Pedro Castillo y el dilema de la moderación

Fabricio Pereira da Silva
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Pedro Castillo y el dilema de la moderación

El día del Bicentenario de la Independencia del Perú, el 28 de julio, Pedro Castillo (Perú Libre) asumió la presidencia por un período de cinco años. La toma de posesión simbolizaría la tardía participación del país en lo que se conoció como la «marea rosa»: la ola de gobiernos de izquierda que arrasó en América Latina en la primera década del siglo XXI y parte de la segunda. Ese ciclo, sin embargo, está agotado, y la región se encuentra en otro momento. De hecho, más allá del ciclo regional, Castillo se enfrenta a dilemas nacionales: algunos de largo plazo, otros más inmediatos. Los de largo plazo están relacionados con la pobreza y la informalidad de su economía y con la secular división entre Costa y Sierra. Los más inmediatos consisten en sobrevivir hasta el final del mandato, algo poco probable.

Subida y bajada de la marea rosa

La «marea rosa» es un ciclo agotado. Ocurrió en otro contexto, como reacción al ciclo de políticas neoliberales de los años 90. Se benefició de la subida de los precios internacionales de las materias primas (la base de las economías latinoamericanas), y de una cierta falta de atención del gobierno estadounidense en relación con la región, centrado como estaba en la llamada «guerra contra el terrorismo». Se caracterizó por estrategias de política exterior independientes, aumento de las inversiones sociales y experimentos de democracia participativa y directa.

La marea comenzó a retroceder a principios de la década de 2010, y lo que siguió fue un panorama matizado. Se produjo el ascenso de gobiernos de derechas, algunos de ellos mediante elecciones; otros, mediante golpes de Estado institucionales. Algunos han llevado a cabo una agenda neoliberal dentro de los límites mínimos de la democracia procesal, como Uruguay. Otros han asumido posiciones más autoritarias, como en el caso de Colombia y El Salvador, e incluso han coqueteado con el fascismo en Brasil.

Por otro lado, están los supervivientes de la «marea rosa». Algunos pretenden reproducir las políticas de principios de siglo en versiones rebajadas, como Argentina y Bolivia (y México, que no se sumó a la primera marea). Y otros cierran sus regímenes para sobrevivir, como Venezuela y Nicaragua.

No se puede considerar que haya una ola abrumadora de derechas, ni un segundo ciclo de izquierdas. Hay una región en disputa, en la que Perú es una pieza importante en el tablero. Dependiendo de lo que ocurra de aquí al próximo año en Chile, Colombia y Brasil, un nuevo «ciclo de izquierdas» —que inevitablemente será diferente del anterior— puede tomar forma más claramente. Pero Castillo no puede esperar: tendrá que preocuparse de los asuntos locales, algunos de ellos muy inmediatos.

¿Moderarse para sobrevivir?

El principal dilema será el de la moderación. La «buena» ciencia política invita a los agentes políticos a moverse hacia el centro en busca de votos y gobernabilidad. Esta tesis puede asociarse al conservadurismo de la mayoría de los politólogos, y ha sido prácticamente impugnada por casi todas las polarizadas disputas políticas contemporáneas. En el Perú actual, sería la contraseña para que Castillo no logre nada y sea derrocado al final, de todos modos.

La toma de posesión de Castillo simboliza su victoria temporal en una contienda de relatos que se prolongó durante semanas en torno a un supuesto fraude electoral que nunca fue probado. Sin embargo, en ningún caso asegura la gobernabilidad del nuevo presidente. El país atraviesa una grave crisis política, económica y social, que simbólicamente no puede resolverse con esta inauguración y los llamamientos a la unidad en torno al Bicentenario.   

El fujimorismo es un factor de desestabilización constante, que constituye una amenaza real para la democracia peruana. Además, no ayuda vivir con una Constitución elaborada en un periodo autoritario, como resultado de un golpe de Estado. Y al igual que en Chile, es justificable considerar que la carta peruana carece, como mínimo, de legitimidad.

Además, la Constitución es el garante de un sistema político que no está claro si es semipresidencialista o semiparlamentario, y que genera sucesivas crisis entre presidentes débiles y partidos políticos minoritarios poco representativos. No genera equilibrio ni estabilidad, sino una crisis interminable y el bloqueo de cualquier transformación. Desde fuera, sorprende que cualquier analista peruano que se proclame democrático sienta temor ante la propuesta de una Asamblea Constituyente. Y no es de extrañar en absoluto que la convocatoria de la Asamblea esté en el centro del programa de Castillo y de Perú Libre.

Dos escenarios posibles

Ante esto, la Asamblea Constituyente constituye un símbolo que indicará si Castillo ha optado por la moderación o por el cumplimiento de su programa. Por eso, tras haber dado pasos hacia el centro en la segunda vuelta y en la formación de su gabinete, no renunciará a esta bandera concreta. Esto abre dos posibles escenarios. Ambas cosas son difíciles y no garantizan el cumplimiento del mandato.

La primera es renunciar a todos los anillos para no perder los dedos. En este escenario, al final tendríamos un gobierno desmoralizado y sin posibilidades de elegir un sucesor. Como Ollanta Humala, sería otro presidente que renunciaría a un programa de cambio. Por cierto, ni siquiera esto garantizaría el cumplimiento del mandato de cinco años. Otros presidentes peruanos han sido derrocados por mucho menos. 

El segundo camino es intentar cumplir con la mayor parte del programa, empujar dentro de las posibilidades, o intentar ampliar los límites de las posibilidades. Evidentemente, se trata de un camino en el filo de la navaja, que además no garantiza la supervivencia del gobierno durante cinco años. Esta vía requeriría, obviamente, una mayor movilización popular y arduas negociaciones.

Está claro que en ambos escenarios no hay garantía de estabilidad. Pero al menos en el segundo escenario, habría una posibilidad de acabar con la crisis orgánica que vive el país, dada la posibilidad (aunque poco probable) de que este camino concluya en una refundación del país. 

En medio de este dilema de difícil resolución, el nuevo gobierno debe aún reorganizar el problemático enfrentamiento de la pandemia. También debe abordar la creciente pobreza y la informalidad. Éstas se han visto agravadas por la pandemia, pero son legados de décadas de neoliberalismo y de la larga historia del país. Con esto llegamos a la cuestión de la antigua división entre Costa y Sierra, atravesada por la cuestión indígena.

Castillo fue elegido en gran medida sobre la base de esta división. Incluso desplazó a la izquierda «cosmopolita» y «progresista» limeña que tendrá que lidiar con el eterno retorno de los temas que quisiera evitar: una nacionalidad que nunca se completa, la cuestión indígena, las divisiones regionales, la religiosidad de los pobres.

Teniendo en cuenta todo el contexto, los espacios son estrechos. Pero hay que intentar aprovechar la extraña oportunidad de un gobierno claramente de izquierdas en Perú, una novedad en una larga trayectoria conservadora.

Foto de Presidencia de Perú

La resiliencia de las democracias latinoamericanas

Hugo Borsani
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La resiliencia de las democracias latinoamericanas

Coautora Soraia M. Vieira

En los últimos años aumentó la preocupación con la estabilidad y funcionamiento de las democracias latinoamericanas ante la manifestación de diferentes tipos de eventos con alto impacto político: grandes revueltas populares seguidas de fuerte represión gubernamental, renuncias y destituciones de presidentes, cooptación de instituciones del Estado y presión de los militares, entre otros. No obstante, la mayoría de las democracias de la región han respondido a esos desafíos e impasses políticos a través de los mecanismos institucionales vigentes o con reformas que buscan viabilizar salidas a la conflictividad política y social.

