En Rio Grande do Sul, los culpables son señalados ante la ausencia de inocentes

Janaína Ruviaro da Silva
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En Rio Grande do Sul, los culpables son señalados ante la ausencia de inocentes

La tragedia climática que azota el estado de Rio Grande do Sul abrió el escenario para la lucha por identificar (o no) a los culpables de la tragedia. Sin embargo, me interesa saber si hay personas inocentes en esta historia. Además, la magnitud de la catástrofe ha sido objeto de interrogantes sobre si ese es el momento adecuado para la politización. El hecho es que no hay consenso porque los individuos de diferentes grupos y estratos sociales tienen supuestos incompatibles sobre la política y lo que es político. Para algunos, la magnitud de la catástrofe es, en sí misma, una expresión de un resultado político. Para otros, la política es sólo un espectro partidista y, en este momento, no hay bandos. Ni izquierda ni derecha.

Suposiciones irreconciliables son evidentes hasta en el uso de las redes sociales para difundir la idea de que “no se deben donar al gobierno”. Por un lado, los defensores del Estado mínimo y de la iniciativa privada, confiados en prescindir del poder público, utilizan el término gobierno como sinónimo de Estado. De esta manera, infieren la inutilidad del Estado a partir de la ineficiencia del gobierno: “Es el pueblo para el pueblo”, dice el eslogan. Del otro lado, los defensores de un Estado fuerte, activo y proactivo también en la agenda climática. Los últimos diferencian gobierno de Estado y cuando afirman que el gobierno actual es ineficiente y poco transparente en el manejo de los recursos, también aluden: “Es el pueblo para el pueblo”. El eslogan es el mismo, las premisas son diferentes.

La noción de que “era el deber del gobierno proteger al pueblo y ahora es el pueblo quien lo hace” es asumida tanto por los defensores del Estado mínimo como por los defensores del Estado robusto. Los primeros utilizan esta noción para justificar la falta de importancia de los gobiernos en general. Los defensores del Estado fuerte afirman que los gobiernos actuales (en el estado y en la capital, Porto Alegre) han desmantelado las políticas de prevención de desastres naturales, dejando su regulación en manos del sector privado.

Está claro que la política está en todas partes. Programas, proyectos y acciones concretas para preservar el medio ambiente y hacer los espacios habitados más sostenibles y resilientes al cambio climático también conforman la política. Los fenómenos naturales extremos siempre han existido, es cierto, pero es innegable el aumento de su frecuencia e intensidad debido a la acción humana desenfrenada y desordenada en la naturaleza. No importa si se considera que en el epicentro de la desgracia no es momento de señalar culpados. No importa si consideras que ahora es el momento de señalar culpados. ¿Alguna vez te has preguntado si hay personas inocentes en esta historia?

Como señalan los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la catástrofe climática no puede considerarse obra del azar, sino el resultado de décadas de destrucción de recursos naturales. Construimos en las orillas de los ríos, llenamos de sedimentos sus lechos; acortamos caminos artificialmente; eliminamos la curva del curso de agua y alteramos su velocidad natural en la insaciable carrera por el beneficio y la productividad que acompaña el ritmo despiadado de nuestra vida cotidiana.

El cambio climático debido al calentamiento global no es nada nuevo. Se sabe que el calentamiento global es causado no sólo por las grandes industrias o la negligencia de los gobiernos, sino impulsado por nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, una dieta equilibrada, basada en frutas y verduras y un consumo reducido de proteína animal, es beneficiosa no sólo para la salud física sino también para el medio ambiente, además de reducir los gases de efecto invernadero, ahorraríamos mucha agua.

Ante esto, independientemente de su postura sobre si es o no el momento de señalar a los culpables, ¿alguna vez ha pensado que tampoco hay inocentes? Incluso si uno se niega a hablar de política en medio de la tragedia, eso subyace en los discursos y posiciones. La política no necesita ser explícita en el discurso para estar presente. La política impregna cada decisión tomada en el presente y en el pasado. No olvidemos las decisiones pasadas. Es innegable que apoyar a los gestores que flexibilizaron la legislación ambiental al permitir un retroceso de 40 años tiene impactos devastadores generalizados. Esto es lo que estamos experimentando. Pero más allá de los gestores y la legislación, ¿cómo contribuyen nuestros hábitos de consumo a un entorno más sostenible?

¿Sabemos reciclar las cápsulas de café o no nos importa su destino? ¿Sabemos caminar o no damos un paso sin el coche que contamina el aire y calienta el planeta? ¿Usamos el mismo par de jeans durante años o los descartamos cada temporada? ¿Ahorramos agua al lavar o cambiamos la ropa como si fuera desechable? ¿Tenemos una dieta vegetariana o consumimos carne todos los días? Hoy se habla mucho de escasez de agua en Rio Grande do Sul, pero ignoramos que por cada kilo de carne producida se necesita un promedio de 15 mil litros de agua. Ignoramos que por cada par de jeans producidos se desperdician más de 5.190 litros de agua, la misma agua potable que escasea en tiempos de catástrofe.

Si hay gente inocente en esta historia, tal vez sólo sean los científicos, como se hace eco categóricamente Chico César: “hasta hoy nunca ha habido un desarrollo tan destructivista. Eso dice el que no se oye, el científico, esa voz, la de la ciencia. Tampoco les conmueve la voz de la conciencia. Sólo escuchas algo por conveniencia”.

Aunque no se admita, la política está en lo que comemos, en lo que vestimos, en la forma en que nos movemos. La política radica en la forma selectiva en que nos preocupamos por el agua y otros recursos naturales. La política reside en nuestro consumismo insaciable. De hecho, lo que consumimos nos consume a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta porque no es momento de señalar a los culpables. Nadie quiere que les apunten con el dedo.

