Perú: un año de caos como política de Estado

Álvaro Zapatel
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Perú: un año de caos como política de Estado

En el extranjero, los peruanos nos hemos encontrado con extrañas reacciones de amigos latinoamericanos o españoles que no dudan en saludar lo que reconocen como saludable contrapeso institucional de poderes en el Perú. Con cierta sorpresa, e incluso sana envidia, aprecian que el Poder Judicial procese a expresidentes y políticos de distinta tienda, cosa más bien extraña en sus países de origen. No obstante, tras ese aparente halo de integridad democrática se esconde una desdeñable realidad: el Perú, víctima de las peores consecuencias pandémicas y una crisis económica internacional incesante, carece de una estructura de gobierno capaz de plantear alternativa alguna para, cuando menos, plantar cara a la grave situación social que se vive.

Habiendo pasado casi trece meses del inicio del gobierno de Pedro Castillo, es desesperante evidenciar el tiempo y recursos perdidos durante ese periodo. De manera simultánea, y como si fuera adrede, la administración ha trabajado incesantemente por petardear las incipientes tradiciones democráticas que se habían instalado en el Perú del siglo XXI. Por ejemplo, en este gobierno se nombraron insólitamente a ministros y funcionarios de alto nivel que no contaban con pergamino alguno que sustentara tales nominaciones; por el contrario, varios de estos individuos tenían prontuario criminal e incluso terrorista y subversivo. Como era de esperarse, estos innombrables ministros procuraron copar sus respectivas oficinas de personas inelegibles para tales responsabilidades.

En algunos casos, varios de ellos han salido del cargo con degradantes y burdas denuncias de corrupción que el Ministerio Público ahora persigue. Por si fuera poco, existen casos kafkianos como el del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se habría embolsillado 100.000 dólares de un proyecto de infraestructura, con parte de los cuales su pareja habría pagado una deuda en un banco local. Es decir, la disonancia que avala moralmente adjudicarse dinero público para cumplir con obligaciones financieras y mantener un buen registro como deudor es, realmente, alucinante.

Como es de esperar, la lógica del clan, que a todas luces se ha vivido por décadas en el ámbito de la política regional del Perú, ha llegado a los más altos niveles de gestión en este gobierno. Actualmente, Pedro Castillo cuenta con cinco investigaciones abiertas (algo insólito para un presidente en ejercicio). Entre ellas se destacan la acusación por tráfico de influencias e incluso por encabezar una organización criminal, en la que estaría involucrada su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada (a quien llama hija) Yenifer Paredes.

Tan delicada es la situación del entorno presidencial que la Fiscalía ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país para la primera dama y, al mismo tiempo, pero de prisión preventiva, para la cuñada. En el entramado estarían involucrados sobrinos y otros personajes allegados al presidente, como alcaldes y funcionarios locales, procedentes de Cajamarca, tierra natal de Castillo. Todos ellos habrían participado como gestores de contratos ilegales y receptores de dineros procedentes de estos acuerdos.

Ante ello, Castillo no ha dudado en ventilar posibles conspiraciones en su contra y de responsabilizar a la prensa de azuzar a la población para emprender un “golpe de Estado”. Cabe destacar que el Congreso intentó en dos oportunidades vacar al presidente, pero sin éxito. Para suerte del mandatario, su contrapeso político se ha caracterizado por un deficiente manejo político de la vacancia e incluso por varias torpezas mediáticas que han minado su credibilidad ante la opinión pública. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, se esperaban aprendizajes en el Poder Legislativo sobre la gestión de una medida delicada como la vacancia presidencial. Lamentablemente, han cometido errores similares a los que generaron el repudio generalizado de la población entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.

Como cereza del pastel, hace unos días salió en libertad Antauro Humala, exmayor del Ejército y hermano del expresidente Ollanta Humala. Antauro fue condenado, entre otros cargos, por secuestro y homicidio calificado de cuatro policías en una asonada rebelde que ocurrió el 1 de enero del 2005 en Andahuaylas, ciudad ubicada en el sur de los Andes peruanos. Humala, promotor de una ideología díscola a la que llama “etnocacerismo”, pregona la superioridad de la raza “cobriza” (andina) y promete aplicar penas absurdas como la pena de muerte a la población LGBT o por “traición a la patria”, que, dijo, implementaría incluso contra su propio hermano Ollanta.

Mediante una interpretación cuestionable del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Humala fue liberado por “buena conducta” tras haber estudiado o trabajado más de 3.000 días en prisión, lo que redujo su pena en casi dos años. En su primer acto público, el exreo manifestó sentirse orgulloso del “andahuaylazo”, y sin arrepentimiento alguno por lo sucedido.

Quizás por coincidencia, durante el gobierno de Castillo han salido de prisión dos de los reos más polémicos de la historia peruana reciente: Alberto Fujimori y Antauro Humala. En el ínterin, es preocupante el nivel de tolerancia que la población ha adquirido ante el desparpajo con que se han conducido las riendas del país. Quizás también ese es el peor daño que este Gobierno ha infligido a la sociedad peruana: normalizar la mediocridad y la vocación por el delito como forma natural de gobernar y gestionar en el Perú. Lo inaceptable, hoy se ha vuelto tolerable.

Los peruanos somos testigos de la conversión del país en una gigante Ciudad Gótica, en la que triunfan los pillos y ladrones de poca monta, con algunos orates alrededor que procuran sembrar el caos. A diferencia de la ficción, la población no tiene ni puede esperar a justicieros o vigilantes. De lo contrario, será deglutida por la total indiferencia y resignación a tener un país gobernado por sus peores gentes.

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Referéndum cubano: demagogia plebiscitaria y respuesta ciudadana

Armando Chaguaceda
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Referéndum cubano: demagogia plebiscitaria y respuesta ciudadana

Hoy en Cuba se vota por un referéndum que busca actualizar el Código de las Familias, que data de 1975. El objetivo de la votación es legalizar temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todo mecanismo de participación ciudadana debe ser analizado por su contenido legal, su contexto social y su horizonte político. Porque la manipulación autocrática de votaciones plebiscitarias es materia vieja. Desde el remoto antecedente de la demagogia clásica (Aristóteles dixit) hasta llegar a sus modernas variaciones de tema, formato e ideología, el objetivo es siempre legitimar, dentro y fuera del país, a los déspotas. Ampliando sus bases de apoyo y dividiendo a la ciudadanía. Manoseando los derechos, para pervertir la justicia. De Lugansk a Mayabeque.