Esos desafíos han sido analizados, muchas veces, como riesgos a la democracia o, inclusive, como indicios de ruptura del sistema. Sin embargo, a pesar de la reducción de su calidad en ciertos casos, la democracia ha sido resiliente y ha encontrado formas de contornar los obstáculos que se le presentan, sin caer en las rupturas institucionales otrora tan presentes en la región.

Elecciones confiables y reforma constitucional

A pesar de los estallidos sociales que afectaron a varios países en 2019, en todos estos el descontento de la ciudadanía fue finalmente canalizando por la vía legal, con la persistencia de las elecciones para la designación de los gobernantes y demás representantes políticos.

En Ecuador, dos años después de la violenta explosión social contra polémicas e impopulares medidas del ex-presidente Lenín Moreno, un proceso electoral transparente y ejemplar posibilitó una alternancia política pacífica.

Fue también a través de elecciones confiables que Bolivia reencontró la legitimidad democrática que puso fin al proceso de deterioro institucionalque había comenzado con la inconstitucional tercera candidatura del ex-presidente Evo Morales, seguida del estallido social de 2019—a raíz de un confuso escrutinio electoral—, la renuncia de Morales y una polémica sucesión presidencial. 

En Chile, donde las protestas fueron más intensas y prolongadas, la movilización ciudadana impuso una reforma constitucional a través de la elección de una asamblea constituyente, algo que no estaba en los planes de los dirigentes políticos. La aceptación de esta demanda por parte de todo el sistema político, y su rápida implementación, reforzaron la vía de la legalidad institucional como la opción para encontrar una salida a la crisis política y social que atraviesa el país.

El impeachmentcomo mecanismo de resolución de conflictos

Así como los levantamientos populares, los procesos de destitución de presidentes son indicadores de crisis políticas relevantes y su reiteración en algunos países su suscitó preocupación. Sin embargo, estos procesos han tendido a funcionar más como una vía institucional de resolución de conflictos que como un factor de crisis.

Aunque los regímenes presidencialistas presuponen un mandato fijo del jefe del Ejecutivo, en algunas situaciones, ya sea por falta de apoyo legislativo, popular o, principalmente, por ausencia de ambos, los presidentes pueden ser desafiados con un pedido de destitución. Las normas constitucionales no siempre delimitan de forma específica el tipo de delito que se puede imputar, dejando margen para la apertura de un proceso de destitución cuando surgen conflictos entre los poderes del Estado, especialmente si la oposición cuenta con mayoría legislativa y el presidente con muy baja popularidad.

En la práctica este procedimiento ha funcionado como el voto de censura de los regímenes parlamentaristas, cuando el primer ministro ya no cuenta con apoyo legislativo, aunque formalmente tal mecanismo no existe en regímenes presidencialistas.

Como se trata de un juicio esencialmente político —quienes votan por la culpabilidad o absolución del presidente son los senadores y/o diputados— la decisión depende, de hecho, del apoyo legislativo al presidente. Por lo tanto, los impeachments, más que «golpes parlamentarios», como a veces se los ha caracterizado, son la respuesta del sistema político a presidentes que no logran alcanzar, o mantener, una base legislativa y/o apoyo popular suficiente para enfrentar acusaciones de ilegalidad, como sucedió con los presidentes Kuszinsky y Vizcarra en Perú y con Rousseff en Brasil.

Sin embargo, cuando la destitución no contó con apoyo popular significativo, como en el caso de Vizcarra, en Perú, hubo una fuerte reacción de parte de la población, ampliando la crisis, que forzó la dimisión del sucesor designado por el Legislativo para completar el mandato presidencial, siendo necesaria una nueva designación.

La cooptación de las instituciones del Estado y la presión militar

No obstante la capacidad de resiliencia de la democracia, importantes desafíos continúan presentes, especialmente en condiciones de alta polarización política. En algunos casos esos desafíos pueden adquirir dimensión de riesgo. La cooptación de las instituciones de control del Estado por parte de los gobiernos y la presión de los militares constituyen dos de esos casos.

Un ejemplo de cooptación de una institución del Estado por el gobierno es la reciente destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, por la Asamblea Legislativa, que cuenta con amplia mayoría del partido del presidente Bukele. Por otro lado, Nicaragua y Venezuela son dos ejemplos de cooptación consolidada de las instituciones del Estado por parte de sus respetivos gobiernos.

Indicadores del segundo de los desafíos mencionados -la injerencia o presión militar- fueron observados recientemente en Brasil y Perú. En este último país, una carta pública de militares retirados, llamando a desconocer un gobierno presidido por Pedro Castillo, enrareció más el complicado escenario político peruano, que en ese momento estaba aún sin definición del reñido resultado electoral.

En Brasil, las Fuerzas Armadas están en el centro del debate público, tanto por su amplia presencia en el gobierno de Bolsonaro, como por acusaciones de corrupción que afectan militares que integran el gobierno y por la posición corporativa que las Fuerzas Armadas han adoptado con el objetivo de intimidar al sistema político y proteger sus miembros.

En tiempos de creciente polarización política, los riesgos para la estabilidad democrática no están ausentes. Por el contrario, se han manifestado de diferentes formas. Pero la mayoría de las democracias latinoamericanas han mostrado, hasta el momento, su capacidad para responder a los importantes desafíos que vienen enfrentando. Para esa resiliencia han contribuido la participación de actores políticos y sociales y la capacidad de las instituciones de amortizar los conflictos -aunque no siempre de la forma ideal-, así como la propia continuidad democrática, pues, como varios estudios demuestran, cuanto mayor la cantidad de años en democracia, menor la probabilidad de ruptura institucional.

Soraia M. Vieira es cientista política. Profesora de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ). Sus líneas de investigación son partidos políticos, élites políticas y políticas públicas.

Foto de Liam Quinn no Foter.com

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Trump difuminó la línea entre fascismo y populismo

Federico Finchelstein
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Trump difuminó la línea entre fascismo y populismo

Una diferencia clave entre el populismo y el fascismo es que, para los populistas, los resultados electorales importan. En cambio, el fascismo implica un poder permanente, independientemente de las urnas. El populismo afirma la idea autoritaria de que una persona puede personificar plenamente al «pueblo» y a la nación, pero debe ser confirmada mediante procedimientos electorales.

Mientras que el fascismo se ha deleitado en la mentira, el populismo ha respetado la verdad de las urnas. Esto no significa que siempre promueva la democracia; de hecho, a menudo la manipula. Pero sigue obteniendo su poder, y depende, de la integridad del sistema electoral. Por eso, los líderes populistas han reconocido desde hace tiempo el valor de respetar los resultados electorales, aunque hayan salido perdiendo en el proceso democrático.

Pero esta distinción está empezando a desvanecerse y el presidente Trump ha sido un pionero para los autócratas mundiales. Al negar los resultados de las elecciones y promover la «gran mentira» del fraude electoral, Trump representa un punto de inflexión histórico en la política populista, permitiendo e inspirando a otros, al igual que los dictadores fascistas que le precedieron.