Infórmese cómo hacer donativos a los afectados por la tragedia:
https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial

Rosalía Arteaga: «El ser humano no ha sido cuidadoso con el planeta»

Redacción
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Rosalía Arteaga: «El ser humano no ha sido cuidadoso con el planeta»

Rosalía Arteaga asumió la presidencia de Ecuador de manera poco convencional en 1997, tras la renuncia de Abdalá Bucaram debido a acusaciones de incapacidad mental. Arteaga, quien era su vicepresidenta, ocupó el cargo de manera interina durante cuatro días, convirtiéndose en la única mujer en ejercer el cargo en el país.

El pulso de la democracia en México en tiempos de campañas electorales

Gerardo Camacho Solís
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El pulso de la democracia en México en tiempos de campañas electorales

El próximo 2 de junio, en México no solo estará en juego quiénes representarán a la población. La elección más grande en la historia de aquel país también podría definir el pulso y el rumbo de una forma de gobierno que a nivel global se encuentra en crisis: la democracia.

El proceso electoral democrático se concibe idealmente como un ejercicio que requiere la coordinación de, por un lado, candidatos comprometidos que elaboren propuestas, atiendan a los intereses de la población, deliberen sobre alternativas y debatan sus iniciativas; y, por otro lado, una ciudadanía informada, interesada en cuestionar y debatir, obligada a, en efecto, realizar la elección.

Frente a este ideal, cabe preguntarse: ¿cómo se está desenvolviendo en realidad este proceso democrático?, ¿en qué circunstancias tiene lugar?

Tanto globalmente como en nuestras propias latitudes, el panorama para la democracia no es favorable. Este sistema experimenta una ola de desconfianza y pierde terreno en todo el mundo frente a regímenes autocráticos. Numerosos indicadores señalan que México se encuentra dentro de aquellas naciones que en los últimos años han desarrollado tendencias autoritarias.

Muestra de ello es, para muchos, la poca tolerancia a opiniones divergentes, la falta de apertura a la participación ciudadana en la deliberación democrática, la falta de razones justificadas para las acciones y las decisiones políticas, así como la obnubilación de la pluralidad de perspectivas a partir de la polarización. A esto habría que sumar la lamentable situación en temas de seguridad que viven en este país los candidatos y los actores relacionados con las autoridades electorales. Atentar contra la integridad de actores políticos es también atentar contra la democracia misma.

El deterioro de estos aspectos no solo socava el pulso de la democracia en esta nación, sino que pone en cuestión el rumbo de su futuro. Estas son solo algunas de las condiciones políticas de cara al ejercicio electoral que se avecina, donde la contienda por la presidencia pasa a ser la más importante. Ahora bien, ¿qué implicaciones representaría la elección de una u otro candidato para la presidencia de México y para su democracia?

Claudia Sheinbaum es la candidata del partido en el poder. Su candidatura representa la continuidad política para el país, reforzando los temas de su antecesor: el enfoque en reducir la corrupción, el combate a la evasión fiscal, la consolidación de proyectos estratégicos como el tren maya. Asimismo, plantea propuestas que representarían un avance, como por ejemplo la creación de fiscalías especializadas en feminicidios, además de que sugiere enviar al Congreso una propuesta para ascender a estatuto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas, así como el derecho a una vida sin violencia y la erradicación de la brecha salarial.

De consolidarse, esto último representaría un verdadero avance en términos democráticos, al garantizar una mayor igualdad. Pero, en general, su elección significaría una continuación de la tendencia política, lo cual podría significar también la continuidad de las decadencias del gobierno actual, y probablemente de su inclinación al autoritarismo, marcada por un discurso que polariza y divide dicotómicamente, entre opositores y adeptos, entre “neoliberales” y “humanistas mexicanos”.

Participa también la candidata Xóchitl Gálvez. Sus propuestas se han centrado en el tema de seguridad. Con esto ha acertado con el tema más preocupante y sensible de la presente administración: la violencia en México. Dentro de lo que propone se encuentra la restructuración de la guardia nacional, alejándola de asuntos civiles y encaminándola a otra forma de ejercer la fuerza pública. Esto significaría una demarcación entre poderes públicos muy sana para la democracia.

Con relación a su campaña, de acuerdo con lo que reporta el INE, Gálvez ha favorecido el diálogo directo con otros sectores mediante la realización de diversos foros, a diferencia de Sheinbaum, quien se ha centrado más en mítines con simpatizantes. En este sentido, los foros favorecen más un diálogo democrático genuino. Sin embargo, parte importante del discurso de Gálvez se ha dedicado a descalificar a la competencia en lugar de profundizar en sus propuestas y enriquecer la discusión.

También es participe el candidato Jorge Álvarez, quien se propone a sí mismo como el “cambio” frente a la “vieja política”. De representar un verdadero cambio, su elección podría tener implicaciones directas para la democracia, pues podría significar invertir las tentativas autoritarias del gobierno en curso. Igualmente propone una reforma en materia de seguridad, y una reforma profunda en temas judiciales. En su campaña se ha mostrado abierto al diálogo, principalmente con alumnos de universidades, un aspecto que se podría valorar como favorable para la democracia.  

La elección por venir, marcada por una crisis en el sistema de gobierno, no tendrá implicaciones menores. Es importante continuar contrastando las alternativas y evaluar cuál representaría la mejor elección. No basta con tomar partido ciegamente; se debe dar seguimiento a las propuestas y las campañas, pues la forma en que las candidatas y el candidato presentan sus plataformas políticas puede ser un anticipo de la forma en que estructurarían su gobierno.

¿Qué propuesta favorece más a la democracia, promoviendo el diálogo y garantizando la igualdad y las libertades de las y los ciudadanos? ¿Cuál de las alternativas podría encaminar a la nación a salir de esta crisis en el sistema de gobierno? La fecha se acerca, y la elección, así como el rumbo de la democracia, está en manos de todas y todos.

