Una región, todas las voces

El Brasil de Bolsonaro es campeón de la Libertadores

Dos equipos brasileños juegan la final de la Copa Libertadores en el Maracaná. El Palmeiras, el mayor campeón de los torneos nacionales, busca su segunda victoria en la Libertadores, y el Santos, bicampeón mundial con Pelé, intenta ganar el cuatricampeonato de la principal competición continental. Sus fans tienen motivos para celebrar, con las derrotas en la semifinal contra los argentinos River Plate y Boca Juniors. Sin embargo, algo siniestro está vinculado a esta decisión y al momento actual de Brasil, con Jair Bolsonaro imponiendo su agenda destructiva en Brasilia.

Como parte de su propaganda, el político apareció con la camiseta de decenas de clubes brasileños y es aliado de Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, el equipo más popular del país. Sin embargo, Bolsonaro es un fanático de Palmeiras. Incluso su nombre rinde homenaje al ex jugador Jair Rosa Pinto. Campeón brasileño en 2018, el Palmeiras dejó que Bolsonaro levantara el trofeo y posara en la foto oficial del equipo.

Esto ocurrió poco después de que el congresista con 28 años de carrera, miembro insignificante del Congreso Nacional dedicado a defender la dictadura militar, al igual que la matanza y la tortura que ésta emprendió, fuera elegido presidente. Casi 58 millones de brasileños consideraron razonable votar por alguien que dijo en la campaña que la izquierda debería ser enviada al lugar de ejecución de los presos políticos del régimen militar, ser fusilada, ir a la cárcel o exiliarse.

Bolsonaro y la pandemia

Brasil también tuvo la desgracia de sufrir la pandemia que asoló al mundo con Bolsonaro como presidente. Él la trata como una «gripecita» sin gravedad y anima a la población a no usar mascarilla, a no cambiar su rutina, a no mantenerse en aislamiento social, a utilizar medicamentos sin eficacia probada y a no vacunarse. En el país se han producido más de 210.000 muertes atribuidas al coronavirus, aparte de las víctimas mortales que no se hicieron la prueba.

Uno de los principales jugadores del Palmeiras, Felipe Melo, que siempre muestra su apoyo a Bolsonaro en Internet, participó con él en eventos oficiales. Ambos sin mascarilla, en medio a una multitud de personas. Bolsonaro llamó a quien lo criticó de «feroz fanático del virus, al que le gusta mucho el mimimi» («mimimi» es un término peyorativo que se utiliza para desautorizar críticas a posiciones prejuiciosas y políticamente incorrectas).

En un acto contra el aislamiento social en São Paulo, un grupo de hinchas del Palmeiras publicó fotos con las palabras «Dios, patria, familia y amigos. Odiamos gambá «. El mensaje remite al lema «Dios, patria y familia» del integralismo, un fuerte movimiento fascista brasileño de los años 30, que se ha ido rearticulando. «Gambá» es un apodo peyorativo de Corinthians, un rival de Palmeiras cuyos partidarios se manifestaron contra el bolsonarismo. Sin embargo, los aficionados del Palmeiras, insatisfechos con la asociación del club con el presidente, lanzaron el «Manifiesto de palmeirenses que apoyan a la democracia y a la ciencia y que repudian la mentira y la intolerancia».

Quien vio la victoria del Santos contra Boca Juniors, debe haber visto al entrenador Cuca celebrar los goles con una camiseta con la imagen de la Virgen. Su devoción no impidió que lo arrestaran por violar a una niña cuando aún era jugador del Gremio. En una gira del equipo por Europa en 1987, él y tres compañeros de equipo, Henrique, Fernando y Eduardo fueron detenidos en Suiza durante 28 días bajo los cargos de violar a Sandra Pfaffli, de sólo 13 años, en el hotel donde se alojaban. Pudieron regresar a Brasil gracias a un gran lobby de la diplomacia brasileña y de la FIFA. Fueron condenados en 1989: no encontraron pruebas de violencia física en el cuerpo del delito, pero la víctima era menor de 16 años. Nunca fueron extraditados ni cumplieron condena.

La complacencia de la prensa y la gente

En ese momento, las antropólogas Carmen Rial y Miriam Pillar Grossi comentaron en un artículo del periódico feminista Mulherio la complacencia de la prensa de Porto Alegre y de la población. Los columnistas culparon a la chica y consideraron la actitud de los violadores como un mero engaño. La madre de Fernando, uno de los cuatro acusados, argumentó que su hijo no tenía la culpa porque no era homosexual y «la chica fue allí a quitarse la ropa delante de ellos».

El ex jugador del Santos, el delantero Robinho, fue condenado a nueve años de prisión por los tribunales italianos por «violencia sexual en grupo». Él y sus amigos emborracharon a una chica albanesa para que no rechazara el acto sexual. En una grabación telefónica interceptada, Robinho se rió y dijo que no le importaba porque la mujer estaba borracha y ni siquiera sabía lo que estaba pasando. En octubre de 2020, la junta directiva del Santos pensó que era una buena idea traer de vuelta al ídolo condenado por violación colectiva. El contrato fue suspendido por una demanda de todos los patrocinadores del club.

La cultura de la violación relativiza la gravedad de la violencia sexual contra las mujeres. Esta cultura culpa a la mujer de ser violada y considera que los hombres tienen “necesidades naturales y comprensibles”, por lo que son estas quienes deben evitar tales situaciones.

La misoginia no se limita al acoso sexual. Bruno, ex arquero del Flamengo y del Atlético Mineiro, fue condenado a 22 años de prisión por el secuestro, asesinato y ocultamiento del cadáver (supuestamente troceado) de su ex amante Eliza Samudio, que le exigió el reconocimiento de la paternidad de su hijo. Cuatro clubes ya han contratado al feminicida después de su condena: Montes Claros, Boa Esporte, Poços de Caldas y Rio Branco. Nunca faltó el interés por sus autógrafos, y otros clubes también han tratado de contratarlo, como Operário, Tupi y Fluminense de Feira.

El Brasil que odia el feminismo

El Brasil que odia el feminismo, se burla de las víctimas de violación y apoya la jerarquía sexista de la sociedad, eligió a Bolsonaro. El entonces diputado, en un discurso en el club Hebraica de Río de Janeiro en 2017, bromeó diciendo sobre sus hijos: «Fueron cuatro hombres. En la quinta, flaqueé y tuve una mujer». Imaginen como alguien que se refiere así a su propia hija se comporta con otras mujeres.

No hay que imaginar: diversas veces Bolsonaro ha dicho públicamente sobre la diputada Maria do Rosário, del PT, defensora de los derechos humanos, que no la violó porque «no se lo merecía», por ser «muy fea». En 2015 fue condenado a pagarle una indemnización y a pedirle disculpas. No pasó nada más. De esta manera pudo completar su mandato parlamentario y luego ser elegido presidente de la República.