En tiempos recientes, numerosos gobiernos conservadores (especialmente en la Europa postcomunista) han abusado de los mecanismos de democracia directa para dar una legitimidad de masas a la restricción de derechos. Las colectividades de la diversidad sexual han denunciado, como corresponde, tal proceder. En Cuba, la naturaleza iliberal y tradición plebiscitaria del régimen vigente conecta con aquella tendencia global. De ahí que, por derecha o izquierda, poderes interesados en dar voz a la ciudadanía para fortalecer su legitimidad y agenda sean parte del panorama político actual. Desde tal marco y precedente, el artefacto de manipulación plebiscitaria denominado “Consulta sobre el Código de Familia”, a votarse en Cuba este 25 de septiembre (en adelante 25S), debe evaluarse no solo en sentido jurídico o moral, sino también en términos sociopolíticos muy concretos. Él y las posiciones en torno suyo: Sí, No, Abstención.

Hay varios elementos a considerar en la actual convocatoria. Los contenidos legales tienen un horizonte social progresivo, aunque ambiguo: se avanza en ciertos derechos, mientras otros se mantienen acotados o son susceptibles de manipulación desde el poder. El contexto social y el horizonte político del 25S son claramente regresivos: hay retrocesos en el status real de la ciudadanía social, civil y política, por el aumento de la desatención a la creciente pobreza y desigualdad sociales, la explotación económica y la represión policiaca del Estado.

Las rutas de cada sector enfrentado (Sí y No) este 25S han sido fijadas, ex ante, por la propia agenda oficial. La comunidad progresista del “Sí” celebra los avances de la norma, pero desatiende sus aspectos problemáticos y desoye las razones ligadas al contexto y objetivos de la convocatoria. La comunidad conservadora del “No” repudia los avances (negando derechos ajenos), manipula temas (distorsionando incluso elementos polémicos del proyecto) y también desoye las razones de contexto y objetivo de la convocatoria. Ambas posturas son respetables en tanto ejercicio (acotado) de la agencia, bajo lógicas posibilistas. Ambas concurren, desde las parcelas del apoyo o el rechazo, a avalar la manipulación y plesbicitación de los derechos de toda la ciudadanía.

¿Por qué eligió el Estado esta ruta para el 25S? Porque fragmenta y polariza a una sociedad que, durante los últimos años, había madurado cívicamente y encontrado ciertas demandas compartidas, desde su diversidad identitaria, en el reclamo transversal del derecho a tener derechos. El Estado ha elegido, alternamente, aliarse y reprimir a tirios y troyanos. En los pasados años, durante el proceso de discusión de la nueva Constitución (2018/2019) los sectores más conservadores del Estado cortejaron a las Iglesias cristianas (católica y protestantes), concientes que eran una fuerza social creciente. Reprimiendo entonces a la comunidad LGBTQIA+, con el hito de mayo de 2019.

Ese mismo Estado hoy invierte demagógicamente la ecuación. La actitud de buena parte de las comunidades religiosas, desde su participación en las protestas sociales de 2021/2022 y en la denuncia y acompañamiento a víctimas de la represión, pareció convencer al Estado que esos fieles son hoy más peligrosos para su hegemonía política que una comunidad LGBTQIA+ con menos músculo movilizativo y susceptible de proveer, al Estado, simpatías con los sectores progresistas del mundo. Sin embargo, ahora y después de la actual coyuntura ¿cómo quedan las propias comunidades religiosa y LGBTQIA+, enfrentadas dentro de la estratagema de polarización inducida, siendo de los colectivos sociales más reprimidos durante décadas?

Desde hace más de un año, en Cuba hay miles de presos y familias destrozadas, por atreverse a exigir en las calles y pacíficamente sus derechos. La inmensa mayoría de la población sobrevive como puede, mucha gente escapa donde puede.  La élite de ese Estado ha manipulado su propia legalidad -incluidas las garantías anunciadas en la joven Constitución- y los cambios económicos tardíamente implementados, con el objetivo de perpetuar su monopolio del poder. Nada presagia otra cosa que una mayor politización (represiva) de la ley y un refuerzo de la judicialización (punitiva) de la política. Todo eso pesa, de cara a la jornada del 25S.

Que el ejercicio de derechos y el eventual progreso de un segmento de aquellos haya sido contaminado por la demagogia plebiscitaria es clara responsabilidad del Estado. Al asumir una clara campaña en pro del Sí, la maquinaria de movilización del voto hará este 25S que haya gente que vaya y vote en negativo. Si esta opción, sumada a la abstencionista, crece más allá de lo oficialmente aceptable, el Estado puede incluso verse tentado a maquillar las cifras.

En un ambiente post 11J, donde la respuesta francamente represiva de las demandas ciudadanas ha superado el “control de daños” tradicional ¿alguien puede sostener que incluso el fraude no estará a la mano este 25S, para mostrar el “apoyo popular a la Revolución? Por eso la observación y sondeo in situ, hormiga, del comportamiento electoral puede arrojar alguna luz sobre el resultado general de la jornada.

Participar este 25S apoyando al Sí conseguirá diversos beneficios progresistas para ciertos sectores de la población, con el viento a favor de la maquinaria de Estado. Optar por el No legitimará conservadoramente esa misma convocatoria, aún padeciendo la censura oficial, mientras se les niega a los otros derechos ya disfrutados. Ambas opciones reúnen a mucha gente noble, consciente y políticamente activa, cuya historia de dolor y esperanza la lleva a ejercer su derecho para defender sus ideas y opciones de vida. Lo cual debería ser, sin fisura ni condicionamientos, respetado. 

Algunos críticos pueden hallar en el abstencionismo una opción deseable. De hecho, muchos activistas y opositores democráticos de la isla, conocidos por su acompañamiento a los reclamos de sectores históricamente excluidos (incluidos los religiosos y diversidad sexual) parecen apostar por esta. Abstenerse constituye una clara protesta -de carácter transideológico- ante la manipulación, política y legal, del nuevo Código. Preservando de facto (dada su aprobación ex ante por el poder) las ganancias de los beneficiados.

En el escenario actual, esta parece ser la opción que consigue un mejor equilibrio entre contenido legal, contexto social y horizonte político. Y el día después, con la suerte ya echada, reconstruir desde los escombros esos consensos mínimos para resistir y superar la devastación que avanza.

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En memoria de la democracia

Nastassja Rojas Silva
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En memoria de la democracia

El 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los retos que aún se nos presentan a escala global y, por supuesto, regional. Un claro ejemplo de ello son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde, pese a la sistemática violación de derechos humanos (DD. HH.) y de la aniquilación, en la práctica, de la oposición política, Gobiernos como el colombiano presentan aún declaraciones como las de su canciller Álvaro Leyva, quien señaló que no es él la autoridad competente para decir si en Venezuela se cometen violaciones de derechos humanos. Tal vez valdría la pena recordarle al canciller Leyva que la responsabilidad no solo recae sobre los perpetradores, sino también sobre quienes avalan de forma tácita la violación a la dignidad de las personas.

