“Soy borrego” o la sacralización de la política en Ecuador

En Ecuador empezó la competencia por la Presidencia tras el decreto de disolución recíproca del 17 de mayo de 2023. La medida, expedida por el presidente Guillermo Lasso, anticipa las elecciones para completar el periodo vigente del binomio presidencial y de los cargos legislativos.

Para repetir la suerte en las elecciones municipales, capitalizar el voto subnacional y replicar los resultados en estas elecciones nacionales, la organización del expresidente Rafael Correa, la primera fuerza política del país, apuesta por la fidelización electoral y, entrelíneas, por una preocupante sacralización política.   

En estas elecciones, la Revolución Ciudadana puso en marcha una estrategia que busca, han dicho sus voceros, resignificar la principal descalificación atribuida a sus militantes por una parte de la opinión pública y cambiarla a favor de su campaña. Para esto utilizan imágenes creadas por la inteligencia artificial, en la que se pueden ver pequeños corderos humanizados como si se tratara de niños. Al parecer, la maniobra consiste en llamar al enternecimiento de los espectadores a través de la exhibición de crías de borregos en actividades típicamente humanas como estudiar o trabajar. La ley electoral del Ecuador prohíbe el uso de niños en las campañas electorales, precisamente para evitar la aparición de estos en piezas de proselitismo. ¿Qué supone esta maniobra publicitaria?    

Los portavoces del correísmo han explicado que, tras ser etiquetados como borregos, el uso de esta imagen como emblema de su campaña es un acto de resignificación, un proceso creativo de apropiación, una reinvención identitaria. Sin embargo, la maniobra publicitaria, al parecer, oculta el reconocimiento de la sacralización de la política como instrumento de acción pública.

Uno de los historiadores más importantes sobre la sacralización de la política en el mundo es Emilio Gentile, profesor emérito de la Universidad Sapienza de Roma. En Political religion: a concept and its critics–a critical survey, Gentile explica que la sacralización de la política es un proceso que pertenece a la sociedad moderna, por el cual la dimensión política adquiere un carácter religioso y se convierte en la madre de nuevos sistemas de creencias y mitos.

La religión política es un fenómeno contemporáneo que representa el pináculo de la rebelión contra la religión del dios bíblico, que el humanismo empezó y que tenía como objetivo sacralizar al hombre, pero que terminó en la deshumanización del hombre al sacralizar el Estado, la nación y la raza, afirma Gentile.

En The Sacralisation of politics: Definitions, interpretations and reflections on the question of secular religion and totalitarianism, Gentile, en compañía de Robert Mallett, agrega que la sacralización de la política es un aspecto importante de los diferentes totalitarismos durante el período de entreguerras. De hecho, generalmente se acepta que uno de los aspectos más definitorios, si no el más peligroso, del fenómeno totalitario, fue la sacralización de la política, también conocida como religión política, religión secular, misticismo e idolatría políticos.

Esto ocurre cuando, de manera más o menos compleja y dogmática, un movimiento político otorga un estatus mesiánico a una entidad terrenal que puede ser la patria, el Estado, la humanidad, la raza, el proletariado o la revolución, y la convierte en un principio incuestionable de la existencia colectiva, a la vez que la considera la fuente primaria de valores para el comportamiento individual y colectivo.

Gentile y Mallett afirman que las ideologías revolucionarias, la política mesiánica, la teología y las teorías escatológicas seculares como el hegelismo, el marxismo y las nuevas religiones contribuyeron significativamente a la sacralización de la política durante el siglo XIX. A partir de este momento la política estuvo plagada de profetas, apóstoles y mártires de estas nuevas religiones seculares que elevaron la humanidad, la Historia, la nación, la revolución, la sociedad, a los altares del absurdo.  

Además, Gentile afirma en Fascism as political religión que en la contemporánea secularización del Estado no hay una separación definitiva entre la religión y la política. La “sacralización de la política” estuvo notoriamente influenciada por el nazismo, el fascismo y el nacionalismo romántico. Incluso la democracia, el socialismo y el comunismo también contribuyeron al surgimiento de nuevos cultos seculares, aunque su tendencia alcanzó su punto máximo durante los movimientos totalitarios del siglo XX.

Esto es lo más sugestivo de la maniobra publicitaria de apropiación del borrego como símbolo de campaña: que detrás de la supuesta pertenencia a un rebaño está el reconocimiento de la presencia dominante de un actor que figura como pastor, y que sobre la organización política hay un líder con cualidades mesiánicas.

Más allá de sus aspectos demagógicos más generales, el “culto al líder” surgió dentro de los confines de la “religión fascista” y, como tal, fue el resultado de eso. Así como la figura carismática del papa no puede extrapolarse de la Iglesia católica, la figura carismática del líder fascista está indisolublemente ligada a toda la estructura de su universo simbólico, dice Gentile.  

En Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on criticism of an interpretation, Gentile cataloga al fascismo como un fenómeno moderno, nacionalista, revolucionario, antiliberal y antimarxista que se ha elaborado sobre una redefinición innovadora de los conceptos de totalitarismo y religión política.

En términos del profesor de la Sapienza, “el fascismo no tenía una individualidad histórica propia del mismo modo que el liberalismo, la democracia, el socialismo o el comunismo. En cambio, fue una especie de epifenómeno antihistórico y antimoderno sin cultura ni ideología”. Y agrega que en todas partes el fascismo fue un movimiento para “subyugar y desviar a las masas inocentes y recalcitrantes”.

Los elementos nacionalistas, revolucionarios, antiliberales y antiprogresistas sitúan a algunas de las organizaciones personalistas latinoamericanas en la antítesis del progresismo. Y lo más preocupante es que sigue fielmente el diagnóstico de Gentile como fenómeno antimoderno, desprovisto de sustancia ideológica.

Aunque difícilmente ninguno de los fenómenos personalistas latinoamericanos alcanza a las proporciones conceptuales del fascismo, es innegable que la mezcla entre nacionalismo, personalismo y populismo tiene destellos totalitarios preocupantes.

La Cumbre CELAC-UE entre luces y sombras

Coautora María Victoria Alvarez

La semana pasada se realizó la III Cumbre UE-CELAC. ¿Qué lecciones podemos extraer para el futuro de las relaciones interregionales? Más allá de la tradicional retórica y los llamamientos para renovar y fortalecer las relaciones entre ambas regiones la Cumbre UE-CELAC dejó una sensación agridulce, presentando tanto oportunidades como desafíos para ambas partes.

Los consensos parecen haber sumado en amplitud, pero no en profundidad ni en sentido estratégico. La extensa Declaración final de 41 puntos no dejó de lado ningún asunto de la compleja y amplia agenda birregional, como el cambio climático, desarrollo sostenible, igualdad de género, protección y uso sostenible de los océanos, acceso al agua potable, transformación digital responsable, justicia social y lucha contra la corrupción y el crimen. Se trata de una extensa y desafiante lista de temas conjuntos, sin que se haya establecido un orden de prioridad. 