En el momento más brutal de la dictadura militar, en virtud de la Ley Institucional Nº 5, la selección brasileña fue tricampeona mundial en 1970. El triunfo fue usado para hacer propaganda y Pelé sirvió en misiones oficiales con pasaporte diplomático como divulgador del gobierno del General Médici.

Ahora, Palmeiras y Santos deciden la Copa Libertadores, jugada en las fases decisivas durante la pandemia y sin aficionados en las gradas. La prensa brasileña celebra la gran hazaña deportiva, mientras que Bolsonaro mantiene su popularidad a pesar de promover la destrucción de la economía, las instituciones y los derechos sociales. El eslogan de 1970 ya puede ser gritado por bocas sin mascarillas: «¡Adelante, Brasil!»


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Foto de RubenMendez em Foter.com / CC BY-NC-ND

Fronteras violentas en América del Sur en tiempos de Covid-19

El cierre de fronteras internacionales que tuvo lugar en buena parte del mundo para contener la pandemia de COVID-19 trajo aparejadas consecuencias económicas y sociales que afectaron de muy diversas formas a la población mundial. En este marco, mujeres, niñas y migrantes son los grupos más vulnerados y, por ende, los más expuestos a la inseguridad y la violencia criminal.

Si bien esta era una tendencia en alza, según los últimos informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNDOC), la llegada del COVID-19 produjo un incremento significativo de la trata de personas con fines de explotación sexual, así como también del tráfico de mujeres y niñas migrantes en toda la región.

En tiempos de emergencia sanitaria, la violencia fronteriza —militarización, inseguridad en zonas de cruce, o violencia de género— junto con la dinámica de captación interna y/o local, —perpetrada por bandas con distintos grados de complejidad organizativa— se constituyen como las manifestaciones más evidentes de la mercantilización humana por tráfico y trata. Esto ha sido alimentado, a su vez, por el agravamiento de una compleja crisis socio-económica pre-existente en la mayor parte de los países latinoamericanos.

Fronteras violentas en el Cono Sur

La violencia en sus diversas formas es un fenómeno estructural en América Latina. Con el 8% de la población mundial, la región es una de las más violentas del mundo, albergando a 41 de las 50 ciudades con tasas de homicidios más altos a nivel global. En este marco, las fronteras cumplen un rol clave en la violencia criminal, resultado en la mayoría de los casos de las interacciones del crimen organizado.

Debido a que se trata de espacios escasamente vigilados por los Estados, las regiones fronterizas son puntos neurálgicos para la violencia criminal. Allí, convergen diferentes tipos de delitos transnacionales como el narcotráfico o el contrabando de armas, fauna o personas, que suelen yuxtaponerse, generando distintas manifestaciones y grados de violencia.

De acuerdo con el Atlas de la Violencia (2018), América Latina cuenta con 36 fronteras y 155 cruces fronterizos, un 30% de los cuales tienen tasas de letalidad epidémicas. Varias de estas se concentran en América Central (Guatemala-Honduras, Guatemala-El Salvador y El Salvador-Honduras) y en algunos países sudamericanos, como las correspondientes entre Colombia y Venezuela, Bolivia y Brasil, Colombia y Ecuador, Venezuela y Brasil y Paraguay y Brasil.

En todos estos casos, la violencia fronteriza suele ser dirigida por el tráfico de drogas y la expansión de organizaciones criminales transnacionales. Estos a su vez, confluyen en las fronteras diversificando sus actividades lucrativas ilícitas por medio de otros delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes, especialmente de mujeres.

Algunas de las fronteras de América del Sur con mayor violencia criminal, incluida la venta de personas, mayoritariamente venezolanos, con destino a Trinidad y Tobago son el Delta Amaruco, el tráfico humano desde Zulia hasta Colombia, el paso Aguas Blancas-Bermejo en Argentina o Rumichaca en Colombia. Otros casos son la trata de mujeres en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay y las redes de traficantes de migrantes que conecta a las organizaciones criminales de Venezuela y Trinidad y Tobago con la connivencia policial y política de ambos países.

En este contexto, mujeres y niñas migrantes son las principales víctimas de abusos físicos, psicológicos y de violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, frente a este escenario, las políticas de gestión de frontera de los países involucrados suelen quedarse a mitad de camino, o son disfuncionales o incluso no existen.

La brecha sudamericana

La migración irregular a través de las fronteras internacionales es un fenómeno del que poco se sabe. De hecho, las estadísticas oficiales —basadas mayoritariamente en el número de llegadas y/o en los migrantes detenidos en frontera— son limitadas. Por su naturaleza y dinámica (rutas, perpetradores, modus operandi), este es muchas veces yuxtapuesto al delito de la trata de personas, cuando en realidad son fenómenos distintos, aunque relacionados.

Al escaso conocimiento, se suma que la mayor parte de los reportes suelen concentrarse en América Central y México, lo cual deja al resto de la región en un segundo plano. Por ello, el tráfico de migrantes en América del Sur es un fenómeno latente, pero muy poco conocido ya que no se conoce el tamaño real de la problemática o el nivel de letalidad que supone cruzar por rutas clandestinas. Ni siquiera conocemos fehacientemente esas rutas o los perfiles de las victimas y los facilitadores-perpetradores de la migración irregular. Por lo tanto, es necesario generar mayor conocimiento sobre el tráfico de migrantes en Sudamérica para definir políticas integrales que faciliten la cooperación en términos de seguridad fronteriza e intercambio de información, respetando, a su vez, los derechos humanos.

Foto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Foter.com / CC BY

Biden: la tarea de un buen perdedor

Lo que para Donald Trump era un insulto, para Joe Biden es un reconomiento: el nuevo presidente de Estados Unidos es el establishment en estado puro. No se recuerda otro caso similar de haber llegado a la presidencia con mejor preparación. Se ha pasado casi medio siglo “dentro del beltway”. Se trata del sector ocupado por el Distrito de Columbia, que reclama ser reconocido como estado, rodeado por una enorme autopista. Biden sería perfectamente aceptado como guardia de tráfico, sin pasar por el examen.

Pero al aposentarse en su escritorio del Despacho Oval, apenas abra las carpetas emborronadas por el anterior inquilino de la Casa Blanca, quedará horrorizado. La agenda que le espera es un desafío para el innato ritualismo del perenne senador de Delaware. Pero no se amilanará por la tarea.

Biden es un buen perdedor

Cuenta con una paradójica ventaja sobre su predecesor: Biden es un buen perdedor. No se recuerda un caso similar de entusiasmo en apostar por la presidencia, al haber sido rechazado en anteriores intentos de la cruel campaña para la nominación de su partido.

