Cada vez más migrantes extracontinentales en América Latina

Luisa Feline Freier
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Cada vez más migrantes extracontinentales en América Latina

Coautora Soledad Castillo Jara

La migración de personas provenientes de otros continentes —especialmente de África y Asia— pero también del Caribe es un fenómeno en aumento en América Latina. Y si bien en un primer momento la mayoría se dirige hacia Estados Unidos o Canadá, no son pocos los que se establecen en algún país latinoamericano ya sea por decisión propia, por necesidad ante el agotamiento de sus recursos o como consecuencia de un proceso de expulsión.

¿Por qué y cómo llegan los migrantes extracontinentales a América Latina?

La migración extracontinental en América Latina constituye un flujo mixto ya que dentro del mismo grupo convergen migrantes con motivaciones distintas. En algunos casos, sobre todo entre los emigrantes subsahariana y de Medio Oriente, las principales razones son la persecución y la violencia. Mientras que quienes salen de sus países por razones económicas o debido a desastres naturales provienen, sobre todo, de países del sur de Asia y Haití. Pero hay otras razones que motivan la migración extracontinental como la reunificación familiar.

La llegada a América Latina se explica principalmente por factores políticos, pues, geográficamente, Europa sería un destino más próximo. Pero durante la primera década del siglo XXI ocurrieron casi en paralelo dos fenómenos destacables: el incremento de las restricciones para la entrada en Europa y la flexibilización de los requisitos de ingreso en América Latina.

En particular, algunos países latinoamericanos con gobiernos de izquierda como Argentina bajo Néstor Kirchner (2003-2007), Ecuador bajo Rafael Correa (2007-2017) y Brasil bajo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) flexibilizaron sus políticas migratorias, y sobre todo de visados, e impulsaron un discurso oficial centrado en los derechos humanos de las personas migrantes. Estas medidas de apertura, si bien fueron temporales en la mayoría de los casos, resultaron atractivas para la población migrante extracontinental. Una vez establecidos, los flujos de personas de fuera de la región no pararon de aumentar.

Las rutas migratorias se desarrollan de sur a norte. Comienzan en América del Sur, donde los migrantes extracontinentales ingresan a través de países con requisitos de visado poco exigentes como Ecuador o Brasil. Y continúan hacia América Central a través del Tapón del Darién, una zona boscosa y de alto riesgo ubicada entre Colombia y Panamá. Si bien no existen estadísticas parecidas a las de las muertes de migrantes en el Mediterráneo, se estima que el Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, pues es una selva espesa, de geografía hostil y con presencia de grupos armados en la cual, además, se interrumpe el trayecto de la carretera Panamericana. Según UNICEF, en los últimos cinco años el número de niños cruzando el Darién se quintuplicó.

Finalmente, los migrantes ascienden a través de América Central y México con destino a Estados Unidos y Canadá. Este extenso y costoso trayecto a menudo se realiza con ayuda de contactos, ya sean traficantes u otros migrantes que conocen la ruta. Asimismo, es usual la alternancia entre medios de transporte terrestres y acuáticos como autobuses, automóviles particulares y botes o tramos recorridos a pie. Toda esta travesía puede durar varios meses o incluso años.

¿Qué desafíos enfrentan los migrantes?

A lo largo de la travesía, los migrantes se enfrentan a diversos desafíos como los naufragios, los problemas de salud causados por la exposición a condiciones climáticas extremas y las estafas por parte de los traficantes durante los múltiples traslados. Asimismo, el hacinamiento, la hostilidad de las autoridades estatales y el colapso de algunos servicios en las zonas de frontera contribuyen a complicar aún más la situación de los migrantes.

Como ejemplo, entre febrero y marzo de 2021, cientos de migrantes africanos y haitianos que huyeron de la crisis sanitaria y económica en Brasil quedaron varados en el Puente de la Integración, en la frontera entre Brasil y Perú. Durante varias semanas, tuvieron que enfrentar el hambre, condiciones inadecuadas de higiene, tratos hostiles por parte de la policía y la separación de algunas familias.

Mientras que a finales de julio de 2021, más de diez mil migrantes africanos, asiáticos y haitianos quedaron varados en la ciudad de Necoclí, al norte de Colombia, a la espera de poder tomar algún medio de transporte hacia Panamá. Ante el colapso de la ciudad, desbordada en su capacidad de alojamiento, servicios de agua y limpieza, el gobierno municipal declaró el estado de calamidad pública.   

La primera barrera que enfrentan los migrantes extracontinentales al llegar a los países de transito o de destino suele ser la regularización de su estadía. El cruce irregular de las fronteras a menudo les cierra las puertas de una regularización posterior. Y cuando optan por solicitar refugio, la tasa de respuestas favorables a sus solicitudes suele ser baja.

En Argentina, por ejemplo, los venezolanos, senegaleses, cubanos, haitianos y dominicanos se encuentran en los primeros lugares en cuanto al número de solicitudes de refugio. Sin embargo, entre 2016 y 2020, fueron aprobadas solo 10 de las 1.267 solicitudes de haitianos, 11 de las 885 solicitudes de cubanos y ninguna de las 705 solicitudes de dominicanos.

Las detenciones y expulsiones en América del Norte, son la última gran preocupación de los migrantes en su travesía. Camerún, la República Democrática del Congo y Eritrea fueron los tres principales países africanos cuyos nacionales fueron detenidos en México en 2018. Y durante los últimos cinco años, personas de más de ochenta países africanos y asiáticos fueron arrestadas en Estados Unidos luego de haber ingresado al país a través de México.

Además, las condiciones de vida en los centros de detención de México son sumamente cuestionables. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el hacinamiento, los malos tratos y la falta de atención médica. Un caso emblemático fue el fallecimiento del migrante haitiano Maxene Andre en la Estación Migratoria Siglo XXI; han pasado dos años de ello y su cuerpo aún no ha sido entregado a su familia ni se han esclarecido totalmente las circunstancias de su muerte.

Cuando finalmente los migrantes alcanzan su destino o deciden instalarse en algún país de tránsito, incluso en los casos en los cuales se logra la regularización migratoria, estos enfrentan barreras para su inserción laboral y social. Muchos terminan en empleos informales y estacionales como la venta ambulante en tiendas y en playas en Argentina, o con contratos temporales en fábricas de Brasil. Y como si fuera poco, deben afrontar las dificultades lingüísticas, en el caso de población no hispanohablante, y la discriminación racial en el caso de población afrodescendiente.

Como conclusión, hay que recalcar que este es un proceso relativamente poco estudiado y de difícil medición, dado que a menudo representa flujos migratorios mixtos e irregulares, sobre todo durante la pandemia de Covid-19. En este contexto, desde el punto de vista de las políticas públicas, es necesario comprender, no solo los desafíos que los migrantes extracontinentales enfrentan en sus procesos de tránsito, sino también al interior de los países receptores.

Soledad Castillo Jara es cientista política. Investigadora RENACYT (Grupo María Rostworowski – Nivel III). Pre docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autora de publicaciones académicas sobre movilidad humana, migración venezolana, y políticas migratorias en Perú y América Latina.

Guatemala capturada por una élite corrupta

Tomás Creelman
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Guatemala capturada por una élite corrupta

Para los guatemaltecos, el 2021 quedará marcado por el recrudecimiento del desgobierno, la corrupción y el afianzamiento de la cooptación de todas las instituciones del Estado. El legado que dejaron las campañas ciudadanas de 2015 contra el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, se vio truncado tras la embestida del ahora ex presidente Jimmy Morales y su círculo de poder contra la CICIG y las instituciones que llevaban esta lucha.