Perón y el peronismo

Perón fue el hombre fuerte de una junta militar que gobernó desde 1943 hasta 1946. A pesar de llegar al poder por la fuerza, en 1943, Perón fomentó y participó en las elecciones de 1946.

Tras la derrota mundial del fascismo al final de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, los golpes de estado y las dictaduras militares se habían vuelto tóxicos. Así que los antiguos fascistas y los militantes de las dictaduras intentaron recuperar el poder por la vía electoral democrática.

A principios de la posguerra, políticos como Perón comprendieron que las elecciones eran una fuente fundamental de legitimidad política. Se presentó con una candidatura populista que proponía una tercera vía más allá del capitalismo y el comunismo. Ganó las elecciones de 1946, convirtiéndose en el primer líder populista de la historia en llegar al poder.

El populismo peronista tomó prestados elementos del fascismo. Era profundamente antiliberal y creó un culto mesiánico al liderazgo de su conductor. Denunciaba a las élites gobernantes, impedía el periodismo independiente y fomentaba una profunda aversión al pluralismo y la tolerancia política. Pero Perón fue elegido popularmente y, por tanto, se diferenció de los fascistas.

Al igual que Perón, otros populistas latinoamericanos de países como Brasil, Venezuela y Bolivia llegaron al poder afirmando la legitimidad de los resultados electorales a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Mantener el poder dependía de ganar elecciones reales.

Perón, como sus homólogos populistas brasileños, venezolanos y bolivianos, era popular. Cuando fueron desalojados del poder, fue por medio de golpes de estado, no de elecciones, que sus movimientos siguieron ganando.

Líderes populistas más recientes, como Silvio Berlusconi en Italia o Hugo Chávez en Venezuela, mostraron el mismo patrón. Evitaron las reclamaciones infundadas de fraude porque apostaron sus grandiosas pretensiones de encarnar la voluntad popular en la idea democrática de que las elecciones representaban la voluntad del pueblo. Berlusconi perdió las elecciones en 1996 y 2006, mientras que Chávez perdió el referéndum constitucional venezolano de 2007 sobre la abolición de los límites del mandato presidencial. Ambos aceptaron los resultados a pesar de haber perdido por márgenes extremadamente estrechos. La situación es diferente con Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua que ya no tienen que ver con el populismo sino con un tipo de régimen dictatorial en el cual las elecciones no son reales y por lo tanto nunca pueden perderlas. La situación es diferente con los nuevos populistas de extrema derecha que pierden elecciones reales y mienten sobre los resultados.

Los fascistas de los años 30

Muchos perdedores autocráticos mienten para salir de una derrota electoral real o potencial. Por ejemplo, los fascistas de los años 30, como los nazis alemanes, no veían ningún valor en el sistema electoral y sólo lo utilizaban para reclamar legitimidad y liderazgo cuando les beneficiaba. Después, trabajaron para destruir la democracia desde dentro.

De hecho, los fascistas creían que las elecciones y el patriotismo eran esencialmente opuestos porque el verdadero líder no era necesariamente el que obtenía más votos. Como escribió Benito Mussolini en «Doctrina del Fascismo» en 1932, «El fascismo se opone, por tanto, a esa forma de democracia que equipara una nación a la mayoría, rebajándola al nivel del mayor número; pero es la forma más pura de democracia si se considera a la nación como debe ser desde el punto de vista de la calidad y no de la cantidad, como una idea, la más poderosa porque la más ética, la más coherente, la más verdadera, que se expresa en un pueblo como la conciencia y la voluntad de unos pocos, si no, en realidad, de uno solo».

Adolf Hitler estaba de acuerdo con esta lógica, pues consideraba que la propia democracia era un «fraude» porque los políticos justamente elegidos no podían representar la verdadera voluntad del pueblo, que sólo el nazismo, y el propio Hitler, personificaban. Hitler declaró en «Mein Kampf» que los nazis tenían «el derecho, pero también el deber, de subrayar con la mayor rigidez que cualquier intento de representar la idea popular fuera del Partido Laborista Alemán Nacional Socialista es inútil y, en la mayoría de los casos, fraudulento».

Cuando los regímenes fascistas de Italia y Alemania se convirtieron en dictaduras plenas, las elecciones dejaron de ser necesarias como fuente de legitimidad porque la voluntad del líder estaba ahora perpetuamente encarnada en el pueblo.

Esta situación no era sólo europea. En 1923, el fascista argentino Leopoldo Lugones equiparó los procedimientos electorales con la demagogia y afirmó que la dictadura era la respuesta al «electoralismo». La caída de la democracia argentina se produjo unos años después, en 1930, cuando el general José F. Uriburu dio un golpe militar. Uriburu pidió a Lugones que escribiera la proclama fundacional de su régimen. Críticas similares a los procedimientos electorales democráticos y la necesidad de anularlos fueron presentadas por los fascistas en todo el mundo, desde Brasil y China hasta España y México.

En resumen, el fascismo negaba la naturaleza misma de la democracia. Sus defensores afirmaban que los votos sólo eran legítimos cuando confirmaban mediante referéndum la voluntad autocrática de su líder. Los populistas, en cambio, han utilizado las elecciones para subrayar su propia naturaleza democrática incluso cuando avanzaban otras tendencias autoritarias.

La línea entre fascismo y populismo se difumina

Estas diferencias importan hoy cuando Trump, y otros, niegan la legitimidad electoral de sus oponentes. Jair Bolsonaro en Brasil, Benjamín Netanyahu en Israel y Keiko Fujimori en Perú utilizan falsedades para crear una realidad alternativa en la que puedan gobernar, sin procedimientos democráticos. Fujimori y populista israelí ya fracasaron en sus intentos pero Bolsonaro dijo recientemente que no aceptaría los resultados de las elecciones de 2022 a menos que se cambiara el sistema de votación y más tarde repitió sin pruebas que las elecciones podrían no ser «limpias» e incluso amenazó con no celebrarlas. 

Cuanto más sepamos sobre los intentos fascistas del pasado, más concientes seremos de las formas posfascistas y populistas del presente. Los llamamientos de Trump a la «reinstauración» basados en la legitimidad de un pasado falso, es decir, un mundo bizarro en el que «ganó» las elecciones, son formas flagrantes de fascismo que no pueden permitirse.

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Chile: entre el optimismo y el pánico

Fernando Alvarado
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Chile: entre el optimismo y el pánico

El día después de la elección primaria chilena del 18 de julio para elegir a dos candidatos presidenciales, uno de la izquierda y otro de la derecha, la bolsa de valores tuvo una subida de casi dos puntos. Por primera vez en meses el mercado respiraba con la derrota del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, ante el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric. Sin embargo, días después el presidente de la Bolsa de Valores de Santiago afirmaría que “en el discurso del candidato Boric hay una serie de peligros”.

Chile está cambiando y esto no solo afectará al sistema financiero. El país admirado por su estabilidad institucional y las políticas públicas implementadas durante las últimas tres décadas se ha transformando en un país donde gran parte de la ciudadanía quiere reformar profundamente el modelo de desarrollo. “No son 30 pesos, son 30 años” decía una señora cuando le preguntaban sobre las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019.

El país sudamericano se encuentra ante un punto de inflexión que muy probablemente le llevará a cambiar la estrategia de desarrollo y a remplazar los principales aspectos heredados de la dictadura militar: la Constitución política y el modelo económico basado en un estado subsidiario. Tras el estallido social, el camino hacia esta transformación ha estado marcado por tres procesos institucionales.