El reto de fortalecer la democracia en pleno retroceso democrático

Urpi Torrado
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El reto de fortalecer la democracia en pleno retroceso democrático

La democracia, concebida como un fin en sí mismo, ha enfrentado desafíos crecientes para mantener su legitimidad y apoyo público en todo el mundo. A medida que las expectativas de los ciudadanos aumentan y las demandas de resultados concretos en áreas como seguridad, economía, educación y salud se vuelven más urgentes, el respaldo a la democracia se desvanece cuando no se ven resultados tangibles. Aun así, en lugar de tomar acción, se suele subestimar o ridiculizar las opiniones considerándolas meras percepciones, lejos de la realidad. En la medida que un colectivo social o un sector de la población crea firmemente en algo, basados en experiencia propia o de terceros, la percepción será la realidad.

En Latinoamérica se observan cambios en las percepciones; las cifras son reveladoras. En Perú, mientras que el 45% de la población está de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema para gobernar (a pesar de sus defectos), el 31% está en desacuerdo. Estas estadísticas sitúan al Perú primero en la región y en segundo lugar en el ranking de países con menos confianza en la democracia, según una encuesta reciente de GIA realizada en 43 naciones. Por otro lado, incluso por encima del promedio mundial (59%), México sería el país latino con mayor respaldo a la democracia pese a los problemas que pudiera presentar (67%).  

Esto ocurre en un contexto en el que muchas personas no comprenden completamente el significado de democracia y confunden conceptos políticos organizadores de la misma como derecha o izquierda. La mayoría de la población tiene una visión pragmática y busca resultados concretos que respondan a sus necesidades inmediatas. En un contexto en el que las preocupaciones diarias como el empleo, la seguridad y el acceso a servicios básicos ocupan un lugar central en la vida de las personas, la política y la democracia a menudo se perciben como abstracciones lejanas. Por lo tanto, es fundamental que los líderes políticos y las instituciones democráticas establezcan vínculos claros entre las políticas propuestas y las mejoras tangibles en la calidad de vida de la ciudadanía, a fin de recuperar la confianza y el respaldo hacia el sistema democrático.

Dos de las condiciones básicas para una democracia saludable están en riesgo. La primera, la percepción de que el gobierno está realmente dirigido por la voluntad del pueblo. Esta percepción es la que le daría legitimidad de resultado o de ejercicio al gobierno. Nuevamente, México (51%) lidera los resultados de la región, con relativa distancia sobre los argentinos (38%), quienes se mostrarían más críticos en relación a si se gobierna en base a la voluntad popular. La segunda condición está relacionada con las elecciones y su percepción de transparencia, adecuación y justicia; es —en definitiva— el requisito de legitimidad de origen. En Perú, solo el 24% considera que son justas y libres, mientras que un 43% no está de acuerdo con esa afirmación. Estos resultados distan de lo registrado en otros países de la región donde las opiniones están divididas. Argentina registra los mejores resultados: el 57% de los encuestados confían en los procesos electorales de su país. 

La realidad es que la democracia necesita convencer. Ya no es suficiente con afirmar su superioridad como sistema de gobierno; debe demostrar su capacidad para abordar las necesidades materiales y aspiraciones de la sociedad. Los ciudadanos no solo buscan libertades políticas, sino también un Estado que funcione eficazmente para resolver problemas cotidianos y proporcionar un marco claro de reglas y regulaciones que garanticen la igualdad y la justicia para todos.

En este proceso, debe entenderse que las acciones y mensajes no son transversales a toda la población. Por ejemplo, las mujeres son más críticas con la democracia que los hombres. Y aunque el comportamiento por grupos etarios es bastante similar, sí encontramos diferencias importantes por niveles de ingreso. Las personas con menores ingresos (quintil más bajo) muestran menor apoyo a la democracia (51%), marcando una postura distinta al sector de la población con mayores ingresos (quintil más alto), donde el 70% está de acuerdo con la afirmación de que la democracia es el mejor sistema de gobierno pese a sus defectos. Cuando las encuestas hacen conocer la opinión de la ciudadanía sobre las elecciones y la voluntad popular, se observa la misma tendencia. Visiones positivas o negativas dependen del nivel educativo. Este hallazgo subraya la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo que tome en cuenta las diversas realidades y perspectivas de la población. La democracia no puede ser efectiva si deja atrás a ciertos grupos o comunidades marginadas.

En este sentido, es crucial repensar la relación entre la democracia y las necesidades materiales de la población, en su conjunto, pero también desde los distintos colectivos sociales. La democracia no puede limitarse a ser un ideal abstracto; debe traducirse en resultados tangibles que mejoren la vida de las personas. Esto implica un compromiso continuo con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las instituciones democráticas deben estar al servicio del pueblo y ser percibidas como tales.

Sin embargo, lograr este objetivo no es tarea fácil. Y a pesar de las diferencias entre los países de la región, hay un denominador común. La complejidad de los desafíos actuales, como la corrupción, la desigualdad económica y la inseguridad, requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos políticos como los sociales y económicos, pero que lleguen de manera concreta a la base de la pirámide. El fondo va más allá del discurso político y de posiciones ideológicas.

En un clima en el que las frustraciones hacia el sistema democrático se hacen cada vez más palpables, opciones radicales emergen como alternativas a un sistema que algunos perciben como fracasado. También se reduce la tolerancia y aumenta el pragmatismo. Es por ello que resulta crucial recordar que la solución no radica en el abandono de la democracia, sino en su fortalecimiento y renovación constante para abordar con determinación las necesidades y aspiraciones cambiantes de la sociedad. Abrir espacios de participación, conversación y escucha puede ser un primer paso para superar los desafíos y avanzar hacia una democracia más sólida y representativa en la región. Y esta tarea no solo corresponde a los partidos políticos y a los gobiernos, sino también a todos los colectivos sociales.

¿La despenalización de las drogas evitaría escenarios como el visto en Ecuador?

Irene Torres
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¿La despenalización de las drogas evitaría escenarios como el visto en Ecuador?