En lugar de poder enfocarse en la construcción de consensos fuertes en un número reducido de cuestiones clave la Declaración final se desvaneció en los mínimos comunes denominadores característicos de la agenda birregional, aunque impregnada de un tono cooperativo y referencias simbólicas clásicas. Los temas prioritarios aparecieron con mayor nitidez en la Hoja de Ruta: materias primas, crimen organizado y narcotráfico, nueva arquitectura financiera global, transición verde y digital, y, por supuesto, medio ambiente y cambio climático.

Al menos se puede señalar que los gobiernos latinoamericanos y europeos volvieron a dialogar al más alto nivel tras una pausa de ocho años, que se debió más a la desunión latinoamericana que al desinterés de la UE. América Latina estaba dividida entre gobiernos de derechas y de izquierdas, la CELAC se paralizó temporalmente y el gobierno brasileño no participó en las reuniones de la CELAC hasta finales de 2022.

La desunión latinoamericana persiste. Mientras que Europa tiene una posición común sobre la invasión rusa de Ucrania, América Latina tiene una variedad de posiciones, que van desde una condena inequívoca de Rusia, a un titubeo sobre la agresión rusa, a una postura abiertamente prorrusa. El régimen nicaragüense cada vez más aislado consiguió retrasar durante mucho tiempo la adopción de una declaración conjunta debido al párrafo sobre el conflicto de Ucrania (que al final no aceptó). Y un Lula discrepó de la declaración de su joven homólogo chileno sobre la invasión.

La declaración sobre el conflicto ucraniano fue bastante decepcionante desde una perspectiva europea y demuestra que no existe una asociación estratégica entre las dos regiones sobre esta cuestión existencial para Europa. También existe una brecha entre América Latina y Europa en cuanto a la protección de los derechos humanos y la democracia. La declaración conjunta de la cumbre menciona los crímenes del pasado (esclavitud), pero guarda silencio sobre los crímenes contra los derechos humanos en el presente. A la vista de la situación en muchos países latinoamericanos, la reafirmación de valores compartidos respecto a “elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles” parece cínico.   

La Cumbre demostró que América Latina y Europa están lejos de una asociación estratégica. Lo que existe son intereses estratégicos coincidentes en determinadas áreas. Europa ha estado muy dispuesta en la Declaración conjunta a acercarse a posiciones latinoamericanos para facilitar la cooperación entre ambas regiones, por ejemplo, aceptando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tomando en cuenta las capacidades respectivas) para mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Pero la Cumbre también ha revelado una tendencia de la UE a cooperar bilateralmente en lugar de multilateralmente con socios seleccionados caso por caso en temas específicos. En función de la afinidad política, la UE también busca una cooperación más estrecha y amplia con países individuales, como demuestra la firma de acuerdos bilaterales con Chile y Uruguay durante la reunión en Bruselas. 

Al mismo tiempo, la Declaración conjunta es un indicador de la heterogeneidad de América Latina como región y de las diferentes prioridades nacionales, ya que contiene temas que revisten especial importancia para gobiernos o subregiones específicos. Así, se condena la esclavitud como crimen de lesa humanidad y se hace referencia al plan de diez puntos de la Comunidad del Caribe para una justicia reparadora.

Además, se hace un llamado para levantar el embargo a Cuba, se menciona el deterioro de la seguridad pública y la situación humanitaria en Haití y se reafirma el apoyo al proceso de paz en Colombia. El texto también alienta un diálogo constructivo en las negociaciones sobre Venezuela en Ciudad de México. Y, de manera destacada, Argentina logra que por primera vez se mencione la cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas. En cambio, el texto final toma solamente nota de los trabajos en curso respecto el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Antes de la Cumbre la UE había incluido a América Latina en su programa Global Gateway, por lo que también ofrece incentivos materiales para una cooperación más estrecha. Sin embargo, esto presupone una voluntad de cooperación por parte de los gobiernos latinoamericanos. No se debe olvidar que la agenda interregional conecta temas altamente sensibles para América Latina, dado que la UE ha redescubierto el potencial de esta región como socio confiable en energía o materias primas estratégicas, pero ello podría incentivar prácticas insostenibles de explotación de recursos naturales.

También es importante señalar que América Latina no es el único socio de la UE. Esto a menudo se pasa por alto en América Latina. No solo América Latina tiene varias opciones en la política internacional sino también la UE. Por poner sólo un ejemplo, el hidrógeno verde también puede producirse en África, y muchos países asiáticos son en varios aspectos más prometedores económicamente que los latinoamericanos.

Ha sido importante que los gobiernos de la UE y de CELAC se reunieran, dialogaran, reconocieran los puntos en común y también los disensos. Pero existe el riesgo de que se repita la experiencia de otras cumbres que no lograron revitalizar el impulso ni la relevancia de estas relaciones, ni el interés de los líderes, actores económicos, políticos o sociales, ni de la opinión pública, y gestionaron agendas que se diluyeron en una amplia gama de temas.

La III Cumbre UE-CELAC demostró que las dos regiones están lejos de tener una visión estratégica común en la política internacional, que existen deficiencias en el proceso de concertación latinoamericano y profundos desacuerdos en las respectivas cosmovisiones. En definitiva, ambas regiones siguen teniendo pendiente reencontrarse y explotar al máximo el potencial de sus vínculos políticos, económicos, culturales y sociales.

María Victoria Alvarez es profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Cátedra Jean Monnet en la UNR. Directora del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea en la UNR.

La Cumbre Amazónica y la lucha contra el hambre

Coautor Erbenia Lourenço

La Cumbre Amazónica, que tendrá lugar los días 8 y 9 de agosto en Belém, tiene como uno de sus principales objetivos producir un consenso entre los países de la región sobre las negociaciones climáticas globales. Otro objetivo es revitalizar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como agente promotor de la cooperación internacional para hacer frente a los problemas sociales que afectan a la gran selva.

La Amazonia se enfrenta a un grave problema de inseguridad alimentaria y nutricional (InSAN), siendo la región norte de Brasil la que presenta el mayor índice del país. Según datos de 2022 de la Red PENSSAN, cerca del 45,2% de los habitantes de la región norte sufren algún grado de inseguridad alimentaria. Por el contrario, la inseguridad alimentaria en el sur es sólo del 21,7%, lo que pone de manifiesto la inmensa desigualdad que vive la sociedad brasileña.

En el norte, a diferencia del sur/sureste, la inseguridad alimentaria también es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esto significa que los productores de alimentos tienen menos para comer. Todo indica que la situación es similar entre los países vecinos, pero no existe ninguna encuesta de inseguridad alimentaria amazónica que proporcione datos comparables y unificados para los habitantes de esta región.

La cooperación regional, bien como la cooperación con países y organizaciones de fuera de la Amazonia son instrumentos pertinentes, y la intensificación de la actual crisis climática favorece la atención mundial hacia la región. Sin embargo, una cooperación internacional fructífera no es sencilla y la construcción de un regionalismo amazónico es aún más complicada. Las difíciles trayectorias del Mercosur y de la Unión Europea son ejemplos de ello.