La reversión del legado de la CICIG

Con la asunción de Alejandro Giammattei la situación no mejoró. El actual presidente fue electo en unos comicios en los cuales supuestamente se enfrentaban dos concepciones político-ideológicas, pero en realidad fue la disputa entre dos grupos con las mismas solapadas intenciones de convertir al Estado en su piñata personal.

A pesar del contexto negativo, las investigaciones dirigidas por la defenestrada y expulsada CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala), continuaron contra viento y marea bajo la dirección del fiscal Juan Francisco Sandoval, desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Pero con el tiempo, fueron perdiendo credibilidad debido a la descarada cooptación del Ministerio Público por el grupo político-empresarial que acompaña a Giammattei.

Fue así que el discurso de apoyo a la lucha contra la corrupción fue quedando, paulatinamente, en una mera perorata vacía de contenido y de intenciones, mediante una lucha soterrada contra la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), que le impedía avanzar. Especialmente, cuando las indagaciones de los fiscales y sus auxiliares se acercaban al presidente, a su grupo de íntimos y, sobre todo, a sus intereses non sanctos. 

Los acuerdos secretos del presidente

De acuerdo a declaraciones del ex fiscal Sandoval, quien se encuentra autoexiliado, la fiscal general Consuelo Porras entorpecía sus investigaciones mediante todas las formas imaginables, legales o no. Pero la gota que habría derramado el vaso, según expertos, habría sido la investigación alrededor de la llegada de dos aviones privados a Guatemala con matrículas de Rusia y de Kazajistán, que habrían trasladado al país empresarios de esos países para acordar “favores” mutuos con el mismísimo presidente Giammattei.

De acuerdo a fuentes que prefieren no revelar su identidad, la provisión de vacunas Sputnik V habría sido negociada en este contexto. Sin embargo, también se habrían negociado licencias de explotación y derechos mineros en el oriente del país, así como la concesión en uno de los principales puertos del país.

Irónicamente, serían contratos muy similares a los firmados durante la administración de Otto Pérez Molina que resultaron en investigaciones por el pago de coimas millonarias a través del ex secretario privado del depuesto y enjuiciado Pérez Molina.

El paro plurinacional

El malestar de muchos guatemaltecos, indignados por el despido del fiscal Juan Francisco Sandoval, así como por el mal manejo de la pandemia, hasta el momento es visible principalmente en publicaciones de redes sociales y desde organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, el rol de los pueblos originarios ha ido creciendo hasta desembocar en el llamado Paro Plurinacional del pasado 29 de julio.

La movilización de más de 200,000 personas que provocó unos 90 bloqueos, fue liderada por la agrupación indígena 48 Cantones de Totonicapán. En tanto que su secretario general, Martín Toc, de 35 años, empieza, según dirigentes sociales guatemaltecos, a perfilarse como referente dentro de los movimientos de bases.

Hasta el momento, quienes no han planteado una postura clara son las cámaras que aglutinan al sector empresarial y que juegan un papel importante dentro de la economía guatemalteca. Algunos creen que están a la espera del devenir de los sucesos, en tanto otros estiman que guardarán el habitual silencio cómplice ante los desatinos de los políticos y funcionarios del Estado.

La ambigua posición de Washington

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se han emitido comentarios oficiales y oficiosos condenando el desconocimiento de la independencia de la Justicia en Guatemala. Sin embargo, por el momento, Washington no ha pasado a mayores.

Con la excusa de no poder actuar directamente en cuestiones internas de un Estado soberano, por ahora los actuales inquilinos de la Casa Blanca parecen sopesar hasta dónde presionar al único presidente del conflictivo Triángulo Norte que no les es esquivo. Mientras que el Departamento de Estado considera al salvadoreño Nayib Bukele como una piedra en el zapato y al hondureño Juan Orlando Hernández como un presidente de salida, Giammattei es el único de los mandatarios considerado como socio que le queda en la región.

El futuro inmediato

El pasado nueve de agosto se concretó otra jornada de protestas y se espera que las mismas prosigan. Pero es de esperar que la respuesta desde el gobierno nacional siga por la línea del atrincheramiento y los oídos sordos mientras consolidan sus intereses a través de todo tipo de corruptelas.

Además, es de esperar que el círculo del poder político-institucional se centre en eliminar la figura de Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, quien es visto como el único gran obstáculo para la concreción de los planes del grupo que cogobierna con Giammattei.

Nuevas convocatorias desde las organizaciones sociales podrían derivar en un mayor grado de inestabilidad. Pero por otro lado, esto también retrasaría aún más la llegada de las potenciales inversiones tan necesarios para superar la crisis económica agravada por la pandemia de la Covid-19.

Foto de Presidencia de Guatemala

La acción social de las mujeres y la rigidez gubernamental

Nelva Araúz Reyes
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La acción social de las mujeres y la rigidez gubernamental

Ante la profundización de las vulnerabilidades sociales durante la pandemia en América Latina y el Caribe, y frente a la falta de respuestas con enfoque de género, las mujeres han destacado por el papel social que han asumido para paliar la crisis. “Las mujeres resuelven la crisis más allá de las políticas públicas”, afirma una representante de una organización internacional con sede en Chile. Según ella, en diferentes ciudades las mujeres pobres se han autogestionado y han obtenido alimentos para cocinar y, ante la falta de recursos disponibles, ofrecer comida para otras mujeres pobres.

El caso no es único y no se limita a los alimentos. Sin la ayuda del Estado, las mujeres latinoamericanas han tenido que realizar acciones para ayudarse a sí mismas y a sus comunidades en cuestiones como la violencia de género, los ingresos básicos e incluso la asistencia en el uso de herramientas tecnológicas esenciales.

Esta es la conclusión de una investigación realizada en conjunto con el Dr. Javier Stanziola para el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). El objetivo era averiguar si los gobiernos de la región han respondido a las necesidades de las mujeres a través de políticas públicas con perspectiva de género y los factores institucionales (o reglas del juego) que han afectado los cambios en el proceso de elaboración de políticas.

Entre las reflexiones finales del estudio destaca que la pandemia, lejos de haberse convertido en una oportunidad para la innovación y el cambio, demostró un alto nivel de rigidez institucional en la mayoría de los países estudiados.

La acción social frente a la rigidez

En Colombia, una entrevistada de una organización sindical informó de los esfuerzos realizados para pedir al gobierno una renta básica equivalente al salario mínimo legal para siete millones de familias pobres. Y en Perú, las mujeres de una organización social se reunieron para pedir al gobierno que las capacite respecto al aumento de la violencia de género durante la cuarentena, con el objetivo de llevar las lecciones a la comunidad. Sin embargo, no hubo respuesta.

La formación de estas mujeres con fines de empoderamiento fue un factor común entre las entrevistadas. Un ejemplo es el de un movimiento social en la zona rural de Ecuador, en el que ellas mismas dirigían las escuelas de formación.

“Empezamos por una provincia, luego se abrió para el país (…) [y]) también se abrió a Latinoamérica”, relató una de ellas. Había “alrededor de 200 mujeres, eso es un capital semilla humano político y social en cada una de las provincias…(y) no se quedan con [los] conocimientos, sino que tienen que replicarlos en sus organizaciones, comunidades y también en sus familias”.