En estos días, se debate en países como Holanda sobre la despenalización de drogas como un camino hacia eliminar a las organizaciones criminales que con su violencia desestabilizan a países enteros. Se reconoce que por sí sola esta política no puede resolver los efectos del negocio del narcotráfico internacional ni siquiera en los países más ricos del mundo. En países como Ecuador, que tiene altos índices de desigualdad económica, injusticia social y corrupción, se desatarían todavía más problemas.

Primero, despenalizar drogas selectivamente, como hizo Uruguay con el cannabis, no ha eximido a ese país de la violencia provocada por el narcotráfico. Teóricamente, habría que despenalizar todas las drogas, lo cual traería serios problemas de salud pública, como muestran los índices de adicción y muerte por fentanilo en Estados Unidos. Y, aun si Ecuador quisiera enfrentar este reto, su sistema de salud pública tiene preocupaciones más apremiantes y carece crónicamente de financiamiento.

Segundo, aunque se despenalizaran todas las drogas, las redes criminales no están interesadas solo en ellas; pueden diversificar sus actividades ilegales para seguir operando. Bajo la lógica de controlar los flujos de dinero, se tendría que liberar toda actividad susceptible de control en el país, empezando por los cigarrillos y gasolina que son objeto de lucrativas redes de contrabando y terminando con la minería descontrolada. Y esto no es posible.

Tercero, aunque sea un lugar común en los debates, no hay una respuesta sencilla a los niveles de violencia que han alcanzado los países consumidores, productores y distribuidores. Ecuador primero necesita abordar las causas profundas de la inequidad, la discriminación social y laboral sistemáticas, la delincuencia generalizada en los diferentes poderes del estado y la escasa institucionalidad jurídica. En el país, hasta las drogas legales, los medicamentos, son una mercancía apreciada por las mafias enquistadas en el estado.

La alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema, recientemente expresó su preocupación de que los Países Bajos se conviertan en un narcoestado y que con ello la violencia desestabilice al país. Para prevenir, como está sucediendo, que jóvenes de apenas 14 años se empiecen a involucrarse en su comercio ilegal, propone alternativas que incluyan la legalización de ciertas drogas siguiendo el ejemplo de Uruguay. Pero esta opción es factible en países con un sólido sistema regulatorio, fiscal y jurídico con mayor capacidad para controlar los flujos de dinero y las influencias indebidas.

En Ecuador, la despenalización de drogas exige cambios para los que no está preparado. En el país, los asesinatos de dignidades electas y personas públicas se pueden cometer dentro de un alto grado de impunidad. El más reciente homicidio, del fiscal César Suárez Pilay el 17 de enero, mostró una vez más que cualquier criminal, desde el jefe de un cartel hasta una mafia menor, se sienten en la libertad de despachar a un representante de la administración justicia en plena vía pública.

La despenalización de las drogas exige cambios fundamentales: tanto las garantías para aplicar la ley de manera efectiva como mecanismos sistemáticos de inclusión económica y social. Ante su falta, cualquier otro negocio ilícito puede prosperar y no se habrá resuelto ni una mínima fracción del problema.

Ciberdelincuencia: cómo luchar contra el fraude cibernético

Israel Palazuelos Covarrubias
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Ciberdelincuencia: cómo luchar contra el fraude cibernético

Diversos estudios científicos recientes han destacado aspectos críticos en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia que requieren la atención inmediata de los poderes legislativos en el mundo. Estos estudios enfatizan la necesidad de abordar el creciente problema del robo de identidad y el fraude cibernético, así como desarrollar medidas efectivas para identificar, perseguir y sancionar a los responsables, acciones que es crucial implementar con la finalidad de salvaguardar la identidad, el patrimonio y la integridad de las personas usuarias en línea.

La seguridad en ambientes tecnológicos es un tema relativamente nuevo que requiere de atención debido a la vulneración de la que personas usuarias son objeto. En este contexto, el fraude es uno de los delitos más recurrentes y de los que más daño patrimonial causa. Por ello, es indispensable que la población y sus representantes se hagan de los medios para combatirlo desde todos los frentes posibles, incluido el legislativo.

El robo de identidad y fraude se producen cuando los datos personales de un individuo se obtienen ilegalmente y se utilizan posteriormente para, por ejemplo, obtener cuentas de crédito, abrir cuentas bancarias, comprar mercancías y acumular deudas a nombre de las víctimas, cometiendo suplantación y uso indebido de documentos. El carácter cibernético o virtual se encuentra definido, precisamente, por los medios a través de los que se comete tal delito.

Regulación de los delitos cibernéticos en un mundo sin fronteras

Las redes criminales sofisticadas están utilizando el ciberespacio para cometer nuevos delitos contra las personas usuarias que llevan a cabo sus actividades cotidianas de manera virtual en este entorno. Con ello, se pone a prueba la capacidad de las personas legisladoras para regular eficazmente este ámbito toda vez que operan en un entorno multijurisdiccional, lo que dificulta el seguimiento y enjuiciamiento de estos delincuentes, además de que es un problema cuyas particularidades (como su modus operandi) mutan rápidamente.

Es de suma importancia que los países cuenten con una regulación integral sobre delitos cibernéticos, alineada con los estándares internacionales, con la que se tomen medidas para reducir la brecha digital y aumentar la conciencia sobre seguridad cibernética entre países y su población usuaria. En particular, se requiere de un enfoque de desarrollo flexible, adaptable y ágil desde el marco regulatorio.

Dada la naturaleza y rapidez con la que evoluciona este fenómeno, se configura en un problema público que, efectivamente, reta sustantivamente a los poderes legislativos y que invita a que sus acciones adopten los estándares internacionales en la materia, así como la evidencia científica con la que se cuenta. 

El factor legislativo en la prevención de delitos cibernéticos

Es de destacar la debilidad de la legislación y la falta de campañas de sensibilización y prevención como factores que contribuyen al aumento de los delitos cibernéticos en el mundo. Como una manera de enfrentar el problema, el Convenio de Budapest se configura en un instrumento vinculante que proporciona una solución integral y funcional para investigar y enjuiciar delitos cibernéticos, así como de otros tratados, acuerdos internacionales y leyes modelo.