Cabe mencionar que, pese a que el contexto histórico de creación de la Organización de Naciones Unidas no facilitaba establecer de forma expresa la democracia como un ideal universal, con el paso del tiempo, basándose en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la organización ha señalado que la democracia es precisamente la condición que facilita el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Décadas más tarde de la creación de la ONU, la entonces Comisión de Derechos Humanos señaló los puntos esenciales de la democracia: el respeto de los derechos humanos y las libertades; la libertad de asociación, la libertad de expresión, el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y voto secreto, un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia en la administración pública, y medios de comunicación libres e independientes.

Más adelante, el Consejo de Derechos Humanos, como sucesor de la comisión, hizo lo propio y adoptó diferentes resoluciones sobre la estrecha relación entre la protección de los derechos humanos y la democracia. Entre ellas se encuentran resoluciones como la 19/36 y la 28/14 sobre «los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho». En la primera se señala la relación entre la consolidación de la democracia y el respeto de los DD. HH., y, en la segunda, se decide la creación de un foro acerca de derechos humanos, democracia y Estado de derecho para fomentar el diálogo y la cooperación (Cuba se abstuvo en la votación para la aprobación de ambas resoluciones).

A escala regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) trazó un camino similar y estableció de forma expresa que la democracia se entendía como una piedra angular de la organización y que buena parte de sus tareas estarían dirigidas hacia el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la buena gobernabilidad. Esto se encuentra consignado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en instrumentos posteriores.

Con el paso del tiempo, la OEA estableció ciertas posturas unificadas como organización a través de doctrinas, instrumentos y órganos específicos que buscaban generar presión ante posibles rupturas de la democracia y de complementar el ejercicio del Estado. Ejemplo de ello, la Doctrina Betancourt (paradójicamente promovida por Venezuela); la Carta Democrática Interamericana y, por supuesto, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos conformado por la Comisión y la Corte Interamericana.

Es innegable la relación que existe entre democracia y derechos humanos. Es imposible imaginar un contexto en donde, a pesar de la falta de instituciones democráticas, se garanticen los DD. HH. y mucho menos de forma universal e interdependiente. Por ello, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia como una forma de encaminar a la comunidad internacional en esta causa como valor común.

En este marco, resulta relevante poner sobre la mesa que, pese a todos estos esfuerzos, aún nos encontramos con el peligro de relativizar la democracia por intereses políticos particulares, sancionando, así, algunas rupturas del orden constitucional y otras no. Y es que el discurso basado en el principio de la no intervención en asuntos internos ha sido utilizado con intereses ideológicos e instrumentalizado para evitar que países democráticos se pronuncien acerca de aquellas violaciones que se producen en países amigos. Parece que no aprendimos las lecciones de décadas anteriores, cuando bajo este mismo argumento se permitió, a escala regional, las atrocidades de las dictaduras militares del Cono Sur. Es posible que sea hora de reevaluar los límites que allí se invocan.

Este es posiblemente uno de los grandes impedimentos en el manejo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre estos países, a pesar de los avances de la OEA en décadas anteriores, ahora resulta imposible consolidar una sola voz en pro de la transición a la democracia y en rechazar de forma unánime, sin reparos, la violación sistemática de derechos humanos, aun cuando existen claros registros, documentaciones sustantivas y testimonios numerosos. Pese a existir sanciones de organizaciones regionales de menor tamaño como las de Mercosur en 2017, nos encontramos aún lejos de contar con mecanismos que, más que aislar como medida de presión, generen una transición hacia la democracia.

Ya sea por intereses de sus propios proyectos políticos o por intereses económicos, a buena parte de los países de la región les cuesta reconocer que poco o nada queda de democracia en estos casos. Parece no ser suficientemente significativo los más de mil presos políticos en Cuba y los más de doscientos detenidos en Venezuela y Nicaragua; las más de dieciocho mil ejecuciones extrajudiciales en Venezuela; el cierre de medios de comunicación y el exilio de más de noventa periodistas en Nicaragua; los destierros forzosos de opositores en Cuba; entre una larga lista de violaciones a la dignidad humana en cada uno de estos países.

Aunque pueda parecer una posición polémica, cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia no es posible ubicarse en zonas grises, los valores no se negocian. Es menester revisar y renovar los instrumentos ideados para la protección y promoción de la democracia, así como de los sistemas de protección y su funcionalidad ante regímenes autoritarios. Es necesario tener presente que las dictaduras no cambian su vocación y que sobre quienes avalan de forma tácita o expresa las acciones de estos regímenes recae también parte de la responsabilidad.

En memoria de la democracia en América Latina.

Chile en su laberinto constitucional

Rodolfo Disi
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Chile en su laberinto constitucional

Pasadas algunas semanas del histórico plebiscito chileno, ¿qué explica la categórica diferencia entre los resultados de los plebiscitos 2020 y 2022? Mientras en el plebiscito de entrada de 2020 el 78% de los votantes estuvo a favor de comenzar el proceso para reemplazar la Constitución actual, en el plebiscito de salida alrededor de un 62% de los votantes rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada durante el último año por la Convención Constitucional. Con voto obligatorio, el “rechazo” ganó en todas las regiones del país y a escala local, la opción “apruebo” ganó —por poco— solo en ocho de las 345 comunas del territorio nacional. A su vez, en lo relativo a lo demográfico, el rechazo ganó entre hombres y mujeres y en todos los grupos etarios.

¿Cómo se explican semejantes diferencias? Las causas tienen que ver en buena medida con la configuración de la Convención Constitucional y el texto que emanó. La Convención perdió rápidamente su legitimidad original y el texto emanado se volvió controversial. De hecho, las razones para ganar escaños en la Convención son similares (o incluso idénticas) a las razones por las que el apruebo perdió el plebiscito de salida.

En primer lugar, la Convención fue elegida con un sistema electoral proporcional (basado en el de la Cámara Baja, pero con modificaciones) y voto voluntario. Eso hizo que los representantes fueran elegidos con niveles relativamente bajos de participación (votó el 43% del padrón). Por eso, muchas personalidades ganaron escaños con base en demandas muy sentidas por algunos sectores pero a la vez de nicho. Varias de estas numerosas demandas reflejadas en la propuesta no resonaron con el amplio electorado que participó el domingo 4 de septiembre con voto obligatorio.

En segundo lugar, los independientes tuvieron mucho protagonismo en la Convención gracias a las facilidades que se les dieron para competir en un ambiente de crítica a los partidos tradicionales. Aunque grupos de independientes desempeñaron un papel importante en la búsqueda de acuerdos, varios representantes fuera de los partidos protagonizaron algunos de los episodios más polémicos y resonados durante las sesiones. La independencia política, vista como virtud inicialmente, terminó perjudicando a la Convención en la opinión pública.

Otro factor importante fue la crítica a los Gobiernos de turno. Cuando los convencionales fueron elegidos en mayo de 2021, la derecha fue duramente castigada en las urnas; eso fue al menos en parte por la criticada gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este año, el voto por el apruebo estuvo muy alineado con la baja aprobación del presidente Gabriel Boric, quien tuvo una brevísima luna de miel en un contexto de inflación, estancamiento económico e inseguridad ciudadana.