Cuestionamientos al modelo, estallido social y procesos electorales

Chile logró generar un modelo de desarrollo con luces y sombras. Si bien la pobreza fue reducida del 45% en 1989 a menos de 15% dos décadas después y hubo un fuerte crecimiento de la economía, en especial en las primeras décadas desde el retorno a la democracia, el incumplimiento de las expectativas de gran parte de la población disparó el cuestionamiento del modelo. Esto se manifestó en un aumento nunca antes visto de la conflictividad entre ricos y pobres como lo reflejan estudios de opinión como la Encuesta Bicentenario UC de 2019.

En este contexto y tras el estallido social, el primer proceso institucional en este sentido fue el plebiscito del 25 de octubre pasado, en el cual 78% de la población aprobó crear una nueva Carta Magna. Se aprobó además que la composición de la constituyente encargada de redactar la nueva constitución no incluiría a parlamentarios, en un claro rechazo a las tradicionales elites políticas.  

El segundo proceso institucional fue la elección de la asamblea constituyente de mediados de mayo pasado donde fueron elegidos numerosos candidatos independientes —alejados de los partidos tradicionales— que buscan implementar reformas estructurales en el país. De hecho, en torno a la mitad de los constituyentes, de un total de 155, buscan implementar cambios profundos o incluso radicales.

Ante el desastre electoral para el oficialismo, el presidente Piñera declaró públicamente que la ciudadanía había enviado un claro mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: “no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía». 

La reciente elección primaria del 18 de julio fue el último proceso institucional en este sentido, donde más de 3 millones de personas eligieron a dos candidatos jóvenes y sin militancia en partidos tradicionales para competir por la presidencia el próximo 21 de noviembre. En la izquierda ganó Gabriel Boric, el representante de la alianza “Apruebo dignidad” nacida en enero del 2021 y que agrupó a numerosos movimientos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Mientras que por la derecha, fue escogido para competir por la presidencia el candidato independiente sin afiliación partidaria, Sebastián Sichel de “Chile Vamos”

¿ Chile sufrirá cambios estructurales?

Todo indica que si, que es el camino más probable. Uno de los cambios podría ser el sistema de gobierno. Algunos hablan de adoptar el parlamentarismo, otros de un posible semi-presidencialismo a la francesa, mientras que de acuerdo encuestas del Programa de Estudios Sociales de la Pontificia U. Católica de Valparaíso, un porcentaje importante prefiere continuar con presidencialismo, pero con mayor poder del parlamento.

También podrían cambiar el modelo de desarrollo y pasar de un Estado subsidiario, donde el Estado no asume actividades que en teoría son desarrolladas adecuadamente por los particulares, a una variante de Estado de Bienestar a la chilena. La sumatoria de estas transformaciones provocaría, a su vez, cambios en la política exterior y la inserción de Chile en el mundo.

Chile pasó de elegir hace unos años a Sebastián Piñera como presidente, a ser un país en el que la ciudadanía exigen mayor presencia del Estado, un desarrollo más sustentable y más derechos sociales. Pero estas exigencias a su vez acarrean un nuevo y enorme desafío: ¿cómo se financiará este “Estado de bienestar”?

Más allá de los cuestionamientos, para muchos analistas Chile despierta un gran optimismo y esperanza, y es un ejemplo de democracia donde los cambios son encauzados a través de mecanismos institucionales. Para otros, este quiebre representa el fin de la estabilidad y diluye la posibilidad de convertir a Chile en un país del primer mundo. Solo el tiempo dirá si Chile vuelve a convertirse en un modelo institucional para el mundo.

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AMLO y la militarización de México

Carlos Barrachina
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AMLO y la militarización de México

A pesar de que México cuenta con la generación de profesionales más preparada de la historia del país, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la sociedad mexicana confían en sus capacidades, y han “congelado” a una administración pública que requiere de renovación. En su lugar, el gobierno ha optado por recurrir a las Fuerzas Armadas para desarrollar un sin número de funciones.

La corrupción, el autoritarismo tradicional, la falta de voluntad política real para luchar por vivir en una sociedad con una mayor calidad democrática, el desánimo de la gente, y un militarismo socialmente arraigado, se encuentran detrás de la idea de relegar a la administración pública a un segundo plano.

No hay disposición para cambiar el sistema

En 2018 la sociedad estaba harta de la clase política tradicional. Ello fue terreno fértil para el arraigo de un mensaje que enfatizara “la esperanza de México”, y que pasó por lo que se denominó la “cuarta transformación” mexicana. Pero el discurso no se ha materializado porque ni la clase política, ni la propia sociedad tienen intención de cambiar la tradicional forma de conducir sus asuntos.

López Obrador utilizó el discurso, pero siempre supo que el principal enemigo de un político es el tiempo. La necesaria transformación de todo el sistema político es imposible de lograr en un sexenio, y el presidente optó por ser práctico, ponerse manos a la obra eimpulsar sus proyectos emblemáticos al costo que fuera. Desde el principio señaló con claridad que el aeropuerto de Santa Lucia, el tren Maya, que atraviesa de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y la refinería de Dos Bocas eran sus prioridades.

Desconfiando de unos y otros, el presidente recurrió a las fuerzas armadas, como el brazo de la administración pública más confiable. La sociedad no se inconformó porque también tiene la concepción de que los militares son los funcionarios más honrados y eficientes del gobierno, lo que muestra un militarismo socialmente arraigado.

A la actual administración le ha tocado vivir un momento especialmente complicado en el que el crimen organizado tiene en jaque, no sólo a México, sino a toda su área de influencia en el Caribe y Centroamérica, lo que ha llevado a que la inseguridad se haya disparado en los últimos treinta años en América Latina.

AMLO, heredó un país en el que la clase política fracasó en reformar los aparatos de seguridad, a pesar de destinar millonarios recursos. En ese contexto, el presidente, ha sido práctico y ha optado por postergar esa reforma, creando y consolidando la Guardia Nacional. A ello se suman las consecuencias de la pandemia que está condicionando la gobernabilidad y la economía en todos los países del mundo y afectando la esperanza de vida de muchísimas personas.

AMLO nunca pretendió transformar políticamente el país, sino completar una serie de proyectos que le permitieran ser recordado. Por ello, ha seleccionado a las fuerzas armadas como instrumento operador.

Preocupación con la creciente militarización de México

Por otra parte, la sociedad civil organizada y sectores académicos están preocupandos por la cada vez más frecuente presencia militar en diferentes actividades y han activado sus “alarmas”, señalando el riesgo de que se están “militarizando” diferentes esferas de la sociedad.

Preocupa especialmente la consolidación de la Guardia Nacional en asuntos de seguridad pública, pero también el aumento de misiones encomendadas a las fuerzas armadas. Inquieta tambien la autonomía militar y la posibilidad de que los militares se “emborrachen” de poder y se tienten en caer en actitudes pretorianas de abuso de poder.

Por otra parte, oficiales de las Fuerzas Armadas también empiezan a inquietarse por sentirse atacados en su profesionalidad. Perciben las críticas como provenientes de “enemigos”, mientras que la Secretaria de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina responden, como pueden, a las solicitudes del poder político. Para ello, requieren recursos y más personal, lo cual es comprendido por la sociedad, ya que es esta, a través de sus representantes, quien está demandando su intervención en la gestión de asuntos públicos que van más allá de la esfera militar.