El grueso de investigaciones recientes en la materia está orientado (o por lo menos cuenta con elementos) a comprobar que la atención efectiva desde el Poder Legislativo reduce significativamente el riesgo de sufrir delitos de esta índole por parte de las personas usuarias, especialmente en cuanto al establecimiento de disposiciones que empleen los elementos técnicos y estándares internacionales sobre seguridad cibernética.

Es importante, por ejemplo, tipificar el fraude cibernético como un delito con tres características definitorias: 1. La manipulación de datos o programas; 2. La producción de perjuicio patrimonial ajeno; y 3. La presencia de ánimo de lucro. Requisitos que deben cumplirse simultáneamente para poder afirmar que se trata de tal delito.

Protegiendo la privacidad: desafíos legales y éticos

La literatura científica también muestra preocupación por las implicaciones legales y éticas de la investigación policial en este ámbito, en el entendido de que puede violar la privacidad de los usuarios y otros de sus derechos. Con lo que se llega a que se necesitan directrices y normas más específicas y claras para los investigadores, que les permitan realizar su trabajo dentro de un marco legal adecuado. Además, la literatura subraya la necesidad de leyes que consideren el aumento de la gravedad y frecuencia de los engaños cibernéticos, así como la transición entre delitos en línea y fuera de línea, lo que la legislación debe ser capaz de diferenciar.

Por otro lado, los estudios sobre el fraude cibernético en el sector financiero y las criptomonedas resaltan la importancia de incorporar tecnologías avanzadas, como el internet de las cosas, el big data, la automatización de procesos robóticos y el blockchain, con la finalidad de detectar y prevenir este tipo de delitos. Se identifican algunos problemas legales y regulatorios que deben abordarse. Por ejemplo, que los diferentes sistemas financieros puedan trabajar juntos, que exista suficiente espacio de onda para las comunicaciones, proteger a las personas usuarias de los hackers y mantener su información personal resguardada. Esto ayudará a hacer los productos y servicios financieros más seguros, fáciles de usar y disponibles para todos.

Hacia una ciberseguridad integral

La inteligencia artificial tiene un papel importante en la identificación de patrones sospechosos, la prevención de ciberataques y la protección de datos en el ámbito de las criptomonedas y el sistema bancario; junto con la concientización de los usuarios de la banca electrónica, la educación y la comunicación proactiva para reducir la vulnerabilidad frente al fraude cibernético.

En lo que respecta al sector público, la capacitación y certificación en ciberseguridad del personal en el gobierno y la mejora de las leyes cibernéticas son fundamentales para proteger los datos y la seguridad de los usuarios de servicios gubernamentales y combatir la impunidad.

Finalmente, en términos de investigación forense, es importante utilizar las herramientas técnicas adecuadas más avanzadas, cumplir con los procedimientos y normas legales, y trabajar en colaboración para lograr resultados rápidos y precisos en la persecución de delitos cibernéticos.

Es de resaltar la necesidad de una aproximación multidisciplinaria, donde converjan la tecnología, la regulación, la educación y la cooperación entre diferentes actores para hacer frente al fraude cibernético y proteger los sistemas financieros y los datos de los usuarios. 

Para combatir eficazmente los delitos cibernéticos y reducir su incidencia sustantivamente, es de suma importancia contar con una legislación clara, precisa y actualizada; es fundamental tipificarlos y delimitarlos adecuadamente, así como promover los beneficios de la cooperación entre naciones y la adopción de preceptos provenientes de instrumentos jurídicos internacionales, en favor de los trabajos legislativos a nivel nacional.

*Este texto se desprende del artículo “Ciberseguridad y ciberdelincuencia. Regulación vigente y pendientes legislativos en materia de robo de identidad y fraude”, Quórum Legislativo, 142, pp. 75-105, https://bit.ly/4dmUnG5.

México: la falsedad, la constante en los debates

Claudia Pérez Flores
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México: la falsedad, la constante en los debates

El fenómeno de la desinformación va en aumento y representa uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. En los recientes debates presidenciales en México, la facilidad con la que se miente y se altera la realidad son reflejo de una crisis de la comunicación.

Esta crisis ha sido interpretada por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su libro Infocracia como un trance de desaparición del otro, pues, en vez de apelar al diálogo, este desaparece al favorecer el dataísmo, la inmediatez, la espectacularización y el oportunismo.

Pongamos un ejemplo del primer debate. Ante la pregunta “¿cuál sería el plan integral para fortalecer el sistema de salud?”, la candidata Claudia Sheinbaum antepuso a la respuesta un posicionamiento sobre el tema de la embajada mexicana en Ecuador, y al priorizar ese mensaje se quedó sin tiempo para profundizar en la pregunta que se había planteado.

No oigo, no hablo y no veo: parecería una estrategia útil, pero sin embargo limita la alteridad y gana la superficialidad como una constante que perpetúa la información maliciosa que crece y se expande, lo que deja a la ciudadanía a la deriva.

Esta indiferencia no solo se da ante hechos lamentables como los feminicidios, sino también en la misma interacción entre candidatos. Más allá del formato, de lo que implica estar a cuadro y de la personalidad de cada uno, se prioriza la exposición del datismo para atacar al contrincante en lugar de tener un diálogo abierto. 

En los debates, las propuestas y promesas en la discusión han carecido de sustento, lo que evita que se visualice un proyecto de nación —si es que existe— para el próximo sexenio. Esta opacidad genera incertidumbre, provoca que los aspectos sustanciales se desvanezcan y que prevalezca la falsedad. 

Este engaño informativo se propaga a través de diversas expresiones, ya sea mediante la relación directa, indirecta, de manera recíproca, unilateral, privada o pública y en todos los elementos entre el comunicador y el mensaje, el comunicador y el medio, el comunicador y el receptor, y el mensaje y el medio.