En la agenda interior, Biden deberá tratar de aclarar el estado actual de la sempiterna y elusiva identidad de Estados Unidos. Nunca desde el intento suicida de Huntington al aplicar su tesis del enfrentamiento de civilizaciones a la médula de la identidad estadounidense, nadie había propinado mejor que Trump semejante herida al alma americana.

Biden deberá corregir la duda de que para ser ciudadano de Estados Unidos solamente se necesita querer serlo. Trump lo puso peligrosamente en duda. Para comprobar ese dislate solamente se debe inspeccionar los datos de la inmensa mayoría de los asaltantes al Congreso. Esa impresión se verá replicada también por un retrato global de una mayoría incómoda de los más de 70 millones de votantes de Trump.

Estados Unidos no es un país

Estados Unidos, que es una idea, no un país, y menos un “country”, debe ser resucitado por Biden. Trump actuó como una especie de príncipe maléfico que besó a la bruja durmiente. Biden la devolverá al sueño eterno. Optará por rescatar del secuestro a la bella princesa que estuvo enmudecida cuatro años.   

Mientras testifica el resto del proceso de “impeachment”, Biden deberá garantizar la seguridad interior con un mensaje equilibrado de dureza ante cualquier violación de la ley. Dejar sin castigo un craso ejemplo de insurrección sería un error fatal.

Para enderezar de una vez por todas la naturaleza del tejido social, Biden hará bien en cumplir su proyecto de facilitar el paso a la residencia legal y a la ciudadanía para los millones que se hallan en un limbo, ya dentro del país. Un problema distinto es como tratar con los que nuevamente optan por el recurso de marchas desesperadas hacia la frontera.

En cuanto a las perspectivas de las elecciones de 2022, Biden deberá liderar su sólido electorado para que el resultado en el Congreso y Senado se consolide y crezca. Dependerá de la percepción que las nuevas medidas tengan para que no se pierdan las ventajas adquiridas.

En el exterior, dentro del regreso veloz al multilaterarismo, Biden deberá acelerar la recuperación de los funcionarios arrinconados en el Departamento de Estado, junto a la urgente sustitución de la multitud de embajadores de nombramiento directo por profesionales. Europa deberá recibir urgente prioridad en ese aspecto.

La cara exterior de Estados Unidos deberá enviar un mensaje claro a Putin que el noviazgo con Trump se ha terminado y que para Washington la cooperación con la Unión Europea y la consistencia de la OTAN están por encima de veleidades personales. Biden deberá también terminar con la ambigüedad acerca de la relación con el incómodo tándem de monarquías árabes medievales y las conveniencias del actual gobierno de Israel.

¿Y en América Latina?

En América Latina, Biden procederá con cautela. Si se confirma la nueva ola de regímenes “rosáceos”, impelidos por el hastío de los electorados ante el desastre gubernamental, la criminalidad y la corrupción, Biden hará bien en tratar cada caso individualmente. No se descarta que proceda a endurecer el trato con Venezuela, pero opte por equilibrar la política de Obama hacia Cuba. El endurecimiento de actitud hacia La Habana generalmente refuerza la línea dura del gobierno cubano. El resultado es que los más perjudicados siguen siendo los sufridos ciudadanos cubanos.

Y si Biden no tiene éxito en algunos de esos capítulos de la apretada agenda, como “buen looser”, tomará nota y se aplicará para corregir los defectos para terminar su presidencia y —¿por qué no?— optar por una reelección, o por lo menos entregarle el relevo a Kamala  Harris. 


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Foto de Biden para el Presidente en Foter.com / CC BY-NC-SA

Trump quema las últimas naves en Cuba

Los últimos días de la administración Trump están siendo de todo menos tranquilos. Cuando el mundo pensaba que tras el asalto al capitolio ya no habría más sorpresas, el aun mandatario norteamericano ha dado un golpe de efecto que comprometerá la política exterior de Joe Biden. Tal como ha comunicado el secretario de estado Mike Pompeo, la saliente administración ha declarado a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

Esta medida puede desencadenar sanciones que incluyen “restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos; una prohibición de las exportaciones y ventas de defensa; ciertos controles sobre las exportaciones de artículos; y diversas restricciones financieras y de otro tipo”. Entre estas últimas destaca la imposibilidad, por parte de los países de la lista, de acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional.

Los motivos de EE.UU.

Las razones esgrimidas por Pompeo para justificar esta medida, casi a punto de que el presidente finalice su mandato, son las siguientes. En primer lugar, la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. En segundo lugar, el hecho de que la isla se haya convertido en un refugio para fugitivos estadounidenses y terroristas internacionales. En tercer lugar, Pompeo mencionó la alianza de Cuba con Venezuela, país considerado por el gobierno de Trump como una influencia perniciosa para el continente. Además, ha acusado al régimen de haber brindado ayuda médica y material a terroristas mientras que permitía que los ciudadanos cubanos vivieran en la pobreza.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han empeorado a medida que avanzaba el mandato del líder republicano. Si bien durante el inicio de su campaña electoral Trump no sólo reconoció el restablecimiento de las relaciones, sino que expresó su intención de lograr mejores acuerdos, al final de la contienda estableció una alianza con la extrema derecha anticubana para beneficiarse de su maquinaria electoral al sur de Florida.

Una vez en el poder, incrementó la persecución financiera y las sanciones a Cuba. Al final de la administración, la hostilidad se hizo aún más evidente y se adoptaron nuevas medidas coercitivas. Sin embargo, pese a las malas relaciones, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de incluir a Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo es un tanto precipitada y parece obedecer a intereses domésticos.

Sin investigación previa

Desde diferentes sectores se ha señalado la ausencia de una investigación previa e incluso desde la Unión Europea se ha apuntado a que la decisión de Estados Unidos no responde a ninguna información nueva. El presidente se acerca al final de su mandato con una agresiva estrategia que combina duras ofensivas para desprestigiar a sus rivales y acciones desestabilizadoras que compliquen el camino de la nueva administración. 

Así, muchos ven en la decisión sobre Cuba una política de tierra quemada que responde, como mínimo, a dos objetivos básicos. Primero, revertir las políticas de acercamiento adoptadas por Obama, quien sacó a Cuba del grupo de estados patrocinadores del terrorismo en 2015 y reanudó las relaciones diplomáticas con la isla. Segundo, tratar de contentar a su electorado, en especial a toda la población con posiciones anti-cubanas en Miami, líderes en el exilio y dirigentes de organizaciones cubanas en Estados Unidos que ven en la medida una correcta rectificación al “error de 2015”.