Para debatir estos temas, el Instituto Hambre Cero (IFZ) promovió un seminario virtual sobre el tema «Regionalismo amazónico: ¿puede la lucha contra el hambre orientar la cooperación internacional entre los pueblos de la Amazonia?». En este espacio hubo consenso sobre el hecho de que, para alcanzar la construcción de políticas eficaces de seguridad alimentaria en la Amazonia, es esencial la participación social de las poblaciones locales y de los gobiernos.

En una región afectada por varios retos, como el cambio climático y la dificultad de acceso a los alimentos, una posibilidad es la valorización de los productos amazónicos y especialmente de sus cientos de frutas que, como el açaí, pueden contribuir a la lucha contra el hambre y al desarrollo económico sostenible de la región, siempre que no den lugar a monocultivos.

En la región es necesario repensar el modelo de producción y distribución de alimentos, fomentando el abastecimiento local seguro y reduciendo la dependencia de los alimentos ultraprocesados. Una buena idea es retomar el programa Bolsa Verde, una adaptación del Bolsa Família, para fomentar la preservación de los bosques y promover la regeneración de las zonas degradadas.

Sin embargo, las políticas de seguridad alimentaria no pueden tratarse de forma aislada. La lucha contra el hambre en la Amazonia requiere políticas macroeconómicas que promuevan el desarrollo inclusivo y aborden las desigualdades sociales, sin olvidar a las poblaciones urbanas, a menudo invisibilizadas por el drama real de las poblaciones que residen fuera de las ciudades.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) es un actor importante en el proceso de cooperación regional. El Gobierno brasileño ha manifestado su deseo de fortalecer la OTCA para que pueda asumir un papel asertivo y eficaz que nunca ha tenido realmente. La Cumbre Amazónica será una oportunidad para profundizar estas discusiones y comenzar a definir horizontes que sean comunes y que justifiquen la cooperación de los países a través de la OTCA. El objetivo de transformar la lucha contra el hambre, así como la promoción de una alimentación sana, en un motor capaz de preservar y regenerar el medio ambiente puede cumplir precisamente esta función.

Aunque, debido a los problemas internos, a las diferencias entre los gobiernos y a la situación internacional, no será fácil establecer un amplio programa de cooperación; en Leticia, Colombia, el 8 de julio de 2023, el presidente Lula presentó algunas propuestas. Entre estas destacan la institucionalización del Observatorio Regional de la Amazonia; la creación de un comité de expertos amazónicos, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), para generar conocimiento y producir recomendaciones con base científica; y la valorización del conocimiento y de los actores locales en la coordinación de las políticas públicas a través de acciones como la creación de un Foro de Ciudades Amazónicas y de un Parlamento Amazónico.

En cuanto al crimen organizado, considerado también una causa grave y una amenaza para la seguridad alimentaria de la región, Lula propuso la creación de un Centro Amazónico de Cooperación Policial Internacional en Manaus y la creación de un Sistema Integrado de Control del Tráfico Aéreo para interrumpir las rutas utilizadas por el crimen organizado. Para poner en práctica estas propuestas, Lula dejó clara la necesidad de dotar a la OTCA de directrices claras y recursos adecuados, así como de articularse en foros internacionales estratégicos de debate.

Aunque estas propuestas se formulen en un entorno político y geopolítico pantanoso en el norte de Sudamérica, la resistencia de los pueblos indígenas amazónicos a siglos de agresión y opresión sirve de inspiración para afrontar esta ardua tarea, que puede llevarse a cabo. En este sentido, la búsqueda de la seguridad alimentaria y nutricional puede ser un objetivo común que oriente la cooperación entre los países y pueblos amazónicos, incluidos los pueblos indígenas, los quilombolas y las comunidades ribereñas, sin marginar a las poblaciones urbanas.

La creación de condiciones institucionales y materiales para el disfrute del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, que incluye la generación de ingresos sin destruir el medio ambiente, debería ser un principio orientativo para la Cumbre Amazónica. Y mientras las negociaciones globales sobre el clima construyen, con razón, un consenso sobre el hecho de que la crisis ecológica conduce a catástrofes alimentarias, Brasil y sus vecinos tendrán la oportunidad de defender la posición de que la soberanía alimentaria, con la cooperación internacional, es un vector importante para combatir la deforestación y restaurar la biodiversidad.

Cualquier propuesta, sin embargo, debe basarse en conocimientos sólidos sobre el estado de la inseguridad alimentaria y nutricional en la Amazonia. Llevar a cabo este tipo de investigación podría ser una misión revitalizadora para la OTCA y agregadora para sus países miembros.

Erbenia Lourenço es Máster en Gestión Pública y Cooperación Internacional por la UFPB e investigadora del FomeRI.

* La Fundación Heinrich Böll – Brasil, apoya esta iniciativa del Instituto Hambre Cero.

Manifiesto por una nueva ciencia de la política

A más de un joven estudiante de ciencia política le habrá sucedido que cuando trata de explicar a otras personas qué estudia, la reacción más inmediata es la siguiente: “¡Ah, quieres ser político!”. Igualmente es preocupante que muchas personas que egresan de programas de ciencia política y se desempeñan en diferentes ámbitos laborales se lamenten de que los conocimientos adquiridos les hayan sido “poco útiles”. Ambas posturas reflejan un problema de esta disciplina. Para dedicarse a la política, no es necesario estudiar ciencia política; empero, para comprenderla científicamente y tratar de incidir en ella, sí.

Diferentes congresos de ciencia política tanto nacionales como internacionales se llevaron o se llevarán a cabo en 2023, el más importante, el Congreso Internacional de Ciencia Política, que se hará en el mes de julio en Buenos Aires. Otros se harán en junio, en Colombia; también en octubre, en México; y en diciembre tanto en Uruguay como en Chile. Los principales temas de estos congresos son los retrocesos democráticos, las crecientes derivas autoritarias, el debilitamiento del Estado de derecho, el aumento del crimen organizado, la corrupción, la impunidad, los flujos migratorios, etc. Pero ¿a cuáles y a cuántos líderes autoritarios actuales les preocupa lo que se discuta en estos congresos? ¿Cuántas personas que toman decisiones de cualquier nivel gubernamental están atentos a los análisis que se presentan? ¿Cuántos partidos modificarán sus reglas o propondrán nuevas formas de organización a partir de los resultados que se muestran en estos foros? Lo más probable es que ninguno de los individuos y colectivos que son centro de atención en estos congresos estén interesados en lo que se dice de ellos, así como tampoco les podría interesar a la mayoría de las personas.

Se podría decir que lo mismo sucede con otros congresos de otras disciplinas. Sin embargo, no necesariamente eso es así. La ciencia por esencia es elitista y meritocrática, pero, al menos, desde hace décadas, se han hecho mecanismos para transferir el conocimiento científico a la sociedad. Ello explica todos los desarrollos tecnológicos contemporáneos que inciden prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, la comunidad científico-médica tiene muchos congresos, y tampoco les inquieta que la mayoría de las personas no los entienda, pero sí les preocupan los descubrimientos de nuevas afecciones, los resultados positivos y negativos de experimentos y tratamientos sobre los ya conocidos, y la integración de las nuevas tecnologías y los nuevos fármacos en su práctica médica. Se guían por una actitud científica y están conscientes de que en su profesión proliferan las pseudociencias, los errores científicos y los fracasos médicos. ¿En cuántos de los congresos de ciencia política se discuten seriamente las posturas anticientíficas, los errores y las pseudociencias? ¿En qué medida se preocupan por la transferencia del conocimiento científico de la política al ámbito público?