Lo peligroso de no comunicarnos con la verdad es que estas prácticas laceran la confianza y debilitan las relaciones sociales cuando la falsedad del discurso se sustenta en la confrontación, la desacreditación y el anecdotario.

Ante la pregunta “¿Qué acciones sustantivas y con enfoque en derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres?”, la candidata Xóchitl Gálvez respondió con una historia personal y no contestó adecuadamente la pregunta.

Para Han, la crisis de la democracia es ante todo una crisis de la escucha, y de ahí su planteamiento de que el otro está en trance de desaparición. El otro, lo importante, la esencia de la vida misma por la cual todo sigue su curso y su desarrollo, queda en segundo plano. 

De manera quizá sorprendente, considero que los auténticos ganadores de los debates han sido los ciudadanos, pues el nivel de preguntas formuladas a través de las redes sociodigitales y videograbadas han hecho eco de un ethos de credibilidad, confianza, fidelidad y respeto.

¿Podemos esperar que el nivel de disertación mejore en el último debate? Quizá no, pero no podemos dejar de exigir que se ponga en práctica la retórica del discurso y que las propuestas restablezcan una confianza social donde prevalezca la otredad y se contrarreste la falsedad del discurso; en otras palabras, que se apueste por una comunicación asertiva.

Los 100 días del presidente Arévalo en Guatemala

Luis Guillermo Velásquez Pérez
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Los 100 días del presidente Arévalo en Guatemala

Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaron posesión el 14 de enero de este año tras ganar sorpresivamente una elección que había sido alterada de origen cuando las Cortes impidieron la participación de tres candidatos punteros y tras haber superado la larga operación golpista que lideró en su contra el gobierno saliente de Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, Fiscal General. Este dúo, utilizando a las instituciones judiciales, buscó evitar durante cinco meses que los legítimos ganadores se convirtieran en presidente y vicepresidenta del país.

La alternancia en el poder no habría sido posible sin la rebelión del electorado, del apoyo decidido y coordinado de los organismos internacionales, así como de la resistencia en defensa de la democracia liderada por las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas que se prolongó durante más de 100 días y se extendió hacia los barrios populares de la periferia de la ciudad de Guatemala.

Así, asumió un gobierno con fuerte simpatía internacional y amplio respaldo popular que el 23 de abril cumplió 100 días de enfrentarse a las contradicciones resultantes entre gestionar instituciones con estructuras autoritarias que son reacias a su mandato y el clamor por medidas contundentes de quienes defendieron la democracia guatemalteca. Tomando en cuenta dicho contexto, analizaremos 5 dimensiones que permiten comprender estos primeros 100 días de un gobierno que tiene ante sí la compleja tarea de iniciar la recuperación de un país en ruinas.

1.La credibilidad internacional

La recuperación de la reputación de Guatemala en el mundo ha sido uno de los logros más destacados del gobierno en estos primeros 100 días. Aunque no ha quedado exento de críticas por su estrecha alineación a la política de occidente respecto a temas polémicos como la relación con Israel y Ucrania, este reposicionamiento le ha permitido al gobierno mostrarse confiable para captar inversiones extranjeras y a alcanzar acuerdos que mejoran la calidad del país como socio.

2.La confianza social

El gobierno ha transmitido coherencia con el discurso de transparencia y anticorrupción y ha sido capaz de autodepurarse de forma rápida y convincente ante los señalamientos sobre faltas éticas o potenciales actos de corrupción. Esto ha contribuido a mantener alta la confianza de la sociedad en el gobierno. No obstante, ésta se ha ido reduciendo frente a la percepción cada vez mayor en la opinión pública de falta de decisión en el trato hacia la fiscal general y los funcionarios de los dos últimos gobiernos que saquearon los recursos, socavaron las instituciones y persiguieron ilegalmente a un centenar de actores incómodos, desde profesores universitarios hasta jueces anticorrupción.

3.La dirección legítima de la gestión pública

El gobierno ha tenido enormes dificultades para colocar a funcionarios de confianza compatibles con su proyecto político en los cargos de la administración que se asumen por designación. Además de las concesiones, normales cuando se gobierna sin mayoría, el gobierno no ha podido sustituir a los funcionarios designados por gobiernos anteriores, ya sea por temor a la judicialización de los procesos administrativos o por los problemas financieros que podrían causar en las instituciones, debido a las indemnizaciones que han instaurado las cortes para quienes han ejercido cargos de designación política.

Esto es relevante porque contraviene, tanto la armonización, como la capacidad de ejecución de la administración pública. Pero además, porque ha sido el corazón de lo que se ha denominado economía de captura. A esto se suman campañas de desinformación que se han lanzado para difamar al gobierno o invisibilizar avances sociales, como la reducción del 13% en asaltos y homicidios durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

4.Las alianzas políticas

Si bien las alianzas entre el ejecutivo y el legislativo han permitido iniciar la construcción de la primera línea del Metroriel de la ciudad de Guatemala (ejecutivo) y asegurar la toma de posesión y aprobar cinco leyes de la agenda oficialista (legislativo); se proyectan como la dimensión más inestable del gobierno debido al pasado cuestionable del legislativo en su forma de hacer política. Esto conlleva a diferencias de criterio entre los principales sectores del oficialismo sobre la conveniencia de mantenerlas en el futuro inmediato.

De hecho, antes de la Semana Santa los diputados del partido CABAL paralizaron la agenda legislativa en su afán de ampliar los acuerdos alcanzados inicialmente y fueron los artífices de un par de derrotas consecutivas y significativas para la bancada oficial. Además, durante las primeras semanas de abril, el alcalde, que recibió el apoyo del presidente para dirigir la Asociación Nacional de Municipalidades, ha utilizado a esta para oxigenar políticamente a la fiscal general inventando líneas de cooperación entre las Municipalidades y el Ministerio de Público que antes no existían. Ello fortalece a la Fiscal General frente a los alcaldes pudiendo condicionar sus posicionamientos en nuevas agresiones en contra de la democracia y la voluntad popular. Esto, en un momento donde las mayorías sociales la quieren aislada (como mínimo), debido a las dificultades para destituirla.

