Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. En el caso de América Latina, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) indicó que casi 18 millones de personas (alrededor de la población total de Ecuador) viven fuera de sus países de nacimiento.

Los crecientes flujos migratorios han obligado a repensar lo que establecen los marcos constitucionales y legales en materia de participación política. Algunos países con una tradición migratoria más asentada, como México, República Dominicana o Ecuador, han ido adaptando las leyes para garantizar los derechos de sus ciudadanos en el exterior (incluso cuentan con diputados que representan a sus residentes fuera del país). Sin embargo, aún hay otros que no establecen (para los integrantes de sus diásporas) el ejercicio del voto o la posibilidad de postularse a cargos de elección popular.

En la actualidad, 17 países de la región garantizan el voto de sus ciudadanos en el exterior: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, Uruguay, Surinam y Cuba no han avanzado aún en este tipo de legislación.

En el caso de Uruguay, a principios de este año se presentó una iniciativa de ley para que los cerca de 600.000 residentes en el exterior, equivalentes al 17% de la población, puedan ejercer sus derechos políticos.

En cuanto a Cuba, la Asamblea Nacional, en la que solo está representado el Partido Comunista (PCC), tampoco ha avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos de la diáspora, entendiendo que los millones de cubanos en el exterior son opositores. De hecho, las únicas personas habilitadas para votar fuera de Cuba son los representantes diplomáticos y los integrantes de las misiones médicas, deportivas o educativas, todos dependientes del Gobierno.

Pero no basta con garantizar el derecho al voto de los migrantes. También es necesario que se establezcan mecanismos que faciliten el registro o la actualización de los electores, así como la emisión del sufragio.

Venezuela, por ejemplo, contempla el voto de los residentes en el exterior, pero impide sistemáticamente que se registren o actualicen sus domicilios. De esta manera, con más de 7 millones de venezolanos en el exterior, solo hay registrados 107.000.

En otros casos nos encontramos con que el voto en el exterior solo se puede ejercer en las sedes diplomáticas o consulares, pero estas son insuficientes para la totalidad de los potenciales electores. Un viaje de cientos de kilómetros desmotiva hasta a las personas con mayor compromiso ciudadano.

Así, los organismos electorales deben ser innovadores y crear soluciones que faciliten la participación política de la diáspora. Este es el caso de México, que para las elecciones en los Estados de México y Coahuila del pasado 4 de junio puso a disposición tres modalidades para que sus residentes en el exterior emitieran su voto.

Por primera vez, gracias a un acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos pudieron votar en consulados y embajadas de Estados Unidos (Dallas, Chicago y Los Ángeles) y Canadá (Montreal), enviar su voto por correo o hacerlo de manera remota por internet a través de su teléfono, computadora o tablet.

Casi 8.000 personas estaban habilitadas para votar en el exterior en estos dos distritos: 5.424 mexiquenses y 2.350 coahuilenses. Tomando en cuenta que en el referéndum de revocación del mandato del año pasado, que era de carácter nacional, se inscribieron 17.000 personas, no era un número menor.

4.804 del total de los registrados eligieron votar por internet. Muchas de estas personas encontraron en el voto remoto una oportunidad para participar en los asuntos políticos de su país de origen sin la necesidad de moverse de sus lugares de trabajo o sus domicilios. Finalmente, el 40% de las personas que se registraron en esta modalidad emitieron su voto vía internet, un buen augurio, pensando en las elecciones del próximo año, que, por la cantidad de candidatos por elegir, serán las más grandes de la historia del país.

Afortunadamente, no podemos decir que este sea un esfuerzo aislado en México. La institucionalidad democrática, tanto a escala nacional como subnacional, ha asumido el compromiso de innovar para promover la participación política. Distintos organismos electorales subnacionales, como el de Jalisco, Coahuila o la Ciudad de México, han hecho herramientas tecnológicas propias para la emisión del voto. El INE, por su parte, ha sido pionero en el uso de tecnologías para la transmisión de datos, el conteo provisional, y en este caso avanza en conjunto con los órganos locales para facilitar la participación de los residentes en el exterior.

Aún quedan muchos desafíos para que los derechos de las y los migrantes se garanticen, pero podemos decir que este esfuerzo de las autoridades electorales de México va en el sentido correcto.