Aunque hay varias versiones sobre los acontecimientos que originaron que el 8 de marzo fuera declarado como Día Internacional de la Mujer ―­­­o de “las mujeres”, en plural, tomando en cuenta la polifonía de voces y sus múltiples identidades―, existe la certeza de que estos hechos guardan relación con las luchas por el ejercicio de sus derechos y su participación en los espacios públicos.

Un enfoque en los derechos políticos de las mujeres en América Latina muestra que mucha tinta ha corrido y se han dado cambios normativos importantes desde que, en 1927, en un plebiscito organizado por la comunidad de Cerro Chato, Uruguay, estas por primera vez votaran. Pero fue Ecuador el primer país de la región que consagró constitucionalmente el derecho al sufragio de las mujeres en 1929 y Paraguay el último en hacerlo en 1961.

Como en otras partes del mundo, las mujeres latinoamericanas se dieron cuenta que votar para elegir a quienes gobernarían, no implicaba que la puerta se abriera para que ellas pudieran ser electas en las contiendas electorales. Se trataba de una votación sin representación.

Un muro infranqueable

Contrariamente a lo que se suponía (y aún se supone), la poca participación de las mujeres en las elecciones no se debía a falta de interés o a una “supuesta naturaleza femenina” ajena a esos temas, como señalaba Rousseau en el siglo XVIII. Se trataba sencillamente de que las que pretendían hacerlo, chocaban con un muro infranqueable vinculado con los roles tradicionales de género.

Se tenían que enfrentar con barreras y obstáculos debido a la división sexual del trabajo y a la asignación diferenciada de roles entre hombres y mujeres que reservaba a estas las labores de cuidado y tareas domésticas, adhiriéndolas a sus roles de madres, de cuidadoras y juzgándolas duramente por querer ocupar espacios que no se consideraban propios de su sexo/género.

El rol de cuidadora de las mujeres ha persistido a lo largo del tiempo, lo que ha tenido un impacto desproporcionado en las posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida, incluida la participación en los espacios políticos. Según Oxfam, en su informe Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado realizado por las mujeres mayores de 15 años en el mundo, supone, aproximadamente, 10,8 billones de dólares al año, cifra que triplica el tamaño de la industria tecnológica a nivel mundial. Esto muestra la importancia de este tema, que hoy día es clave en las agendas feministas, como quedó plasmado en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la vigencia del lema “lo personal es político”.

Pero sin duda alguna la mayor dificultad para las mujeres que querían participar en los espacios políticos provenía de los partidos políticos en los cuales los hombres, en sus posiciones hegemónicas dominantes, no estaban dispuestos a ceder un poder que consideraban propio. Esta dificultad persiste. En la actualidad, la resistencia de los partidos políticos y las zancadillas que algunos líderes hombres ponen a sus compañeras de militancia sigue siendo el principal problema para aumentar la presencia de estas en los espacios políticos/electorales.

Aumento de la presencia de mujeres en espacios políticos

En la última década del siglo XX, las mujeres ven un resquicio para aumentar su presencia en los espacios políticos mediante el mecanismo de acción afirmativa denominado cuotas de género. Fue en 1991, en Argentina, donde se adoptó por primera vez la Ley de Cupos, que establecía la obligación de incluir un 30% de mujeres en las listas electorales. En las siguientes décadas esta fue la estrategia seguida por la mayoría de los países de la región para el avance de las mujeres en sus derechos políticos, salvo Guatemala que no ha adoptado medida alguna sobre este tema (ni cuotas ni paridad).

Los resultados en los países latinoamericanos en relación con las cuotas de género han sido dispares. Los casos más exitosos se han dado donde estas medidas de acción afirmativa han estado acompañadas de sistemas de representación proporcional, listas cerradas, mandatos de posición que obliguen a los partidos políticos a incluir a las mujeres en puestos ganadores y sanciones en caso de incumplimiento de la ley que regula las cuotas.

Es innegable que las cuotas permitieron el aumento de la presencia de las mujeres en los órganos de representación popular, una representación descriptiva vinculada con un criterio numérico, pero también incidieron en la representación simbólica; ya las niñas y las jóvenes tenían referentes y modelos a seguir, ya la política no se veía como un espacio vedado a ellas debido a su sexo/género.

Sin embargo, como señala Nancy Fraser, este tipo de medidas no afectan los acuerdos sociales, ni el pacto patriarcal en que se fundamentan las instituciones; sólo buscan incorporar a quienes están excluidas sin cambiar las estructuras. Pero se requiere corregir el marco de desigualdades en el que se sustenta la exclusión, hay que buscar la paridad.

En 2007, en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, conocida como Consenso de Quito por el lugar en el que se celebró, los gobiernos latinoamericanos que participaron en este foro regional se comprometieron a adoptar medidas de distintos tipos para garantizar la participación y representación políticas de las mujeres en los cargos públicos en todos los niveles, en aras de alcanzar la anhelada paridad.

Los avances no son suficientes

Hasta la fecha, en la región hay nueve países con leyes de cuotas de género y nueve que han promulgado la paridad a través de reformas constitucionales, reformas legales o nuevas leyes que consagran la paridad. Es indudable que hace falta más, el cambio normativo es importante, pero no suficiente. 

Hablar de paridad va más allá de la premisa de que si las mujeres representan la mitad de la población mundial, deben ocupar la mitad de los cargos políticos. No es simplemente una cuestión de números, supone una transformación profunda de las estructuras políticas, sociales, institucionales…, un nuevo pacto social sobre la base del reconocimiento en igualdad de condiciones y oportunidades, de los derechos de las personas. Implica que las diferencias sexuales, raciales, genéricas, entre otras, no se conviertan en desigualdades para la participación política y, en general, para la participación en todos los ámbitos de la vida social.

En América Latina, en 2024, todavía es largo el camino para lograr la anhelada paridad, pero las mujeres estamos en pie de lucha; seguimos liderando, marchando, manifestando, participando, conversando, acordando, aprendiendo y desaprendiendo, insistiendo en que los espacios políticos/públicos/electorales son espacios para las mujeres.