La ciencia política es una de las más jóvenes disciplinas de las ciencias sociales. Tiene la ventaja de apoyarse en una amplia tradición del pensamiento político; durante décadas buscó una identidad como ciencia y primero dependió del derecho y la filosofía; luego, de la sociología y la economía. A finales del siglo XX logró afirmarse como una ciencia autónoma con sus objetos de estudio y metodologías propias. Quizá por ello es una ciencia muy academicista. Ahora, para trascender como profesión, tiene la ventaja de todo el conocimiento científico acumulado en sus ya casi dos siglos de existencia. ¿Cómo procurar, pues, la consolidación de la ciencia política en un mundo que se encuentra en constante transformación?

A continuación, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Se debe adoptar (verdaderamente) la actitud científica. En palabras de Lee McIntyre, se trata de la mentalidad que nos dice que nuestra ideología, creencias y deseos no tienen ninguna relevancia en el desarrollo del conocimiento científico.

2. Se deben impulsar las explicaciones predictivas. La ciencia política parece irrelevante a las personas que hacen política porque el 90% de sus análisis son posdictivos. Señalan lo que ya pasó, cómo, cuándo y por qué, pero, con algunas excepciones, como los estudios electorales, existe una resistencia a formular tendencias, sobre todo en eventos macro.

3. Se deben evadir las ideologías. Las ciencias sociales han estado infestadas de ideologías, y la ciencia política, mucho más. Las ideologías deben ser objeto de estudio, no modelos de interpretación. Ello se ha convertido en un lastre, por ejemplo, para entender por qué las democracias están en crisis.

4. Se debe emular la medicina como profesión. ¿Qué hace un politólogo o una politóloga? Al igual que en la medicina, y a partir de presupuestos científicos, del análisis del pasado y la investigación presente, puede identificar las causas de aquello que políticamente no funciona bien o que pudiera funcionar mejor, y ofrece alternativas. Esta dinámica tiene repercusiones en el ámbito público, político y gubernamental que no han sido exploradas ampliamente en la ciencia política.

5. Se deben consensuar conceptos clave. A diferencia de otras ciencias en las que los conceptos básicos son incontrovertibles porque ello les permite avanzar, en cada congreso de la ciencia política se discute qué es democracia, populismo, partidos u otros conceptos clave. Adoptar el consenso sobre conceptos clave permitiría una mayor consolidación de la disciplina.

6. Se deben desterrar las posiciones pseudocientíficas. Para que la ciencia política sea relevante, se debe rechazar abiertamente cualquier argumentación pseudocientífica que no se someta a las pruebas, sobre todo aquel tipo de investigación que selecciona datos ad hoc para confirmar sus prejuicios. Para ello se debe asumir que todo conocimiento puede ser refutable en términos científicos.

7. Se debe fomentar la replicabilidad. La ciencia política ha tendido a dejar pasar investigaciones poco rigurosas, o que parecen rigurosas pero que no lo son, y eso se descubre cuando no pueden ser replicadas. Para que un estudio sea replicable, los datos tienen que ser abiertos, accesibles, y las técnicas de análisis, conocidas. La replicabilidad confirma hallazgos y permite identificar errores; así avanza la ciencia.

8. Se debe fomentar la responsabilidad científica mediante valores democráticos. La libertad y la igualdad son dos valores que han permitido el desarrollo de las ciencias. Cuando en la comunidad politológica existen sectores que los relativizan, estos ponen en riesgo no solo a la disciplina, sino que también dichas actitudes son las que indirectamente degradan a la democracia.

9. Hay que abrirse a los idiomas. El inglés es la lingua franca de la ciencia, pero no debería ser la única ni tampoco un impedimento para que los que hagan ciencia política lean y transmitan el conocimiento en otras lenguas, en las cuales quizá ya se han expresado resultados (científica y probablemente) más relevantes.

10. Hay que fomentar la divulgación de la ciencia política. Es probable que algunas personalidades de la ciencia política digan que todo lo anterior ya se ha hecho o que incluso eso está superado. Pero lo saben ellos, no el resto del mundo. La aplicabilidad de la ciencia política no reside solo en el descubrimiento de la verdad, sino también en su contribución al mejoramiento de la sociedad, y ello se puede hacer si se difunde el conocimiento politológico más allá de los canales científicos y académicos.

Tal como señaló Hans Morgenthau, una ciencia política ensimismada, que solo se preocupa por sí misma, que es vista con indiferencia, que se centra en lo trivial y que no tiene amigos ni enemigos, devalúa implícitamente los problemas importantes que le dan sentido. Por esa razón, es hora de una nueva ciencia de la política.

El poder político en la sombra

Hace cincuenta años Héctor J. Cámpora ganó las elecciones presidenciales argentinas bajo la proclama de “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. En efecto, tras su triunfo electoral de marzo, liderando al Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), presentó su dimisión en julio de manera que Juan D. Perón pudo ser candidato en los comicios de septiembre del mismo año que lo devolvieron a la presidencia después de haber sido desalojado del poder por un golpe de estado 18 años antes.

En España, dos años después, en noviembre de 1975, el franquismo que se resistía a dejar el poder se refería a que todo había quedado “atado y bien atado” gracias a la supuesta continuidad que garantizaría el nuevo monarca. Sin embargo, aquella clase política se desmoronó en cuestión de meses como un castillo de naipes.

Durante décadas, en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pergeñó una forma de continuismo bajo la figura del “tapado”. Una candidatura concebida en la cúpula dirigente del régimen político para perpetuarse en el poder a través de un esquema inédito de continuismo con figuras presidenciales que hacían perfectamente el juego al establecimiento.

La pulsión por mantener el poder de manera vicaria es un asunto añejo que está presente en la política incluso cuando esta adopta formas democráticas de gobierno en las que hay un mínimo de competencia asegurada. En la mayoría de los casos se trata de lograr la continuidad de un proyecto político que suele estar vinculado con un caudillo que dice respetar la formalidad de la cláusula de la no reelección, pero que termina teniendo el control de la situación entre las bambalinas.

En América Latina, en las dos últimas décadas el número de escenarios en los que se han dado circunstancias similares afectan a la mitad de sus países. En Argentina, Néstor Kirchner auspició a Cristina Fernández; en Brasil, Lula da Silva lo hizo con Dilma Rousseff; en Colombia, Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos; en Ecuador, Rafael Correa con Lenin Moreno; en Bolivia, Evo Morales con Luís Arce; en Paraguay los presidentes del Partido Colorado lo han hecho con sus conmilitones. Cierto que en Colombia, Ecuador y Bolivia el previsto continuismo no se dio campando los elegidos con un programa propio que incluso llevó a la ruptura con los patriarcas, pero la señal enviada al electorado era inequívoca.