Por otro lado, hubo organizaciones que brindaron asistencia acerca del uso de herramientas tecnológicas que los gobiernos utilizaron para cobrar bonos o bolsas de comida. Sin embargo, determinados grupos de mujeres no contaban con conocimientos ni herramientas digitales ni tampoco estaban bancarizadas, como afirmó una entrevistada de una organización de trabajadoras sexuales de Argentina.

Autogestión alimentaria y económica

Además de las historias aquí presentadas, hubo relatos comunes sobre los esfuerzos para satisfacer las necesidades alimentarias del hogar, especialmente entre las mujeres de los sectores vulnerables. Una mujer de un movimiento social de El Salvador dijo que habían entregado 200 cestas de alimentos a mujeres rurales.

En la misma línea, una académica experta de Argentina reconocía que “durante la pandemia las que están en los clubes de barrio, en las organizaciones, generando alimentos para todo el mundo, armando raciones de comida son las mujeres, a veces más visibilizadas a veces menos visibilizadas…” 

Cabe destacar la actuación de las y los productores agrícolas, que utilizaron el trueque para satisfacer las necesidades alimentarias de regiones con diferentes características geográficas y productivas, complementando así los productos que necesitaban para su alimentación, mediante su propia autogestión.

Un ejemplo es el caso de las comunidades campesinas de Ecuador, que se organizaron e hicieron un trueque de alimentos. Una de las entrevistadas de un movimiento social de Ecuador, expresó que el trueque “Se hizo, pero no por medio del gobierno nacional, absolutamente esto fue una autogestión del sector campesino de aquí del Ecuador y con las organizaciones sociales ese fortalecimiento que hubo fue tenaz.  (…) Alrededor de 716 organizaciones se unieron durante esta pandemia”.

Esfuerzos con poco éxito y necesidad de políticas públicas con enfoque de género

Los relatos anteriores constituyen una de las dos etapas de la investigación cualitativa. La primera etapa consistió en una revisión de las medidas anunciadas por los gobiernos centrales de 21 países de América Latina y el Caribe al inicio de la pandemia. La segunda, en cambio, se basó en 27 entrevistas a informantes clave en 13 países entre septiembre de 2020 y abril de 2021.

Los esfuerzos políticos observados en los países con más medidas se deben a las plataformas existentes que respondían a determinadas necesidades de las mujeres. Esto ha permitido a los principales actores anunciar medidas, sin tener clara su eficacia. Aunque se ha posicionado un discurso institucional de integración de la perspectiva de género en los países, éste ha sido principalmente performativo. Falta un sentido efectivo de las necesidades diferenciadas de las mujeres y una incipiente transversalidad en el sector público.

El papel de las organizaciones sociales, especialmente las feministas, frente a las rigideces institucionales durante la pandemia surgió en la investigación. Aunque no era el tema del estudio, destacamos cómo estas organizaciones se enfrentaron a la rigidez a través de acciones de incidencia política para situar la agenda de las mujeres en la esfera de los gobiernos centrales.

A pesar de ello, estos esfuerzos han tenido poco éxito, en parte debido a la debilidad de los mecanismos de participación preexistentes antes de la pandemia y a sus escasos vínculos con el ámbito institucional.

En suma, el trabajo, el compromiso y la experiencia de las organizaciones sociales de mujeres, frente a la rigidez institucional, es de gran valor y puede ser útil a los actores centrales para mejorar su comprensión de las diversas realidades que enfrentan las mujeres, lo que generaría la formulación de políticas públicas con mayor consenso. 

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El crimen organizado pone de rodillas a México

Carlos Barrachina
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El crimen organizado pone de rodillas a México

Ni la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, ni el discurso centrado en la “prevención de los delitos” de Enrique Peña Nieto, ni el de “abrazos, no balazos” y distribución directa de recursos a los más pobres de Andrés Manuel López Obrador han dado resultados. Los homicidios, que en el gobierno de Calderón escalaron de forma dramática, y que tras una moderación en los primeros años de Peña Nieto volvieron a aumentar a partir del año 2016, llegaron en 2019, ya en la administración de AMLO, a un máximo histórico. Desde entonces, los homicidios se han mantenido en niveles semejantes.

La credibilidad del gobierno de México y la posibilidad de que se pueda impulsar una transformación de la forma de hacer política en el país están en riesgo por la incontrolable situación de violencia. Además, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no son confiables. En algunos casos debido a la intencionalidad política de los gobiernos estatales, en otros al miedo de las autoridades locales a las represalias del crimen organizado, especialmente en Tamaulipas y Veracruz, y también al alto número de desaparecidos encontrados en fosas clandestinas que no pueden ser cuantificados.

Los datos oficiales, sin embargo, muestran una geografía aproximada de la violencia homicida. Según las fuentes, los homicidios en México se encuentran actualmente entre los 32.000 y los 37.000 anuales, lo que representa más de 26 homicidios por cada cien mil habitantes. En 2020, las cinco entidades federativas con más asesinatos cada cien mil habitantes fueron Colima (76.2), Baja California (70.5), Quintana Roo (65), Chihuahua (62.1) y Guanajuato (59.9).

¿Qué explica la violencia incontrolable en México?

Hay dos razones fundamentales. La clase política ha renunciado a reformar el sistema nacional de seguridad pública, que implicaba transformar las policías estatales y locales, y contar con una estrategia clara de seguridad. Por otra parte, se está viviendo un recrudecimiento de la lucha de los diferentes grupos del crimen organizado.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se inició una política que reconocía la debilidad de las policías locales como el gran reto del sistema nacional de seguridad pública. Se diseñó una estrategia de profesionalización y se destinaron una gran cantidad de recursos económicos para lograr este objetivo. La reforma fracasó, tanto por la falta de compromiso de las diferentes autoridades como por el claro desvío de recursos económicos.

En la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto se abandonó esa estrategia que también permitía contar con militares retirados como directores de policías locales. A partir de entonces, se empezó a desplegar la policía militar en el territorio como apoyo a las municipales y estatales, organizándose operativos conjuntos.

Se aprobó, también, una ley de seguridad interior —posteriormente declarada inconstitucional— que autorizaba a los militares a participar en actividades de orden público. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se continuó con esta estrategia y se creó la Guardia Nacional, integrada principalmente por elementos militares.

La lucha del crimen organizado por las “plazas”

La violencia obedece al recrudecimiento de las luchas del crimen organizado por los territorios y las “plazas”. México es un país de consumo y de tránsito de diferentes tipos de drogas, pero además, los grupos del crimen organizado se dedican al “huachicoleo” (robo y comercialización de hidrocarburos), o la trata de personas (especialmente migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos).

Los centros turísticos del país, especialmente Acapulco (Guerrero), Cancún y la Rivera Maya (Quintana Roo), o Guanajuato son puntos importantes de consumo de drogas, que sumado al cobro de derecho de piso a negocios y el narcomenudeo han disparado las luchas por las plazas.

En Acapulco la violencia se incrementa y se reduce, dependiendo de la dinámica de la lucha entre los diferentes grupos del crimen organizado. En Quintana Roo, que además es un importante punto de ingreso de drogas al país, los homicidios empezaron a escalar de forma rápida desde el año 2017 y no se han detenido. Mientras que ciudades como Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, que fueron señalados entre 2016 y 2017 como las más violentas del mundo, han podido ser controladas.

