Gánsteres digitales

Arthur Coelho Bezerra
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Gánsteres digitales

En la breve edad de oro de Internet, durante el cambio de siglo, el pensador Pierre Lévy ganó fama con libros que incitaban a una especie de utopía tecnoliberal, que estaba proyectada por las potencialidades del nuevo mundo virtual. Términos como «inteligencia colectiva», «democracia electrónica» y «universos de elección» formaban parte de su ideología de la cibercultura, cuyo sustrato humano estaría en las «comunidades virtuales» formadas por personas interconectadas en red.

Los ejemplos que Lévy enumera para ilustrar esas comunidades virtuales son prosaicos: «Los aficionados a la cocina mexicana, los amantes del gato de Angora, los fanáticos de un determinado lenguaje de programación o los apasionados lectores de Heidegger, antes dispersos por todo el planeta, tienen ahora un lugar familiar donde reunirse y conversar». Es curioso que, de todo el panteón de la filosofía, la frívola elección (valga el juego de palabras) recayera en un pensador alemán que no ocultaba su simpatía por el antisemitismo y el partido nazi, del que Heidegger fue miembro.

Si el filósofo estuviera vivo, no le faltarían comunidades virtuales para charlar con sus coetáneos: como sabemos, la cibercultura de la década de 2020 está llena de grupos fascistas, misóginos, homófobos, racistas, estafadores y de personas que utilizan las redes digitales para compartir odio, ira y bilis. El odio es un sentimiento poderoso, que genera identificación con quienes lo comparten e indignación con quienes no lo comparten (o, peor aún, son blanco de él).

Por eso, tanto en las redes sociales como en los sitios webs de noticias, el discurso del odio genera engagement (no ese viejo significado de engagement, que se refiere a la participación en protestas, luchas laborales, movimientos sociales o partidos políticos). En Internet, el engagement es un fenómeno medible por la interacción de los usuarios de la red, que lleva a la producción de datos a través de clics, comentarios, comparticiones y visualizaciones, lo que engorda el big data de las plataformas.

El corolario de la hipertrofia del odio es la atrofia de la razón y la reflexión. La atrofia de la razón, a su vez, ha demostrado históricamente ser un método eficaz para fertilizar el terreno en el que individuos y grupos con intereses políticos y económicos siembran mentiras, noticias falsas y otras tácticas de desinformación.

Al igual que el odio, las mentiras también generan compromiso en las redes: las fake news son compartidas por quienes las creen o por quienes las hacen circular de mala fe, y son desmentidas y denunciadas por quienes actúan en defensa de la verdad de los hechos. Ambos casos conducen a la producción de datos a través de clics, comentarios, comparticiones y vistas, por lo que dilatan de nuevo el big data de las corporaciones de Internet.

La socióloga Shoshana Zuboff utiliza el término «indiferencia radical» para referirse a la postura de las grandes tecnológicas en relación con lo que gusta, se pincha o se comparte en sus plataformas, y usando el manido discurso de la neutralidad tecnológica para eximirse de los contenidos puestos a disposición por sus usuarios. 

Sin embargo, piénsese en la amplia circulación en Internet del discurso del odio, la desinformación política y el negacionismo científico y medioambiental, aunado con el resurgimiento de comunidades virtuales antivacunas, discriminatorias y terraplanistas que financian el impulso de contenidos desinformativos en las redes, una práctica que genera engagement con base en los criterios de relevancia de los algoritmos que organizan la información en las plataformas, los cuales son creados en función del interés comercial de corporaciones multimillonarias. Son hechos que, más que suscitar dudas, revelan las falacias sobre la neutralidad moral de las plataformas.

Llegados a este punto, parece claro por qué grandes empresas tecnológicas como Alphabet (propietaria de Google y YouTube), Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) y Twitter quieren impedir, a toda costa, la aprobación de la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, en Brasil, que propone regular las plataformas de comunicación digital para que tengamos un ecosistema informativo más sano, seguro y fiable. 

En el proyecto de ley (PL 2630) se incluyen aspectos como la remuneración de los contenidos musicales, audiovisuales y periodísticos compartidos en las plataformas digitales, el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, la práctica del racismo, la discriminación, el terrorismo y los atentados contra el Estado de derecho, así como la responsabilidad (incluso penal) por la propagación masiva de mensajes falsos. Todos estos puntos acarrean beneficios para las grandes tecnológicas.

Tras sufrir unas 90 enmiendas a su texto original, el proyecto de ley fue finalmente entregado a la Cámara de Representantes. Sin embargo, un día antes de la votación, el diario Folha de S. Paulo publicó un reportaje con las conclusiones de un estudio del Laboratorio de Estudios de Internet y Medios Sociales, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que señala que Google, Meta, Spotify y Brasil Paralelo estaban publicando anuncios contra el PL 2630 para influir negativamente en la percepción que los usuarios tengan del proyecto.

El mismo día, muchos buscadores y usuarios de Google compartieron una impresión con la frase «La PL2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil», que estaba en la página de inicio del buscador, lo que contribuyó a la decisión de abrir una investigación para juzgar la conducta de la empresa. Sin embargo, el objetivo de las grandes empresas tecnológicas se logró: bajo la presión de Google, Meta, TikTok y la oposición de derechas (con fuerte representación de la bancada evangélica), la Cámara decidió aplazar por tiempo indefinido la votación.

La postura de Google en este caso recuerda al escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó datos de millones de usuarios de Facebook para manipular el resultado de las elecciones de Donald Trump y el brexit en 2016. El caso hizo que Mark Zuckerberg se viera obligado a someterse a un sabático de más de 600 preguntas en unas diez horas de declaración en Washington. En cuanto a las citaciones que recibió del Parlamento británico, el dueño de Facebook, en términos metafóricos, solo mostró el dedo a los británicos, y no fue el pulgar de la famosa «joinha» de la red azul. 

La insolencia de Zuckerberg, al ignorar las citaciones, llevó al Parlamento británico a afirmar en un informe de 2019 sobre desinformación que «empresas como Facebook no deberían comportarse como ‘gánsteres digitales’ en el mundo online, considerándose por delante y más allá de la ley.» Lo mismo debería valer para el Twitter de Elon Musk, el Google de Larry Page y Serguéi Brin y cualquier CEO o empresa que se crea el alfa y omega del universo digital.

¿Es acertado tener un plan para reemplazar al ganador de las primarias venezolanas?

Jesús Delgado Valery
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¿Es acertado tener un plan para reemplazar al ganador de las primarias venezolanas?

“Las elecciones no son exclusivas de regímenes democráticos”. Me dedico al análisis y la promoción democrática, y recurro a esta frase cada vez que doy cuenta del funcionamiento de los autoritarismos.

Mundialmente se generó un consenso de que la democracia es el mejor sistema de gobierno y las elecciones el mejor mecanismo para ungir de legitimidad a las autoridades. Contradecir esto puede resultar sumamente costoso para cualquiera. Por eso los gobiernos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, aunque son claramente autocráticos, se autodefinen como democráticos y celebran elecciones.