Lo cierto es que ambos sectores visualizan en sus alianzas posibilidades para cumplir las promesas de campaña y de garantizar gobernabilidad para neutralizar a las instituciones de veto político que buscan aislar o desaforar al gobierno. Ambas dependen de cumplir acuerdos y es, en esas condiciones del juego político, donde las contradicciones pueden agudizarse.

5.Las instituciones de veto político

El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido los principales impedimentos para que el gobierno pueda gestionar y alcanzar los objetivos trazados, incluyendo las demandas exigidas y respaldas por sociedad civil. A tal extremo que ha mantenido la suspensión de la personería jurídica del partido de gobierno y ha intervenido deliberadamente en el proceso legislativo donde, inicialmente, la bancada oficial dirigía la Junta Directiva, lo cual cambió a raíz de una polémica resolución de la Corte de control constitucional.

En dichas instituciones también reside el rumbo que puede adoptar el país en el corto plazo. En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una consulta planteada por la Secretaría General en la que se podría dilucidar o entrampar el camino para una posible destitución de la Fiscal General y en los próximos meses se elegirá a los jueces y magistrados que decidirán el futuro legal del partido de gobierno y sus principales líderes, así como del centenar de perseguidos políticos por parte del Ministerio Público.

En estos movimientos se comprobará la eficacia y la conveniencia de las alianzas que ha entablado el gobierno, decisivas para el éxito del gobierno y el futuro de la democracia en Guatemala. Esto en un contexto en el que la mayoría de los países que han enfrentado procesos de autocratización se han convertido en autocracias a pesar de los episodios democráticos intermedios. Ahí radica la importancia capital de que el binomio cuente con los suyos, alcance consensos con los distintos y, sobre todo, se mantenga cercano a la gente.

El papel de la oposición interna en Cuba

José Gabriel Barrenechea
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El papel de la oposición interna en Cuba

Un grupo de opositores de probada trayectoria dentro y fuera de Cuba, entre los que cabe mencionar a Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles o Camila Acosta, intentan llevar el debate hacia la necesidad de destinar lo fundamental de nuestros recursos escasos a crear un movimiento opositor fuerte y estructurado, de masas, al interior del país.

Hablemos claro. Si algo han demostrado más de cuatro décadas de oposición pacífica dentro de Cuba es la imposibilidad de articular un movimiento opositor de masas a su interior. Quienes llevamos años en la oposición interna sabemos lo que sucede cuando usted decide ponerse a la obra en ello: te rodearán de agentes encubiertos de la Seguridad del Estado, no solo para estar al tanto de cada uno de tus pasos y planes, sino sobre todo para promover sutilmente las diferencias dentro de tu movimiento, multiplicar las suspicacias de los unos con los otros, hacer imposible ponerse de acuerdo dentro de él, y finalmente provocar su implosión; llamarán a contar a cada nuevo individuo no ya que se una al movimiento, sino que dé señales de estar dispuesto a hacerlo, lo acosarán a él o a las personas a su alrededor, lo expulsarán de su trabajo, le denegarán la licencia para hacerse de un emprendimiento privado… hasta hacerlo desistir y alejarse; por último, si es que insistes o comienzas a tener algún éxito en tu propósito, se enfocarán en ti, organizador, limitarán tu libertad de moverte, o incluso te meterán preso, si no aceptas el exilio.

Cuba es todavía una dictadura totalitaria, con un eficientísimo sistema de represión profiláctica. Incluso en las Democracias Populares, esa forma diluida de totalitarismo de la Europa del Este, donde en primer lugar nacionalismo y socialismo iban en direcciones contrarias, al resultar este último una imposición del Ejército Rojo, donde se permitían otros partidos, la policía secreta nunca fue ni muy leal ni tampoco muy eficiente —no lo digo yo, sino los informes del KGB—, el pequeño negocio estaba ampliamente permitido desde los 60… aun allí solo en el caso polaco se dieron las condiciones para el surgimiento de un movimiento opositor articulado, de masas, alrededor de un sindicato y de la poderosa Iglesia católica. En todos los demás países fueron las élites gobernantes quienes se rindieron ante los primeros movimientos espontáneos en las capitales este-europeas, surgidos tras la renuncia expresa de Gorbachov a intervenir en su esfera de influencia.

Imaginar un movimiento opositor articulado, de masas, dentro de Cuba, capaz de llevar adelante acciones masivas, planeadas y coordinadas, mientras impere el totalitarismo, y en específico el control de la Seguridad del Estado, y la disposición de todas las instituciones armadas a reprimir cuando se les dé la orden, es solo un sueño.

Por otra parte, debe advertirse que el probable surgimiento de ese movimiento de masas, con un liderazgo claro, no es tampoco necesariamente el principio del fin del régimen. Venezuela y Nicaragua así lo demuestran. La realidad es que, dado el grado de control social al que puede acceder fácilmente el estado contemporáneo, es cada vez más difícil derribarlo “desde abajo”. En Europa del Este, como hemos mencionado más arriba, fue la decisión de Moscú, y la posterior división y renuncia a luchar de las élites gobernantes, quienes dejaron caer a los regímenes totalitarios socialistas.

En Cuba, sin embargo, las condiciones son muy distintas a las de Europa del Este. Como ya hemos señalado, en esas naciones el socialismo iba en dirección contraria del nacionalismo, una ideología siempre más atractiva para el corazón humano. Acá, por el contrario, desde la anterior Revolución de 1933, en los imaginarios políticos e intelectuales, pero también populares, se ha identificado al socialismo como imprescindible para mantener un estado nacional con el elevado grado de independencia política y soberanía al cual siempre ha aspirado nuestro nacionalismo, desde que tomó prestadas sus ideas de la independencia y la soberanía nada menos que del aislacionismo americano del siglo XIX.