Sin embargo, hay situaciones en las que el ejercicio sustitutorio conlleva la cobertura de una incapacidad física o legal para la acción del poder. El protagonista que está impedido para llevarla a cabo designa en el lecho de muerte al sucesor (Hugo Chávez en Nicolás Maduro) o se hace en los prolegómenos de la campaña electoral de quien no puede competir en ella (son los casos de Cristina Fernández y Alberto Fernández en Argentina; Vladimir Cerrón y Pedro Castillo en Perú; Mel Zelaya y Xiomara Castro en Honduras).

Esta propensión al sostenimiento en la sombra del poder político constituye un freno al desarrollo de la democracia en su aspecto de competencia real y efectiva entre opciones distintas. Al perseverar actores que instrumentalizan a otros para la consecución de sus objetivos la endogamia está garantizada. También supone un entorpecimiento a la alternancia y consolida la idea de la existencia de una elite enquistada que hace todo lo posible por seguir al mando. Por último, contribuye a la desinstitucionalización de la política al introducir el uso de prácticas informales o de interpretaciones fraudulentas de las reglas existentes.

La actualidad política en América Latina ofrece ahora mismo ejemplos de este ejercicio vicario del poder que oculta una práctica espuria de la liza abierta en Brasil, Ecuador, El Salvador y México. Se trata de casos distintos que, no obstante, comportan elementos de los observados más arriba que refuerzan la perversión del juego implementado.

El Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha inhabilitado a Jair Bolsonaro hasta 2030, de manera que no podrá ser candidato hasta entonces, pero ello ha traído consigo la inmediata propuesta de que sea su esposa Michelle quien sea próxima candidata. En las elecciones presidenciales ecuatorianas del 20 de agosto, Rafael Correa, también inhabilitado para concurrir, ha apostado por la candidatura a la presidencia de Luisa González por el Movimiento Revolución Ciudadana quien, tras denunciar la traición que a su juicio cometió Lenin Moreno, de momento ha afirmado que Rafael Correa “será uno de sus principales asesores [pero] nunca le ofrecería un indulto”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su vicepresidente han anunciado que dimitirán en diciembre para, según su particular criterio, poderse postular como “nuevos” candidatos en las elecciones de 2024. Por último, Andrés Manuel López Obrador, en un hábil ejercicio de cambio del relato en el movimiento que lidera, ha eliminado de la política mexicana la vieja y tendenciosa práctica del tapado sustituyéndola por la de las “corcholatas”. Intenta así convencer al electorado de que el momento actual del país está signado por la competencia entre las diferentes candidaturas en un proceso en el que él dispone de las reglas pretendiendo asegurar, por otra parte, que su sombra siga estando presente en el futuro.

Son casos diferentes que tienen un denominador común: el mantenimiento del poder en la sombra a toda costa por parte de cierta élite mediante mecanismos vicarios anulando las posibilidades de otras fuerzas políticas y soslayando cualquier dispositivo de control y de rendición de cuentas.

La encrucijada de las políticas penitenciarias en América Latina

Debido al aumento de la violencia en varios países de América Latina, la respuesta de los Gobiernos ha sido el endurecimiento de los sistemas de justicia penal y el incremento de las penas. Esto se debe a que los sistemas políticos adoptan como estrategia de legitimación el estandarte de iniciativas legislativas populistas. Esto ha dado lugar a que las tasas de población carcelaria hayan aumentado de forma constante durante las últimas décadas. De esta manera, se reproducen las políticas penitenciarias basados en la inocuización y neutralización del individuo en las prisiones, como el modelo de Nayib Bukele que tiene al 2% de la población de El Salvador tras las rejas.

En la actualidad existe una disyuntiva dialéctica sobre los sistemas penitenciarios, entre los modelos resocializadores y aquellos que se basan en la limitación de los derechos humanos y el castigo de las personas privadas de libertad. Ante esta dualidad, existe una serie de elementos fundamentales que deben ser considerados al momento de la creación de una política penitenciaria que fomente la reinserción, la protección de la sociedad y la disminución de reincidencia delictiva, como lo establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son conocidas desde 2015 como Reglas Nelson Mandela (regla 4).

En América Latina, cuando se recorren diferentes prisiones, se puede constatar que en prácticamente todas las regiones se evidencia un abuso y violación de los derechos que garantizan una vida digna a las personas que se encuentran en prisión. La sobreocupación y el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias se debe a la combinación de diferentes factores, entre otros, de un sistema de justicia que ha privilegiado durante décadas el empleo de la pena privativa de la libertad sobre el resto de las opciones existentes.

En el 2022, formé parte del grupo que elaboró el informe sobre la disminución de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas. El informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo de expertos del Sistema de Justicia Penal, que se efectuó a principios de año y en la cual, especialistas, académicos, jueces y operadores de los sistemas penitenciarios de todas las regiones del mundo colaboramos mediante la presentación de experiencias y evaluación de prácticas prometedoras y sus resultados.  

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para considerar en el momento de identificar medidas, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva? ¿Y qué estrategias debemos utilizar para la elaboración de una política penitenciaria basada en evidencia empírica? Estas opciones pueden ser proporcionadas como una estrategia práctica y flexible, y no de carácter prescriptivo, en el contexto de las circunstancias específicas de cada nación, y ser consideradas como alternativas para la prevención del delito y la justicia penal.

De manera general, las conclusiones mencionan los esfuerzos para disminuir la reincidencia a partir de “un enfoque global y multisectorial que incluya no solo las medidas dentro del sistema de justicia penal, sino también las medidas externas al mismo”. Es imprescindible, con miras a reducir la reincidencia, “abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género».

En relación con el sistema de justicia penal, es fundamental, para reducir la reincidencia, el uso efectivo de medidas no privativas de libertad, las políticas de imposición de penas, el tratamiento en las prisiones, la rehabilitación efectiva y los programas de reinserción social. También es clave la elaboración de “programas de justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tanto como medida de remisión como alternativa o complemento a las intervenciones de la justicia penal existentes en todas las fases del proceso de justicia penal”.

La falta de políticas penitenciarias basadas en evidencia empírica, el empleo de modelos que se fundamentan exclusivamente en la inocuización y el castigo extremo, la ampliación y prolongación de las penas, la eliminación del debido proceso durante la prisión, y la suplantación de auténticos sistemas de rendición de cuentas han sido las características de la mayor parte de los sistemas penitenciarios en la región.

Por ello, más allá de estas medidas, y de la necesidad de proteger al sistema penitenciario y su administración de la corrupción y el oportunismo, es necesario fomentar un compromiso político y hacer nuevas estrategias de cooperación interinstitucional entre la administración penitenciaria y los organismos externos.

El objetivo es reducir el uso discursivo de los modelos de reinserción y fomentar el compromiso de llevar a cabo una verdadera transformación de los sistemas penitenciarios. El aumento de la inequidad en el ejercicio de derechos en las cárceles ha causado y exacerbado el incremento de la violencia durante años, lo cual solo se podrá superar mediante la aplicación de los principios del Estado de derecho en la vida cotidiana de las prisiones.