Otra de las frases a las que acudo constantemente es “las elecciones son necesarias, pero no suficientes para que un régimen se considere democrático”. Nada novedoso, pero a veces es necesario recordar que China y Corea del Norte también las celebran.

Por ejemplo, en una entrevista reciente el presidente Lula Da Silva sugería que el de Maduro es un gobierno democrático porque “en Venezuela hay más elecciones que en Brasil”. 

De manera que en los regímenes autocráticos se celebran elecciones con ciertas características. Mientras que en las democracias hay incertidumbre en los resultados, en las autocracias los resultados se saben de antemano.

Para que suceda esto, los autócratas implementan distintas estrategias: limitar la oferta electoral y la libertad de prensa, de asociación y de manifestación e intervenir los organismos electorales, entre otras.

En Venezuela, una autocracia consolidada, se celebran elecciones constantemente bajo estas circunstancias. Una de las herramientas del régimen es la inhabilitación de los candidatos, es decir, imposibilitar a las personas ejercer su derecho político de postularse a cargos de elección popular. 

La Contraloría General ha sido la institución encargada de hacer el trabajo sucio, funcionando como un brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No es casual que quien hasta hace unos días encabezaba la Contraloría, impulsando inhabilitaciones como las de María Corina Machado o Freddy Superlano, haya sido nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones generales de 2024. 

La oposición a lo largo de estas más de dos décadas de chavismo-madurismo ha diseñado distintos mecanismos para coordinar sus esfuerzos y establecer una estrategia unitaria, sobre todo en contextos electorales. En este caso, se constituyó una Comisión Nacional de Primarias (CNP) para organizar unos comicios, a celebrarse el 22 de octubre, de los que resulte un candidato para enfrentar a Maduro en 2024. 

Uno de los principios en la conformación de la CNP fue que una inhabilitación ilegal no condicionaría la participación, entendiendo que las reglas autoritarias no pueden definir un ejercicio democrático. De esta manera, Henrique Capriles, María Corina Machado o Freddy Superlano se inscribieron como candidatos.

A día de hoy, y de manera sostenida durante los últimos meses, Machado lidera las encuestas con una diferencia contundente sobre el resto de competidores. Muy lejos, Capriles y Superlano también figuran dentro de las preferencias del electorado.

Si las reglas del juego fueron claras desde el principio, es decir, las inhabilitaciones no impedirían competir, y si la voluntad popular es tan clara en favor de Machado, ¿por qué algunos candidatos y partidos buscan mecanismos para una eventual sustitución de una candidatura inhabilitada?

El argumento racional es que si en las presidenciales no se puede inscribir la candidatura del ganador de las primarias debido a la inhabilitación, hay que tener un plan de contingencia. Pero esto se traduce también en que será el gobierno autocrático y no la mayoría de los venezolanos el que seleccione la candidatura opositora.  

Este argumento supone que un candidato habilitado, a diferencia de uno que no lo esté, puede competir, ganar, asumir e impulsar una transición democrática. A quienes comparten esta postura convendría preguntarles: ¿No recuerdan que la oposición ha ganado elecciones, con candidatos habilitados, y no le han permitido asumir? ¿No recuerdan que en el 2015 la oposición ganó dos terceras partes de la Asamblea Nacional y el gobierno desconoció los resultados? ¿No recuerdan que Andrés Velázquez ganó las elecciones del estado Bolívar en 2017 y groseramente manipularon los resultados? ¿No recuerdan que Superlano ganó las elecciones en el estado Barinas en 2021 y fue inhabilitado posteriormente para que no asumiera? 

Los regímenes autocráticos cuentan con un amplio repertorio de herramientas para sostenerse en el poder, y las pueden usar antes o después de la elección. A estas alturas es ingenuo e irresponsable pensar que la posible transición democrática de Venezuela pasa por la delegación de una candidatura habilitada. 

Para enfrentar a un régimen autocrático hace falta más que un candidato habilitado: hace falta ser una alternativa real de poder que sea amenazante, que cuente con apoyo popular nacional e internacional, de manera que provoque un resquebrajamiento de la coalición dominante y obligue a los distintos sectores que la conforman a negociar ante la inminencia de un cambio. 

En un contexto como el actual, después de años de despolitización y desmovilización, desechar a la candidatura que más ilusión y esperanza genera para adecuarse a las reglas de la dictadura puede significar al menos seis años más de crisis humanitaria y éxodo masivo.

Milei y lo que vendrá: Argentina, rumbo a las elecciones de octubre

Diego M. Raus
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Milei y lo que vendrá: Argentina, rumbo a las elecciones de octubre

Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un instituto que viene trabajando hace más de dos décadas en esta regresiva cuestión social y cuyos resultados no difieren en demasía de las estadísticas oficiales, publicó que en el país el 61% de los niños, niñas y adolescentes (entre 0 y 16 años) se encuentran bajo la línea de la pobreza. Que el 59% de esa población infantil y adolescente reciben alimentación gratuita. Que la inseguridad alimentaria de esa población aumentó un 44% entre 2010 y 2022. Y que el 40% de esos niños no tienen acceso, en sus hogares, al agua de red. Este escenario de regresividad social es un increscendo desde 2009, aliviado entre 2011 y 2012, para luego dar paso a este camino al precipicio.

Si se sale de las estadísticas, se configura un escenario donde ya en más de una generación de argentinos, y residentes en el país, más de la mitad de la población ha visto menguar progresivamente sus condiciones de vida, sus expectativas de futuro y, peor aún, las expectativas de sus hijos.

En este escenario, cómo va a asombrar la elección de Javier Milei. Se esperaba que en las primarias abiertas se ubicara tercero, detrás de la principal oposición al oficialismo -Juntos por el Cambio- y de la coalición de gobierno -Unión por la Patria-. Sorpresivamente, Milei, sin estructura partidaria ni elenco político conocido, se ubicó primero con el 31% de los votos, seguido de JxC con el 28,5% y de UxP con el 27%. Reitero, solo con su figura.

Para empezar a entender este resultado, hay que apuntar lo siguiente: Milei no ganó por lo que dijo, sino por cómo lo dijo.

La campaña casi unipersonal de Milei, inscripto claramente en lo que se empieza a conocer hace algunos años como las corrientes libertarias, se basó en dos elementos: propuesta de dolarización, como modo de resolver la estructural y crítica situación económica del país, y el repudio a la casta, simbolizando en este concepto a toda la clase política argentina. Pero todo esto dicho a los gritos, con gestos furiosos, con insultos y con una descalificación absolutamente despectiva de la política tradicional. Fue este cómo más efectivo que el qué.

Esa rabia y esa descalificación interpretaron, y convocaron a las urnas, a un sector de la población que está tan enojado como él. Que rabia de descontento por no poder resolver sus dificultades cotidianas. Que está cansado de promesas, pero más aún de consignas vacías que derraman los partidos y los políticos. Que se retuerce ante discursos políticos que parecen hablarse a sí mismos y a quienes los producen. Que ya no cree. Definitivamente, no cree.