El poder militar siempre ha sido más fuerte cuando el poder político y la administración pública han sido más débiles. La desconfianza de AMLO y de buena parte de sus votantes en la clase política tradicional y en la administración pública, sumado a su mentalidad militarista, es lo que está detrás de esta ampliación de misiones de las fuerzas armadas. Ello es preocupante porque debilita a la administración pública en diferentes sectores.

Esto no es culpa ni responsabilidad de las Fuerzas Armada. Es el reflejo de una dejación de funciones de las autoridades políticas y de la renuncia a gestionar sectores claves de la gobernabilidad de la convivencia democrática de la sociedad mexicana.

¿Son los militares más eficientes que otros profesionales? Es posible que su disciplina les haga más eficiente en ciertas misiones pero los integrantes de las Fuerzas Armadas son ciudadanos que comparten las mismas dificultades que el resto de la población.

La presencia de militares en la gestión de la seguridad pública ya es tradicional en México. Ojalá que esta nueva Guardia Nacional profesional y eficiente sea un éxito en el mediano plazo, para que sirva de plataforma para una verdadera reforma de las fuerzas de seguridad. Pero mientras ello no se logre las cifras de homicidios y delitos no podrán reducirse.

Foto de Eneas em Foter.com

El riesgo de una desintegración del MERCOSUR

Juan Gabriel Tokatlian
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El riesgo de una desintegración del MERCOSUR

Co-autor Bernabé Malacalza

Desintegrar, según la Real Academia de la Lengua Española, admite varias acepciones. Una de ellas significa destruir por completo; otra, perder cohesión y fortaleza. La noción de desintegración remite entonces a una pérdida y/o a una destrucción. Acá asumimos que la desintegración es, no solo la antítesis de la integración, sino que refleja el ocaso de un modo de diseñar y aplicar políticas comunes en una amplia gama de asuntos entre Estados vinculados en una comunidad política. En ese sentido, existe el peligro de que el MERCOSUR pudiera, eventualmente, desintegrarse y la responsabilidad mayor será de Argentina y Brasil.

Desde el comienzo de los procesos de democratización en los ochenta y antes del final de la Guerra Fría, ambos asumieron el mérito de una sociedad estratégica. Hoy, el gran producto sub-regional de ese compromiso bilateral, el MERCOSUR, pierde gravitación y es fuente de una creciente divergencia intra-grupo. Año a año aumentan, según la coyuntura nacional en cada país, los MERCO-escépticos, los MERCO-obstaculizadores y los MERCO-impugnadores. Simultáneamente se han acallado las voces de los MERCO-entusiastas, MERCO-pragmáticos y MERCO-comprometidos.

¿Por qué a pesar de los esfuerzos por crear organizaciones internacionales y los beneficios que estas generan los Estados las abandonan o destruyen? La internacionalista Mette Eilstrup-Sangiovanni realizó un estudio basado en el desempeño de 561 organizaciones intergubernamentales creadas entre 1815 y 2006, y llegó a una conclusión sorprendente: el índice de mortalidad ha sido relativamente alto, puesto que aproximadamente dos quintas partes dejaron de existir.

¿Qué lleva al fallecimiento de las organizaciones intergubernamentales? Existen dos tesis. Por un lado, se alude a que las muertes son causadas por cambios en los equilibrios de poder internacional y/o por shocks políticos y económicos externos que reducen la utilidad de los Estados, como fue el caso de la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia) fundada en 1985. Por otro lado, se sostiene que estas organizaciones son propensas a cesar por causas endógenas relacionadas con la fragilidad de su institucionalidad, la reducción de vínculos transnacionales entre los miembros y las divisiones ideológicas, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1969 bajo el nombre de Pacto Andino y en estado vegetativo desde 2006.

La actual crisis del MERCOSUR es, en parte, diferente y más compleja. De manera paulatina, se observa una confluencia de factores exógenos y endógenos que actúan como causas inhibidoras —y eventualmente destructoras— del proceso integrador. La encrucijada que enfrenta hoy el MERCOSUR se parece a una combinación de lo que sucedió con la SAARC y la CAN.

Según el internacionalista Stephen Walt, el fracasan o colapsan de estas sociedades se debe a aspectos estratégicos, de poder material y simbólico, políticos y socio-económicos. La SAARC no ha podido organizar una cumbre desde 2014. La última correspondía a Pakistán, pero con el aumento de tensiones tras los ataques terroristas en Bombay en 2016, India boicoteó los intentos de realizar tal cónclave. Llevan siete años sin reuniones y en ese lapso Pakistán consolidó una relación muy estrecha con China, mientras que la India fortaleció su acercamiento a Estados Unidos.

Algo semejante podría acontecer si, por ejemplo, en el escenario de disputa acentuada entre Estados Unidos y China, Argentina y/o Brasil optasen por plegarse a una y otra de las potencias. Así, las respectivas aquiescencias enterrarían el espíritu de convergencia estratégica de la Declaración de Foz de Iguazú de 1985 que selló la amistad entre la Argentina y Brasil.

El MERCOSUR atraviesa, además, el período de menor densidad de vínculos transnacionales económico-comerciales de su historia. Este declive de los intercambios intra-zona comenzó a consolidarse a partir de 2011 y fue acentuándose, de manera abrupta, a partir del avance de la demanda de productos primarios de China que, a la par, contribuyó a la aceleración de un proceso de primarización del bloque.

Frente a ello, los países del MERCOSUR no generaron nuevas condiciones para un re-despegue productivo basado en cadenas de valor agro-industriales o en proyectos conjuntos de diversificación productiva. Por el contrario, se fueron incrementando lentamente dinámicas unilaterales y creencias dogmáticas que desalentaron los lazos productivos.

¿Estamos ad portas de la desintegración?

Una primera lección es que las organizaciones internacionales pueden sucumbir por el estrés ambiental de un shock externo si no generan los suficientes anticuerpos y sus miembros se inclinan a responder afirmativamente a requerimientos de aquiescencia de grandes potencias, tal el caso mencionado de SAARC. Una segunda lección es el riesgo que supone la menor densidad de vínculos transnacionales, las insuficiencias de infraestructura física, la escasa disposición o capacidad innovadora y de inserción en cadenas regionales de valor de las empresas, y la fragilidad social derivada de la escasa participación ciudadana en proyectos conjuntos.

Es posible, como sostiene el internacionalista Andrew Moravcsik respecto a la Unión Europea, que incluso un colapso del euro no ponga en peligro la integración. Sin embargo, las repercusiones de tal evento indudablemente darían un impulso masivo a los movimientos anti-europeos. Finalmente, una tercera lección a subrayar es que las vacilaciones políticas que cada gobierno le otorga a la integración pueden erosionar la cohesión y, con ello, sentar las bases para una desintegración.

Según el sociologo y polítologo Karl Deutsch, un sistema está integrado si, en virtud de la cohesión entre sus miembros, puede afrontar tensiones y presiones, soportar desequilibrios y resistir divisiones. Un ejemplo es el fracaso de la Liga de las Naciones que llegó a tener un apogeo promisorio entre 1924-1929. Por razones particulares en cada país, los gobiernos y la opinión pública en los países occidentales vacilaron en otorgarle relevancia durante el período 1934-1938. El presidente Franklin D. Roosevelt, en un famoso discurso pronunciado en 1937, pedía “la cuarentena de los impugnadores”, pero ni las élites ni las sociedades lo respaldaron.