La convención también incorporó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas del país, cuyos representantes se ubicaron generalmente en el ala izquierda de la Convención. La propuesta constitucional contenía muchos cambios respecto a estos pueblos, algunos de los cuales (por ejemplo, la plurinacionalidad) fueron cuestionados no solo por la derecha, sino también por sectores de la centroizquierda. Estas innovaciones no resonaron con los votantes indígenas: en lugares como Puerta Saavedra, en el sur, donde casi el 80% de la población es de la etnia mapuche, el 68% de la población prefirió rechazar.

Chile queda, por lo tanto, en una encrucijada, con una Constitución vigente desahuciada desde 2020, pero sin reemplazo a la vista. Mirando hacia adelante, sin embargo, una lección importante: la intención de involucrar a la ciudadanía a través de plebiscitos, elecciones de representantes e iniciativas populares puede ayudar a legitimar, mas no asegura que el proceso constituyente sea exitoso. De hecho, la participación ciudadana no reemplaza la capacidad del proceso de alinearse mejor con los intereses de los distintos sectores políticos.

La incertidumbre respecto a la continuidad y forma del proceso constituyente es, a semanas del plebiscito de salida, bastante alta. Es responsabilidad de todos los partidos políticos con aspiraciones democráticas proseguir un proceso que lleve a la adopción de un nuevo texto constitucional que sí concite mayorías ciudadanas.

Ética de la información y crítica de la economía política de los algoritmos

Marco Schneider
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Ética de la información y crítica de la economía política de los algoritmos

¿Qué significa exactamente «inteligencia artificial»? Empecemos por el primer término, «inteligencia». Se considera que un individuo, humano o animal, es inteligente, en primer lugar, cuando demuestra la capacidad de resolver problemas y superar obstáculos para producir un resultado o alcanzar un objetivo previamente establecido, o la capacidad de hacer frente a problemas imprevistos. En ambos casos, se trata de una inteligencia relacionada con la llamada racionalidad técnica o instrumental, perteneciente al ámbito de los medios.

Sin embargo, hay otra inteligencia, que es del orden de los fines. Es del tipo ético-político o teleológico, y también se preocupa por la adecuación de los medios a los fines, es decir, también posee el elemento instrumental. No obstante, tan importante o más para esta inteligencia es la validez de los fines mismos. ¿Merecen ser alcanzados? ¿Por qué? ¿A qué precio?

Volveremos sobre este punto más adelante. Veamos ahora qué significa el segundo término de la expresión «inteligencia artificial».

Sin mucho esfuerzo, cuando pensamos en la noción de artificial, inmediatamente nos viene a la mente su contrapunto: «natural». Así, lo artificial sería todo lo que no es natural. Pero si se examina la cuestión con más detenimiento, surge un nuevo problema: si lo natural es todo lo relacionado con la naturaleza o derivado de ella, ¿habría algo no natural, algo esencialmente artificial? Si extendemos la noción de naturaleza al propio universo, ¿qué podría ser antinatural, aparte de la metafísica? Nada, a menos que pensemos en lo artificial como algo no producido directamente por la naturaleza, sino cuya producción, cuya existencia fue mediada por la acción humana.

Y, de hecho, pensándolo bien, este es precisamente el significado de «artificial» en sentido común, que expresa la separación tácita entre humanidad y naturaleza, entre el sujeto pensante y el mundo en el que actúa, el mundo objeto del pensamiento y la acción del sujeto, que incluye a otros sujetos convertidos en objetos. Esta idea es tan característica de la cultura moderna que incluso parece natural. Pero no es común a todos los pueblos y no puede sostenerse: no existe la naturaleza y el mundo natural por un lado, y el mundo humano y artificial por otro. Solo hay un mundo.

Lo que hay es la capacidad humana, sin transgredir las leyes naturales, lo que no es posible fuera del mito de descubrir nuevas combinaciones de sustancias y poderes naturales, y producir así cosas que no estaban dadas, transformando el mundo y a sí mismo, para bien o para mal.

Por tanto, lo «artificial» no se opone a lo «natural», sino que lo natural está mediado por la acción humana. Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo se puede afirmar con rigor que este tipo de mediación es propiamente inteligente? En el sentido técnico o instrumental, los ejemplos son innumerables. En el sentido ético-político o teleológico, no tanto.

Una de las celebridades de la llamada inteligencia artificial son los algoritmos. Pensemos entonces en la mediación algorítmica de las plataformas digitales a partir de los argumentos anteriores. ¿Hay inteligencia en acción allí? Volvamos a nuestra definición de «inteligencia»: a primera vista, la inteligencia es «la capacidad de resolver problemas y superar obstáculos para producir un resultado o alcanzar un objetivo previamente establecido, o la capacidad de librarse de problemas imprevistos».

Ahora bien, en ese sentido, los algoritmos demuestran ciertamente una inteligencia notable. Sin embargo, ¿quién los creó? ¿Quién es realmente el sujeto inteligente detrás de los algoritmos? ¿Sus programadores? Ciertamente, porque es gracias a su propia inteligencia que se producen. Pero todavía estamos en el nivel de la inteligencia técnica o instrumental, ya sea en el caso de los algoritmos o de los propios programadores.

Al fin y al cabo, si pensamos en el segundo nivel de la citada noción de inteligencia, que llamamos ético-político o teleológico, ¿quién es el sujeto de esta inteligencia, el que no elabora los medios, sino que establece la meta de la acción como legítima y merecedora de inversión? Este sujeto está movido por un propósito, por un deseo, por un fin. Tiene el poder de poner los medios en acción. ¿Quién es este sujeto? Los propietarios de las plataformas digitales y sus accionistas. ¿Cuál es su propósito, su deseo, su fin? Enriquecerse.

Pues bien, desde el punto de vista de estos individuos, la movilización de la inteligencia artificial de programadores y algoritmos, cuando es eficiente, es una prueba de su propia inteligencia. Decimos que la inteligencia de los programadores es también artificial, como toda inteligencia concebible, en la medida en que está mediada por toda la historia de mediaciones materiales y culturales que permitieron su formación como programadores. No han nacido así.

Por otro lado, ¿la expansión de los capitales de los propietarios de las corporaciones que controlan las plataformas digitales y de sus accionistas es efectivamente inteligente desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto y de la propia naturaleza?

A la luz de un conjunto de alarmantes fenómenos contemporáneos, la respuesta difícilmente será positiva, como el colapso ambiental y el regreso del hambre en Brasil, en gran medida resultado del crecimiento de la desinformación digital en la red, cargada de discursos de odio, irracionalismo, misoginia, racismo, homofobia, negacionismo climático, el auge de los movimientos antivacunas y, atando cabos, el fascismo.