Habrá que analizarlo con más detalle, pero queda bastante claro después de estas primarias que el voto a Milei provino especialmente de jóvenes de sectores populares, dependientes de la precaria economía informal, habitantes de barrios postergados con una infraestructura más que deficiente y rodeados de iguales, tan marginados, desigualados y carentes de esperanzas entre ellos al punto de configurar netamente una situación política por fuera de la política representativa. 

El más que inesperado resultado de las primarias del 14 de agosto, incluso para La Libertad Avanza, la estructura política inscripta por Milei para estas elecciones, que festejó el resultado de manera coherente con la sorpresa que les produjo, encontró a una oposición de Juntos por el Cambio que ya se preparaba para un triunfo contundente, dividida y enfrentada de mala manera en su fuero interno, hecho que los catapultó al segundo lugar con al menos entre el 10% y el 15% menos de los votos esperados (y que las encuestas, cada vez más fallidas, pronosticaban). 

El resultado también dejó mal parado al oficialista -kirchnerista- Unión por la Patria, que, si bien no esperaba, salvo milagro, ganar las PASO, tampoco esperaba salir tercero -al punto de no entrar en el ballotage de octubre si se repitieran estas posiciones- ni obtener un porcentaje de votos claramente menor al que preveían las encuestas. 

Quedó, raro en la política electoral argentina, un camino hacia las presidenciales de tres tercios. Pero tres tercios que se rechazan mutuamente, de los cuales dos no están dispuestos, como generalmente ocurre en sistemas electorales de la región, a realizar ciertos acuerdos, trasladar preferencias y votos a fin de derrotar a uno de ellos. Los tres tercios de estas PASO rumbo a octubre son innegociables porque representan claramente tres posturas diferentes y antagónicas de las expectativas electorales de los argentinos. 

Lo novedoso es el tercio de Milei. Tiene dos fortalezas que le darían, parecen decir los primeros focus groups, más ventajas en octubre si se mantienen el panorama y las expectativas actuales. La primera es que ganó sorpresivamente, y eso implica un camino abierto para sus votantes, para los votantes de partidos que quedaron afuera de octubre y, sobre todo, para los que no fueron a votar por desencanto y enojo. La segunda es el hecho de haber dado en la tecla y haber interpretado a sectores sociales, reitero, absolutamente enojados y descontentos, al punto que gran parte de ellos no hubieran ido a votar de no tener la opción Milei. 

Por eso, y que quede claro: Milei ganó por cómo dijo ciertas cosas, más que por las cosas que dijo.

¿Qué escuela queremos para nuestros jóvenes en Brasil?

Clara Ramírez Barat
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¿Qué escuela queremos para nuestros jóvenes en Brasil?

Coautores Paula Alves y Michele Bravos

Entre 2002 y 2023, hubo 24 ataques contra escuelas en Brasil, con un saldo de 45 muertos y 137 heridos, según el Instituto Sou da Paz. En una democracia frágil -aunque en recuperación-, la disputa en el ámbito escolar está marcada por ideologías que privilegian el extremismo violento (motivado -entre otros factores- por el discurso del odio) y los intereses económicos. Sin una dirección gubernamental alineada con esta perspectiva, la práctica de la educación en derechos humanos puede quedar restringida a iniciativas aisladas, lo que supone una pérdida para la sociedad.

El 2023 sigue marcado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Según el Censo Escolar, las escuelas públicas brasileñas pasaron una media de 279 días cerradas en 2020, una cifra muy superior a la de Argentina (199) y Colombia (173). En 2021, se intentó implementar la modalidad híbrida, pero sin mucho éxito, especialmente en las escuelas públicas, donde los estudiantes de los últimos años de la educación primaria y secundaria tuvieron un promedio de 102 días de clases a distancia, en comparación con 38 días en las escuelas privadas.

Como han demostrado estudios locales y globales, el aislamiento social al que se ha sometido a los jóvenes en un momento crucial para su desarrollo ha generado impactos que van mucho más allá de los déficits de aprendizaje, alcanzando aspectos de la salud mental y la capacidad de socializar con sus pares. La escuela es esencial para la alteridad y refleja dinámicas sociales de conflicto y diálogo, representando una oportunidad única para experimentar la pertenencia. La negación de esta convivencia tuvo consecuencias. El reto -que ya existía antes de la pandemia- de garantizar que el entorno escolar sea propicio para el aprendizaje con sentido crítico y la convivencia armoniosa entre las diferencias, se ha hecho aún mayor.

Nuevo fenómeno, vieja violencia

La violencia que se ha recrudecido con la reapertura de las aulas adopta formas diversas y afecta a muchos actores, como señala la UNESCO. Va desde el acoso escolar a las agresiones físicas y sexuales, perjudica a toda la comunidad escolar y causa diversos daños, como impactos en el rendimiento y absentismo escolar. El escenario se vuelve aún más complejo cuando la violencia adquiere una nueva dinámica: los ataques premeditados contra las escuelas.

Según el Instituto Sou da Paz, de los 24 ataques contra escuelas en Brasil, 12 ataques tuvieron lugar entre 2002 y 2021, seis en 2022 y otros seis sólo en el primer semestre de 2023. El crecimiento exponencial de estos episodios no sólo ha causado alarma social, sino también un sentido de urgencia para comprender este fenómeno, especialmente por parte de los gestores públicos, para producir una respuesta rápida y eficaz. Nos encontramos ante un tipo de violencia calificada como extremismo violento, protagonizada habitualmente por hombres jóvenes, blancos, heterosexuales y radicalizados.

Más importante que distinguir entre estos fenómenos, la violencia habitual y extrema que se produce en las escuelas y la violencia extremista contra las escuelas, es la percepción de cómo ambos están relacionados. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños de 2006, las escuelas crean y reproducen las condiciones políticas y socioeconómicas de cada contexto, así como los valores y las normas sociales imperantes, y «al ser víctimas, autores y testigos de la violencia, los niños aprenden que la violencia es un medio aceptable para que los fuertes y agresivos obtengan lo que quieren de los más frágiles, pasivos o pacíficos».

Quizá por ello resulte tan desalentador constatar que sólo cuando los efectos de esta violencia estructural afloran de forma aguda tomamos conciencia de su gravedad. Por muy comprensible que resulte este planteamiento, es necesario reconocer lo desafiador que resulta construir políticas en la necesidad urgente de responder a una crisis.

La acción tardía es reacción

Una reciente evaluación realizada por el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en escuelas de São Paulo reveló que, antes de participar en un proyecto de la organización centrado en la educación para la ciudadanía, apenas el 20% de los alumnos de los últimos cursos de primaria y secundaria sabían definir qué eran los derechos humanos. Después de las actividades, el 47% aprendió sobre el tema, el 42% pudo explicar qué son los derechos humanos utilizando ejemplos y el 5% fue capaz de articular el concepto de dignidad humana.