Además del consumo de drogas, la lucha de los grupos por el robo de combustible, provocó que los enfrentamientos y las ejecuciones se incrementaran en Guanajuato. Y la llegada de fentanilo a los puertos del pacífico, especialmente en Manzanillo (Colima), ha provocado el reciente aumento de la actividad criminal en este territorio, y en Zacatecas, que es un punto central para su tránsito hacia los Estados Unidos.

Por otra parte, la violencia ha retomado intensidad en entidades fronterizas como Baja California y Chihuahua; y seguramente, a pesar de las cifras oficiales también lo ha hecho en Tamaulipas. Finalmente, en otros estados, en el que tradicionalmente los grupos del crimen organizado han tenido conflictos como en Michoacán, Sonora, y Sinaloa, vuelven a presentarse altas tasas de homicidios.

Para concluir, la falta de policías locales profesionales, una Guardia Nacional en formación y una política confusa de aproximación a la delincuencia (“abrazos y no balazos”), han provocado que los homicidios siguieran incrementándose en México, mientras el Estado no tiene capacidad de reacción ni de control sobre muchos territorios del país. Esto deja en claro que mientras desde el gobierno no se implementen reformas profundas en la estrategia de seguridad, dificilmente la violencia amainará.

La militarización del gobierno de Bolsonaro

Andrés del Río
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La militarización del gobierno de Bolsonaro

Coautora Juliana Cesário Alvim Gomes

Desde la promulgación de la Constitución brasileña en 1988, los restos autoritarios de la dictadura cívico-militar han sido motivo de crítica. Desde el mantenimiento del aparato de inteligencia consolidado en la época, hasta el uso de la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a los opositores. Además de la permanencia de la presencia militar en el aparato estatal y en el proceso de toma de decisiones políticas.

Con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia hay una seria profundización de este proceso. Sin necesidad de tanques -como la última vez- los militares han vuelto abiertamente y sin pudor a la mesa de decisiones, a los puestos bien remunerados y a los espacios que la redemocratización parecía negarles.

En este proceso, uno de los aspectos que llama la atención es la cooptación y el reparto corporativo de los cargos públicos civiles en la administración pública entre los militares en activo o en reserva.

A principios de 2019, Bolsonaro nombró como ministro de Defensa a un militar, el general Fernando Azevedo e Silva. De esa manera, rompió con la tradición de nombrar a un civil para este ministerio desde su creación en 1999.

En febrero de 2020, por primera vez desde la reanudación de la democracia, un general se puso al frente de la Casa Civil, sumándose a la ya ocupada Secretaría de Gobierno y al Gabinete de Seguridad Institucional. A finales de 2020, cerca de la mitad de los ministros del gobierno federal eran militares y había más de 6.157 militares en activo o de reserva trabajando en la administración pública.

Además de conferir acceso al poder político, estos cargos suelen contribuir a un importante aumento económico de los salarios de quienes los ocupan.

Un general a cargo de la Sanidad durante una pandemia

En este contexto, es representativo el caso del general Eduardo Pazuello, que siendo general militar en activo fue nombrado como ministro de Sanidad durante la pandemia de Covid-19, a pesar de no tener experiencia en el área. Con él, más de 20 militares ocuparon puestos clave en la cartera.

Durante su administración, el Ministerio de Sanidad se opuso a las medidas de confinamiento y al uso de mascarillas y fomentó la adopción de tratamientos inocuos y peligrosos, como la hidroxicloroquina.

Como han revelado las investigaciones del Congreso, se crearon numerosas barreras para la adquisición de vacunas y los datos de la pandemia, como el número de casos y muertes, «desaparecieron» del acceso público, ocultados a la sociedad por el Ministerio. Durante su gestión al frente de la cartera, se registraron en el país cerca de 260 mil muertes por Covid-19, además de tragedias como las 28 muertes por falta de oxígeno en Manaos.

Más allá de la desastrosa gestión, el caso del general Pazuello revela el alcance del corporativismo militar y su potencial para dejar impunes las ilegalidades más evidentes.

Poco después de dejar la cartera, con un nuevo cargo en la Secretaría General del Ejército y tras negar ante el Congreso Nacional las irregularidades en su gestión, Pazuello participó (sin mascarilla) en un acto político junto a Jair Bolsonaro. Todo ello a pesar de la prohibición de que «los militares en activo se manifiesten públicamente, sin estar autorizados, sobre asuntos de carácter político-partidista», tal y como establece el Reglamento Disciplinario del Ejército y el Estatuto Militar.

En vista de ello, el Ejército abrió un proceso administrativo para investigar su conducta. Aunque algunos militares criticaron públicamente la conducta del general, Pazuello no fue sancionado y el proceso fue archivado.

Algunos senadores lamentaron la decisión del ejército de no castigar al general y al ex ministro de Sanidad. Incluso ante tales reacciones, el Ejército brasileño no sólo no castigó a Pazuello, sino que estableció un secreto de 100 años sobre el proceso relacionado con el episodio.

El caso Pazuello revela la importancia de reflexionar sobre el papel y la responsabilidad de los militares en la esfera política. Sobre todo, en un contexto en el que cada vez más personas se implican en la vida política y en el que salen a la luz numerosas irregularidades, como las reveladas por la investigación sobre el Covid-19 del Senado.

Además de la prohibición de las manifestaciones políticas públicas, el Estatuto Militar prevé el pase de oficio a la reserva remunerada (retiro) cuando el militar «supere los dos años de separación, continuada o no, acumulada por el ejercicio de un cargo público o de un empleo público civil temporal, no electivo, incluida la administración indirecta».

Restringiendo esta hipótesis, Bolsonaro emitió en junio de 2021 un decreto que confiere carácter militar a los cargos y funciones «ejercidos por militares» en diversos órganos como el Tribunal Supremo (STF), la Procuraduría General de la República (AGU) y el Ministerio de Minas y Energía, e incluso empresas estatales. Con ello, permite, en la práctica, que los militares en activo permanezcan en estos puestos de forma indefinida, ampliando y agravando aún más el proceso de ocupación de los espacios administrativos y políticos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La necesaria regulación de las funciones de los militares

Como reacción a este proceso, han surgido iniciativas como la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 21/21, que prohíbe que los militares en activo ocupen cargos civiles en la administración pública, ya sea en el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal o los municipios.

La PEC determina que, para ejercer estos cargos civiles, un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar o del Cuerpo de Bomberos que tenga menos de diez años de servicio debe apartarse de la actividad. Si tiene más de diez años de servicio, pasará automáticamente a la situación de inactividad al tomar posesión del cargo.

Actualmente, la Constitución no aborda la presencia de militares en cargos civiles, aunque restringe su elegibilidad en términos similares (retirada de la carrera para los que tienen menos de diez años de servicio y paso a la reserva para los que tienen más), lo que demuestra su preocupación por la implicación política de los militares en activo, incluso como forma de salvaguardar a las propias Fuerzas Armadas. 

Esta preocupación no es infundada. La militarización del gobierno, de la administración pública y de la política amenaza la democracia y los propios derechos humanos, como demuestra la gestión militar de la pandemia de Covid-19 en Brasil.

Es imprescindible regular y restringir la participación de los militares en activo en los cargos y funciones civiles de la administración y el gobierno, so pena de naturalizar la subversión del papel de las Fuerzas Armadas y de hacer permanente e irreversible el daño al equilibrio de las relaciones cívico-militares causado por el gobierno más militarizado desde el fin de la dictadura militar.