No nos engañemos, el régimen es más probable que sea derribado por movimientos espontáneos, y no por uno coordinado previamente, de masas. La comparación entre el 11J y el 15N así lo demuestra: el movimiento preparado no llegó ni a poner a un individuo en las calles, mientras que el espontáneo le arrebató por algunas horas el control de éstas al régimen.

Mientras el régimen no se atreva a iniciar lo que un sector de la oposición, y casi todo el exilio, descalifica como cambio “fraude”, un cambio que relaje la eficiencia de su sistema represivo profiláctico, ya sea por necesidad de lavarse la cara al pasarse a una represión más convencional, “post-facto”, o porque las medidas tomadas impliquen en los represores un relajamiento ideológico y en sus relaciones de fidelidad al poder central —ya ocurre—, la oposición interna solo puede tener las siguientes funciones: distraer parte de la atención del régimen sobre nosotros, y así darle la oportunidad a los movimientos espontáneos surgidos desde el sector que no ha asumido una actitud política opositora transparente; servir de ejemplo y fermento moral, como personas que viven “en la verdad” y no en la mentira gubernamental, al decir de Václav Havel; intentar organizar a las masas en caso de sublevaciones espontáneas, para convertirlas en movimientos políticos eficientes, capaces de tomar el poder; apoyar, o al menos no dirigir lo esencial de los ataques a las propuestas reformistas desde dentro del régimen.

Debe mantenerse el esfuerzo para organizar ese movimiento soñado, ideal, al interior de Cuba. Pero no como la dirección principal de nuestro activismo y el destino prioritario de los recursos escasos. Solo para mantener vivo el activismo al interior de la isla, además de para distraer la atención del aparato de vigilancia del régimen de las muchas tendencias al pluralismo, en desarrollo a lo profundo de la sociedad cubana actual.

Para ganar, Sheinbaum necesita perder

Ernesto Hernández Norzagaray
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Para ganar, Sheinbaum necesita perder

En una conferencia que recientemente dictó a empresarios, Enrique Krauze, el reconocido historiador, escritor y ensayista mexicano, señaló con preocupación que Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición izquierdista Juntos Hacemos Historia, “no se haya desarraigado ni un milímetro del presidente López Obrador”. Lo mismo destacó en otra ocasión el escritor Jorge Volpi, que explicó que, si ocurriese, mostraría la independencia de Claudia y la diferencia entre los dos personajes políticos, uno procedente de la izquierda y otro del PRI.

Sin embargo, Krauze falla: hay un motivo de forma y otro de fondo en esta simbiosis entre el presidente mexicano y la candidata del movimiento obradorista. El de forma, se explica porque es parte de una estrategia electoral que busca tener cohesionadas a las distintas corrientes que integran el partido Morena y transmitir a sus bases que Sheinbaum es el mismísimo presidente. Y el de fondo implica que el proyecto de cambio de régimen continuará si gana ampliamente esta candidata. El primer motivo puede resultar comprensible teniendo a un presidente que tiene un 60 por ciento de aprobación —aunque sus políticas públicas no lo estén y frecuentemente sean reprobadas— que se mantiene por una oposición desprestigiada, pero que al menos en las elecciones federales sigue siendo un contrapeso parlamentario para la defensa de la Constitución y las instituciones de la democracia.

Si bien la mayoría de los estudios demoscópicos dan ventaja a la candidata oficialista, nada parece indicar que en las elecciones concurrentes del 2 de junio los resultados vayan a permitir a la coalición oficialista una mayoría calificada —más del 66 por ciento de la votación emitida para el Congreso de la Unión— para continuar con el llamado Plan C obradorista, que tiene como principalísimo objetivo capturar la Suprema Corte de Justicia y la desaparición de los órganos autónomos que son los pilares de la democracia mexicana.

Y es que, de acuerdo con las elecciones intermedias de 2021 y las encuestas con mayor tino histórico, la oposición podría echar a perder las cuentas que se hacen en Palacio Nacional y eso llevaría, en caso de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, a la formación de un gobierno sin la mayoría calificada para realizar las reformas que ha intentado sin éxito y con molestia el presidente López Obrador. 

Esto es lo que se perfila, Claudia Sheinbaum no se sale ni un milímetro del guión que le han impuesto desde Palacio Nacional y los aliados más radicales, como vimos en la fase previa y en el mismo segundo debate presidencial. En este nuevo intercambio salió a defender las obras de gobierno de su tutor político, cosa que no hizo en el primero y que le ganó un llamado de atención a través de cápsulas publicadas en el diario obradorista La Jornada y la llevó a poner en marcha una campaña publicitaria intensa donde la candidata oficialista defiende con todo a López Obrador.

Se trata de una acción que a nuestro juicio es un error estratégico porque será un mensaje dirigido principalmente al votante obradorista, leal, inamovible, pero no a los ciudadanos indecisos y ese elector pragmático, switcher, urbanizado, que ronda el 30 por ciento de la lista nominal de electores y que, en su mayoría, está decidido salir a votar, pudiendo, en caso de hacerlo, significar la diferencia entre las dos grandes coaliciones electorales. Y, dicho de paso, ese vacío discursivo seguramente lo está aprovechando Xóchilt Gálvez, la candidata opositora, para intentar ganarse a ese electorado.

Sin embargo, en la hipótesis de que salve el riesgo de la derrota presidencial pero su gobierno no alcance la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, la buena noticia para Sheinbaum es que podría no solo ampliar el margen de maniobra e independencia sino su capacidad de negociación con la oposición para garantizar la estabilidad del país y no pasar a la historia como la presidenta que pudo sacudirse la tutela de un expresidente y que no lo hizo.

En definitiva, y siendo las palabras de Krauze y Volpi expresión de una preocupación en un segmento antiobradorista de la intelectualidad mexicana, la buena noticia es que los mejores pronósticos del oficialismo no le alcanzan para obtener la soñada mayoría calificada del Congreso de la Unión para continuar el cambio de régimen autocrático que pasa por reformas constitucionales y la destrucción de las instituciones de la democracia mexicana.

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