Por tanto, no se trata de un problema técnico, sino ético-político, que no puede evitar la actualización de la crítica al capitalismo. Pues el problema que se plantea todavía y de forma inevitable es la contradicción entre el interés público, que obviamente incluye la preservación de la naturaleza, y los intereses empresariales. Pues el capital, que es como el sujeto inconsciente de todo el proceso, posee una inteligencia de lo más artificial en el sentido de movilizar los recursos humanos y naturales para su propio crecimiento, que es su único fin.

Al mismo tiempo, esto ha demostrado ser el colmo de la estupidez, para la humanidad y la naturaleza en su conjunto, estupidez entendida aquí en el sentido conjugado de no inteligencia y brutalidad.

Este cuadro ilustra las tendencias dominantes de nuestra época. Si somos inteligentes, tenemos que cambiar de rumbo.

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Referendo en Cuba y el derecho al voto

Leandro Querido
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Referendo en Cuba y el derecho al voto

Mientras en América Latina 16 países prevén el voto de sus ciudadanos en el exterior, la diáspora cubana sufre una doble exclusión. Por un lado, el abandono forzoso de la isla debido a la violación sistemática de los derechos humanos que ha sido profundizada en el último año a partir de las masivas protestas del 11 de julio de 2021. Y, por otro lado, la pérdida de sus derechos electorales, de identidad o de regresar, una vez que han emigrado.

La nueva ley electoral cubana (2019) estableció el requisito de “residencia efectiva” por un periodo no menor de dos años antes de la elección como condición para ejercer el voto. A efectos prácticos, los únicos que no pierden su derecho a participar en los asuntos políticos son “las familias de los colaboradores y el personal que se encuentre en el exterior por razones oficiales”.

Por lo tanto, en el referendo del Código de las Familias del próximo 25 de septiembre solo estarán habilitados para ejercer su voto en el exterior las personas que forman parte del Gobierno y están en funciones de misiones diplomáticas que, si se toma en cuenta el referendo constitucional de 2019, son cerca de 40.000.

De esta manera, han perdido sus derechos al menos dos millones de cubanos que han abandonado la isla, según estimaciones. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, casi 1.500.000 cubanos habitan el país. En el último año, al menos 180.000 cubanos, más del 1% de la población, ingresaron a los Estados Unidos a través de la frontera con México.

Esta privación de los derechos políticos de los cubanos en el exterior va a contramano de la tendencia regional y mundial de conquista de derechos políticos de los migrantes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene en su artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Por su parte, el Preámbulo Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que “(…) no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales (…)”.

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre establece que “toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.

Así, para visibilizar la restricción de estos derechos y fomentar un ejercicio de participación ciudadana en Cuba —el único régimen totalitario de América—, Transparencia Electoral y DemoAmlat ofrecen una plataforma tecnológica para que los residentes en el exterior puedan empadronarse y votar desde sus celulares o computadoras (aunque el resultado no sea vinculante) en el referendo del Código de las Familias que se celebrará el próximo 25 de septiembre.

Se trata de la primera experiencia de organización de la diáspora desde la perspectiva electoral. Esta herramienta permitirá que quienes sufren esta doble exclusión se vinculen con los asuntos políticos de la isla y que se inicie la elaboración de un padrón de cubanos en el exterior. Esta es una tarea fundamental para el análisis y la realización de políticas para este grupo y sus países receptores.

Salir de un país no implica perder la condición de ciudadano. Independientemente de residir en el exterior, todas las personas tienen derecho a la identidad, a la nacionalidad y a participar en los asuntos políticos de sus países. Quienes viven en Cuba no pueden votar con libertad ni tienen la certeza de que la autoridad electoral del único partido legalizado, el Partido Comunista de Cuba, le cuente su voto según su preferencia.

Con esta iniciativa de Transparencia Electoral, los cubanos que se han ido de su país no recuperarán sus derechos, pero podrán dejar al desnudo a la autoridad electoral cubana que hace de la manipulación y la discreción su forma de funcionamiento.

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¿Qué pasa con los derechos políticos y electorales de las personas Trans?

Ericka López Sánchez
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¿Qué pasa con los derechos políticos y electorales de las personas Trans?

Coautora Luisa Rebeca Garza López

Hoy en día las democracias no se pueden explicar desde marcos de comprensión estrechos, aunque se pretendan “universalistas”. Esto ocurre en las sociedades latinoamericanas donde se conectan de forma compleja ideologías hegemónicas como las cisgénero, heterosexual, capacitista, misógina y racistas, entre otras que dejan fuera a poblaciones marginalizadas históricamente del demos como las personas trans*. Esta última denominación con asterisco significa personas transexuales, travestis, transgénero, no binarias de pueblos originarios y emergentes.

Por lo tanto, la demanda de contar con democracias verdaderamente incluyentes es una urgencia que se sostiene en la narrativa de los derechos humanos. La desafección a esta problemática es un menoscabo grave a dichos derechos, pero sobre todo a la dignidad de estas personas.

Bajo este contexto, recientemente diversas organizaciones y activistas independientes trans, así como organizaciones y personas aliadas presentaron el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans*. Este Observatorio surge del reconocimiento de la existencia de un contexto hostil para que las personas trans puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, y enfatiza la necesidad de que los Estados garanticen el derecho a las personas trans de ejercer su voto dentro de espacios dignos y seguros.

En la región, algunos de los principales obstáculos que se han identificado durante cada una de las etapas de los procesos electorales, y en especial el día de la jornada electoral, es que a las personas trans* no solo se les discrimina, segrega y violenta a través de la ridiculización, miradas incómodas, comentarios o expresiones denigrantes, preguntas invasivas o aplicación de procedimientos que generan violencia en razón de su identidad y/o expresión de género no normativa, sino que además se les llega a negar el derecho al voto.

Además de aportar soluciones para este problema, el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans* emerge, también, con el fin de reparar una deuda histórica que ha invisibilizado a las poblaciones trans de la recuperación de una memoria histórica. En especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio motivados por prejuicios y estigmas en torno a la identidad de género. El reconocimiento de dichas realidades se suma a situaciones de aletargamiento político-administrativo y jurídico para aprobar leyes o reformar códigos civiles en torno a la identidad de género que reconozcan y garanticen este derecho humano.

El Observatorio fue convocado y coordinado por la Misión de Observación Electoral, MOE; la Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, GAAT; y Caribe Afirmativo (todas de Colombia) a inicios de 2021 y participaron integrantes trans o alianzas de diferentes países de la región como Panamá, Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Bolivia, Chile, y la Universidad de Guanajuato de México.

El Observatorio es resultado de 15 meses de trabajo colectivo durante la pandemia por Covid-2019 y se presenta como una estructura plural y colaborativa liderada por organizaciones y activistas trans*, con el apoyo de activistas independientes y aliades, que recopila, procesa y difunde información actualizada para contribuir al seguimiento y promoción de los derechos políticos y electorales de personas trans* en América Latina y el Caribe.