Además de medir los cambios en los conocimientos, la evaluación puso de manifiesto transformaciones en valores, actitudes y habilidades relacionadas con el respeto, la empatía, la convivencia y la participación democrática, de forma muy positiva. Estos resultados legitiman la importancia de la escuela como espacio de prevención y refuerzan lo que otras organizaciones ya han señalado: los esfuerzos funcionan y son imprescindibles para garantizar el ejercicio de la ciudadanía de forma plural e inclusiva. El extremismo violento promete precisamente lo contrario.

En referencia a la labor de prevención de crímenes atroces -que puede aplicarse de forma análoga al contexto de la violencia en las escuelas-, la prevención se producirá si somos capaces de reconocer las señales a tiempo. Actuar antes de reaccionar es la mejor opción. La acción centrada en responder a una crisis ya iniciada es menos diversa, menos eficaz y más cara. La mentalidad de reacción conduce a soluciones fragmentadas y políticas ad hoc, que responden a retos puntuales y no abordan un movimiento social complejo que exige soluciones integrales a largo plazo. Como consecuencia, se tiende a relajar la percepción de la urgencia del problema una vez superado el punto álgido de la crisis, lo que a menudo conduce a una inversión discontinua para abordar las causas reales del problema.

Las intervenciones educativas a largo plazo, con estrategias gubernamentales que cambien efectivamente la experiencia escolar, pueden ser un camino a seguir. Los resultados son graduales y lentos, y no sustituyen a las acciones de emergencia, ni pueden por sí solas evitar definitivamente que se produzca la violencia. Sin embargo, contribuirán sin duda a establecer sociedades más justas en las que estos fenómenos se produzcan cada vez menos y en las que los ciudadanos estén preparados para actuar antes, y mejor.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, llevado a cabo por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://apoia.se/reconectar_escolas

Paula Alves es responsable del Programa Warren de Política Educativa en el AIPG. Máster en Educación y Desarrollo Internacional por la Universidad de Birmingham.

Michele Bravos es Directora Ejecutiva del Instituto Aurora para la Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).

La desigualdad social como principal obstáculo para la democracia

Diana Paola Penagos Vásquez
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La desigualdad social como principal obstáculo para la democracia

La democracia como sistema político ha enfrentado sus más duras críticas durante la última década, especialmente en América Latina. De acuerdo con el Barómetro de las Américas 2021, las diferentes crisis que viven los países de la región, aunado a la pandemia de la COVID-19, justifican la escueta recuperación de la confianza ciudadana en el sistema democrático, así como su mayor preferencia por la centralización del poder en el Ejecutivo. El Salvador es un claro ejemplo de ese fenómeno. Si bien el presidente Nayib Bukele ha capitalizado el apoyo ciudadano a su gobierno, también ha ordenado la sistemática intimidación a la rama legislativa, a la vez que ha concentrado la toma de decisiones en la Presidencia.

A pesar de que el apoyo a la democracia ha mostrado su resiliencia durante los últimos años, los estudios de opinión pública son ilustrativos del latente escepticismo de la población con respecto a la capacidad del sistema para resolver la recesión económica o para atender las presiones en salud por la COVID-19. El reciente informe del Latinobarómetro destaca que las críticas hacia el desempeño de la democracia no cambiaron durante la pandemia; al contrario, se agudizaron, fruto de las profundas fallas de los sistemas de salud, que se han hecho evidentes durante esta crisis viral. Ese contexto profundizó la pobreza y la desigualdad que ya eran características de la crisis permanente de América Latina. 

Con todo, es necesario recordar que los problemas no se limitan a la gestión financiera o sanitaria. Hace tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que las principales limitaciones para la democracia en la región son la violencia y la desigualdad, producto de una realidad compartida en todos estos países: la pobreza y el subdesarrollo. En este sentido, sondeos más detallados del Pew Research Center apuntan que estos dos factores no solo abonan a la desafección ciudadana hacia la democracia, sino que también alientan el cuestionamiento de principios democráticos básicos como la equidad y la justicia. 

Si bien es cierto que México no ha sido ajeno a la realidad descrita, la mayoría de los análisis se han concentrado en la medición de la desconfianza de la población en la democracia, lejos de entender qué factores socioculturales perpetúan esta crisis. Existe una iniciativa que se realiza en más de 25 países del mundo y que se llama International Social Survey Programme. Esta busca mensurar el tamaño y la percepción de la desigualdad social, por lo que contribuye al entendimiento de la opinión respecto al tema. En México, esa información fue compilada por la consultora Parametría. Los resultados nos trazan un mapa sobre cuáles son los factores que el público considera que se necesitan para progresar en la vida, qué tipo de sociedad refleja su país, si existen diferencias entre grupos de población y quién es el responsable de combatir estas desigualdades. 

El trabajo duro, la procuración de una buena educación y los contactos “correctos” son los tres factores más relevantes para progresar en la vida a lo largo y ancho del planeta. De hecho, en promedio, tres cuartas partes de los entrevistados en todo el mundo concuerdan en esa idea; en México, ese consenso corresponde a tan solo la mitad de las personas. Por otro lado, se descartan la religión, el género y el soborno a autoridades como palancas para buenos resultados.

Otro dato que revela la percepción de desigualdad se obtiene al sondear el tipo de sociedad en la que se vive. Las distorsiones son claras. Quienes se identifican con la clase social más baja ven a la sociedad como una gran pirámide, en la que el mayor volumen de personas se concentra en la base; por su parte, quienes se ubican en la clase media alta o alta consideran que la mayor parte de la sociedad se concentra en el centro e interpretan sus sociedades no como una pirámide, sino como un rombo. Cuando las lecturas son tan diferentes entre sí no es raro imaginar los obstáculos para un acuerdo sobre políticas de equidad social.

Asimismo, a pesar de que la mayoría de los encuestados reconocen la brecha entre ricos y pobres en sus países, en México es donde menos se señala la existencia de esta diferencia. De hecho, la percepción de mayores distancias entre los ingresos ocurre en países europeos muchísimo más homogéneos socialmente que México o cualquier nación latinoamericana. Los mexicanos han reducido de forma considerable su percepción de brechas en los ingresos y, a la vez, ha aumentado el porcentaje de personas que no creen que sea responsabilidad del Gobierno el tener que acortar dichas diferencias. En este sentido, las opiniones sobre las oportunidades de progreso entre quienes tienen más o menos capacidad adquisitiva son totalmente contrastantes. Mientras que más de la mitad de los encuestados aprueba que la gente con dinero acceda a un mejor sistema de salud, también más de la mitad desaprueba su acceso a una mejor educación.

En general, los datos permiten observar fuertes diferencias regionales respecto a la percepción de desigualdad económica, la responsabilidad del Estado o los valores de progreso. La información también apuntala los contrastes entre los países latinoamericanos que participaron, y los mexicanos fueron los más disímiles en sus respuestas. Así, las opiniones respecto al tipo de sociedad y su desigualdad evidencian el difícil camino que la democracia tiene aún por recorrer en estos países. Si bien este sistema político continúa buscando soluciones para disipar tales diferencias, la percepción ciudadana sobre su desempeño seguirá siendo negativa mientras la desigualdad social siga.