Repercusiones desde Cuba

Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez, condenó la medida de Trump y calificó de hipócrita y cínica la decisión de Estados Unidos. Asimismo, subrayó el oportunismo político de la medida. Meses atrás, el gobierno cubano ya había manifestado que su país no sólo no es cómplice del terrorismo, sino que puede considerarse una víctima. Se hacía referencia en este caso a los ataques recibido en las últimas seis décadas por parte de grupos anticastristas con el apoyo de Estados Unidos.

En la misma línea, el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas, Pedro Pedroso, manifestó el rechazo de su país al terrorismo y señaló que la medida responde a una campaña personal del secretado de estado saliente y su desprestigiada política exterior. Asimismo, Cuba denunció la situación frente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Biden ya ha anunciado que continuará la senda iniciada por Obama y levantará muchas de las medidas adoptadas por su antecesor, tales como la restricción de remesas, la prohibición de vuelos directos o el cierre del consulado. Algunas de estas son sencillas de desactivar. Sin embargo, otras como la inclusión de Cuba como país patrocinador de terrorismo, implican una mayor complejidad y puede llevar meses revertirla. En concreto, será necesario que el departamento de Estado realice una revisión formal del caso y demuestre que Cuba no ha estado vinculada con actos de terrorismo durante los últimos seis meses.

Se abre un año clave para ambos países. Por un lado, Estados Unidos se enfrenta a un complicado traspaso de poderes, en un contexto de alta polarización y poniendo en marcha un cambio de 180 grados en numerosas esferas tanto de la política doméstica como exterior. Por su parte, en abril se celebrará en Cuba el VIII congreso del Partido Comunista en el que Raúl Castro dejará el puesto de Primer Secretario. Además del relevo, el congreso servirá para fijar las líneas estratégicas que marcarán el devenir del pueblo cubano en los próximos años.


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Foto por szeke en Foter.com / CC BY-SA

¿Por qué tantos migrantes y desplazados?

Las cifras de migrantes internacionales, así como la de desplazados internos, no paran de subir en América Latina, como muestran los datos de instituciones como la Organización Internacional de Migraciones (OIM) o el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés). A nivel internacional en la región, resaltan los millones de venezolanos que siguen escapando cada año del régimen totalitario que los gobierna; un éxodo que ya suma los 4 millones en los últimos años.

De forma paralela, resaltan los cientos de miles de nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos que en los últimos dos años han emprendido a pie el camino al norte intentando dejar atrás una vida de pobreza. A nivel interno, sigue predominando Colombia, donde todavía cada año se registran más de cien mil desplazados que huyen de los conflictos endémicos que sufre el país.

Desplazamiento interno en México

De forma similar, aumenta el desplazamiento interno en México, consecuencia de la violencia asociada al tráfico de drogas. Así, a lo largo de décadas, los conflictos y el constante abandono del campo por parte de las autoridades, han empujado ya a millones de personas en América Latina de las zonas rurales a las urbanas. Las grandes ciudades de la región suelen ser en muchos casos el destino final.

Pero hoy en día hay una fuerza más poderosa detrás del desplazamiento de la población de las zonas rurales a las urbanas: la inclemencia del clima, consecuencia del cambio climático. Como resalta el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el calentamiento global. Sus efectos se traducen en una mayor frecuencia e intensidad de huracanes, tormentas e inundaciones, así como más sequías e incendios. Fenómenos que cada vez desplazan más población, dentro y entre los países latinoamericanos.

Según los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), solo en 2018, las catástrofes naturales dejaron casi 20 millones de personas desplazadas en el mundo, cerca de dos millones en nuestra región. Una cifra que supera la de cualquier conflicto armado, incluido el colombiano, o político, incluido el venezolano. De hecho, los desastres naturales superan desde ya hace años a los conflictos y la violencia como causa de desplazamiento.

El cambio climático y degradación medioambiental

Más allá de las catástrofes, cuyo impacto las lleva a los titulares de noticias, el cambio climático también se traduce en una progresiva degradación medioambiental, más lenta pero igualmente devastadora, y que también se ha vuelto una fuerza de desplazamiento. Como ejemplo están las movilizaciones humanas como “la gran Caravana Migrante”, a la cual se han unido cientos de miles de centroamericanos que migran al norte, precisamente escapando de sequias recurrentes en sus países de origen.  

Con todo, el calentamiento global se ha convertido ya no solo una de las principales causas de desplazamientos humanos a gran escala, sino también en un factor determinante de la urbanización global. Así lo revela el análisis de datos de alta resolución sobre el clima, desastres naturales y la ubicación de la población, como el realizado en un estudio científico publicado recientemente en el Journal of Economic Geography.

Una urbanización acelerada

El estudio muestra con claridad la importancia de las condiciones climáticas cambiantes para entender la urbanización reciente alrededor de todo el mundo. Una urbanización acelerada y desordenada en la que una gran parte de los “desplazados climáticos” terminan en las ciudades principales de cada país. Un fenómeno que en los países en desarrollo se traduce en ciudades, no solo más grandes sino también más fragmentadas, donde quienes llegan se ubican por general en suburbios crecientes, desconectados de los centros de empleo y en condiciones de vida precarias.

En números absolutos, y nuevamente según el IDMAC, los países latinoamericanos con mayores desplazados climáticos en 2018 fueron Brasil (con 87 mil desplazados, la mayoría asociados a deforestación), Colombia (con 67 mil desplazados, la mayoría por inundaciones) y Cuba (con 52 mil desplazados por tormentas y huracanes). En 2019, la cifra se triplicó en Brasil alcanzando los 295 mil desplazados climáticos. En Paraguay se registraron 54 mil nuevos desplazados, y en Bolivia 77 mil, debido a distorsiones en los patrones de lluvias asociados al Niño-Niña, incendios y la actividad del volcán Ubinas.

Para 2020 las cifras (aún no consolidadas) apuntan a números similares. Así, el impacto del cambio climático suma a una historia larga de olas migratorias en la región, y no hace sino agravar al desafío de desplazamientos asociados a conflictos, violencia y abandono de las zonas rurales. Una razón más que la cuestión sea ya una prioridad política. 

Foto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Foter.com / CC BY

Ecuador, Argentina y Bolivia: la tentación del liderazgo delegado

Se le atribuye al expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, en un reportaje periodístico, la frase por la cual señalaba que, a nivel de gobiernos, se podía transferir el poder y el cargo, pero no se podía transferir la autoridad. 

Es de imaginar que Cardoso se refería a que los gobiernos se legitiman en la capacidad de mando, de toma de decisiones y, por último, de la eficacia de esas decisiones. Y parte de esa eficacia tiene que ver con el ejercicio de la autoridad y el consenso mayoritario a dicho ejercicio.