Fuerzas Armadas y crisis política en América Latina

Gabriel Gaspar Tapia
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Fuerzas Armadas y crisis política en América Latina

Nicaragua inauguró en abril de 2018 una temporada de estallidos sociales en América Latina, a la cual le siguióe siguió Ecuador (octubre 2019), Bolivia (noviembre 2019), Colombia (un round en octubre 2019 y otro a mediados de 2021), Chile (octubre 2019 y meses siguientes), y Perú (noviembre 2020). Si bien se trata de movilizaciones diferenciadas en el origen, motivos y volumen, todas ellas desencadenaron agudas crisis políticas y de gobernabilidad.

En este escenario, cabe destacar el rol que han jugado las Fuerzas Armadas, donde, a diferencia de épocas pasadas, han optado por no involucrarse en la contingencia, ni aventurarse más allá del cumplimiento de su rol constitucional.

¿Estamos en presencia de una nueva doctrina institucional? ¿Han realizado las Fuerzas Armadas una lectura relativamente común de sus incursiones políticas en el pasado reciente? ¿Son indiferentes ante las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en algunos países?

Es difícil responder a estas interrogantes por dos razones: en primer lugar, las Fuerzas Armadas guardan prudente silencio ante la contingencia y en segundo término, se trata de procesos que están en pleno desarrollo.

Una advertencia final: se trata de analizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y no de las policías u otras fuerzas de orden, como Gendarmerías o Guardias Nacionales. Las Fuerzas Armadas constituyen el principal instrumento estratégico de un Estado, equipadas y entrenadas para la defensa, y no deben confundirse con las fuerzas de orden, mucho menos hablar de “los uniformados” para referirse indistintamente a estas instituciones.

Las máximas de la historia reciente

La historia contemporánea pareciera haber dejado varias lecciones al mundo castrense. Militares en retiro de diversos países coinciden en una apreciación: cuando las Fuerzas Armadas han intervenido en la coyuntura de un país, generalmente restablecen algún tipo de orden, pero muchas veces a elevados costos.  También, saben que una vez retornada la calma, se crean las llamadas Comisiones de Verdad, que por lo general terminan procesando al Alto Mando de la época y eximiendo de responsabilidad a los dirigentes políticos que ordenaron esa intervención. Al final, los presos son predominantemente los militares. 

Una enseñanza se va imponiendo: los problemas sociales y políticos no se resuelven con la fuerza, es responsabilidad del nivel político abrir caminos de entendimiento. Dado que el conducto regular establece que el nexo entre las Fuerzas Armadas y el poder político sea a través de los ministerios de defensa —o del diálogo directo con el presidente— la respuesta definitiva a cualquiera indagatoria, sólo se logrará cuando tengamos acceso a la desclasificación de esos diálogos.

¿Prudencia y moderación?

La misión primaria de toda Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional. A ella se agregan normalmente otras dos: la participación en Operaciones de Paz y la ayuda a la población en casos de desastres naturales.

El mantenimiento del orden público no es responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, corresponde a la autoridad política que para ello dispone de las fuerzas policiales. Por cierto, cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas ante emergencias internas está consagrado en la mayoría de las constituciones en los llamados “estados de excepción”, que involucra la suspensión transitoria de las garantías individuales. Ello solo es posible con el acuerdo del poder legislativo.

Pero, los hechos recientes muestran que en muchos casos la autoridad presidencial choca con el congreso; incluso, hay casos en que es la misma autoridad quien instruye a las Fuerzas Armadas tareas que van más allá de su misión.

¿Qué sucede cuando las fuerzas policiales son superadas? En teoría, el Ejecutivo debería declarar algún tipo de estado de excepción, con el aval del poder legislativo. ¿Y si no lo hace? ¿O si lo hace sin consultar al poder legislativo o judicial según sea el caso?  Hemos sido testigo de algunos casos, algo de esto se ha producido.

Además, la situación inicial puede agravarse cuando la protesta se degrada con elementos de vandalismo o con la amenaza de enfrentamientos armados entre civiles. Agreguemos que en América Latina las armas no escasean. En esas circunstancias, más de algún oficial se habrá preguntado cuánta destrucción debe soportarse hasta que el poder político construya una solución.

Si los problemas sociales y políticos no pueden resolverse con la fuerza y corresponde al nivel político construir la salida, la situación empeora cuando la autoridad diagnostica equivocadamente una crisis, como ocurrió cuando el presidente chileno, en la agitada primavera del 2019, denunció que Chile enfrentaba “una guerra”. Según un reportaje del portal Ex Ante, en esos agitados días el Ejército habría planificado evacuar al presidente de la Moneda, para ponerlo a salvo. Trasciende que se le habría sugerido la necesidad de buscar una salida política y eso explicaría porqué la derecha en Chile se allanó a la reforma constitucional. La crónica no ha sido desmentida.

En Ecuador, en el momento de mayor inestabilidad durante las protestas en Quito, el presidente de entonces, Lenin Moreno, tuvo que refugiarse en Guayaquil bajo protección militar. Por su parte, en Bolivia, en noviembre del 2019 y en medio de una grave polarización social donde cientos gritaban “Ahora si: ¡Guerra civil!” y con un gobierno que se desmoronaba, el Comandante en Jefe del Ejercito, general Kalimán, le sugirió al presidente Morales que renunciase. Antes lo habían hecho organizaciones políticas y sociales. ¿Sugerencia o golpe? Eso lo analiza hoy la justicia boliviana en medio de quejas de la actual oposición.

Lo que es evidente, es que en todos estos casos, si bien ha existido violencia y desgraciadamente numerosas bajas, ellas se han debido básicamente al accionar de fuerzas policiales o para policiales.

Cabe preguntarse entonces si las Fuerzas Armadas han privilegiado el mantenimiento del orden, pero por la vía de inducir al poder político a la construcción de una salida evitando su participación directa. De ser así estaríamos en presencia de un novedoso factor de estabilización.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

“En el largo plazo todos estaremos muertos”, quizás antes

Leonardo Stanley
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“En el largo plazo todos estaremos muertos”, quizás antes

“En el largo plazo todos estaremos muertos”, es seguramente la frase más reconocida del celebre economista J. M. Keynes, con la cual en 1923 quiso llamar la atención sobre la urgencia de abandonar el patrón oro y así evitar la depresión. Se necesitaban medidas en lo inmediato, el largo plazo no importaba. Pero las circunstancias cambian y los significados cambian. Desde inicios del 2020, fecha que bien podría definir el comienzo del nuevo milenio, la humanidad confronta otra crisis, esta vez provocada por una pandemia con efectos que repercuten más allá de lo económico. Sin embargo, los problemas asociados a toda crisis —desempleo, aumento de la pobreza, etc.— palidecen frente a las consecuencias que podría sufrir el mundo de aumentar la temperatura promedio global por encima de los 2.0 Cº.

Estaríamos pues, en presencia de nuevos problemas: un efecto dominó de vastas consecuencias. La incertidumbre es profunda ya que podríamos asistir a la irrupción de fenómenos imprevistos y disruptivos, con impactos de todo tipo. Y resultaría inútil mirar al pasado en búsqueda de respuestas, ya que los modelos tradicionales no nos servirían de guía.

Los fenómenos climáticos conllevan fuertes riesgos físicos con amplias repercusiones económicas. Aunque las explicaciones suenan innecesarias, pensemos en un empresario cuya planta se encuentra en una zona propensa a tornados o cualquier otro evento climático. Las consecuencias están a la vista: el deterioro o perdida de su bien de capital (stock) afectaría sus ventas (flujos).