El objetivo del Observatorio es garantizar los derechos políticos y electorales de las personas Trans* en la región por medio de tres objetivos específicos. En primer lugar, monitorear los mecanismos que garantizan y obstaculizan la participación política de estas personas, en especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio. En segundo lugar, generar conocimientos a través de la recopilación de evidencias sobre el estado de los derechos políticos y electorales de las personas Trans. Y, por último, promover la adopción e implementación de protocolos o medidas de inclusión para garantizar sus derechos políticos y electorales.

Una de las primeras acciones del Observatorio fue la presentación de las “Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe” que contiene diferentes recomendaciones dirigidas a las autoridades electorales, a los representantes públicos competentes que trabajan el día electoral, a líderes de partidos políticos, a quienes hacen observación electoral y a las instituciones de la Fuerza de Seguridad. 

Los antecedentes de este proceso están en la aprobación del “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación” en Colombia en el 2020, que a su vez, tiene como base el “Protocolo para garantizar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” de México, aprobado en 2017.

Es importante señalar que hasta hoy sólo cuatro países de la región cuentan con un protocolo para asegurar el voto de las personas trans: México, Colombia, Chile y Perú. De estos cuatro países solamente México no tiene ley de identidad de género a nivel nacional. No obstante, la rectificación de documentos legales de conformidad al sexo de las personas no resulta un procedimiento sencillo en los países en que existe esta ley, pues el trámite del cambio de nombre es costoso y muchas veces el personal de las instituciones desconoce el derecho a la rectificación de la identidad de género.

El lanzamiento del Observatorio es una buena noticia para la región. Los procesos de consolidación de las democracias latinoamericanas tienen como exigencia el reconocimiento del ejercicio pleno de las ciudadanías trans*. De esta manera se comienza a reparar la deuda con estas poblaciones que históricamente han sido excluidas del diálogo colectivo y de las decisiones públicas.

Luisa Rebeca Garza López es funcionaria electoral especializada en la promoción de la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género e interseccionalidad. Encargada del Despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (IEEPCO), México.

Apaguemos los incendios para detener el cambio climático

Ana Carolina M. Pessôa
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Apaguemos los incendios para detener el cambio climático

Coautores  Celso H. L. Silva-Junior, Marcus Vinicius Silveira, Liana Anderson

Un día de principios de agosto de 2015, Yara de Paula, residente del Área de Protección Ambiental Raimundo Irineu Serra, en el estado brasileño de Acre, llegó a su casa con su recién nacida cuando el cielo ya estaba gris por el hollín. En minutos el fuego estaba a metros de su casa. Para detener el humo tapó los huecos en ventanas y puertas con toallas mojadas mientras su esposo contenía las llamas con cubos de agua. El incendio afortunadamente no quemó su vivienda, pero desde entonces, Yara y su hija sufren de bronquitis asmática crónica. Este incendio en la Amazonía no es un caso aislado. En junio de 2022, solo en el estado de Acre se mapearon 196 km² de áreas quemadas en zonas ya deforestadas, un número que viene en aumento en los últimos años.

Estos incendios en la selva amazónica han causado un gran aumento en los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios. De hecho, la esperanza de vida en la región occidental de la Amazonía es hasta tres años menor que la de las personas que viven en otras partes del país, incluso en comparación con los grandes centros urbanos.

Además de los problemas de salud, estos incendios no solo conducen a la pérdida de producción agrícola, sino que también arrasan con más de 8.000 km² de bosques al año, perdiendo, así, una de las mayores capacidades para mitigar el cambio climático: el estoque de carbono en la cuenca del Amazonas. Es decir, se pierde la capacidad de almacenar este gas de efecto invernadero. Pero hay otros impactos, estas florestas se empobrecen en términos de biodiversidad y ni siquiera logran recuperarse totalmente a largo plazo.

Un círculo vicioso de consecuencias catastróficas

El fuego y la deforestación están acabando con la mayor selva tropical del mundo. Esto está acelerando el cambio climático, haciendo que el clima en esta región sea más seco y caluroso, y llevando a que los bosques sean más vulnerables a los incendios. Esto ha generado un círculo vicioso, en el que el cambio climático hace que los bosques tropicales sean más vulnerables a los incendios, y el fuego, cada vez más presente, aumenta las emisiones de CO₂, lo que implica que empeore el cambio climático y el clima local y regional.

Los registros de incendios en la Amazonía baten récords año tras año. Entre 1985 y 2020 se quemó aproximadamente el 16% del bioma. De media, se queman más de 65.000 km² al año en la Amazonía brasileña, una superficie mayor a la de Costa Rica. Además, gran parte de estos incendios alcanzan a los bosques nativos, algo sorprendente teniendo en cuenta que el Amazonas está formado, en su mayoría, por selva tropical donde el fuego difícilmente se produciría de forma natural y menos aún se propagaría.

Sin embargo, el cambio climático ha golpeado con fuerza a la región y el incremento de la temperatura en algunas regiones como el suroeste de la Amazonía alcanza los 2,5 °C durante los meses de estación seca. En la región oriental, por otro lado, la lluvia ha disminuido en más de 30% durante los meses más secos del año. Además, las sequías extremas son cada vez más frecuentes (en este siglo han ocurrido cada 5 años), lo que hace que se quemen mayores áreas de bosque, y la que queda sana sea cada vez más vulnerable a los incendios.  

En el pasado, Brasil demostró que es posible disminuir la deforestación en la Amazonía brasileña, principalmente a través de la implementación en 2004 del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm). Sin embargo, también ha demostrado que el avance en la agenda ambiental es frágil y muy susceptible al escenario político. De hecho, los reveses de los últimos años han llevado a que en 2021 se diera la mayor tasa de deforestación en la Amazonía brasileña de los últimos 15 años.

Los incendios forestales contribuyen al aumento de CO₂

De todos los impactos negativos, quizá el de mayor preocupación sea la contribución de los incendios forestales al incremento de CO₂ en la atmósfera, lo cual tiene un impacto directo en el cambio climático. A diferencia de la deforestación, el fuego no lleva a que la tierra cambie necesariamente de uso. El bosque puede arder y seguir en pie, pero sin las características del bosque sano y emitiendo carbono a la atmósfera durante décadas.

Otro efecto es que estos bosques aminoran su capacidad de bombear agua a la atmósfera. Esto es parte importante del ciclo hidrológico, ya que contribuye con la lluvia que es fundamental, tanto para las áreas agrícolas de Brasil, Uruguay y Argentina como para la generación de energía hidroeléctrica.

Esta emisión, que no está asociada directamente a la deforestación, puede representar una cantidad superior a la mitad de la que produce la deforestación de los bosques primarios durante los años de sequía. Por lo tanto, la creciente susceptibilidad a los incendios generados por sequías y la proyección de condiciones futuras más secas hacen que las emisiones de carbono en la Amazonía estén dominadas por los incendios forestales. A esto se suma que, una vez que el medio ambiente se vuelve más inflamable, se acrecienta la probabilidad de que los incendios intencionales (tradicionalmente utilizados de forma controlada por las comunidades locales) alcancen a los bosques adyacentes.