Gobiernos surgidos de una transferencia de poder

Pues bien, en los últimos dos años se observan en la región gobiernos surgidos de una transferencia de poder y cargo, pero no de autoridad. La pregunta consiguiente sería si, esta modalidad de instituir gobiernos, es eficaz en dar respuestas políticas y si esa eficacia implica construcción de consensos sociales.

En las elecciones de 2017 en Ecuador, la candidatura del partido gobernante PAIS, estuvo encabezada por el ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenin Moreno. Si bien el líder indiscutido de esa fuerza política era Rafael Correa, quien había llevado dos gobiernos consecutivos (2007-2017) con múltiples reformas de signo progresista, para no alterar el entramado institucional forzando una reforma constitucional que lo habilite a presentarse por tercera vez, cedió la candidatura en Moreno. Lenin Moreno ganó la presidencia de Ecuador y asumió en 2018. Las políticas y las reformas del período anterior, salvaguardadas.

En 2019 en Argentina, por la crisis económica producida por errores importantes del gobernante Cambiemos en la figura presidencial de Mauricio Macri, la oposición peronista, devenida en su núcleo mayoritario en kirchnerismo, ve la oportunidad de recuperar el poder. Pero en un tablero político que analistas y medios habían sintetizado como: “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede”.

Es decir, la candidatura directa de Cristina Fernández de Kirchner generaba rechazos importantes a nivel electoral, pero sin el kirchnerismo era imposible recuperar el poder. En una hábil jugada la expresidenta cede la candidatura presidencial en Alberto Fernández, ex jefe de gabinete en la primera etapa del Kirchnerismo, luego fuerte opositor. Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, gana la elección de 2019.

El último de momento

En 2015 en Bolivia, el presidente Evo Morales inhibido constitucionalmente de ser nuevamente candidato en 2019, fuerza un referendum nacional que le es adverso por estrecho margen. Ante esa situación, presiona al Tribunal Electoral quién falla que inhibir una nueva candidatura de Morales constituiría una violación de su derecho humano a presentarse.

Esa situación polarizó al país, implicó fuertes protestas en las elecciones de octubre de 2019 cuando el Tribunal Electoral certificaba la victoria de Morales. El corolario de esas protestas violentas fue la salida del país de Morales, una presidencia transicional encabezada por la oposición al MAS, y las elecciones de 2020. Contra todos los pronósticos el MAS triunfó holgadamente, pero teniendo Evo Morales que delegar su candidatura en su ex ministro de economía Luis Arce.

Desde principios de 2019, Lenin Moreno, ya aliado al establishment económico del Ecuador y, por ende, habiendo roto lazos con el correismo, al punto de enjuiciar al expresidente por corrupción, entra en negociaciones con el FMI. Por imposición del organismo multilateral, el presidente anuncia en octubre de ese año un paquete de reformas económicas de carácter neoliberal, lo que desata violentas protestas populares a lo largo y ancho del país.

La posibilidad de sofocar esa protesta residió en dar marcha atrás con alguna de las medidas del paquete y volver a replantear los acuerdos con el FMI. Una situación y la otra quebraron definitivamente la capacidad presidencial tanto para sus nuevos aliados como para las bases correistas. La debilidad del gobierno de Lenin Moreno le impide hasta ahora una agenda propia que solo el año pandémico logró disimular.

El inicio del período presidencial de Alberto Fernández en Argentina (asume en diciembre de 2019) estuvo signado por el inicio de la pandemia. Pero pasada la mitad de año, y en un contexto de crisis económica y social aumentado por la pandemia, el país vivió varias situaciones de decisiones políticas del gobierno que inmediatamente eran modificadas. Con intencionalidad, analistas y medios coinciden en que esas modificaciones obedecían a “vetos” de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Asimismo, en declaraciones periodísticas respecto a situaciones emanadas de los anteriores gobiernos kirchneristas, el presidente afirmaba cosas que anteriormente había condenado.

Al día de hoy, este vaivén del presidente articuló a una oposición derrotada hace un año, lo enemistó con decisivos grupos de poder a la vez que no le significó un reconocimiento del kirchnerismo. Su imagen presidencia cayó en picada en los últimos tres meses.

En Bolivia, Luis Arce asumió la presidencia a fines de 2020. Evo Morales, exiliado en Argentina, retornó triunfante a Bolivia, prometiendo no inmiscuirse en las decisiones del nuevo gobierno del MAS. Sin embargo, en estos días y ante la inminencia de elecciones departamentales y municipales, la estructura política del MAS se empezó a dividir ante, según denuncia el oficialismo, la decisión centralizada e inapelable de Evo Morales en la confección de las listas oficialistas. El derrotero de un gobierno recién asumido y acechado por la fortísima oposición de todos los factores de poder, es incierto.

Denominadores comunes entre sus países

Volvamos a la frase de Cardoso. América Latina, región siempre convulsa y donde los cambios políticos son siempre movilizantes, desestructurantes del status quo y generalmente conflictivos, tiene la particularidad de ofrecer ciertos denominadores comunes entre sus países, más allá de la problemática específica de cada uno de ellos.

Es posible plantear que esta cuestión del poder delegado, por la razón que sea en cada país, no es privativo de un solo país-situación. Y también plantear, —la evidencia de la coyuntura actual lo está demostrando— que en una región donde el liderazgo fuerte siempre fue la moneda política más valiosa, la delegación de la autoridad presidencial está generando más problemas que los que ese mismo acto de delegación quiso evitar.

Foto de midianinja em Foter.com / CC BY-NC-SA

¿Retorno a 1984?: La reducción de espacios cívicos en A.L.

En un reciente taller sobre Respuestas Regionales a la Crisis en América Latina, se han abordado el sostenido incremento de las estrategias de reducción de los espacios cívicos en diversos países de la región y la creciente presión sobre la ciudadanía y sus derechos.

Según un informe de Civicus de 2020, el espacio cívico se ha reducido en 22 de 32 países de la región, y ha sido asfixiado y bloqueado en 8 de ellos. México, Brasil y Venezuela –como la situación más preocupante– aparecen como los casos más evidentes, pero otros países no escapan a esta tendencia general.

Las normas impuestas por las cuarentenas

De hecho, en numerosos casos, la pandemia y las normas impuestas por las cuarentenas que decretaron e impusieron los gobiernos en el marco de políticas de prevención han sido utilizadas como pretexto para incrementar el control, la vigilancia y la reducción de los espacios cívicos.

En especial porque tendencias pre-pandemia –que se profundizan y aceleran–, son aprovechadas por algunos gobiernos –tanto de izquierda como de derecha– para incrementar el autoritarismo y el control –frecuentemente inconstitucional– sobre la ciudadanía.