En una perspectiva más amplia, los efectos del cambio climático resultan cada día más devastadores para las economías nacionales. Afecta las principales variables macro como el nivel de empleo, inversiones o balanza de pagos, influye sobre el sistema financiero —mayores riesgos, costos financieros, estabilidad— y también repercute sobre las finanzas públicas a través de los ingresos fiscales, la deuda o cotización de bonos soberanos.

Reducir el riesgo de las perdidas

Avanzar aceleradamente hacia la reducción del riesgo del cambio climático reduciría a su vez el riesgo por pérdidas. En el mediano plazo, esto se podría alcanzar a través de avances tecnológicos, reducción de costos de equipos renovables, implementación de reglas y normativas, y un consumo verde.

Avanzar en este sentido, sin embargo, aumenta el riesgo financiero asociado al problema de los activos varados: la pérdida de valor de los bienes intensivos en carbono. Obviamente, este tipo de situaciones también perjudica a las empresas, disminuye la rentabilidad de los productores carbono-intensivo a quienes les termina siendo más rentable producir a menor capacidad o directamente cerrar la planta.

La irrupción de este problema también repercute a nivel macroeconómico a través del empleo, las inversiones, el PBI y la balanza de pagos, afectando severamente a los países exportadores de petróleo y gas. Obviamente, una caída en las ventas externas afectaría las arcas publicas y la estabilidad del sistema financiero.

De forma creciente, los inversores ya consideran estos riesgos que están internalizadas en sus decisiones. De la misma manera, los políticos deberían tenerlos en cuenta, pues ponen en peligro la estabilidad macroeconómica de los países, tanto como cualquier posibilidad de desarrollo futuro. Y si no se consideran los riesgos macro-financieros que conlleva la transición y el proceso termina siendo impuesto por los principales socios comerciales, las pérdidas pueden ser aún mayores.

América Latina y la explotación de recursos naturales

América Latina sigue un modelo de inserción global basado en la explotación de los recursos naturales, siendo la explotación petrolera una de las industrias claves de varios países. No importa la orientación política, tampoco quien se apropia de la renta o si se trata de gobiernos neoliberales o neo-desarrollistas ya que ambos apuestan a los fósiles como fuente de divisas. Ya sea Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador o Guyana, todos los gobiernos siguen apostando por los hidrocarburos.

Pese a las señales que surgen de los principales socios comerciales, los gobiernos siguen licitando áreas de exploración, ya sean offshore, como el caso de Argentina, o en el Amazonas como en el caso de Ecuador. Estas inversiones, cuya rentabilidad depende de los subsidios, perderán inexorablemente todo valor en un futuro no muy lejano. Y esta situación no está siendo considerada en las prospecciones macroeconómicas de los analistas.

Dicha inconsistencia impide a los gobernantes ver los graves problemas de balanza comercial que nos esperan, la crisis de empleo que surgirá entre aquellos que siguen apostando a la explotación petrolera o la necesidad de dilapidar recursos fiscales para paliar la crisis financiera que se avecina.

La amenaza del cambio climático otorga un nuevo significado a la frase de J. M. Keynes y obliga a observar la macroeconomía con otros lentes. La grave situación en la que nos encontramos debido a la pandemia, requiere fijar estrategias claras a fin de salir de la crisis, pero sin atarnos a objetivos que resulten contradictorios con los designios de la transición. Necesitamos actuar ahora, considerando las consecuencias futuras de nuestras acciones.

No se puede pensar una estrategia de recuperación sin considerar el objetivo de emisiones cero a mediano plazo. De no tenerlo en cuenta, empujaremos a nuestras sociedades a la extinción, y ya no en el largo plazo.

Foto de ANGELOUX no Foter.com

El semipresidencialismo en Brasil: una película repetida

Guilherme Simões Reis
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El semipresidencialismo en Brasil: una película repetida

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ha estado negociando una enmienda a la Constitución para que Brasil abandone el presidencialismo y adopte un sistema de gobierno semipresidencial. Tal medida es apoyada por políticos y juristas y serviría para complacer a la mayoría parlamentaria, reduciendo la presión para el posible proceso de impeachment de Jair Bolsonaro. Ya hemos visto esta película. Aunque el semipresidencialismo es un sistema de gobierno legítimo y cuenta con la defensa de diversos estudiosos, es necesario entender el contexto brasileño en el que diversos sectores tradicionales y clientelares de la política nacional llevan tiempo promoviéndolo de una manera específica.

La razón: en el semipresidencialismo, el presidente es elegido directamente, pero quien gobierna de hecho no es él, sino un primer ministro apoyado por la mayoría de los parlamentarios. De la misma manera que en el parlamentarismo puro (donde no hay voto popular para el presidente).

¿Cómo funciona el semipresidencialismo?

El grado de poder del presidente varía: en algunos países, como Francia, Rusia y las naciones africanas, su influencia es considerable o decisiva. En el modelo defendido por el presidente dela Cámara de Diputdos para Brasil, el presidente elegido por el pueblo tendría la capacidad de intervención política de una reina de Inglaterra.

En la actualidad, la disputa por la presidencia suele polarizarse entre un candidato de izquierdas y otro de derechas, y los demás partidos forman una coalición con el grupo ganador. Esta dinámica cambiaría si el gobierno dejara de depender de la carrera presidencial.

Tanto el parlamentarismo puro como el semipresidencialismo, cuando hay muchos partidos como en Brasil, tienden a las crisis de ingobernabilidad. Más grave que eso, para la preocupación de este texto: tales gobiernos se forman únicamente por negociación entre los parlamentarios, dejando a los electores y sus votos al margen de la decisión de quién es el primer ministro, es decir, el gobernante.

Esto agravaría la sensación de que el voto es inútil y que los representantes están alejados de la población. Los grupos políticos que han estado en todos los gobiernos, en el ministerio e influyendo en la política, podrían por fin dirigir directamente, nombrando al primer ministro. No necesitarían una candidatura presidencial que convenciera a la población. La estratagema es antigua. En Brasil, el semipresidencialismo/parlamentarismo se parece a esas películas de terror en las que el monstruo o el asesino en serie siempre vuelve.

El semipresidencialismo en la historia de Brasil

Es sabido que los militares, que hoy vuelven a incumplir su función constitucional al amenazar reiteradamente a las instituciones representativas, dieron un golpe de Estado en 1964, motivado por la histeria anticomunista. Sin embargo, se olvida que también violaron la democracia tres años antes.

En el período razonablemente democrático que se inició con el fin de la dictadura de Getúlio Vargas en 1945, el presidente y el vicepresidente fueron elegidos directamente por la población, pero en listas diferentes. Así, en 1960 se eligió como vicepresidente a un candidato no alineado con el votado para presidente. El conservador Jânio Quadros ganó con el discurso de «barrer» la corrupción, pero su vicepresidente sería João Goulart, un candidato de izquierdas que defendía reformas básicas. Quadros renunció a la presidencia en 1961 tras ocho meses en el cargo.

Como asociaban a Goulart con el comunismo, en la misma letanía neurótica de la Guerra Fría producida en Estados Unidos, los militares no querían permitir que asumiera el cargo. Sólo cedieron con una condición: que se cambiara el sistema de gobierno. Goulart asumiría el cargo de presidente, pero no bajo el sistema presidencialista.