Cambiar esta tendencia es fundamental tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse a él a escala mundial. Pero la búsqueda de soluciones debe tener en cuenta las principales razones que llevan al uso intenso de los incendios en la región: la deforestación ilegal y el mantenimiento de los pastos.

Por ello, invertir en recursos para promover alternativas al uso del fuego en la agricultura es fundamental para prevenir los incendios forestales en la Amazonía. Se estima que, en promedio, un tercio del área total quemada anualmente en la Amazonía corresponde a áreas agrícolas. En la Amazonía brasileña, la gran mayoría de las áreas agrícolas corresponden a zonas de pastoreo gestionadas con baja tecnología y conocimientos técnicos, lo que significa que el fuego se utiliza a menudo para la renovación de los pastos degradados, y con ello los riesgos de incendios forestales se incrementan.

En Brasil, el uso del fuego en la agricultura está prohibido por ley, salvo en los casos de agricultura de subsistencia, y requiere la aprobación del organismo medioambiental. En 2020, a pesar de que el Gobierno estableció un decreto que prohibía a los organismos su autorización durante 120 días, los incendios se mantuvieron en los altos niveles de 2019. Esto demuestra que el uso del fuego en la región es mayormente ilegal y recibe poca supervisión. Por ello, la lucha contra la ilegalidad debe alinearse con la ampliación de la asistencia a los productores rurales para fomentar prácticas sostenibles que agranden la productividad a fin de sustituir el uso del fuego.

Brasil debe adoptar medidas urgentes para romper el círculo vicioso en el que el fuego está transformando el entorno en su propio combustible. Las repercusiones socioeconómicas y medioambientales de los incendios forestales son amplias, por lo que no modificar esta situación supone ir en contra de lo que se espera de una nación comprometida con el desarrollo sostenible.

Ana Carolina M. Pessôa es bióloga e investigadora asistente en el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, de Brasil. Doctora en teledetección.

 Celso H. L. Silva-Junior es ingeniero ambiental e investigador posdoctoral en el Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de California, Los Ángeles | UCLA, EE. UU. Doctor en teledetección.

Marcus Vinicius Silveira es ingeniero forestal. Estudiante de doctorado en teledetección en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), de Brasil. 

Liana Anderson es bióloga e investigadora del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), de Brasil.

Bukele, reelección y caudillismo

Ignacio Arana
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Bukele, reelección y caudillismo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente lo que se esperaba de él hace más de un año: que irá a la reelección en 2024. Con este anuncio, el presidente más popular del continente americano se acerca al panteón de líderes latinoamericanos que eludieron las constituciones de sus países para gobernar por más tiempo y asienta las bases para sumarse a la extensa lista de caudillos que la región ha parido desde el siglo XIX.

En septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que él designó pocos meses antes le retribuyeron el favor autorizándolo a ser reelecto, pese a que está expresamente prohibido por los artículos 88, 152, 154, y 248 de la constitución. Los juristas argumentaron que la no reelección es “atar la voluntad popular” y “una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica.” En ese momento publiqué una columna afirmando que todo era una movida de Bukele para retener el poder. Los magistrados fueron escogidos por Bukele luego de que el presidente usara su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los miembros la Sala Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021. Dada la evidente subordinación política del Poder Judicial al presidente, lo esperable es que la Corte Suprema nunca ponga límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien de tiempos. En ese momento, Bukele tuvo la delicadeza de omitir su opinión sobre la reelección, lo que le permitió identificar críticos y sopesar los desafíos a su movida. Esperó un año para anunciar su intención de postularse para el período 2024-2029. Y lo hizo con una puesta en escena estudiada, mientras celebraba la independencia del país el 15 de septiembre recién pasado. “Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado,” dijo desde la residencia oficial, en cadena de radio y televisión, en una ceremonia donde también estuvieron las cabezas de los otros poderes del Estado.   

De no haber una crisis mediante, Bukele sería reelecto hasta tocando el ukelele. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, su popularidad nunca ha bajado de 75% y suele estar sobre el 85%: en julio una encuesta Gallup reveló una aprobación de 86%, el mismo porcentaje que un sondeo del diario La Prensa Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites temporales a su mandato, Bukele lidera un gobierno que solo en formas es democrático. Si bien se celebran elecciones, el presidente controla los tres poderes del Estado y ha politizado a los militares y la policía. La fachada democrática probablemente no se caiga mientras Bukele se mantenga popular.

Actualmente, el gobierno se encuentra en una lucha sanguinaria contra las pandillas. A fines de mes el país cumplirá seis meses en régimen de excepción, lo que ha permitido encarcelar a más de 50.000 personas sin orden de detención y bajo el criterio arbitrario de policías y militares. Se estima que más de 70 de estos detenidos ya murieron sin haber enfrentado a la justicia.

Tradición regional

Bukele presume de novedad: es joven, tuitero, y legalizó las criptomonedas como medio de pago. Pero es también parte de una larga tradición latinoamericana conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca cambiar, eludir, o reinterpretar la constitución para retener el poder. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2021, 36 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron extender su mandato en 48 ocasiones. Tuvieron éxito en 35 oportunidades.

Históricamente, al continuismo no le ha ido bien en El Salvador. El último que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien fue inducido a renunciar por un levantamiento militar y civil en 1944, mientras que a Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato.

Aun cuando muchos presidentes que extienden su mandato terminan mal, prófugos de la justicia como el ecuatoriano Rafael Correa, en la cárcel como el peruano Alberto Fujimori, o renunciando forzadamente como el boliviano Evo Morales, los que logran gobernar varios años tienden a dejar una huella muy fuerte en sus países.

Muchos se transforman en caudillos. Este concepto se usó inicialmente para describir a los líderes autoritarios de gran poder político y militar que gobernaron o se opusieron a los gobiernos tras las independencias en la región. Pero los “hombres fuertes” nunca han dejado de existir en América Latina —es cosa de ver a los actuales dictadores Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela—, siempre a costa de sabotear el progreso de sus países.

Frecuentemente, estos caudillos lideran quiebres democráticos. Eso es lo que ocurrió en Argentina, Honduras, Perú, y Venezuela, cuando pasaron de ser semidemocracias a dictaduras bajo Juan Domingo Perón, Tiburcio Carías Andino, Alberto Fujimori, y Hugo Chávez, respectivamente. Esa es, precisamente, la dirección en la que está llevando su país el presidente Bukele.

¿Cuál es el perfil de estos líderes? En un estudio que pronto publicaré en la revista Journal of Politics,  muestro que los presidentes con una personalidad más dominante y con poca experiencia política son más propensos a tratar de retener el poder más allá de lo que dice la constitución. En un estudio precedente, examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y sus intentos de continuismo. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes están más inclinados a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Casi todas estas variables contextuales han estado presentes en el caso de Bukele, facilitándole el camino para atornillarse en el poder.