El valor de la democracia universal

El discurso de Luiz Inácio Lula da Silva sobre la relatividad del concepto de democracia causó un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las posiciones fueron diferentes entre sí y se mezclaron todo tipo de argumentos para defender o atacar una idea universal de democracia.

Desde una perspectiva filosófica, la discusión es interminable. En última instancia, estamos hablando de conceptos y no de objetos, por lo que es imposible llegar a una conclusión definitiva e inapelable. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas, existe un consenso establecido sobre lo que significa la democracia y su universalidad.

La ciencia política, a través de autores como Robert Dahl, Norberto Bobbio, Adam Przeworski y otros, coincide en un punto básico: la democracia es un régimen político en el que la oposición tiene la posibilidad de ganar las elecciones.

En el plano político, las Naciones Unidas han contribuido a difundir una noción universal de democracia, consolidada a través de protocolos y pactos que protegen derechos también considerados universales. Es el caso del Protocolo sobre Derechos Civiles y Políticos, del que son signatarios tanto Brasil como Venezuela.

La Comisión de Derechos Humanos declaró en 2022, en su resolución 46, que los elementos básicos de la democracia comprenden: a. Elecciones periódicas libres y justas; b. Existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas; c. Respeto de los derechos humanos fundamentales y de las libertades fundamentales, entre otros. Ninguno de estos principios puede verificarse hoy en Venezuela.

Cuando analizamos las elecciones de ese país, sí, han sido numerosas, pero con cada elección, las irregularidades han aumentado. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro corrompieron los procesos electorales antes, durante y después.

Antes de las elecciones, el Gobierno abusa de los recursos del Estado, utiliza milicianos para impedir que la oposición haga campaña en los barrios populares, inhabilita a candidatos y partidos políticos, y amenaza o coacciona a los equipos logísticos de los candidatos. El mes pasado vimos cómo golpeaban a Henrique Capriles (centro-izquierda) cuando visitaba una barriada del interior del país y cómo la policía detenía a la persona que alquiló el equipo de sonido para que María Corina Machado (centro-derecha) hablara en un mitin. Estos no son los primeros casos.

El Gobierno utiliza las inhabilitaciones políticas para impedir que la población pueda elegir a los candidatos de su preferencia, pero esto no solo le ocurre a la oposición política tradicional. En las elecciones a gobernador y alcalde de 2021, el Partido Comunista de Venezuela, aliado del Gobierno desde hace mucho tiempo, sufrió 14 inhabilitaciones de este tipo para impedirle que se presentara por separado en algunos municipios, y fragmentar la estrecha base electoral del Gobierno.

Durante las elecciones, el Gobierno amenaza a los votantes con excluirlos de las políticas sociales y utiliza a activistas y milicianos para controlar el voto de la gente y asegurar que voten «correctamente».

Y después de las elecciones, incluso cuando gana la oposición, el Gobierno, a través de los tribunales o de la Fiscalía General, inhabilita a los ganadores, impidiéndoles tomar posesión de sus cargos, tal como ocurrió en 2016 con tres diputados indígenas o en 2021 con el ganador de las elecciones a gobernador del estado Barinas (suroeste de Venezuela). A veces, el Gobierno simplemente les quita recursos y competencias a los gobernadores opositores, como en el caso del Zulia (noroeste del país). Todo ello, cuando los votos no son inventados, como ocurrió en 2017, según denunció Smartmatic, la empresa responsable del software y las máquinas de votación en el país.

Si nos fijamos en la situación de los medios de comunicación en Venezuela, el panorama no es menos desalentador. Los periódicos y canales privados apenas pueden sobrevivir bajo una gran presión económica y siempre que eviten la crítica política. El año pasado se cerraron 78 emisoras de radio sin que nadie supiera por qué. Los observadores de la Unión Europea que supervisaron las elecciones de 2021 señalaron que «algunos medios de comunicación optan por no facilitar información para evitar problemas políticos».

Los interlocutores de las Misiones de Observación Electoral de la UE informaron de autocensura en 21 estados y del cambio de línea editorial de algunos medios como consecuencia de presiones políticas en 13 estados.

La situación de otros derechos humanos es aún más dramática. El Gobierno venezolano es el primer país de América Latina con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, torturas, asesinatos y violaciones, entre otros.

Los casos de tortura han sido documentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organismos de la ONU como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A día de hoy, según la ONG venezolana Foro Penal, sigue habiendo más de 200 presos políticos en el país. La arbitrariedad llega a niveles tan absurdos que, aunque un tribunal dicte una sentencia de excarcelación, la persona puede seguir encarcelada por decisión del director de la prisión.

La violación sistemática de los derechos humanos no solo afecta a quienes se organizan políticamente. El derecho de huelga está eliminado de facto y muchos dirigentes sindicales son encarcelados o asesinados. Las poblaciones indígenas sufren la destrucción de su territorio por la minería patrocinada por el Gobierno, así como amenazas y acoso si protestan públicamente.

No es casualidad que los más importantes indicadores internacionales de democracia, como V-Dem, Freedom House y The Economist Index, coincidan en tildar a Venezuela de régimen autoritario. En otras palabras, una dictadura.

El hecho de que Venezuela sea una dictadura es un consenso coherente con el concepto de democracia adoptado por la mayoría de las naciones defensoras de los derechos humanos e investigadores. Y este consenso no es una cuestión puramente técnica, sino también histórica.

Una de las mayores tragedias del siglo pasado fue que los líderes e intelectuales que cuestionaron la legitimidad de la democracia «liberal» fueron encarcelados o asesinados por las democracias «populares», «radicales» u «obreras» que ayudaron a construir.

Las lecciones del siglo XX y el valor universal de los derechos no deben caer en el olvido.

Amenazas presidenciales y resistencias de las élites burocráticas

Coautores Dan Nielson y Celeste Beesley

El apoyo a la democracia viene cayendo en todas partes, lo que ha causado una preocupación generalizada. Eso hace que los observadores dediquen horas de atención y estudio al humor político de los ciudadanos, pero ¿se puede ignorar cómo piensan y reaccionan las élites burocráticas frente a los principios y reglas de juego democráticos?

Los regímenes democráticos resbalan frecuentemente cuando los Ejecutivos exceden sus poderes o minan los procesos institucionales. Dado que las burocracias estatales son las que ejecutan las órdenes del Ejecutivo, muchas veces terminan siendo los operadores de medidas que violan las normas constitucionales y los convierten en agentes clave para la erosión de la democracia. Así, más allá de las oscilaciones de humor ciudadano, entender cómo se plantan las élites burocráticas es fundamental para predecir el destino de nuestros sistemas.

Líderes como el  expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hicieron historia socavando la importancia y el valor de los principios democráticos y buscando movilizar a los agentes del Estado en la misma dirección. Si las formalidades y procedimientos democráticos han prevalecido, es adecuado preguntarse: ¿hasta qué punto ello ocurrió como fruto de la resistencia contra (o neutralización de) esas tentaciones autocráticas por parte de las élites de la burocracia pública? ¿Cómo reaccionaron estos grupos numéricamente minoritarios pero esenciales para la vigencia de una normalidad democrática?

