Han pasado más de cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano dirigido por Juan Manuel Santos. A pesar de los reduccionismos simplistas, las mentiras y los ataques furibundos del uribismo al Acuerdo, análisis con un profundo rigor científico social como el del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, alertaban desde el inicio del alcance, la profundidad y la relevancia que implicaban los compromisos suscritos entre guerrilla y Ejecutivo. De hecho, este se concibió como el acuerdo de paz más completo de los últimos treinta años y actores como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional no dudaron en respaldarlo.
La entrega de armas por parte de la otrora guerrilla y su desmovilización masiva a favor de un proceso de reincorporación a la vida civil se acompañaba de mecanismos de participación política y tratamientos jurisdiccionales alternativos. Sin embargo, en muchos casos los opositores al Acuerdo rápidamente y de una manera tan falaz como sibilina, interpretaron los acuerdos como ofrendas y tratos de favor a cambio de la entrega de armas.
Nada más alejado de la realidad. La participación política de las FARC-EP, en realidad, implicaba reconocer a la democracia y a la institucionalidad del Estado de Derecho la prerrogativa exclusiva de canalizar el conflicto a través de las urnas. Asimismo, por más que le pese al Gobierno de Iván Duque, —principal saboteador al cumplimiento de lo acordado— el Acuerdo también se dotaba de mecanismos que alzaprimaban los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición para con las víctimas y el conjunto de un tejido social maltrecho por décadas de violencia.
Dos acontecimientos fundamentales
En los últimos días se han producido dos acontecimientos que ponen a las FARC frente al espejo. En primer lugar, cabe destacar la celebración de la segunda asamblea nacional del partido heredero de las FARC-EP. En el primer congreso nacional, que albergó la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), se plantearon unos postulados que a todas luces eran erráticos. Mantener unas siglas que en realidad son un lastre maldito para el recuerdo y la convivencia democrática en Colombia, se unía a unos postulados ideológicos y programáticos profundamente trasnochados y extemporáneos para lo que demanda la sociedad colombiana en el siglo XXI.
Estas decisiones se debieron, en buena parte, al liderazgo de la facción más ortodoxa, encabezada por “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, y que finalmente tomó el “camino fácil” de volver a la actividad armada en 2019.
Producto de todo aquello, los resultados electorales de la FARC hablan por sí mismos: poco más de 52.000 votos, equivalentes a un 0.34% del escrutinio, en las elecciones al Senado, y un resultado no más halagüeño en las elecciones departamentales y municipales de finales de 2019.
Es decir, la realidad política y social ha mostrado el profundo rechazo de la FARC en la sociedad colombiana, reiterando que los más se seis millones de ciudadanos que respaldaron el Acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, en ningún caso, eran firmes valedores de apoyar en las urnas un proyecto político proveniente de la antigua guerrilla.
El segundo encuentro nacional, postergado durante un año a causa de la pandemia, deja consigo el cambio de nombre del partido que a partir de ahora adopta el de “Comunes”. Este deja además una estrategia por visibilizar y un significado político, hasta el momento tan ambivalente como endeble, que consolidar.
Elecciones generales 2022
El próximo año se celebrarán elecciones y nada invita a pensar a que el redefinido partido presentará candidatura alguna. Más bien, buscará entrar en un marco de alianzas que, hasta el momento, al margen de excepciones, no se han consolidad. Esto debido a que, para cualquier agrupación, el apoyo proveniente de la extinta guerrilla es una suma que resta.
Sin nuevas caras, nuevos discursos, nuevas aportaciones y un nuevo programa, el partido heredero de las FARC-EP corre serios riesgos de caer en un ostracismo sin retorno. Y, más pronto que tarde, que su proyecto político desaparezca sin más.
Por otra parte, también en estos días, llegó la acusación formal que miles de víctimas en Colombia esperaban. Esto es, la acusación formal por parte de la Jurisdicción Especial de Paz por los delitos muy graves de privación de libertad y toma de rehenes en el marco del conflicto.
Dicha causa, iniciada en octubre de 2018, contempla más de 20.000 secuestros que coinciden con el momento de mayor auge y capacidad de combate de la guerrilla, entre 1998 y 2002. De este modo, y recurriendo al principio de responsabilidad de mando, destacados excomandantes y dirigentes del partido político, se verían afectados.
De prosperar la causa, el Acuerdo prevé penas alternativas de privación de libertad de entre 5 y 8 años para los integrantes del Secretariado que entonces fungía como el órgano máximo de la guerrilla. Entre ellos Rodrigo Londoño (“Timochenko”), Pastor Alape, Jorge Torres (“Pablo Catatumbo”) o Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”).
En conclusión, simplemente se trataba de entender que el Acuerdo de Paz necesitaba de tiempo, recursos y voluntades políticas. Ya lo dijeron hasta la saciedad nombres cuyo compromiso con la paz es ineludible como es el caso de los responsables del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, o el mismo Juan Manuel Santos.
No obstante, y a pesar de las resistencias del actual Gobierno, el hecho que la exguerrilla pudiera participar en política o ser juzgada por un instrumento como la Jurisdicción Especial para la Paz, son elementos cuya magnitud, por sí misma, justifican la superioridad moral de preferir un Acuerdo imperfecto a proseguir con un conflicto armado inconmensurablemente violento.
Lo más lamentable es que esto llega en un momento de empeoramiento de la seguridad y del orden público, de violencia masiva contra líderes sociales y exguerrilleros y de profundo encono y polaridad social. En cualquier caso, las FARC terminaron frente al espejo de sus actos y responsabilidades y, sin duda, es ésa la mayor grandeza de la construcción de paz.
Foto de Gobierno de Chile
Autor
Cientista político. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencia Política y Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Univ. Complutense de Madrid.