Futuro puerto de Chancay: relevancia para el Perú y para América Latina

Rubén Tang
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Futuro puerto de Chancay: relevancia para el Perú y para América Latina

Según diversas estimaciones, a finales del 2024 comenzará a operar la terminal portuario multipropósito de Chancay, considerado como una de las obras más ambiciosas para dinamizar el comercio internacional en Sudamérica.

El proyecto tiene carácter privado y el monto de la inversión se calcula en más de USD 3.600 millones de dólares. Sus accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), con una participación del 60%, y la peruana Volcan Compañía Minera, con el 40%. Es el primer puerto privado de uso público en el Perú, lo cual significa que el titular es dueño del terreno donde operará el puerto y pagará un derecho por el uso del área acuática, diferenciándose de esta manera de los puertos de propiedad pública, concesionados y operados enteramente por privados.

Por sus características geográficas y de conectividad, la localización de la obra es ideal para la construcción de esta clase de megaproyectos, porque el distrito de Chancay está ubicado solamente 80 km al norte de Lima, lo cual permitirá descongestionar las operaciones en el puerto de El Callao, que se encuentran saturadas, a pesar de los esfuerzos de sus actuales operadores para ampliarlo y hacerlo más eficiente. Por ello, el terminal portuario multipropósito de Chancay tiene como objetivo posicionarse como uno de los espacios logísticos más modernos y eficientes del Perú, con lo último en tecnología para recibir a los barcos portacontenedores más grandes del mundo.

Para el Perú, son innegables los beneficios que brindará al país la puesta en marcha de este proyecto. En primer lugar, el puerto de Chancay contribuirá a un mayor dinamismo de su economía, así como a la mejora de la competitividad de las exportaciones. Asimismo, generará nuevos negocios y oportunidades comerciales para el Perú, convirtiéndolo en el primer centro logístico del Pacífico en América Latina para hacer negocios con el continente asiático, y en particular con China. Adicionalmente, y debido a su ubicación y rutas de acceso, el proyecto generará oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central del país, elevando de esta manera su competitividad frente a otros mercados.

En segundo lugar, los encargados de la obra afirman que generará 10.000 nuevos empleos tanto directos como indirectos, así como impulsará el desarrollo de la zona circundante y los intercambios, a pesar de que sus detractores alertan sobre su impacto social y denuncian también daños al medio ambiente como consecuencia de su construcción y posterior operación.

A nivel de Sudamérica, el nuevo puerto de Chancay es muy importante porque será un hub que moverá la carga desde y para Chile, Ecuador y Colombia. Además, y como un gran objetivo estratégico, el puerto se erigirá en una de las principales conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de esta forma como un puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con el Asia-Pacífico, hoy por hoy la más dinámica del mundo.

La relación del Perú con China está en su mejor momento. El Perú tiene firmado con este país un tratado de libre comercio actualmente en proceso de optimización, lo que ha permitido que el gigante asiático sea ahora su primer socio comercial luego de la puesta en vigencia del convenio. Además, desde hace una década ambos países elevaron sus relaciones diplomáticas en el nivel de Asociación Estratégica Integral, lo que ha ayudado a consolidar la amistad y la cooperación en diferentes campos. Finalmente, el año pasado, el Perú se adhirió formalmente como miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el 2019 suscribió el Memorando para la participación del Perú en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de inversiones masivas para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo lanzado por el presidente chino Xi Jinping en el año 2013.

Precisamente, para algunos, el proyecto del puerto de Chancay está enmarcado dentro de la llamada Ruta Marítima de la Seda, que podría convertir al Perú en una potencia comercial en América Latina y será un valioso instrumento para el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con China en los próximos años.

Sin embargo, para otros, este proyecto forma parte de un gran plan geopolítico de China para ampliar su esfera de influencia, desarrollar su comercio, aumentar su riqueza e incrementar su poder diplomático y militar. Existe en ese sentido mucha preocupación por parte de algunos países, especialmente de Estados Unidos, que consideran que el aumento de la presencia e influencia de China en la región a través de estas inversiones representa una potencial amenaza al crear una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con este país, los cuales generan además un alto déficit comercial y una elevada deuda.

La región Asia Pacífico es de suma relevancia para el desarrollo de nuestra región y le ofrece oportunidades sin precedentes. Sin embargo, este es aún un mercado sin explotar y tendría un impacto muy grande en la economía, el comercio y las inversiones. Por ello, la puesta en marcha del puerto de Chancay contribuirá de manera significativa a este proceso como un elemento dinamizador sobre todo en un contexto actual de competencia estratégica entre las dos principales potencias mundiales como son Estados Unidos y China.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

La expansión de los BRICS

Ana Garcia
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La expansión de los BRICS

En la actualidad, el grupo BRICS -originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- atraviesa un momento político destacado. En la reciente cumbre celebrada en Sudáfrica, el grupo formalizó su invitación a seis nuevos miembros: Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Se consolida así el carácter geopolítico de los BRICS, ya que incluyen, por un lado, a un aliado histórico de Estados Unidos en Oriente Medio, Arabia Saudí, y, por otro, a Irán, que sufre las sanciones estadounidenses. China ha mediado recientemente en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos.

Los BRICS se han constituido como una plataforma política y económica desde finales de la década de 2000. Su ascenso reforzó el arraigado imaginario de «modernización» y «desarrollo» en el Sur Global, dando lugar al optimismo sobre la capacidad de estos países para convertirse en una alternativa a la hegemonía occidental. Hoy, las tensiones -y las expectativas- sobre el papel internacional de los BRICS han crecido en la esfera geopolítica. Desde un punto de vista histórico, es importante que América Latina y África apoyen la diversificación de asociaciones económicas que puedan contrarrestar la omnipresencia de Estados Unidos y Europa.

Podemos analizar los BRICS desde al menos tres dimensiones. La primera es la «visión desde arriba», cuando analizamos el sistema internacional como un entorno formado por Estados nación relativamente cohesionados y con un interés nacional que buscan preservar o aumentar su poder en un entorno de competencia entre ellos. Este enfoque, se confunde con los análisis geopolíticos de los BRICS. Desde esta perspectiva, los BRICS buscan acumular capacidades económicas, políticas y militares frente a las potencias tradicionales, en particular Estados Unidos y Europa.

En sus inicios, en el contexto de la crisis financiera de 2008, los BRICS trataron de actuar de forma coordinada en los foros multilaterales para pedir reformas en las instituciones de gobernanza económica y política mundial, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también (por parte de Brasil e India) en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta agenda reformista ha sido un punto de tensión con las potencias occidentales, que han tratado de retrasar o incluso impedir tales reformas en instituciones creadas en la posguerra, despertando las expectativas de algunos segmentos sociales sobre el potencial «contrahegemónico» de los BRICS.