Tancredo Neves, un político tradicional, se convirtió en primer ministro, mientras que Goulart no tendría los mismos poderes previstos cuando él y Quadros recibieron sus votos en las urnas. Esto suele tratarse como una leve inestabilidad, pero fue una evidente violación democrática: la adopción del semipresidencialismo tuvo la intención deliberada de debilitar al presidente y se produjo bajo amenaza militar. Llamémoslo «golpecito» de 1961 para diferenciarlo del golpe de 1964.

En 1963, la población decidió en un plebiscito si Brasil mantendría el sistema «parlamentario» (en realidad era semipresidencialista, ya que el presidente había sido elegido directamente). La respuesta fue rotunda: el 83% de los votos válidos dijeron NO al parlamentarismo. Descontentos con el regreso de Goulart a su legítimo papel, los militares iniciaron una dictadura.

En 1989, Brasil eligió directamente a un presidente por primera vez en 29 años. En el clima de la destitución de Fernando Collor, en 1992 se aprobó una enmienda a la Constitución para celebrar otro plebiscito en 1993 sobre el sistema de gobierno. Además de elegir entre el presidencialismo y el parlamentarismo, existía la insólita opción de volver a la monarquía, extinguida en 1889.

Hoy existe una ola reaccionaria en Brasil, con cierto apoyo al retorno anacrónico de la monarquía. Mientras que las experiencias de D. Pedro I y D. Pedro II son idealizadas, sus herederos ganan espacio para presentar sus posiciones en la «línea de sucesión» como si fuera relevante. Pero en 1993 la campaña monárquica en televisión no se tomó en serio. Su lema era «Vota al Rey» y argumentaba que los países ricos eran monárquicos: Inglaterra, Japón, Suecia… Incluso con el 69% de los votos válidos que rechazaron el parlamentarismo y el 87% que se opusieron al delirio monárquico, la cuestión no fue enterrada.

¿Quién defiende hoy el semipresidencialismo?

La defensa de un semipresidencialismo/parlamentarismo ganó fuerza durante los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula. Aunque existen diversas propuestas, la falta de perspectivas de victoria electoral de la derecha reforzó la idea de que no debe ser la población la que elija al jefe de gobierno.

Los argumentos suelen distorsionar las características de los sistemas de gobierno e idealizar el parlamentarismo. Incluso se llegó al falaz argumento de que el presidente sería débil en el semipresidencialismo sólo si su grupo político no era mayoritario. Es obvio que esto ocurriría, debido a la dispersión de los parlamentarios entre varios partidos y al hecho de que la izquierda ganó las elecciones presidenciales pero tuvo menos del 20% de los escaños parlamentarios.

La solución para desalojar a la izquierda del poder acabó siendo más drástica: el golpe de 2016, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff sin motivo legal alguno, y la prisión política de Lula, favorito para las siguientes elecciones. Ahora, con Lula nuevamente elegible y liderando las encuestas, con Bolsonaro en segundo lugar, sin que aparezca una candidatura viable de «tercera vía», vuelve el tema del semipresidencialismo, con un objetivo bastante peculiar en la defensa de su implementación en Brasil.

La democracia brasileña se ha debilitado por la falta de respeto a la voluntad de las urnas. La situación no mejorará alejando aún más a la población del centro de decisión política, como en esta película de semipresidencialismo. Tampoco con una mayor judicialización, con la coronación de tataranietos del antiguo emperador o con el autoritarismo militar. Brasil sólo volverá a tener días de esperanza, bienestar y prosperidad con más democracia.

Foto de Agência Brasil

La radicalidad discursiva de Evo Morales

José Orlando Peralta
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La radicalidad discursiva de Evo Morales

Evo Morales es un animal político que adolece de incontinencia verbal. Sus mensajes, ya sea a través de medios de comunicación tradicionales como la radio, por donde emite sus discursos políticos, o por redes sociales, como Twitter y Facebook, no dejan indiferente a nadie. A partir de esta radicalidad discursiva, —factores endógenos— Morales mantiene su vigencia en la esfera pública nacional, mientras que en la esfera internacional sus vínculos y los reconocimientos de algunas de sus políticas —factores exógenos— le permiten desplegar ideológicamente su discurso y mantener su influencia política.

Los factores exógenos

Empecemos por estos últimos. El reconocimiento del alcance económicos y los cambios constitucionales durante la gestión de Morales como presidente, son como vitaminas para su discurso, pues nutren su imagen pública internacional.

La elección de Pedro Castillo en Perú ha fortalecido en Sudamérica la corriente progresista representada por los expresidentes Rafael Correa y Evo Morales. De hecho, según Pedro Francke, portavoz económico de Castillo, “el país que más se asemeja al sistema económico que el nuevo gobierno pretende construir es Bolivia”. No es casual que Evo asistiera como invitado especial a su toma de posesión y participara en los actos protocolares ocupando lugares reservados para autoridades locales o jefes de Estado.

Por otro lado, la imagen de Morales también se ha visto impulsada a partir de la nueva Convención Constitucional en Chile. Bolivia es el gran ejemplo de construcción de un Estado plurinacionalidad, un tema que Chile, cuya Constitución no reconoce la existencia de pueblos originarios, tiene pendiente y que no fue abordado por ninguna de las tres Constituciones anteriores. “Cada día queda más claro que Chile se va a definir como un Estado plurinacional, como en su momento lo hizo Bolivia”, afirma el académico Javier Couso, de la Universidad Diego Portales de Chile.

Factores endógenos

Evo, como político de raza, necesita mantenerse vigente en el campo político y sentirse vivo luego de más de una década gobernando. Es un actor que sabe ser y hacer en el campo político y en ese marco, su radicalidad discursiva es una forma de retornar a sus orígenes para cobrar vigencia y presencia desde los márgenes del Estado. De esta manera, logra incidir en el proceso de las decisiones políticas del gobierno de Luis Arce, desde donde es considerado como el líder simbólico y perpetuo del denominado proceso de cambio.    

No obstante, desde la perspectiva del antagonismo, la recargada virulencia discursiva que encarna es sintomática de su malestar político permanente desde que renunció al cargo de presidente, tras la rebelión ciudadana de 2019 surgida de la desafección política acumulada por más de tres años de autoritarismo y negación de la alternancia en el poder.

En otras palabras, la polarización discursiva que azuza manifiesta su enemistad política con quienes categoriza como agentes de la derecha, imperialistas, separatistas, racistas y oligarcas. Este discurso es amplificado y estilizado por sus fieles escribanos, nacionales y extranjeros, para conservar su identidad política nacional-popular-indígena mediante la construcción constante de un enemigo público.

El poder judicial determinado por el poder político

La teoría del golpe de Estado es utilizado para justificar las acciones políticas del gobierno nacional (MAS) contra sus opositores y el principal trofeo de guerra es la detención de la expresidenta Jeanine Áñez. Un nuevo acápite ha sido el envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri a la agrupación “Alacrán” de la Gendarmería Nacional boliviana para reprimir las protestas sociales en contra del gobierno interino de Añez en noviembre del 2019.

Así, el golpe de Estado se ha convertido en un argumento político que determina la actuación de la justicia boliviana contra los opositores, criminalizándolos. Esto ha sido incorporado en el discurso de Morales, que además señala a actores extranjeros como colaboradores de sus enemigos políticos internos, lo cual fortalece su estrategia discursiva.