Si asumimos una concepción del espacio cívico como un ámbito en que los ciudadanos o la sociedad civil se organizan, debaten y actúan –entre los estados, las empresas y la familia–, en defensa de bienes públicos y derechos ciudadanos, las medidas impuestas en el marco de la pandemia han acelerado la reducción de estos espacios tanto a nivel local y nacional, como regional e internacional. Situación que alarma a la comunidad internacional en general como a la comunidad internacional de derechos humanos en particular.

El reclamo por sus derechos y por el derecho de incidir sobre las políticas públicas, de poder desarrollar interlocuciones con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental e intergubernamental; el derecho de asociarse, expresarse y actuar de forma libre en el marco de la ley, han sido severamente reprimidos por diversos mecanismos legales, ilegales o extralegales – es decir por fuera de la ley, eventualmente con el uso de violencia física.

Un giro Orwelliano

Adicionalmente a las medidas legales y a los mecanismos ilegales y extralegales aplicados para desempoderar a la sociedad civil y para reducir su capacidad de expresión y de incidencia –en un giro orwelliano– las nuevas tecnologías han servido asimismo para acelerar la represión de los espacios cívicos dónde se expresan los ciudadanos, a través de diversos mecanismos de control, vigilancia, distorsión, censura e intervención en las redes sociales. Nuevas tecnologías de control y monitoreo de los ciudadanos constituyen actualmente importantes rubros de exportación a la región de algunos de los principales actores del sistema internacional.

Un reciente informe de la Fundación Igarapé de Brasil, establece una tipología detallada de las estrategias aplicadas a la reducción de espacios cívicos por parte de gobiernos que incluyen: cooptación, coerción directa o indirecta, fake news y desinformación, censura abierta, intimidación y acoso, violación de la privacidad (vigilancia del individuo), violación de derechos civiles y políticos, restricciones (legales e ilegales) a la participación y al involucramiento civil. restricciones al financiamiento, violencia física, uso de procedimientos inconstitucionales y abuso de poder.

Estas estrategias se implementan en el marco de una compleja transición mundial, que amenaza los valores básicos del sistema internacional establecido, no sólo en el ámbito económico, sino particularmente en lo que se refiere a los valores asociados al estado de derecho y a la gobernanza democrática, a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos en especial. Cualquier parecido orwelliano con alguna realidad – cercana o remota -, no es mera coincidencia.

Foto de Miguel Vera em Foter.com / CC BY

La guerrilla más longeva de América Latina

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevaba a cabo su primera acción pública el 7 de enero de 1965, cuando un pequeño municipio del departamento de Santander llamado Simacota es tomado por un reducido elenco de guerrilleros que proclamaban su ideario revolucionario inspirado en la Revolución Cubana. Algunos de estos habían hecho parte del reducido contingente de colombianos que había vivido de cerca, en Cuba, la experiencia revolucionaria y de la cual exportaron la idea de que un foco guerrillero oportunamente concebido como germen de la insurgencia podía precipitar la idea misma de revolución.

Así, se concebía que el corredor que comprendía la ciudad de Barrancabermeja y el municipio de San Vicente del Chucurí ofrecía las condiciones idóneas para la conformación de una guerrilla: presencia de capital foráneo, esencia extractiva por la ubicación de la industria petrolera, sindicalismo y movimiento universitario eran elementos que están presentes en sus primigenias bases de apoyo.

La impronta ideológica

Sin embargo, la impronta ideológica de mayor enjundia se desarrollaría con la llegada a la guerrilla, eso sí, por muy poco tiempo, dado su trágico desenlace, del sociólogo y sacerdote Camilo Torres, a finales de 1965. Éste será el valedor de la imbricación de los postulados marxistas que enarbolaba la guerrilla con la teología de la liberación que tan importante será para el desarrollo de su corpus ideológico, especialmente, a lo largo de la década de los setenta.

Desde sus inicios el ELN transita por importantes dificultades, producto de sus debilidades operativas, del desencanto con el liderazgo autoritario de su máximo responsable, Fabio Vásquez Castaño, y porque la guerrilla está a punto de desaparecer, cuando en 1973 se produce un operativo en torno al municipio antioqueño de Anorí que deja consigo la pérdida de dos terceras partes de su estructura. Razón por la cual, la guerrilla se posiciona sobre enclaves periféricos, alejados de la presión del Estado, entre los que destaca, entre otros, los departamentos de Arauca o Norte de Santander.

Es así por lo que, en 1980 se constituye uno de los principales frentes armados del ELN: el “Domingo Laín”. Como punta de lanza del conocido como Frente de Guerra Oriental, experimenta un notable crecimiento operativo, tanto en hombres como en recursos, gracias al descubrimiento de petróleo en la región, alrededor oleoducto Caño Limón – Coveñas. Una infraestructura crítica que nutre de ingresos a la guerrilla, por el activismo sobre el capital extractivo presente en la región.

Tanto es así que desde entonces el ELN ha sido el actor predominante, junto con las FARC-EP, no sólo en Arauca, sino de otros departamentos como el mencionado Norte de Santander. Allí no sólo se enfrentarán ambas guerrillas durante la década de los noventa, sino que deberán confrontar con el proyecto paramilitar que transcurre desde finales de los noventa, y hasta mediados de los 2000.

Más allá de otros escenarios con presencia tradicional del ELN, como han sido los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca o Nariño, el oriente colombiano, y en particular, Arauca y Norte de Santander, se ha erigido como un verdadero feudo para la guerrilla. Allí no sólo se encuentra la que es hoy la estructura más poderosa del ELN, sino que igualmente está al frente de la misma una de las posiciones más beligerantes de la guerrilla: su comandante Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.

Aquél se trata de una de las voces que más se ha distanciado de los intentos negociadores transcurridos en la última década. Cuando se trataba de generar mecanismos de confianza mutua y ciertos guiños que pusieran en valor la voluntad de la guerrilla por negociar, el Frente de Guerra Oriental hacía de las suyas. Esto es, mostrándose como la estructura más activa y operativa en lo que a combates, acciones armadas y secuestros se refiere.

El funcionamiento del ELN

Dicha situación, en realidad, no hacía sino mostrar tres elementos que imposibilitan cualquier posible negociación de paz. Primero, que el funcionamiento del ELN, más allá de autoridades centrales y jerarquías de mando, opera de manera descentralizada, sobre intereses y las relaciones de poder de carácter local. Segundo, que el ELN nunca ha tenido clara su posición ni la hoja de ruta con la que abordar un espacio de diálogo como el que efectivamente ha llevado a cabo las FARC-EP.

Tercero, que existe una brecha generacional entre un viejo mando político ubicado hoy en Cuba, y una nueva generación de líderes, más jóvenes y beligerantes, cuya acción en el “terreno” dista de la perspectiva que concurre entre la comandancia clásica de la guerrilla.