Las cuestiones relativas a la seguridad internacional ya ganaban terreno en cada cumbre de los países BRICS. Sin embargo, las tensiones geopolíticas cobraron protagonismo con la elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, cuando este país centró su atención en contener la expansión tecnológica de China. En 2022, con la invasión rusa de Ucrania, el mundo volvió a representarse como «Occidente contra Oriente», y la alianza China-Rusia, en el seno de los BRICS, marcó definitivamente el tono geopolítico, más que económico, de la agrupación. Desde esta perspectiva, el grupo se está convirtiendo cada vez más en una alianza geopolítica, más que económica.

Otra forma de ver los BRICS es desde una perspectiva «horizontal» (o lateral), es decir, analizando las relaciones intra-bloque, tratando de identificar convergencias y asimetrías entre los países. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los BRICS han intentado aumentar su cooperación, estableciendo grupos de trabajo y memorandos de entendimiento. Al mismo tiempo, la pandemia puso a prueba la cooperación, y los países BRICS no coordinaron una posición conjunta sobre la flexibilización temporal de las patentes de vacunas en los debates de la Organización Mundial del Comercio.

En trabajos anteriores mostramos que existen asimetrías económicas entre los países, dada la preponderancia económica de China. En las relaciones comerciales, por ejemplo, tres de los países BRICS -Brasil, Rusia y Sudáfrica- mantienen superávits comerciales con China, pero sus exportaciones se componen principalmente de productos agrícolas y minerales primarios: soja, mineral de hierro, petróleo crudo y refinado, carbón, manganeso y otros hidrocarburos. India, el único país BRICS con déficit comercial con China, también suele exportar productos primarios a su socio asiático, así como medicamentos. Por su parte, las exportaciones intra-BRICS de China consisten en piezas de teléfonos, máquinas de procesamiento de datos y semiconductores. En este sentido, las relaciones comerciales intra-BRICS se remontan a la tradicional división internacional del trabajo, con China en su centro. Esta interdependencia asimétrica tiende a perpetuar la desindustrialización de la economía brasileña a medio plazo, ya que Brasil ha perdido su lugar frente a China como principal exportador de productos manufacturados a otros países sudamericanos.

Una tercera forma de analizar los BRICS se basa en sus relaciones con otros países y regiones en desarrollo de África, Asia y América Latina. Se trataría de una visión «vertical» (o bottom-up), ya que cada país BRICS actúa como una potencia regional que busca influir y acumular poder económico con otros de la «periferia». En ocasiones, la actuación de las grandes empresas multinacionales de los BRICS en África y América Latina reproduce prácticas de explotación de materias primas, mano de obra y recursos naturales, generando nuevos ciclos de acumulación y expropiación.  Según expertos, la influencia económica de China en África ha llevado a una reformulación de las relaciones intraafricanas: en lugar de las ideas del panafricanismo, estas relaciones se retratan ahora a través de la lente del «Sur Global» y la «Cooperación Sur-Sur», siendo esta una narrativa que lleva los intereses chinos al continente. 

Por su parte, el experto Carmody (2015) sostiene que el capital sudafricano y el chino generalmente trabajan juntos para explotar los recursos naturales y dominar los mercados en África. Tanto en África como en América Latina, algunos analizan las relaciones con China como desiguales y dependientes del comercio y la inversión, que sirven para garantizar el suministro de materias primas del país asiático y promover la apertura de mercados para la venta de productos y servicios de alta tecnología por parte de empresas chinas.

Para Brasil, éste es un momento de oportunidades y desafíos. Un BRICS fuerte y ampliado es bueno para Brasil como miembro fundador del bloque y líder regional en Sudamérica. Al mismo tiempo, el grupo está aumentando su fuerte base económica en los combustibles fósiles, así como un mayor déficit democrático, lo que supone un reto para Brasil en su intento, por un lado, de ser protagonista en las negociaciones sobre el clima e impulsar una transición energética justa y, por otro, de difundir ideas de democracia y derechos sociales, como pretende el actual gobierno de Lula. El país debe mantener su relativa autonomía frente a las tensiones internacionales entre las potencias y negociar mejores condiciones en las relaciones intra-BRICS. La transferencia de tecnología Sur-Sur y la cooperación efectiva en áreas como la salud, el medio ambiente, la agricultura y la energía son fundamentales para lograr mejores condiciones sociales de vida y de trabajo para la mayoría de nuestras poblaciones.

Argentina: Ayn Rand y la novela de Milei

Fabián Bosoer
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Argentina: Ayn Rand y la novela de Milei

Es un misterio la manera en la que viajan las ideas políticas a través del espacio y el tiempo, adquiriendo formas impensadas e inesperadas. El modo en que encuentran campo fértil en distintos países para prender como relatos disruptivos o cosmovisiones alternativas que proponen cambios radicales. Algo de eso está sucediendo ahora con las ideas y narrativas libertarias en la Argentina, ochenta años después de su difusión en los EE.UU.

Una de sus referencias es Ayn Rand, filósofa y escritora norteamericana de origen ruso, autora de voluminosas obras escritas en los años ’40 y ’50. “El manantial”, novela publicada en 1943, fue uno de sus mayores éxitos literarios, el que junto con “La rebelión de Atlas” (1957), ambas traducidas al español, le trajeron fama y tendrán influencia sobre quienes fundarán el Partido Libertario, años más tarde.

El manantial cuenta la historia de Howard Roark, un joven arquitecto que decide luchar contra los convencionalismos sociales, las ideas preconcebidas, los prejuicios, y las “mentes pusilánimes”.

El libro relata la batalla del personaje principal frente a un establishment centrado en la adoración de la tradición y la falta de originalidad. Los otros personajes de esta novela encarnan diversos arquetipos del carácter humano, todos los cuales son variaciones entre Roark, el hombre ideal, de espíritu único, independiente e íntegro, y lo que la autora describe como “second-handers” (subordinados); personas mediocres cuyo objetivo es lograr el éxito a toda costa.

Las complejas relaciones entre Roark y las diferentes personas que ayudan u obstaculizan su progreso personal hacen de esta novela algo así como una extensa fábula, a la vez un drama romántico y una obra filosófica, sobre el espíritu humano y una exaltación del individualismo egoísta. El título es una referencia a una cita de la autora: «El ego del hombre es el manantial del progreso humano».

El manantial generó una corriente de seguidores en el mundo intelectual neoyorquino de los años ’40, congregados en torno a las ideas de Rand, activa siempre en los medios de comunicación con un estilo polémico, beligerante y crítico. Este grupo se autodenominó “Clase ’43”, en referencia al año de publicación del libro, antecedente de lo que luego se llamará “movimiento objetivista”, la creencia de que “el hombre vive para sí mismo, de que la búsqueda de su felicidad es el más alto de los objetivos morales y de que no debe ni sacrificarse por otros ni sacrificar a otros por él”. En otras palabras, el egoísmo racional como virtud moral, el individualismo ontológico y el capitalismo laissez faire. La novela fue llevada al cine en 1949. La propia Rand escribió el guión de la película y Gary Cooper interpretó el papel de Roark. Y ella misma será interpretada por Hellen Mirren en otra película, La pasión de Ayn Rand, de 1999.