Un estudio realizado con aproximadamente 500 funcionarios de carrera de alto escalafón en Brasil entre los años 2020 y 2021, por parte de la Universidad Brigham Young, de EE. UU., apuntó a que la retórica autoritaria de Bolsonaro no tuvo gran efecto cuando atentaba contra la democracia en términos genéricos. Pero entre quienes simpatizaban con su liderazgo, sí fue efectiva cuando se concentraba en blancos más concretos como el pluralismo partidario.

Esa retórica tampoco fue eficaz en minar la adhesión democrática de las élites burocráticas cuando apuntaba contra instituciones republicanas como el Poder Legislativo y su independencia del Ejecutivo. Tampoco moldó una perspectiva reductora de la democracia a los rituales electorales, ya que los funcionarios continuaron apoyando fuertemente el derecho de la población a protestar contra el Gobierno y a participar en la vida democrática más allá del voto.   

Aparentemente, los líderes autoritarios consiguen tentar a algunos seguidores para imponer ciertas restricciones a la democracia, pero de alcance muy limitado. Y esos discursos autocráticos se mostraron casi inocuos para seducir a quienes no simpatizaban anteriormente con sus ideas o inclinaciones antidemocráticas. Es verdad que tampoco generaron el efecto contrario, esto es, instigar a los burócratas opositores al pensamiento autocrático de Bolsonaro a abrazar con mucha más fuerza las reglas y principios de la democracia, pero, en parte, porque su apoyo a esas normas ya era bien alto.

Recordemos que Bolsonaro no solo buscó minar el prestigio del multipartidismo, la independencia de poderes o la democracia participativa. Uno de sus principales enemigos fueron las autoridades electorales independientes, así como también el sistema de votación exitosamente vigente en Brasil.

A través de las fake news y la desinformación, Bolsonaro llegó efectivamente a sembrar desconfianza en los mecanismos e instituciones reguladoras y veedoras del voto en sus partidarios. Y al perder los comicios presidenciales de 2022 (el primer oficialista que pierde la reelección en los casi 40 años de historia democrática reciente en el país), no dudó en impulsar semanas de protestas violentas y hasta en estimular los ataques a los tres poderes pocos días después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente del país a principios de enero de 2023.

Todo ello haría suponer que su cuestionamiento durante su Presidencia a las diferentes dimensiones del juego electoral (Bolsonaro advertía sobre inseguridades del conteo, asociaba la urna electrónica a una farsa y que no aceptaría otro resultado sino la victoria) tendría eco entre las burocracias profesionales y podría generar algún tipo de rechazo peligroso a la continuidad republicana.

Sin embargo, el estudio reveló la debilidad de sus argumentos, incluso entre sus simpatizantes. Quienes eventualmente podrían ejecutar medidas restrictivas o violatorias del orden democrático simplemente no encontraron razón o motivación para hacerlo. Es verdad que para este segmento bolsonarista de las élites, la democracia queda reducida a una serie de mecanismos empobrecidos de expresión y pluralismo político, pero, de todas maneras, estuvieron muy lejos de abrazar con entusiasmo un modelo personalista, autoritario y mesiánico de gobierno.

Suele decirse que, más que una muerte súbita a base de golpes militares, las democracias hoy mueren lentamente a partir de una corrosión gradual entronizando un líder populista cuyo discurso supuestamente defiende “más” democracia o un tipo de “democracia diferente” que prescinde de controles, poderes independientes y diversidad política y expresiva de la ciudadanía. Nos olvidamos de que sin la complicidad activa y militante de las élites a cargo de los resortes estatales de poder, toda esa retórica poco consigue en la práctica.

 *Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

Dan Nielson es catedrático de Gobierno en la Universidad de Texas, en Austin. Es cofundador y director de Investigación de Evaluasi, empresa de consultoría.

Celeste Beesley es profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Brigham Young y coinvestigadora principal de WomanStats.

El retorno de la militarización de la seguridad pública a Honduras

El pasado 20 de junio hubo una brutal revuelta que terminó con un saldo de 46 reclusas fallecidas en la penitenciaría central de Támara, a pocos kilómetros del norte de la capital, Tegucigalpa. Según los informes proporcionados por los principales medios de comunicación del país, los hechos fueron producto de una embestida planificada por un grupo de pandilleras pertenecientes a Barrio18 contra internas de la MS13, la pandilla contraria.

Tras esta masacre, que fue la tercera más letal en la historia carcelaria del país centroamericano, la presidenta Xiomara Castro anunció una serie de “medidas drásticas” (tal como ella las denominó) que incluyen la militarización de las cárceles, los toques de queda, los allanamientos y las detenciones, con el objeto de hacer frente a las pandillas, recuperar el control de las cárceles y desmantelar las redes de comunicación que los reclusos han acumulado mediante sobornos a las autoridades penitenciarias. Estas acciones se suman al estado de excepción que ha estado en vigor en gran parte del país desde diciembre de 2022 y que acaba de ser prolongado por quinta vez.

De forma inmediata, Castro destituyó a su ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue el responsable de destapar los nexos entre el expresidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico y de supervisar la extradición del exmandatario a Estados Unidos en abril de 2022. En su lugar, Castro nombró al general Gustavo Sánchez, quien hasta ese momento se desempeñaba como director de la policía de Honduras. Esta decisión fue acompañada por la disolución de la comisión especial para sanear las prisiones que, si bien realizó diagnósticos de la situación, no llevó a cabo ninguna medida para responder a la problemática acuciante que la originó.

Estos sucesos y las medidas adoptadas como consecuencia de ellos ponen en evidencia tres factores relevantes. El primero de ellos y, sin duda el más preocupante, es la incapacidad del Estado para afrontar una de sus funciones básicas que es brindar seguridad a sus ciudadanos. Los hechos violentos que se produjeron a lo largo de las últimas semanas reflejan la profundización de la crisis de seguridad pública que atraviesa el país y la creciente erosión democrática de las instituciones que se encuentran azotadas por la corrupción y el narcotráfico.

En segundo lugar, la decisión de poner al frente de la seguridad pública a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) fue, sin duda, una de las más polémicas en esta crisis porque la policía militar fue creada por el expresidente Hernández como una especie de guardia pretoriana que le respondía directamente. El fortalecimiento de esta fuerza militar generó sorpresa, porque Xiomara Castro cuestionó duramente su actuación en la seguridad pública, en el pasado, como candidata presidencial y antes como líder de la oposición.

Si bien las políticas de “mano dura” no son nuevas en Honduras (ya existentes desde el Gobierno de Ricardo Maduro) ni tampoco en la región centroamericana, la decisión de militarizar la seguridad pública y la ejecución de estas medidas despertó la preocupación de la comunidad internacional y, en especial, la de los organismos defensores de derechos humanos. Estos últimos manifestaron que no es con la represión que se ataca el problema estructural de la violencia y la ingobernabilidad en los centros penales; por el contrario, su empleo en el pasado ha causado graves violaciones de derechos humanos y han demostrado ser completamente ineficaces en el control y en el combate de la criminalidad y la violencia.

