las bases para que los inmigrantes fueran trasladados a uno de estos países, a la espera de la resolución de sus casos.

El acuerdo fue un rotundo fracaso y Guatemala fue el único país donde el mismo fue ejecutado. Durante los pocos meses de su implementación, Estados Unidos remitió unos 900 solicitantes de asilo a ese país. Sin embargo, ante los riesgos que los migrantes debieron enfrentar durante su espera, más del 95% se vio obligado a regresar a su patria, de la que habían huido para salvar sus vidas.

Los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo (ACA), muy criticados desde las oposiciones en los tres países, fueron conocidos como “acuerdos de tercer país seguro”. Sin embargo, se trató de un eufemismo para apuntalar las políticas restrictivas y excluyentes del gobierno de Donald Trump respecto de los migrantes irregulares.

La inviabilidad de estos acuerdos fue notoria desde el mismo momento de sus firmas. Debido a las exigencias de Washington, que nada tenían de diplomáticas ni de contemporizadoras, los gobiernos centroamericanos debieron aceptar los acuerdos a regañadientes. Sin embargo, era precisamente de esos países de los que huían los migrantes. Es en éstos donde se producen las mayores violaciones a los derechos humanos y donde los respectivos contextos socio-económicos y políticos determinan emigraciones masivas. Especialmente desde Honduras, cuna de las tristemente famosas caravanas que comenzaron a salir del país en octubre de 2018.

En tal sentido, esos acuerdos se convirtieron en un paso más hacia el desmantelamiento de la protección internacional de las personas refugiadas, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos y, por consiguiente, a graves riesgos para su vida e integridad.

La política migratoria de Biden

A inicios de este mes de febrero, la administración Biden ha resuelto, entre sus primeras medidas respecto al fenómeno migratorio, anular esos inútiles y abusivos acuerdos. Buena decisión, de acuerdo con fuentes como el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), quien siempre se opuso a esos acuerdos por considerarlos una seria amenaza para los derechos humanos de los refugiados.

Según el secretario de Estado Anthony Blinken, el Gobierno de EEUU da así los “primeros pasos concretos para lograr una mayor asociación y colaboración en la región”, en consonancia con la nueva política migratoria trazada por el presidente Joe Biden, quien desde que llegó a la Casa Blanca se abocó a desmantelar la política migratoria de Donald Trump.

“De acuerdo con la visión del Presidente, hemos notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región”, agregó Blinken en un comunicado oficial.

Falsas esperanzas

Expertos prevén que esta anulación podría generar falsas espectativas en las poblaciones del Triángulo Norte, que podrían interpretarlo como una apertura de las fronteras de Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. Las nuevas políticas quizás no sean tan restrictivas como las emanadas desde Washington en los últimos cuatro años, pero no serán lo permisivas que muchos creen en estas castigadas tierras centroamericanas.

Se infiere, de acuerdo con otras iniciativas, como la Lista Engel, que la perspectiva de la administración Biden será integral, pretendiendo valorar las causas reales de la migración de estos tres países, respetando los convenios internacionales.

Por lo pronto, ya se ha aprobado un aporte económico para la región de cuatro mil millones de dólares a desembolsar durante los cuatro años de su gobierno. Con ello, se buscaría la creación de más oportunidades para la población del Triángulo Norte, evitando, de esa forma, la migración masiva hacia el norte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la crisis económica regional, con la subsecuente falta de trabajo, no es la única razón para emigrar. La violencia generada por el crimen común y organizado, es también una razón de peso.

Asimismo, de acuerdo con lo manifestado por la congresista demócrata Norma Torres, de origen guatemalteco, la actual administración se enfocará muy especialmente en combatir la corrupción imperante en la región como causal de las migraciones. Según este razonamiento, las corruptelas de los poderes fácticos e institucionales en los tres países  generan desvíos de dineros necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Resta ver hasta dónde llegarán las medidas del actual ocupante de la Casa Blanca en torno a esta problemática, para ver si las expectativas despertadas se justifican o no. Atendiendo a la historia personal de Biden, podría ser una ilusión vana.

_{Foto de Daniel Arauz em Foter.com / CC BY}