Luego siguieron varias oleadas de libertarios en los EE.UU., los que se fueron radicalizando hacia la derecha o hacia los márgenes del sistema político tradicional. En los años ’70, tributando a la llamada revolución conservadora de Ronald Reagan; en los ’90, en reacción a las reformas liberales de la «era Clinton», y en los 2000, contra Obama y sus políticas, consideradas «socialistas».

«Ayn Rand, la virgen atea de la derecha, renace gracias a Trump y Silicon Valley» escribía el periodista Jonathan Freedland en The Guardian, en abril de 2017: «La ideología de Rand censura el altruismo, eleva el individualismo a la categoría de fe religiosa y concede licencia moral al egoísmo más crudo. Rand fue durante mucho tiempo la autora preferida de la derecha libertaria estadounidense, y ahora varios de sus devotos seguidores están en el Gobierno de Trump».

Allí se recordaba que el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, era uno de los conservadores que decía que La rebelión de Atlas lo dejó “profundamente marcado”. Y que Trump, que no es un lector empedernido como es sabido, alguna vez dijo que le han gustado tres libros, e inevitablemente El manantial era uno ellos: “Habla de los negocios, de la belleza, de la vida y de las emociones. Habla… de todo”.

Respecto de la última ola de «randistas» , los «príncipes de Silicon Valley», Freedland describe a esta generación de jóvenes que, al margen del mundo político y del conservadurismo convencional, se sienten como Howard Roark y John Galt (el protagonista de La rebelión de Atlas) decididos a cambiar el mundo con su talento, sin preocuparse por las consecuencias: cuando Travis Kalanick (consejero delegado de Uber) tuvo que elegir un avatar para su cuenta de Twitter, optó por la portada de El manantial. Peter Thiel, el primer gran inversor en Facebook y una de las pocas personas que vive entre Silicon Valley y el mundo de Trump, es randista. Y, según dice Steve Wozniak, cofundador de Apple, Steve Jobs comentó en cierta ocasión que La rebelión de Atlas era uno de sus “libros de cabecera”.

La influencia de Rand entre estos nuevos amos del universo no se referiría tanto al ultraliberalismo económico como a la decisión obsesiva de atenerse a una visión personal e individualista de la vida, sin sopesar el impacto que pueda tener en el entorno social. O creyendo asertivamente que dicho impacto no puede sino ser benéfico para la sociedad humana.

En las ideas de esta escritora norteamericana, fallecida en 1982, encuentra una de sus canteras ideológicas y fuentes de inspiración el candidato presidencial libertario Javier Milei, favorito en las encuestas, protagonista de una nueva novela argentina que combina ficción y realidad, entre utopías y distopías.

*La versión original de este texto fue publicada en Clarín

El gobierno de Maduro interviene hasta el Partido Comunista de Venezuela

Guillermo Pérez
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El gobierno de Maduro interviene hasta el Partido Comunista de Venezuela

El pasado 11 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro intervino al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Por una decisión judicial, los comunistas perdieron la propiedad del histórico partido (de casi 100 años, el más antiguo del país), que ahora cuenta con una directiva integrada por personas leales a Maduro.

El acontecimiento puede sorprender. Lo cierto es que, aunque aliado del Gobierno desde la ascensión de Hugo Chávez, el PCV siempre demostró un nivel de autonomía que no se condice con el proyecto del gobierno de Maduro, que, en ocasiones, coquetea con el totalitarismo y la eliminación de cualquier forma de expresión política autónoma.

Siempre hubo desacuerdos entre el PCV y el Gobierno, incluso con Chávez, quien llegó a amenazarlos. Pero fue con Maduro con quien la relación parece haber llegado a un punto de no retorno.

La ruptura se debe a cambios en la política económica del país. Desde 2019, Maduro ha introducido pequeños cambios en el modelo, creando una especie de capitalismo de compadres en el país, y relajando (de facto, no de iure) algunos de los controles sobre la economía venezolana.

Estos cambios permitieron una cierta estabilización y un crecimiento débil. Esta situación se sostuvo, en parte, por el congelamiento de los salarios, y aumentó tanto la pobreza como la desigualdad en Venezuela, lo que ha molestado a algunos de los aliados de Maduro.

Por lo tanto, ya sea porque el capitalismo amiguista de Maduro no incluía a los comunistas, ya sea porque sus principios ideológicos no coinciden con los cambios económicos, ya sea una combinación de ambos, la relación entre el PCV y Maduro (a quien acusan de «neoliberal») se rompió, al parecer, definitivamente.

Un nuevo sistema de partidos en Venezuela

El cambio en el pensamiento económico ha tenido un impacto en la política del país, pero los cambios en el sistema de partidos son más radicales.

Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el chavismo disidente (quienes insisten en reivindicar al fallecido líder izquierdista, pero no apoyan a Maduro) se queda sin ningún partido relevante para inscribir candidatos en futuras elecciones.

El problema es grave porque reduce la posibilidad de que un sector político del país se exprese. Pero cuando miramos las decisiones del TSJ sobre los partidos venezolanos en su conjunto, el panorama es mucho más sombrío.

Durante los últimos diez años, los tribunales (sumamente politizados a favor del Gobierno) tomaron decisiones que transformaron el sistema de partidos con una estrategia simple: secuestrar el estatus legal de los partidos o descalificarlos para impedir su participación en las elecciones.

La práctica comenzó con Chávez, quien en 2012 intervino en los partidos Patria Para Todos (PPT) y Por la Democracia Social (Podemos), dos exaliados del Gobierno que, en las elecciones presidenciales, decidieron sumarse a la campaña del candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

En 2015, ya con Maduro como presidente, se volvió a emplear la estrategia, esta vez para intervenir a cuatro partidos de oposición: MIN-Unidad, MEP, Bandera Roja y Copei, uno de los más antiguos de Venezuela. En 2017 fueron ilegalizados Acción Democrática (AD), que fue fundador de la democracia en el país, Un Nuevo Tiempo (UNT), Nuvipa e Independientes por el Progreso.

En 2020, el TSJ intervino e impuso direcciones ad hoc a AD, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Y en las elecciones presidenciales de 2018, ninguno de los partidos de oposición nacionalmente conocidos pudo inscribir candidatos para participar.

Para comprender el efecto de las intervenciones judiciales, basta mirar lo que queda de los partidos que ganaron las elecciones legislativas de 2015, las últimas consideradas mínimamente competitivas para permitir que ganara la oposición.

Actualmente, la mayoría de los partidos de oposición se encuentran intervenidos o inhabilitados, y algunos candidatos ni siquiera tienen un partido habilitado ante el organismo electoral para registrar su candidatura (entre ellos, María Corina Machado).

Si bien la oposición venezolana fue la principal víctima de las intervenciones judiciales, también fueron intervenidos o inhabilitados sectores considerados chavistas, pero que no apoyan a Maduro, como Tupamaro (2020) y Marea Socialista (una facción separada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido del Gobierno.

Maduro, con poco apoyo electoral, sigue una estrategia simple: dividir el voto de la oposición y evitar la competencia de otros actores de la izquierda.