Del 18 de Octubre al 18 de Brumario en Chile

Pablo Policzer
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Del 18 de Octubre al 18 de Brumario en Chile

En el reciente plebiscito los chilenos rechazaron masivamente la constitución propuesta por la Convención Constitucional. El resultado, no solo es una derrota para la Convención, sino también para Gabriel Boric. Si bien el gobierno trató de mantener la neutralidad y de asegurar un proceso justo, Boric y muchos de sus partidarios emergieron como fuerza política a través de los movimientos estudiantiles desde las protestas de 2011 hasta el estallido social del 18 de octubre de 2019, exigiendo una nueva constitución. Esta exigencia fue apoyada por casi el 80% de los chilenos en el plebiscito de 2020 y por el mismo Boric en su campaña presidencial. ¿Entonces, cómo se explica la disyuntiva entre el gran respaldo a favor de una nueva constitución hace dos años y el amplio rechazo a la constitución propuesta?

Más allá de las críticas a la nueva constitución o al proceso constituyente –quizás fue muy maximalista o no conectó bien con las verdaderas prioridades de la gente– un argumento que ha surgido en algunos sectores de la izquierda se refiere a la ignorancia del pueblo chileno. La idea es que muchos votaron supuestamente en contra de sus propios intereses, especialmente en un contexto de propaganda sofisticada a través de redes sociales. Según esta teoría, la gente fue manipulada con mucha desinformación y “fake news” y terminó rechazando una constitución que les hubiese favorecido.

Es posible reconocer la sofisticación de la campaña del Rechazo, tanto como los posibles desaciertos de la campaña del Apruebo, que algunos trataron de advertir desde un comienzo. Pero como explicación, la ignorancia o manipulación del pueblo chileno simplemente no convence. ¿Por qué hablar de ignorancia ahora y no tras el plebiscito de entrada cuando casi el 80% aprobó el proceso constituyente, o en la elección que llevó a Boric al poder? En ambos casos también hubo fake news pero entonces se habló de un proceso claramente democrático.

Aparte de las posibles inconsistencias de esta explicación, este tipo de argumento tiene una larga trayectoria en el pensamiento de la izquierda, especialmente la marxista. En una de sus obras maestras, El 18 de Brumario de Louis Bonaparte, Marx analiza un proceso comparable a lo que acaba de ocurrir en Chile y también lo que ocurrió entre 1970 y 1973.

En Francia, la revolución de 1848 acabó con un régimen liberal liderado por la burguesía y abrió un período de grandes ideales revolucionarios y de un agudo conflicto político. Pero esos ideales se derrumbaron en 1851 con el golpe de estado de Louis Bonaparte, el Trump, Bolsonaro, o Pinochet de su época. Bonaparte era un “outsider” político que llegó al poder apoyado, no solamente por la burguesía, sino también por una gran mayoría del pueblo francés, especialmente los campesinos y parte del proletariado. ¿Cómo explicar ese rotundo fracaso sólo tres años después de la revolución?

Parte de la explicación que ofrece Marx, en uno de sus más acertados y famosos argumentos, es que cuando la burguesía no puede tener todo el poder, está dispuesta a sacrificar su poder político –se lo entrega a un outsider como Louis Bonaparte– a cambio de mantener su poder económico. Ese argumento también explica mucho de lo que pasó en Chile en 1973, a través del golpe militar que le permitió a la burguesía mantener y consolidar su poder económico, en ese caso apoyando la dictadura militar de Pinochet, otro outsider político.

Pero una cosa es explicar por qué la burguesía apoyó a Louis Bonaparte y otra por qué lo hicieron las clases más explotadas, los campesinos y parte del proletariado. Aquí Marx plantea otro argumento, mucho más problemático. Sin entrar en las complejidades de la política francesa y de la dura lucha de clases que analiza Marx, parte de la explicación que ofrece es que la “conciencia de clase” del proletariado –la clase revolucionaria ideal– estaba todavía insuficientemente desarrollada.

En vez de entender sus “verdaderos” intereses de clase, Marx plantea que buena parte del proletariado sufría de una “falsa conciencia”. No había llegado todavía a lo que su posición en el sistema de producción determina como su verdadera conciencia de clase. Y peor aún, nada se podía esperar de la clase más numerosa, empobrecida, y explotada: los campesinos, cuyo lugar en el modo de producción no les permite siquiera desarrollar una posible conciencia de clase. Por apoyar masivamente a Louis Bonaparte, en contra de sus supuestos intereses de clase, Marx se refiere a ellos como “sacos de papas”, una masa que puede comprarse barato.

Se puede leer en esas líneas un desprecio hacia la masa popular que rehúsa a comportarse, como lo determina Marx, de acuerdo a su ideario. Es una manera sofisticada de decir que el pueblo es ignorante y que puede ser fácilmente manipulado. Esa brecha entre cómo se supone que el pueblo debe actuar –a favor de sus supuestos intereses– y como realmente actúa, históricamente le ha causado grandes frustraciones políticas a la izquierda.

Es una frustración anterior a Marx y en su obra alude a cómo se repite a lo largo de la historia. El golpe de estado de Louis Bonaparte en 1851 es comparable al golpe anterior de su tío Napoleón Bonaparte el 18 de Brumario (9 de noviembre) de 1799, que derrumbó los ideales maximalistas de la Revolución Francesa de 1789. La primera vez como tragedia y la segunda como farsa, según una de las frases más famosas del libro, a través de la cual Marx hace alusión a su maestro Hegel.

Esa brecha ha sido parte de muchos desaciertos de la izquierda desde entonces, aún en sus versiones más centristas como en la despectiva expresión de Hillary Clinton en 2016, al referirse a los votantes de Donald Trump como “deplorables”. Son los “sacos de papas” del siglo XXI que no le otorgaron la victoria en estados claves y le hicieron perder la elección. Y son los mismos que en 2016 votaron en Reino Unido a favor del “Brexit” para salir de la Unión Europea, en contra de lo que la élite urbana les indicaba.

La victoria del Rechazo es el “Brexit” chileno. La desconexión entre los ideales y los resultados del plebiscito es una de las grandes lecciones del fracaso del proyecto constituyente. En contra de todas las predicciones y de lo que les pedía la izquierda progresista, los sectores más pobres votaron masivamente por el Rechazo.

Es irónico que pocos días después, en las conmemoraciones a las víctimas de la dictadura que llegó al poder a través del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, se escucharan las habituales entonaciones de “El pueblo unido, jamás será vencido”. La paliza en el plebiscito debería provocar una seria reflexión en la interna de la izquierda. Para no seguir repitiendo la historia, se debería empezar a entender el pueblo tal cual es, en vez de insistir en verlo como se quisiera que fuera con explicaciones despectivas y poco convincentes cuando este no acompaña lo que presupone la ideología política.

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