¿Hay consciencia en los países miembro —en especial, Argentina y Brasil— de lo que podría significar el fin del MERCOSUR?

Ya no se trata de adaptarse a las circunstancias para permitir la supervivencia de MERCOSUR, sino de la necesidad de un esfuerzo, principalmente de la Argentina y Brasil, de rescatar y reactivar el sentido estratégico de este acuerdo que cumple ahora 30 años de existencia. En este marco, resulta urgente, como complemento natural de lo que hagan los gobiernos de turno, estimular y desarrollar la diplomacia ciudadana para que asuma un rol complementario al del Estado.

En definitiva, es indispensable un amplio involucramiento de los ciudadanos —políticos, empresarios, trabajadores, ONGs, sindicalistas, académicos, científicos, comunicadores, artistas, mujeres, jóvenes, etc.— en una recuperación efectiva del ideal integracionista argentino-brasileño y en un relanzamiento franco de MERCOSUR.

Bernabé Malacalza esprofesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Torcuato Di Tella. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador en Temas Estratégicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Foto de Casa de América en Foter.com

La CELAC ante una nueva encrucijada

Detlef Nolte
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La CELAC ante una nueva encrucijada

Los presidentes de los estados miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) se reunirán en septiembre por primera vez desde 2017. La comunidad, que estuvo paralizada por casi tres años y estuvo en riesgo de sufrir la misma suerte que la UNASUR o convertirse en una “organización zombi”, resucitó cuando México asumió la presidencia pro tempore en enero de 2020. Pero el capital político recientemente acumulado podría agotarse rápidamente si la CELAC se convierte en un instrumento de las ambiciones políticas de México y Argentina. El gobierno argentino ya se ha declarado dispuesto a suceder a México y asumir la Presidencia pro tempore de la CELAC en 2022.

Cuando el gobierno de AMLO asumió el liderazgo, se propuso resucitar la CELAC concentrándose en temas de cooperación internacional y dejando de lado las diferencias políticas. La estrategia funcionó. La comunidad, impulsada por la pandemia, aprovechó, a diferencia de otras organizaciones regionales que no cumplieron con las expectativas, a actuar en un campo en el que no había estado activa hasta entonces.

La CELAC y las relaciones entre México y Argentina

Las relaciones entre México y Argentina, ambos con gobiernos de izquierda, se han estrechado desde la elección de Alberto Fernández. A mediados de junio, cuando la OEA condenó con amplia mayoría las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, ambos gobiernos se abstuvieron. Ambos gobiernos comparten, también, las críticas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuya reelección no pudieron evitar. Y a principios de junio, el canciller mexicano, Ebrard, calificó a Almagro como uno de los peores secretarios la historia de la OEA.

El gobierno mexicano aprovechó, además, una reunión de los cancilleres de CELAC en la Ciudad de México para lanzar un nuevo proyecto bolivariano. Parafraseando a Marx, parece que se podría decir que la historia se repite como farsa. El 24 de julio, con presencia de los cancilleres de CELAC el gobierno mexicano organizó un evento para conmemorar a Simón Bolívar, que no tiene nada que ver con la independencia de México, pero que ahora sirve para reclamar un liderazgo mexicano en el proceso de integración latinoamericano. En su afán, el gobierno mexicano olvide que los éxitos de su presidencia pro tempore se debieron al hecho de que se ignoraron deliberadamente temas políticamente controvertidos y dominó un enfoque de cooperar en áreas de política práctica.

El discurso del presidente mexicano en el acto conmemorativo ha producido burbujas de aire que podrían volver a paralizar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como ha sucedido previamente con tantos otros proyectos de integración regional. AMLO planteó la idea de sustituir la OEA, lo que es un tema políticamente controvertido y difícilmente encontrará consenso en América Latina.

Además, propuso “construir algo semejante a la Unión Europea”, lo que es otro ejemplo de un regionalismo puramente declaratorio. Para crear un proyecto comparable a la UE hace falta una sólida base económica, y el comercio intrarregional latinoamericano ha tocado fondo durante la pandemia.

Además, económicamente México está desconectado del resto de América Latina por lo que se necesita mucha fantasía para imaginarlo como el motor de un proyecto autónomo de integración latinoamericana. El TLC con EE.UU. y Canadá y la dependencia económica de EE.UU. imponen límites estrechos al espacio de maniobra económica de México. Y los límites de la independencia de Estados Unidos y de la solidaridad con los países latinoamericanos se hicieron evidentes cuando el gobierno de Trump obligó a México a limitar los flujos migratorios.

Los valores comunes de una comunidad

Además, los integrantes de la UE comparten ciertos valores como el compromiso con la protección de los derechos humanos y la democracia. En los casos de erosión de la democracia y del estado de derecho como es el caso de Polonia y Hungría, el resto de los integrantes ejercen presión para contener las tendencias autoritarias. En contraste, los líderes autoproclamados del nuevo proyecto de integración latinoamericano, Argentina y México, abogan por el silencio en el caso de violaciones a los derechos humanos y de normas democráticas con referencia a los principios de la no intervención y del respeto a la autodeterminación. El presidente mexicano incluso ve a Cuba, por su resistencia contra Estados Unidos, como “la nueva Numancia” y “patrimonio de la humanidad”, pero no menciona las protestas sociales y la represión policial.

Si uno es malicioso puede ver un significado simbólico en el hecho de que, antes de asumir los problemas en la tierra, los países miembros de la CELAC acordaron en primer lugar crear una Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Pero el enfoque adecuado debe basarse en intensificar la cooperación en temas técnicos, en el sector de salud, en las transformaciones científicas-tecnológicas y en medidas preventivas de desastres naturales y en la protección ambiental para mitigar el cambio climático.

Las ambiciones políticas de México y Argentina, como su aliado principal, han vuelto a poner en riesgo la reciente revitalización de la CELAC. Esto es más cierto cuando la revitalización de la cooperación regional va de la mano de un encubrimiento de las violaciones de derechos humanos en América Latina. Ambos países buscan perfilarse internacionalmente sin grandes esfuerzos para desviar la atención de los problemas domésticas, y en lugar de enfrentarse directamente a Estados Unidos, se esconden detrás del escudo protector de la CELAC.

De cara a la futura presidencia argentina pro tempore de CELAC es importante señalar que debería ser posible cooperar en cuestiones técnicas y criticar abiertamente las violaciones a los derechos humanos y a quienes se saltan las normas democráticas. Solo así los Estados de América Latina y el Caribe podrán convertirse en una comunidad de estados, como sugiere el nombre de la CELAC. Una comunidad presupone un consenso básico sobre valores comunes, no solo a nivel de declaraciones, sino también en la práctica.

Foto de Cancillería Argentina em Foter.com

¿El cosmopolitismo está en los márgenes?

Sofía Cavalcanti Zanforlin
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¿El cosmopolitismo está en los márgenes?

En la película «Bird City» de Netflix, dos hermanos nigerianos intentan resolver sus problemas personales en medio de trabajos temporales, comunidades de inmigrantes y viviendas improvisadas en la ciudad de São Paulo. Mientras que en la miniserie «September Mornings», de Amazon Prime y que transcurren en la misma ciudad, una mujer negra y trans que convive con inmigrantes nacionales e internacionales y realiza entregas a través de apps, descubre que es el padre de un niño que vive con su madre en un coche y vende lo que puede en los semáforos.