Sin libertad de asociación

A través de un control institucional total, Maduro transformó el sistema político venezolano y, con ello, eliminó efectivamente la posibilidad de que grupos con diferentes ideologías puedan competir por las preferencias de los votantes.

Sin embargo, las limitaciones a los derechos de reunión y asociación no solo ocurren en el mundo político. Entre julio y agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión por reivindicación de derechos, se llevó a cabo una intervención judicial contra la Cruz Roja venezolana e incluso se violó el derecho a la privacidad en un caso que se volvió famoso internacionalmente por haberse arrestado bajo cargos falsos a un grupo de hombres gays en un sauna.

Chávez llegó a la Presidencia prometiendo democracia participativa como cura de los fracasos del bipartidismo venezolano de la segunda mitad del siglo XX, pero la principal víctima del sistema político que creó fue precisamente la participación.

Con partidos y políticos excluidos, sin libertad de asociación ni derechos sindicales y con las organizaciones no gubernamentales constantemente acosadas, la sociedad civil venezolana se ve obligada a seguir un camino económico que la empobrece y solo beneficia a la élite en el poder y sus amigos, sin poder elegir ninguna alternativa de derecha ni de izquierda.

Chile, a 50 años del golpe militar

Mariana Aylwin
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Chile, a 50 años del golpe militar

El presidente Gabriel Boric inició su mandato evocando al presidente Salvador Allende. Los jóvenes de su generación, que hoy gobiernan en Chile, nacieron a la vida política proponiendo cambios radicales para terminar con el neoliberalismo.

Inspirados en una épica revolucionaria de reminiscencias setenteras, recogieron el malestar del proceso de modernización cuestionando las políticas impulsadas por los gobiernos desde el retorno a la democracia. Desdeñaron los acuerdos de la transición y vieron con simpatía (cuando no se sumaron) el estallido social del año 2019 y la aceptación de la violencia. No acarreaban los traumas del quiebre democrático, porque nacieron en democracia. Sus ideales refundacionales y propuestas populistas encontraron eco en los partidos que habían hecho una transición exitosa a la democracia que, despreciando sus propios logros, se sumaron a las críticas respecto del modelo que habían impulsado. De este modo, tuvieron poco contrapeso para llegar al poder en pocos años, en un contexto de creciente polarización.

Espíritu refundacional

En el año y medio recorrido por la administración Boric, el espíritu refundacional tuvo su máxima expresión en la Convención Constitucional, cuyo proyecto de nueva Constitución fue rechazado por el 62% de los chilenos en el plebiscito de septiembre de 2022. De ahí en adelante, el gobierno ha sufrido varias derrotas. Ocho meses después, en la elección de un Consejo Constitucional para continuar el proceso constituyente, la derecha, esta vez liderada por su sector más extremo, logró los consejeros suficientes para proponer un nuevo texto sin necesidad de más apoyos. 

Los problemas de inseguridad, terrorismo en la Araucanía, casos de corrupción y una economía estancada, entre otros factores, han contribuido a que la agenda de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 haya tenido muchos tropiezos.

A pocos meses del nuevo gobierno, el presidente Boric anunció la conmemoración y organización de los eventos enfocados en la memoria respecto del golpe de Estado y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura para, desde allí, valorar la democracia y mirar al futuro. Los conceptos inspiradores fueron memoria, democracia y futuro. La discusión política, desde un comienzo, demostró un quiebre profundo respecto del significado histórico de esta fecha. 

Memoria y controversia en Chile

Para el mundo de la izquierda, el golpe es evaluado en sus devastadoras consecuencias en violaciones a los derechos humanos. Para los sectores de derecha y moderados, el golpe y las violaciones a los derechos humanos no se explican sin entender lo que sucedió antes. Desde los extremos, unos rechazan toda referencia crítica al gobierno del presidente Allende, como si fuera sinónimo de defender a Pinochet. Ello le costó la salida del cargo al coordinador de la conmemoración, por decir que la historia podría seguir discutiendo las causas del golpe de Estado. Fue acusado por el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos de justificar el golpe.

Desde la vereda opuesta, hay quienes mantienen una justificación del golpe y de la dictadura por salvar a Chile de una dictadura marxista.

Contra todo pronóstico, el debate derivó, por primera vez en varias décadas, hacia las causas del quiebre de la democracia. Los intentos de establecer una verdad oficial no prosperaron. Los debates, crónicas, columnas, seminarios, documentales y numerosas publicaciones referidas a la historia anterior al golpe militar han visto la luz o se han reeditado. Entre ellas, el libro póstumo del expresidente Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular, presentado en la Universidad de Chile por la expresidenta Michelle Bachelet y ante la presencia del presidente Boric. La obra hace un documentado recuento de los hechos que fueron deteriorando la democracia hasta su quiebre en 1973. Aylwin fue protagonista de ese momento trágico de nuestra historia.

Descuido de las formas

Chile tuvo una estabilidad institucional durante cuarenta años. Sin los cuartelazos ni rupturas tan frecuentes en América Latina, ¿cómo fue posible que llegara a perder su democracia? Esa pregunta busca respuestas recurriendo a la historia y este es un debate que la izquierda actual (a diferencia de la generación anterior) no había querido tener.

De allí que la conmemoración de los cincuenta años ha tenido un resultado distinto al esperado por el gobierno. Los últimos estudios de opinión muestran una percepción muy dividida acerca de las responsabilidades en el golpe de Estado, en que el presidente Allende aparece en primer lugar.

El presidente y el gobierno han tenido una conducta errática, alternando convocatorias a la unidad con intervenciones que han añadido a las divisiones actuales las del pasado. Han actuado con improvisación, descuidando las formas y la gestión política. Llegaron al final del camino con una propuesta a los partidos políticos y a los expresidentes de una declaración inconsulta previamente, que los partidos de oposición anunciaron que no suscribirán. Y parte de la derecha ha suscrito otra. Aunque ambas declaraciones tienen puntos en común, el clima político ha hecho inviable un encuentro de unidad.

Acuerdos fundamentales

No obstante, pese a la polarización y al desencuentro actual, hay acuerdos fundamentales. La condena a las violaciones a los derechos humanos es unánime. Un golpe militar como forma de resolver los conflictos no está en el horizonte de nadie. Es de consenso la valoración de la democracia como el único sistema que permite una convivencia civilizada, y su necesario cuidado ha sido proclamado por todos los sectores. El anuncio de un plan para la búsqueda de detenidos desaparecidos ha concitado un apoyo mayoritario. Es (hasta ahora) el mayor aporte de esta conmemoración a la construcción de un futuro sin las heridas que aún permanecen abiertas.

En todo caso, esta conmemoración nos muestra que tenemos un gran desafío: mejorar la calidad de la política. Fue esta la que falló en 1973 y es esta la que está fallando actualmente. Es también la que nos ha impedido tener una conmemoración que nos permita reencontrarnos en nuestra memoria y nuestra historia para que, desde allí, con sus sombras y sus luces, podamos construir un futuro compartido.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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