El ELN de hoy poco tiene que ver con la otrora pureza ideológica que le caracterizaba. Su mayor nivel de violencia, su proximidad al negocio cocalero y aurífero, y su impronta criminal dificultan que pueda ser percibido como un grupo armado con una motivación política que aspira a la transformación política. Desde hace años su activismo ha ido ganando enteros, sus escenarios de influencia han crecido sustancialmente, y el número de efectivos ha pasado de los 1.800, en 2010, a más de 3.000 en la actualidad, erigiéndose como actor hegemónico en algunos escenarios en donde las FARC-EP se desmovilizaron.

Además, hoy en día -y durante mucho tiempo atrás- hay plena constancia de que existen campamentos del ELN en la frontera con Venezuela. Algo que indirectamente implica para el Ejecutivo chavista disponga de un aliado en estados como Táchira o Apure, que son de marcada impronta opositora. Como actor paraestatal, el oriente colombiano ofrece al ELN inconmensurables réditos provenientes de la extorsión, el contrabando y el narcotráfico, lo cual le consolidan como garante de la actividad delincuencial de este escenario. Incluso, hay testimonios que aseguran que hay connivencias cuasi-formales entre el ELN y la Guardia Nacional Bolivariana o el sistema de inteligencia nacional.

Otros grupos criminales

Con independencia de que ello cuán cierto sea, cabe presumir que guerrilla y Gobierno pueden disponer de una agenda de beneficios mutuos que, cuando menos, racionalmente, deben intentar mantener. Ello, aun cuando se trata de un contexto hostil en el que existen otros grupos criminales de menor calado, y al que se suman otras estructuras como la disidencia de las FARC-EP comandada por los destacados líderes guerrilleros “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, además de tensiones con la Guardia Nacional de Venezuela -recuérdese que, a finales de 2018, en un enfrentamiento con el ELN, tuvo cuatro bajas en su haber.

En conclusión, el ELN se encuentra en la actualidad en una situación cómoda, de reacomodo territorial y operativo, y respecto de lo cual, Venezuela sirve de escenario invaluable. Ello, habida cuenta de las ventajas estratégicas, de repliegue y de obtención de recursos que proporciona a la guerrilla, y que a su vez desincentiva cualquier marco negociador.

De este modo, y aun cuando el Gobierno venezolano no reconoce al ELN como su aliado, sí que encuentra en él un potencial apoyo, especialmente, y también, dadas sus desavenencias con el Gobierno colombiano de Iván Duque. Un Ejecutivo que, todo sea dicho, incumple, retrasa y torpedea en todo lo que puede el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que, por otro lado, es igual valedor de una política de confrontación respecto de la que sólo hay un perdedor, que es el de siempre: la población civil.

Foto de Brasil pela Fato en Foter.com / CC BY-NC-SA

La eterna quimera de la integración latinoamericana

Coautora Melany Barragán

La “Patria Grande” con la que soñó Bolivar hace más de dos siglos todavía sigue siendo una quimera. Pese al avance de la globalización, la proliferación de organismos internacionales o el desarrollo de experiencias de integración como la Unión Europea, América Latina sigue sin encontrar las claves para articular un proceso comunitario exitoso.

Ni los procesos de bonanza ni las coyunturas críticas han permitido que los diferentes países de la región se unan para crear un proyecto común. Y, a corto plazo, ni la crisis sanitaria ni económica que atraviesa el mundo, ni la nueva etapa que se abre con transición de poder de su vecino del norte, parece que vayan a alterar la situación. Mientras que crisis y guerras supusieron una oportunidad para unir pueblos en el pasado, América Latina sigue dejando pasar las ocasiones.

Precedentes de integración

Sería un error negar que se han dado pasos en este sentido. Las conferencias panamericanas, impulsadas por Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, comenzaron a perfilar un sistema de cooperación técnica y comercial en la región, así como una diplomacia hemisférica que se materializó con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo pasado, los países latinoamericanos empezar a desarrollar sus propios organismos de integración. Muchos de ellos surgieron con el objetivo de priorizar zonas de libre comercio entre los países firmante y con el paso del tiempo trataron de profundizar en los procesos de interdependencia mediante el establecimiento de uniones aduaneras y mercados comunes.

Es en este período cuando surgen organismos como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) o el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 1975). También comienzan a proliferar organizaciones intergubernamentales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común del Sur (Mercosur). Many developers of free online games use similar techniques to involve the user in the process. For example, one of the leaders in the development of casual free Poki games, Friv5Online has long implemented this in their games.

Ya en el siglo XXI, el proceso no se detiene y surgen nuevas organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  La más reciente es el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), creado por iniciativa de Sebastián Piñera como respuesta a la suspensión temporal y salida de algunos países de UNASUR.

Durante este período, algunos dirigentes latinoamericanos han aprovechado estas experiencias para evocar a lo simbólico y recordar el sueño de Bolivar, evocando un futuro en el que los países latinoamericanos no sólo estuvieran unidos por acuerdos económicos, sino también compartiendo un proyecto político común. Otros, menos emocionales, han visto en la Unión Europea un espejo donde mirarse para dotar de mayor estabilidad y seguridad a la región.

Numerosas iniciativas con el mismo fin

Sin embargo, lo paradójico es el elevado número de iniciativas que persiguen el mismo fin.  Si sumamos todas las experiencias impulsadas, tanto las que siguen en funcionamiento como las que ya han expirado, nos encontramos con que existen casi tantos proyectos comunes como países en América Latina. Pareciera que nunca ha existido un intento real de generar mayor interdependencia y consolidar un proceso de integración regional.

Desde una mirada superficial, podría incluso llegarse a afirmar que la creación de muchas de estas organizaciones ha sido fruto de las pretensiones de actores políticos que han empleado imaginarios de unidad para tratar de posicionarse como baluartes de la “verdadera integración”. La integración se ha fundamentado más en cuestiones de concordancia ideológica de los decisores de la política exterior que en una verdadera política de Estado.

Pero detrás de esta mirada existen causas más profundas. La existencia de proyectos políticos y estrategias de desarrollo dispares en los países del continente, la fuerte dependencia de estas iniciativas a los ciclos políticos, las reticencias por parte de los Estados a ceder soberanía a instancias supranacionales y la inclinación histórica a mirar más a los Estados Unidos de Norteamérica que a los pueblos vecinos, han supuesto el verdadero freno a la unidad latinoamericana.

Las piedras en el camino

¿Por qué es complicado revertir esta situación? Aunque existen numerosas causas, cabe destacar las siguientes. En primer lugar, la gran heterogeneidad de la región. En Segundo lugar, desde el punto de vista económico, conviene subrayar la escasa interdependencia económica entre los distintos países, la ausencia de un país con un desarrollo industrial que permita a otros estados de la región ser sus proveedores de materias primas y la competencia entre ellos para colocar sus materias primas en los mercados internacionales.

