Honduras: entre el autoritarismo electoral y la recomposición democrática

El próximo 28 de noviembre los hondureños están llamados a participar en el décimo proceso electoral general desde el retorno al orden constitucional en 1982. Se espera que más de cinco millones de votantes acudan a las urnas para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas nacionales y municipales, además de los representantes al Parlamento Centroamericano. En consecuencia, en enero de 2022, un nuevo gobierno asumirá los destinos del país.

Más allá de escoger a candidatos, esta elección es de crucial importancia para determinar si Honduras podrá —o no— continuar siendo considerado como un país gobernando mediante un régimen democrático representativo. Resulta que, desde la irregular interrupción de mandato del presidente Manuel Zelaya en 2009, numerosos informes, particularmente el de Variedades de Democracia, V-Dem, han alertado que el país habría caído a la categoría del Autoritarismo Electoral. Esto quiere decir que se trata de un régimen híbrido con mínima competencia y participación política, y con poco aprecio por el Estado de Derecho o por la rendición de cuentas. Este es un panorama político comparable al de Haití, Nicaragua o Venezuela.

Más allá de celebrar una fiesta cívica y republicana, las próximas elecciones hondureñas determinarán si dicha nación conseguirá recomponerse o si continuará siendo víctima de un gravísimo proceso de erosión democrática. Tras una “década trágica”, en la que se constató todo tipo de irregularidades, el pueblo hondureño tiene una magnífica oportunidad para corregir los rumbos del Estado, de la sociedad y de su inserción internacional.

Prolegómenos

El proceso hondureño fue precedido por reformas políticas y electorales que han producido una nueva institucionalidad. Entre las principales disposiciones se destaca la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Hubo también algunas innovaciones en la tecnología, paridad de género, y una depuración del censo.

Desafortunadamente, no fue posible avanzar en lo concerniente a la introducción del balotaje o segunda vuelta, en la denominada “ciudadanización de las mesas electorales” o mayores controles al financiamiento de campañas y de los partidos. En general, tales reformas procuraron generar transparencia y confianza, bien como reasegurar la integridad y legitimidad de las instituciones y los mecanismos propios de la rendición de cuentas electoral o vertical, dimensión fundamental de la calidad de la democracia.

El asunto es sumamente urgente, principalmente ante las numerosas insuficiencias de las tres últimas elecciones generales hondureñas. Esto explica la notoria caída en el índice de apoyo ciudadano a la democracia, conforme demuestra, entre otros, el informe de Latinobarómetro 2021 con una caída del apoyo ciudadano al régimen democrático entre 2006 y 2020 del 55% al 30%. El abstencionismo supera el 40% del censo y los vencedores han ganado con aproximadamente el 25% de los votos válidos y un estrecho margen en relación a los otros aspirantes.

En consecuencia, en el marco de esta “década trágica”, Honduras es uno de los países latinoamericanos con menor apoyo ciudadano al régimen democrático. Esto es sumamente preocupante y representa una involución con espurias implicaciones para la población local, y negativos desdoblamientos regionales, hemisféricos y globales.

¿Quiénes compiten?

En relación con la competencia por la presidencia, están concurriendo 14 aspirantes, una cantidad sin precedentes. Según las encuestas, dos de esas candidaturas presentan posibilidades reales de alcanzar la victoria. De un lado, aparece Xiomara Castro (Partido Libertad y Refundación-Libre), quien encabeza una alianza multipartidaria de partidos de centro e izquierda. Actualmente, Castro tendría entre 30 y 35% de la intención de voto.

Dado que las elecciones generales son resueltas por mayoría simple, la candidata de Libre presenta las mejores opciones para alzarse con el triunfo. En tal hipótesis, sería la primera vez en la historia de Honduras que una mujer llega a la presidencia. Vale agregar que Castro propone un plan de gobierno de orientación reformista, social-democrática y popular para el país.

Del otro lado, Nasry Asfura, del Partido Nacional, de derecha y ex alcalde de Tegucigalpa es el candidato del oficialismo. Según encuestas, él tendría entre 20 y 25% de la intención de voto. Aunque cuenta con cierto respaldo popular debido a su razonable gestión municipal en la capital y el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández, pesan contra sus aspiraciones numerosos desaciertos y abusos, tanto propios, como de su partido y del gobierno durante los últimos tres períodos.

Así las cosas, es bastante probable que el candidato oficialista sea derrotado en las urnas y que Hernández —con un bajo y decreciente respaldo popular— sea substituido por un opositor. Esto permitiría una saludable alternancia en el poder.

Los restantes aspirantes cuentan con muy pocas opciones en la competencia por la presidencia. Sin embargo, pueden contribuir en el campo del pluralismo político-partidario, en la representación democrática y en la conformación del futuro Congreso Nacional. Todo ello favorecería la recomposición de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, la revalorización del sistema de partidos y la formación de las mayorías en el próximo período.

Otras variables que pueden incidir en las preferencias de los electores hondureños son los efectos de la pandemia y los fenómenos climáticos adversos, bien como la exclusión social y la cultura política. También es relevante el posicionamiento de actores sociales y económicos, tales como el empresariado, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las instituciones religiosas, las fuerzas armadas o los medios de comunicación de masas.

La comunidad internacional, a través de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, contribuirán a garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral. Los gobiernos de Washington y de Ciudad de México también están acompañando y monitoreando el proceso, principalmente buscando un interlocutor válido en Tegucigalpa. Básicamente alguien dispuesto a trabajar para reducir los flujos migratorios, reprimir los ilícitos transnacionales, luchar contra la corrupción y la impunidad, garantizar el desarrollo social y económico, e impulsar un gobierno efectivo, republicano y democrático en el país centroamericano.

En suma, Honduras tiene la oportunidad de revertir el nocivo proceso de erosión democrática observado desde 2009. La irregular interrupción del mandato de Zelaya dio inicio una “década trágica” y fue uno de los primeros síntomas de la ola de autocratización que acabó envolviendo a otras naciones en América Latina y el Caribe.

El próximo proceso electoral hondureño tiene el potencial de definir mucho más que los líderes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Partiendo de la premisa que los comicios generales serán libres y justos, el 28 de noviembre los hondureños decidirán si el país podrá reconducir su destino por la senda de la democracia representativa y republicana, o se hundirá en el autoritarismo electoral, en el caudillismo, en la ingobernabilidad y en la barbarie. En mi opinión, el pueblo hondureño puede y merece construir una recomposición democrática, asegurar el traspaso del poder hacia un nuevo liderazgo político y avanzar hacia un mejor futuro.