La polarización, sin embargo, ha sido espoleada recientemente por un problema históricamente irresuelto: la inequitativa distribución de la tierra. Aprovechando el interés público que concita la problemática, Morales acusó, nuevamente, al departamento de Santa Cruz de separatista pero con una connotación más punzante: golpista. El 3 de julio publicó un tuit donde señalaba que “la mal llamada cumbre de la tierra, organizada por grupos irregulares vinculados a sectores separatistas y golpistas de logias de Santa Cruz, busca enfrentamiento y derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos”, y en ese marco, la justicia “debe sancionar a sus financiadores y operadores”.

El discurso político-ideológico de Evo Morales, aupado por los factores mencionados, y que se enmarca bajo el criterio político de dividir el tablero entre amigos y enemigos, busca imponer el pensamiento único y debilitar el pluralismo político. “No habrá reconciliación con fascistas, racistas, salvo que entiendan que nuestra ideología y nuestro programa está bien para Bolivia”, afirmaba recientemente con el claro propósito de posicionarse como candidato a presidente para el próximo periodo.

A pesar de que su radicalidad discursiva no tiene nada de nuevo, llega donde otros no llegan como ser los sectores populares, colectivos de indígenas y campesinos, mientras que el centro político permanece debilitado. Sin embargo, lo más preocupante de la estrategia de Morales es que exacerbe la polarización social con el propósito de ganar una nuevas elecciones nacionales motivado por el revanchismo.

Los desequilibrios de poder en la salud global

Belén Herrero
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Los desequilibrios de poder en la salud global

Coautora Pía Riggirozzi

América Latina representa el 8% de la población mundial, concentra a uno de cada cinco de los contagios y alrededor de un tercio de los fallecidos por Covid-19 a nivel mundial. La mitad de estos casos se produjeron en Brasil, el tercer país con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos e India, y el segundo país con más fallecidos del planeta. Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay también engrosan las filas de los países con las mayores tasas de mortalidad del mundo. Sin embargo, solo el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra el coronavirus.

Lejos de producirse una distribución equitativa de las vacunas, las pocas disponibles fueron acaparadas por unos pocos países. De hecho, antes de la llegada efectiva de las vacunas, los países más ricos ya habían realizado compras anticipadas para asegurarse incluso más vacunas de las necesarias. Mientras Latinoamérica accedió por contrato, a vacunas para cubrir sólo a poco más de uno de cada diez habitantes y África a apenas dos, EE.UU y los países de las Unión Europea se aseguraron dos vacunas por habitante, y Canadá, más de cinco.

Ante esta situación, el Banco Mundial y el Fondo COVAX de la OMS anunciaron el pasado 26 de junio una estrategia de financiación para la distribución mundial de vacunas a fin de acelerar las entregas de dosis a países en desarrollo. Cabe preguntarse si estas estrategias pueden dar respuestas, mientras las vacunas siguen siendo un bien de mercado. Si hay algo que ha quedado claro, es que nadie estará a salvo hasta que el mundo entero esté a salvo, sobre todo ante la amenaza de las nuevas variantes de la enfermedad.

Un apartheid sanitario

Lo que sí ha quedado en evidencia es que la escasez de vacunas y su injusta distribución ha incrementado las inequidades y las desigualdades, promoviendo un apartheid sanitario. De hecho, al interior de América Latina, la región más desigual del mundo, también se observan grandes inequidades. Mientras que en Chile y Uruguay más del 70 % de la población ya ha recibido alguna dosis y en Argentina más del 50%, en Nicaragua menos del 4% y en Haití el 0,5%. En el global de la región, el ritmo es lento y la mayoría de los países depende de los vaivenes globales para recibir vacunas.

El acaparamiento exacerbado de vacunas por parte de los países ricos ha manifestado un nacionalismo inmunológico centrado en el interés nacional definido en términos de poder de producción y distribución. Esta dinámica redujo la disponibilidad de vacunas para los países del Sur y socavó el multilateralismo, afectando la cooperación y la solidaridad global. 

Ante esta situación, se lanzaron algunas iniciativas globales para ampliar el acceso a vacunas de los países en desarrollo como el mecanismo COVAX. La expectativa era que 92 países de ingresos medios y bajos tuvieran el mismo acceso que los países ricos, independientemente de su capacidad de pago. Sin embargo, se estima que el COVAX apenas podrá cumplir sus metas en un 20% el próximo junio.

Negociaciones individuales

Lejos de activar mecanismos de compras conjuntas, de negociaciones de precios o de lobby para mejorar las condiciones de acceso, lo que prevaleció en la región fueron acciones individuales y aisladas para acceder a vacunas. Se estableció una lógica divisoria donde a la capacidad de acaparar vacunas sin sanción internacional, se sumó el poder de los términos de intercambio de las grandes farmacéuticas. Como resultado, los países latinoamericanos se quedaron sin margen de maniobra mientras que sus sociedades absorbieron los efectos de la inequidad.

Además de las demoras y los incumplimientos de contratos, muchos fabricantes impusieron diferentes precios y condicionamientos. El laboratorio Pfizer, por ejemplo, solicitó a ciertos países  activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales, o la inclusión de clausulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación, como en el caso de Perú.

A pesar de esto, hubo una tibia respuesta para buscar intentar garantizar el acceso a vacunas. Una de las pocas iniciativas fue la impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que buscaba hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la Covid-19. Si bien, el Repositorio Libre de Recursos Técnicos fue apoyado por 37 países, finalmente no prosperó.

Otro ejemplo ha sido la solicitud de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. Unos cien países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido —total o parcialmente— a la propuesta conjunta de India y Sudáfrica. En América latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo y acompañaron la iniciativa, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador propusieron discutirla. Sin embargo, Brasil se ha posicionado detrás del grupo de países desarrollados.

Recientemente y frente a los sobrantes de vacunas en países desarrollados comenzaron las donaciones. En este escenario, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, pidió a los países del G7 priorizar América Latina. Sin embargo, dejar a los países de la región a merced de donaciones, créditos o del financiamiento externo para poder acceder a las vacunas está muy lejos de un compromiso real y multilateral para superar las barreras estructurales al acceso a vacunas y patentes.

Desarrollo local: ¿podrá iluminar el cambio?

Por otro lado, los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo. En este marco, Argentina, Brasil y México, los tres países con mayores capacidad de producción, han logrado cerrar acuerdos de transferencia de tecnología, a través de licencias de emergencia provistas por los laboratorios.

Cuba, por otro lado, ha sido el primer país de la región en contar con vacunas propias, mientras que Argentina, Brasil, México y Chile se han sumado a la búsqueda. Aun así, la persistente dependencia tecnológica en materia de medicamentos biológicos y biotecnológicos atenta contra la tan urgente y necesaria política regional que ayude a coordinar una mayor capacidad de producción local y regional.

En este escenario, la fragmentación de la región y el distanciamiento político de los países impidió aunar esfuerzos y avanzar de manera conjunta en el apoyo de estas iniciativas, para contribuir a posicionar a la región en el escenario global. No ha habido una coordinación regional, ni se ha generado ningún mecanismo de cooperación regional que permitiera revertir los desequilibrios de poder en la salud global. La región ha dejado pasar la oportunidad histórica de afrontar la pandemia de forma multilateral.

Pía Riggirozzi es profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton (Inglaterra). Doctora en Política y Relaciones Internacionales por la Univ. de Warwick. Máster en Relaciones Internacionales por la Uniersidad de Miami y FLACSO-Argentina.

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