Por último, la aplicación de estas medidas por parte del Gobierno de Honduras, así como la difusión de imágenes de presos descalzos y con el torso desnudo en cárceles, custodiados por militares, parecen emular los procedimientos realizados por el actual presidente salvadoreño.

Sin embargo, ¿es el modelo Bukele la solución para afrontar los problemas de seguridad en Centroamérica? Sin duda, las medidas adoptadas por Xiomara Castro y su gabinete para afrontar la crisis de seguridad pública del país sugieren que el Gobierno de Honduras así lo considera.

Brasil puede crear un legado de agenda latinoamericana en el G20

Coautora Cintya Feitosa

En un momento de renovadas expectativas sobre el papel de Brasil en la política internacional, el país presidirá, en 2024, el grupo de las 20 principales economías del mundo: el G20. La presidencia brasileña será un momento importante para que el país presente las credenciales del nuevo Gobierno en un foro económico de alto nivel. También podría ser una oportunidad única para llevar al bloque una agenda regional que represente a América Latina.

Aunque proporcionalmente subrepresentada, la región cuenta con tres países en el G20, es decir, Argentina, Brasil y México, pero, históricamente, ninguno de los tres países han coordinado posiciones políticas ni articulado una identidad regional. La pregunta debería ser, por tanto, cuáles son las vías para que los tres países aprovechen la ventana de oportunidad de la presidencia brasileña y construyan una agenda latinoamericana para el grupo.

La intención de ampliar la participación de la región en los debates se reflejó en la invitación de Brasil a Paraguay y a Uruguay para participar en el G20 el próximo año. La inclusión de los invitados está relacionada con el interés del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en ampliar la representación de los países en vías de desarrollo en los foros internacionales y fortalecer el Mercosur. Paraguay y Uruguay asumen la presidencia pro tempore del Mercosur en 2024 y, junto a Brasil y Argentina, se garantiza que todos los miembros activos del Mercosur estén presentes en el G20, al menos durante un año.

El momento para que el G20 adopte una agenda latinoamericana es prometedor, pero no está exento de dificultades. La región ha sido una de las más afectadas, económica y socialmente, por la pandemia de la COVID-19 y los efectos de la guerra de Ucrania, sufriendo, así, una inflación y una deuda elevadas y un aumento de la pobreza e inseguridad alimentaria.

Históricamente, ha habido poca coordinación efectiva entre Argentina, Brasil y México en el G20. Los tres tienen papeles y prioridades distintos en las relaciones internacionales, lo que plantea dudas sobre si deben analizarse como un grupo por el mero hecho de ser latinoamericanos y compartir similitudes en sus estrategias de desarrollo. Fuera del G20, los tres países han construido identidades políticas y económicas diferentes. México, por ejemplo, mantiene fuertes vínculos con Estados Unidos, principalmente debido al TLCAN, mientras que Brasil y Argentina han llevado a cabo proyectos para diversificar sus asociaciones.

La trayectoria de su relación muestra, sin embargo, algunos posibles caminos por seguir. Entre 2008 y 2015, cuando la región tuvo varios Gobiernos progresistas que enfatizaron la integración regional, hubo destellos de buenas prácticas. Brasil y Argentina actuaron en el G20 como aliados estratégicos, anticipando prioridades, coordinando posiciones y posicionándose como voces latinoamericanas. Esta actuación no fue mera casualidad, sino el reflejo de una decisión política de posicionar la integración regional como pilar de sus políticas exteriores. Ambos países abogaron conjuntamente por la adopción de políticas anticíclicas para contener la crisis de 2008, la reforma del FMI, el énfasis en la evasión de divisas y la regulación de los paraísos fiscales, la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de acuerdo con su mandato original de «ronda de desarrollo», y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas.

Sin embargo, este mecanismo de coordinación no incluía a México, como consecuencia de su decisión de alinearse con Estados Unidos en los foros económicos. Por lo tanto, el enlace con México fue más ad hoc y se limitó a aspectos específicos de interés mutuo. No obstante, los tres participaron activamente en foros de coordinación de países en vías de desarrollo. La última presidencia mexicana del G20 fue en 2012, y el país incorporó algunas prioridades comunes a los países en vías de desarrollo: seguridad alimentaria, volatilidad de los precios de las materias primas, desarrollo sostenible, crecimiento verde y cambio climático.

A partir de 2016, no obstante, los Gobiernos conservadores y de derecha engendraron un contexto regional de competencia y fragmentación. Cuando Argentina asumió la presidencia del bloque en 2018, el país se encontraba en un momento de especial debilidad en cuanto a su visión regional. Existía la expectativa de que hubiera una plataforma común. El contexto político no le favorecía. Por un lado, los foros multilaterales estaban bajo el ataque constante de Donald Trump. Por otro lado, los asuntos internos dificultaban el compromiso de los tres países latinos. México intentaba estimular debates sobre el asunto migratorio, Argentina atravesaba la persistente crisis económica y política, y Brasil, aún bajo el gobierno de Michel Temer, pero ya habiendo elegido a Jair Bolsonaro, enviaba claros mensajes de que la región no era una prioridad. En el fondo, el espacio de debates sobre América Latina se resumía constantemente en la crisis de Venezuela.

Es hora de que nuestros representantes estén preparados para representar concretamente las necesidades y expectativas regionales en la agenda del G20. La oportunidad internacional converge con realineamientos internos en Brasil que enfatizan la agenda regional. Al asumir la Presidencia de la república en su tercer mandato, Lula señaló como prioridades de política exterior la agenda global de erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza, la reconexión con los países latinoamericanos y el liderazgo en la lucha contra el cambio climático global.

Junto con los países panamazónicos, Brasil acoge la Cumbre de Belém, con el objetivo de promover una mayor integración regional en la reducción de la deforestación y la promoción del desarrollo sostenible en la región, y fortaleciendo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); en la Convención sobre el Cambio Climático, el país ha negociado en bloque con Argentina y Uruguay, por citar algunos ejemplos. 

Hay temas de interés colectivo que nos unen, como la repercusión del cambio climático y las oportunidades de transición energética, la necesidad de defender la comercialización justa de las materias primas, la planificación integrada en relación con la extracción de minerales estratégicos aquí presentes, la reforma del sistema financiero internacional y la institucionalización de mecanismos de transferencia de recursos y tecnología a los países del sur global. La presidencia brasileña significa, por tanto, una ventana de oportunidad innegable para aunar todas estas prioridades, agendas queridas por la región.

Sin embargo, para lograr este resultado, es necesario dar un paso atrás. Argentina, Brasil y México deben, en primer lugar, ponerse de acuerdo y reconocer la importancia de avanzar en una agenda compartida. También deben priorizar y decidir conjuntamente los mecanismos y objetivos políticos. Si desaprovechamos esta oportunidad, América Latina quedará una vez más a la zaga de las decisiones que tomen otros, y seremos siempre países o la región «del futuro», que nunca llega. Como dice el refrán: el que no se sienta a la mesa está en el menú.

Cintya Feitosa, asesora de relaciones internacionales del Instituto Clima e Sociedade (iCS).