Las respuestas al Covid-19 no deben olvidar a las mujeres

La pandemia ha tenido un efecto devastador para América Latina. Brasil y México se encuentran entre los tres países con mayor número de muertes per cápita por Covid-19 en el mundo, luego de Estados Unidos, mientras que la actividad económica en la región se ha reducido un 8% en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El número de personas que viven en la pobreza aumentó en más de 45 millones, —semejante a la población de Argentina— hasta llegar a los 231, y ya alcanza a 4 de cada 10 latinoamericanos. La pobreza extrema a su vez aumentó en casi 15 millones de personas y afecta particularmente a las mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes e indígenas, mujeres de comunidades rurales, madres solteras y mujeres con discapacidad.  

La gestión de las crisis económica y sanitaria es solo una parte del problema. La otra parte es que estas empeoran la igualdad de género al tiempo que frenan la autonomía de las mujeres, como ha quedado demostrado en crisis anteriores como la del Ébola, el Zika o la gripe aviar. La actual pandemia ha puesto en foco inequidades de género que no pueden ser ignoradas.

El Covid-19 y las injusticias de género

Las emergencias sanitarias refuerzan los roles sociales de género y exacerban prejuicios y prácticas patriarcales en torno al papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Y en América Latina esto es particularmente problemático.   

A lo largo de la pandemia se ha reportado en la región un aumento de la violencia doméstica y de género, y una disminución en el acceso a los servicios básicos de salud reproductiva, materna e infantil, y a los servicios humanitarios y de apoyo durante las cuarentenas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia podría dejar a 47 millones de mujeres, —en países de ingresos bajos y medianos— sin acceso a anticonceptivos. Esto que provocaría unos siete millones de embarazos no deseados adicionales, lo que equivaldría a la población entera de El Salvador.

Este problema ya era una realidad previo a la pandemia. La tasa promedio anual de embarazos no deseados en la región entre 2015 y 2019 fue de 69 embarazos por cada 1000 mujeres, de los cuales, poco menos de la mitad resultó en abortos clandestinos e inseguros. Se han registrado avances puntuales como la legalización del aborto en Argentina, pero en la región lo que prima es el fracaso generalizado para abordar problemas de violencia sexual, autonomía de decisión e igualdad de género.

El Covid-19 también ha afectado gravemente la participación de las mujeres en las actividades económicas. Estas representan casi el 40% de empleos en comercio, restaurantes y hoteles, todos sectores muy afectados por la crisis y con altos grados de informalidad. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones, casi la mitad de las mujeres de la región, son asalariadas informales o autónomas sin título universitario.

En Bolivia, Guatemala y Perú, ocho de cada diez mujeres tienen trabajos informales lo cual las expone a perderlo o a caer enfermas, ya que a pesar de las cuarentenas muchas continúan trabajando por necesidad. Además, se les niega la posibilidad de asociarse y demandar derechos laborales, lo cual las expone a abusos por parte de sus empleadores y con acceso limitado a la seguridad social.

Por último, la crisis del Covid-19 también ha agravado la crisis migratoria. Entre 2016 y 2020, alrededor de 5,4 millones de venezolanos abandonaron el país. Al mismo tiempo, miles han huido de Guatemala, Honduras y El Salvador a México y Estados Unidos. Para las mujeres y niñas, que representan alrededor de la mitad de los migrantes y refugiados, y cuyas necesidades a menudo son invisibles incluso en tiempos «normales», los riesgos de seguridad, salud y pobreza se han agudizado.

Las instituciones internacionales

Si bien varios países latinoamericanos han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la región está lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que garantiza la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Con la crisis muchos gobiernos introdujeron paquetes de emergencia, subsidios salariales, seguro de desempleo, y prohibición de despidos. Nuevas políticas sociales se enfocaron en las poblaciones desprotegidas, pero la mayoría de los trabajadores informales aún carecen de protección. Mas aún, estas medidas han sido respuestas de emergencia a corto plazo y están lejos de proporcionar un enfoque de género transformador.

La CEPAL ha pedido un ‘nuevo pacto social’, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alientan a los gobiernos a impulsar el gasto en salud y a fortalecer las redes de seguridad social. Sin embargo, Oxfam advirtió que los organismos también alientan a los países a retomar el camino de la consolidación fiscal, lo que podría conducir a una nueva era de austeridad.

Además, los programas de financiamiento no necesariamente benefician a las mujeres o a grupos particulares de mujeres. Según ONU Mujeres, América Latina ha adoptado alrededor de 340 medidas de protección social en respuesta a la pandemia, pero sólo una fracción de éstas tienen como objetivo la seguridad económica de las mujeres, y sólo el 7% se centra directamente en los cuidados no remunerados.

A pesar del sombrío panorama, la crisis provocada por la pandemia es una oportunidad para ‘reconstruir mejor’. Los gobiernos deberían garantizar la seguridad económica, los medios de vida y salud de las mujeres, así como su derecho y capacidad para acceder a oportunidades de trabajo decente y vivir una vida digna. Esto requiere compromiso político y una financiación internacional solidaria e indefectible.

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_{Foto por alice_bag em Foter.com / CC BY-NC}