En tiempos de pandemia, en los que la circulación en las ciudades se vuelve limitada, estas dos producciones evidencian experiencias etnográficas donde el encuentro con la diferencia es posible también en las periferias de las ciudades. Los lugares despreciados por los capitales financieros y sus gentrificaciones son los lugares que desbordan vida y nuevas solidaridades.

¿Qué nos enseñan estas producciones sobre el cosmopolitismo?

En primer lugar, es importante entender el término. Cosmopolitismo significa cultivar la buena voluntad de las poblaciones locales y nacionales para que sean empáticas con los extranjeros, especialmente los más vulnerables, más allá de su grupo de identidad o distinción social.

Para la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum, el extranjero, emigrante o refugiado, se convierte en un bienvenido. Ya no como un extraño, sino como un maestro cosmopolita que enseña a la comunidad lo que es ser ciudadano del mundo.

Así, en la era de la conectividad global, el ethos cosmopolita debería convertirse en una necesidad moral. Con los medios de comunicación globalizados, las empresas y los gobiernos ya no pueden mantener en secreto las atrocidades y la ignorancia ya no es una coartada.

Migraciones y cosmopolitismo común

A partir del auge de las migraciones transnacionales y de la llamada crisis de los refugiados de 2015, el antropologo francés Michel Agier desarrolló la idea del cosmopolitismo común para pensar la experiencia global del encuentro cotidiano con el otro, o con quienes viven «situaciones de frontera».

El autor sostiene que lentamente se está formando una condición a partir del encuentro de las llamadas «vidas marginales». Para Agier, el mundo es globalizado e híbrido, y en él se comparten a diario las experiencias de lo desconocido e incierto, y esta condición nace en la frontera.

El informe «Tendencias Globales», publicado en 2021 por ACNUR, señala que 82,4 millones de personas han sido desplazadas por guerras y conflictos en el mundo. En Brasil, el número oficial de refugiados es de 57.099 personas, según el último informe «Refugio en números». Esto lleva a una mayor interconección entre personas ya sea en los lugares de trabajo, en los mercados, los barrios, las escuelas o en el transporte público.

Ante esta nueva realidad, cada vez son más los expertos que defienden la idea de un cosmopolitismo de lo cotidiano, de lo ordinario, que incluye a aquellos cuyas experiencias diarias se sitúan en la frontera, tanto geográfica como cultural, del Norte y del Sur global.

La diversidad ya no es una abstracción de un discurso que invita a una experiencia única, sino la vida cotidiana de las ciudades latinoamericanas. No sólo de las megalópolis como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires, sino también ciudades grandes y medianas como Recife, Medellín o Santiago de Chile.

Los centros de las ciudades con su maraña de tiendas, oficinas, viviendas, aceras, edificios abandonados y plazas, son el escenario donde se entremezclan acentos, lenguas, alimentos y productos, enredando el flujo de personas con el de mercancías, revelando un sistema de conexiones que tejen nuevas reglas en los márgenes del sistema.

De este modo, la experiencia contemporánea tiene lugar desde un cosmopolitismo fronterizo, marginal, periférico e intersecado por múltiples negociaciones de pertenencia identitaria, de origen étnico y racial, de nacionalidades, de lenguas, de géneros, de clases, pero con un panorama común: la lucha diaria contra la precariedad de los que están en los márgenes.

La idea del geógrafo brasileño Milton Santos sobre la noción de «espacio banal, espacio de toda la gente» es fundamental ya que el espacio del acontecimiento banal donde interactuan los acores incluye lo que Santos llama las «fuerzas centrípetas» que provocan simultaneamente agregación y cohesión. Estos son también los lugares donde escribimos nuestras historias de comunión cotidiana.

Para Milton Santos, la reinvención tiene lugar a través de los pobres que actúan y resignifican el espacio de la ciudad, creando nuevos significados entre lo global y lo local a través de la hibridación de los signos. Podría señalar aquí la Praça da República, en São Paulo, los alrededores de la Avenida Conde da Boa Vista, en Recife, o la Feria de la Salada en las afueras de Buenos Aires como algunos de estos lugares.

Cosmopolitismo desde abajo

Volviendo a las dos producciones audiovisuales, la noción de cosmopolitismo adquiere allí diferentes interpretaciones. No está desconectado de sus raíces griegas, de los estoicos, que señalan a Odiseo, el héroe viajero interesado en la humanidad. Ni de su conexión con los hábitos de consumo de una élite globalizada. Pero en el siglo XXI, también empieza a incorporarse la noción de un cosmopolitismo desde abajo, llevado a cabo por los que están en los márgenes de la sociedad elitista.

Celebremos el cosmopolitismo de los márgenes, de la interseccionalidad de las periferias del mundo, de la mezcla diaria de los flujos transnacionales. Como ethos de la ciudadanía mundial, el cosmopolitismo puede describirse como un intento intelectual de comprender el denominador común —la humanida— disperso en un mundo de caos y diversidad cultural. La pregunta que queda es: ¿comparten estos sujetos una conciencia cosmopolita?

Foto de Gustavo Minas no Foter.com

El conflictivo Bicentenario del Perú

Álvaro Zapatel
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El conflictivo Bicentenario del Perú

El régimen democrático peruano entra al Bicentenario de la República en medio de la prueba de estrés más compleja registrada en los últimos 20 años. Así como ocurre con los pacientes cardíacos, los sistemas financieros o en una planta nuclear, las pruebas de estrés tienen como propósito medir el nivel de presión que cualquiera de estos puede soportar ante escenarios adversos. Lamentablemente, lo que debiera ser el camino entre el final de una etapa y el comienzo de otra se ha convertido en un tedioso tránsito infestado de baches que amenaza todavía con hacernos tropezar y caer al precipicio de la precariedad y el colapso institucional.

El 28 de julio, Pedro Castillo Terrones, profesor de escuela primaria y dirigente sindical de origen andino, se colocará la banda presidencial tras largos 43 días que han dividido al país en una amarga disputa que ha puesto en agenda la única propuesta de gobierno consistente durante toda la campaña del candidato de izquierdas: convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de reemplazar a la Constitución vigente, promulgada en 1993.

¿Hacia una nueva Constitución?

Los caminos hacia una nueva Constitución no están delimitados por la Carta Magna vigente, sino solamente las reformas parciales, que, de por sí, deben ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas por dos tercios de los votos en el Parlamento, es decir, 86 votos. En tal sentido, los malabares del presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, líder del Partido Perú Libre, tendrían que sostenerse en la movilización popular a través de una consulta popular o referéndum que condicione al Congreso a revisar la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.

El pasado 26 de julio se eligió a la Mesa Directiva del Congreso de la República para el ejercicio parlamentario 2021-2022. En principio se presentaron tres listas, una oficialista en alianza con dos agrupaciones políticas y una congresista no agrupada, y dos listas de oposición. En el Perú, país imaginado por Kafka, el absurdo es la norma, y por eso, la lista oficialista quedó fuera de la contienda por un craso error administrativo, ya que no son admisibles a elección las listas que cuenten con congresistas no agrupados. Por ello, las listas opositoras solicitaron la inadmisibilidad de la lista oficialista y, en votación a mano alzada, obtuvieron su primera victoria política al evitar la inscripción de la lista oficialista para la elección de Mesa Directiva.