Por ultimo, en la dimensión político-institucional cabe mencionar el fuerte presidencialismo, el excesivo recelo en la preservación de la soberanía nacional, la baja institucionalización de los sistemas políticos y los constantes vaivenes ideológicos. Todo ello dificulta generar las condiciones óptimas para la integración.  Por más que se creen organismos e instituciones supranacionales, al final unas se superponen a otras y la región no logra presentarse en el orden internacional como un interlocutor único. Ni siquiera en aquellos temas que son de interés común para toda América Latina.

El reto de la integración regional es enorme. Pese a la puesta en marcha de numerosas iniciativas, han faltado condiciones y voluntad política para conciliar los intereses de la región. Sin embargo, la integración puede ser una solución para muchos de los problemas de la región.  Puede facilitar el paso para una profundización de las relaciones comerciales, el desarrollo y potencialización del sector servicios e industrial, la creación de empresas multinacionales capaces de generar inversión privada en estos países y el desarrollo de una mayor cohesión política en temas trascendentales para este siglo como la seguridad, la educación y el acceso a tecnologías de la información.

Foto de Cancillería Argentina en Foter.com / CC BY

¿Qué piensa Bolsonaro cuando dice que Brasil está quebrado?

La interpretación de las controvertidas declaraciones de Bolsonaro se ha convertido en una especie de deporte nacional brasileño. La última declaración que sembró la confusión fue la del cinco de enero cuando afirmó que Brasil está quebrado y asumió que no podría resolver el problema. Ante semejante afirmación, la siguiente pregunta se hace inevitable: ¿qué tiene en mente el más alto representante de la República cuando hace afirmaciones que aparentemente juegan en contra de su propio gobierno? ¿Será un acto irreflexivo o hay un objetivo detrás?

Es difícil de creer que un paria en el juego político de la Nueva República haya logrado ser elegido sin una aparente estrategia, y —quizás lo más sorprendente— permanecer en el poder a pesar de la ya vasta colección de crímenes. No hay forma de leer el cerebro del titular, pero podemos especular con la existencia de una estrategia basada en sus intereses personales.

La ayuda impulsó la aprobación del gobierno

Al decir que no puede sacar a Brasil de la bancarrota, Bolsonaro justifica el fin —socialmente doloroso— de la ayuda de emergencia, mientras que el país enfrenta la segunda ola de Covid-19. La ayuda impulsó la economía e hizo despegar la aprobación del gobierno en los meses previos a las elecciones municipales de noviembre de 2020. Sin embargo, la medida pesó sobre las cuentas públicas, contribuyendo al deterioro fiscal que actualmente limita el margen de acción del equipo económico. El presidente parece apostar a que los más pobres entiendan los motivos por los que los abandonará de ahora en más: el país se ha roto, no hay nada más que hacer.

Por otro lado, el discurso apocalíptico, paradójicamente, llega a los mercados. Bolsonaro señala que su gobierno resistirá la tentación de reeditar el programa de emergencia, lo que aliviaría el sufrimiento de millones, pero empeoraría las ya comprometidas cuentas públicas. Probablemente por eso el índice Ibovespa subió al día siguiente de las declaraciones.

Todo indica que los inversionistas saben que Brasil no ha quebrado. Al menos no todavía, a pesar de que la deuda pública alcanza el 93% del PIB, lo cual es bastante alto para un país en desarrollo. Pero por ahora hay demanda de valores públicos, incluso con el tipo de interés básico (el SELIC) a sólo el 2%. Desde el punto de vista externo, los 356.000 millones de dólares de los EE.UU. depositados en las reservas internacionales garantizan que no habrá topes como los que se produjeron en el pasado.

El lento deterioro de la democracia

Las afirmaciones del cinco de enero son otro episodio del lento deterioro de la democracia promovido por Bolsonaro. El presidente no se declaró incapaz per se, sino que se hizo pasar por un discapacitado debido a las ataduras que limitan al Poder Ejecutivo, ya sea el Congreso o los medios de comunicación. Según este razonamiento, la solución lógica sería aflojar esos lazos, ya sea anulando a los diputados o censurando los medios de comunicación, medidas que constituyen el primer paso de cualquier dictadura.

Bolsonaro nunca ha ocultado su predilección por el autoritarismo. Consecuente con una larga historia de defensa de la línea dura del régimen militar, el actual presidente hace todo lo posible por socavar el sistema político brasileño, señalando al propio proceso democrático como la causa de nuestros males económicos. Si en el pasado las dictaduras se imponían con tanques y bayonetas, en el siglo XXI los golpes de estado se llevan a cabo poco a poco, disfrazados. Cada declaración antidemocrática del jefe de estado es un paso hacia la autocracia por la que se esfuerza descaradamente.

La supuesta incapacidad del representante también sirve para justificar el mal gobierno que dirige. Su equipo económico aprobó muy pocas reformas en el Congreso. En particular, las privatizaciones y las reformas fiscales y estatales no han salido del papel. La economía ya estaba estancada y las cuentas públicas en números rojos antes de la pandemia, lo que redujo aún más las perspectivas de recuperación en 2021.

Bolsonaro juega para sus seguidores

Finalmente, Bolsonaro juega para sus seguidores, —una minoría relativamente grande y leal— dispuestos a reelegirlo en 2022. Es notable que esta gente continúe apoyándolo. Después de todo, la nueva extrema derecha de Brasil surgió como una reacción a la vieja política de los partidos tradicionales y corruptos, la mayoría de cuyos líderes se han convertido recientemente en gobernadores. En este marco, el presidente hace equilibrio para conciliar sus dos objetivos principales: permanecer en el poder y ser reelegido. Para evitar un juicio político, negocia con los congresistas cargos en el estado. Mientras que en público, vocifera contra los medios de comunicación y el propio Congreso, complaciendo así a sus votantes más fervientes.

Parece que Bolsonaro no repetirá los errores de Jânio Quadros, quien renunció en 1961. En aquel momento Brasil estaba realmente quebrado gracias al gasto desenfrenado del gobierno anterior de Juscelino Kubitschek que elevó la inflación y generó topes externos. Jânio ensayó una renuncia después de perder varias batallas en el Congreso. Apostó por el apoyo de las Fuerzas Armadas para volver al Plateau y resolver el tema con autoridad, sin la tutela de los congresistas de la oposición. Finalmente quedó solo y pasó a la historia como un hombre incapaz con reputación de borracho. Bolsonaro es muy diferente: aunque tiene un sólido apoyo militar, se mueve lentamente hacia el autoritarismo, jugando a estar incapacitado y culpando a la propia democracia por su rotundo desgobierno. 


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Foto de Palácio do Planalto en Foter.com / CC BY