Más allá de lo anecdótico, el incidente evidencia una fundamental desorganización y desconocimiento de la facción parlamentaria oficialista que siembra dudas sobre la capacidad de generar una corriente política organizada con el objetivo de promover una Asamblea Constituyente. Asimismo, la oposición adquiere una posición de ventaja que, utilizada irresponsablemente, puede llevar al país a escenarios de vacancia precipitada sin que se hayan consolidado argumentos de indubitable incapacidad moral.

En el mejor de los casos, el flamante gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre navegará en un contexto de severa crisis económica y sanitaria con la mira puesta en un proceso político que entrampará al país en discusiones bizantinas durante dos o tres años. En el peor de los casos, el conflicto entre el oficialismo y la oposición podría terminar en colisión, ya sea con la vacancia de Pedro Castillo o con una suerte de putsch irregular y potencialmente autoritario hacia una Asamblea Constituyente que no respete la vigente regulación constitucional sobre la materia. Lo ideal, aunque improbable, es que el presidente Castillo entienda la urgente necesidad por desenredar la sobrecogedora circunstancia que nos ha llevado a este colapso económico y a cerca de 200,000 muertos por el SARS-CoV2 y se aboque a ello con sentido del deber y visión de largo plazo.

El Bicentenario de Perú se vive con ánimo anticlimático y de pesar

Es penoso percibir en el ánimo colectivo la incertidumbre y desasosiego que han dejado como colofón estos 18 meses pandémicos y de crisis electoral. Quizá se repite, circularmente, el desamparo que los peruanos pudieron sentir en los albores de la República, allá por 1821, cuando se eligió perseguir ese sueño soberano que exige la capacidad de autogobierno.

No obstante, esta crisis puede ser también una nueva oportunidad. Esta puede ser la posibilidad de demostrar que, parafraseando al poeta César Moro, en el Perú no solo se cuecen habas, sino que, recordando al historiador Jorge Basadre, “problema es, en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad”.

Feliz Bicentenario, feliz 28 de julio.

Foto de braianreyna1 no Foter.com

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El fin del excepcionalismo cubano

Andrés Serbin
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El fin del excepcionalismo cubano

Desde hace más de seis décadas, la revolución cubana ha sido un referente para los movimientos de izquierda de todo el mundo y en especial para las izquierdas latinoamericanas. La imagen del David revolucionario enfrentando al Goliat del imperio nutrió las narrativas antiimperialistas, revolucionarias y bolivarianas de la región y los discursos de muchos dirigentes políticos. Con frecuencia, esta imagen del faro de la revolución y de la confrontación con los Estados Unidos prevaleció sobre otras miradas y otros análisis del proceso revolucionario en Cuba, contribuyendo a generar una percepción acerca de la excepcionalidad de la isla en relación a otras naciones del continente.

La Isla –así con mayúscula, como es percibida por los propios cubanos– exportó su revolución a otras latitudes y desarrolló una amplia proyección internacional que excedía su tamaño demográfico y territorial y su escala geopolítica. Hasta la implosión de la URSS, la alineación con el bloque socialista contribuyó al desarrollo de una cooperación y una asistencia externa que encubría las dificultades de un régimen político que se sustentaba en un modelo económico estatista y centralizado. Al desaparecer el apoyo soviético, sin embargo, se pusieron en evidencia las dificultades de supervivencia de este modelo, generalmente desdibujadas por una retórica antiimperialista que acusaba al embargo económico estadounidense de las fallas que pudiera acarrear. El eje de cualquier situación problemática por la que atravesara Cuba – el desabastecimiento, el fracaso de una mega-zafra, la emigración por cualquier medio-, parecía personificarse en su dificultosa y hostil relación con los Estados Unidos como causa y razón principal.

Por su parte, la carismática figura de Fidel y de los veteranos de la revolución, incluyendo a su hermano Raúl, encarnados en una élite político-militar que gobernaba el país, garantizaron que el modelo sobreviviera. Chávez y la asistencia petrolera venezolana contribuyeron a esta supervivencia al proveer de un nuevo apoyo económico a la revolución y a la élite gobernante desde la Venezuela bolivariana. Al punto de que Cuba pudo sustituir su rol de faro de la revolución armada por el amable rostro del “honest bróker” entre las guerrillas de Colombia y el gobierno colombiano.

Proceso de cambios

Sin embargo, empujados por la necesidad de introducir una serie de reformas en el modelo económico, al reemplazar Raúl a Fidel Castro en el poder, desde 2008 se comenzó a vislumbrar la posibilidad de que asomara un proceso de cambios. Sin asumir el carácter de “transición” –reminiscente de los cambios en Europa Oriental– ni de “reformas” –propios de los procesos de modernización en China y en Vietnam- ,el proceso avanzó con timidez mediante el desarrollo de la llamada estrategia de “actualización económica y social” anunciada desde 2011, reforzada por la distensión de la “normalización” de las relaciones con los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama y refrendada por dos sucesivos congresos del Partido Comunista Cubano (PCC), la aprobación de una nueva constitución en abril de 2019 referéndum mediante, y un conjunto de documentos que culminan en el lanzamiento de la “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” en julio de 2020 al inicio de la pandemia.

Sin embargo, como señalan algunos analistas, la última década se caracterizó por ser “una década de reformas incompletas” que no abordaron a fondo las reformas estructurales necesarias para adaptar el modelo a las nuevas condiciones nacionales e internacionales y a mantener los equilibrios sociales internos. La crisis venezolana alejó las posibilidades de apoyarse en un socio similar a la URSS en una fase previa; pese a que China y Rusia invirtieron y cooperaron, a diferentes escalas, con la isla, nunca alcanzaron el carácter de socio estratégico vital que reemplazara a la ayuda soviética, y la relación con los Estados Unidos naufragó -pese a la apertura de 2014- bajo las crecientes restricciones y presiones económicas de Trump que, hasta ahora, no han sido revertidas por Biden.

Las complejas circunstancias que impuso el entorno económico se reflejaron en la escasez de alimentos y de suministros médicos, el aumento del combustible y los cortes de electricidad, los bajos ingresos de la mayoría de la población y una dolarización de la economía que impusieron privaciones múltiples a los ciudadanos cubanos y se sumaron a una creciente represión a los opositores y disidentes políticos para finalmente dar lugar a los estallidos sociales del domingo pasado. Y al inmediato anuncio del presidente Diaz-Canel de llamar a “combatir” a los manifestantes y de convocar a los miembros del partido comunista para enfrentarlos, en un retorno a la retórica de la guerrilla revolucionaria.

Cualquier similitud –pese a la excepcionalidad del llamado modelo cubano– con las reacciones populares frente a elites deslegitimadas, incapaces de gestionar adecuadamente sus economías y de proveer bienes básicos a su población en el resto de la región, no es mera coincidencia. Más allá del brutal impacto de la pandemia, la “mala hora” de América Latina alcanza a todas las elites por igual, independientemente de su filiación política o ideológica, y los “modelos” de cualquier orientación hacen agua frente a la combinación de factores externos e internos que desatan la pandemia, la contracción económica y la fragilidad institucional. Y la excepcionalidad que la revolución otorgó a Cuba –por su modelo socialista y por su enfrentamiento con los Estados Unidos en su momento- parece no escapar a esta tendencia general.

*Texto publicado originalmente en La Nación, Argentina

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