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Una región, todas las voces

Roraima crece por las sanciones de EE.UU. a Venezuela

Por
Pedro Silva Barros
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En enero de 2019, Sudamérica fue testigo de la inauguración de Jair Bolsonaro en Brasil y la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela. Al mes siguiente, el canciller brasileño, en coordinación con los Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana, llevó dos vehículos cargados de arroz, leche y medicinas de baja complejidad a la frontera entre Brasil y Venezuela bajo la narrativa de la ayuda humanitaria.

Fue el punto álgido del flujo migratorio de Venezuela a Brasil y la presión política de Brasil y sus aliados contra el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela mantuvo la frontera cerrada por unos pocos miles de dólares y el efecto práctico de la operación fue nulo.

Dos años más tarde, la pandemia enfrió la presión migratoria, pero el flujo comercial en la frontera entre Pacaraima y Santa Elena de Uairén nunca ha sido más intenso. Este fenómeno es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el comercio intrarregional en América del Sur cerró el año 2020 en su peor nivel relativo desde la creación del Mercosur y que la fragmentación política entre los países de la región ha aumentado considerablemente.

Por primera vez en la historia

En 2020, por primera vez en la historia, dos estados brasileños tenían en un solo país vecino el principal destino de sus exportaciones. No eran estados en la frontera sur con Argentina o en la frontera oeste con Perú. El año pasado, Roraima y Amazonas vendieron más a Venezuela que a cualquier otro país del mundo. Las otras 25 unidades de la federación del Brasil tenían como principal destino de sus exportaciones los países extrarregionales, 15 a China y seis a EE.UU.

El estado de Roraima, que era el menor exportador de Brasil, multiplicó sus ventas al exterior más de diez veces en dos años, pasando de 15 millones en 2018 a 200 millones en 2020. Más de tres cuartos de todo lo que Roraima ha exportado en los últimos dos años ha sido destinado exclusivamente a Venezuela. Esta cifra sería significativamente más alta si se considera el comercio fronterizo informal.  Ningún otro estado tiene tan concentradas las ventas al extranjero. En 2019, el PIB de Roraima creció un 4,3%, mientras que el promedio brasileño se situó en el 1,1%. El movimiento se intensificó en 2020.

La explicación, por supuesto, no está en el dinamismo económico de Venezuela. El PIB de Venezuela se ha desplomado en un 70% desde 2013, el peor desempeño del mundo. Este es uno de los efectos secundarios de las sanciones económicas aplicadas por los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y varias instituciones venezolanas. Se trata de uno de los frutos de la agenda positiva que se diseñó entre Brasil y Venezuela en los años 90 y tres décadas de flujos migratorios, muy agudos en los últimos cinco años, que estimulan el comercio fronterizo.

La migración a Roraima

La migración interna a Roraima fue estimulada por los gobiernos brasileños en el esfuerzo de ocupar la Amazonía. La mayoría de los migrantes procedían de zonas pobres del nordeste del Brasil, atraídos por la expansión de la minería durante el régimen militar (1964-1985). Bajo los gobiernos de Sarney (1985-1990) y Collor (1990-1992), la lucha contra el garimpo, como se conoce a la minería informal, generalmente de pequeña escala, durante los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río-92), dio lugar a una ola migratoria de Roraima a Venezuela, acompañada de varios incidentes y masacres de indígenas. Un número importante de brasileños que habían ido a Venezuela emigraron de nuevo a Guyana y Suriname en busca de minas aislados.

La reacción de los gobiernos de Itamar Franco (1992-1994) y Rafael Caldera (1994-1998) fue la construcción de una agenda positiva, el Protocolo de La Guzmania, articulado por el canciller Celso Amorim en 1994. Se trataba de un programa positivo y de integración entre los dos países. Este condujo a la pavimentación de importantes carreteras y a la interconexión de las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní y Boa Vista. En menos de una década, cientos de kilómetros de nuevas carreteras y redes de transmisión de energía integraron físicamente los dos países. Roraima comenzó a recibir electricidad venezolana, y Manaos, bañada por el río Amazonas, se unió a Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco, por 1580 Km. de carretera adecuada.

Las buenas relaciones políticas entre Lula da Silva (2003-2010) y Hugo Chávez (1999-2013) estimularon un aumento significativo del comercio bilateral entre el Brasil y Venezuela, que pasó de 1.000 millones en 2003 a más de 6.000 millones en 2012.

Venezuela fue uno de los tres países del mundo con los que el Brasil tuvo el mayor superávit comercial entre 2007 y 2012. El balance fue bastante favorable para Brasil. Sin embargo, la expansión comercial no fue acompañada de una integración productiva.

La crisis económica venezolana

La crisis económica venezolana, la disminución del protagonismo regional de Brasil y el distanciamiento político entre ambos países hizo que el comercio bilateral se disminuyera muchísimo entre 2014 y 2018. Tanto los productos manufacturados de São Paulo como los agrícolas se transportaban por barco y el comercio formal en la frontera terrestre era insignificante.

Al comienzo de la administración de Donald Trump (2017-2021), los EE.UU. ampliaron las sanciones económicas contra Venezuela. Si antes se centraban en individuos en la cumbre gubernamental, las sanciones llegaron a involucrar a varias instituciones económicas venezolanas y empresas de varios países que se relacionaban con el país. El buque que transportaba arroz desde Rio Grande do Sul o el sudeste asiático a Venezuela no podía atracar posteriormente en los EE.UU.; las empresas que participaban en esta operación tendrían sus cuentas congeladas.

Las sanciones de EE.UU. no lograron las consecuencias anunciadas: debilitar a Nicolás Maduro, fortalecer a Juan Guaidó y forzar una transición política. Al contrario. Aparentemente, Maduro tiene hoy más poder político interno que hace dos años. Antes, los recursos de las exportaciones venezolanas formales entraban a través del banco central, el tesoro venezolano o las subsidiarias de la empresa petrolera estatal y entraban en las estructuras estatales formales. Ahora las exportaciones son informales y están gestionadas por estructuras paralelas asociadas al régimen, con mucha más discreción y discrecionalidad.

Exportaciones informales

Son estas exportaciones informales las que garantizan las divisas para las importaciones de alimentos brasileños transportados por tierra en cantidades miles de veces superior a la ayuda humanitaria en febrero de 2019. El aumento significativo del flujo comercial entre los estados de Roraima y Amazonas hacia Venezuela en los últimos 24 meses sólo fue posible gracias a la infraestructura previa y la no adhesión de Brasil a la política sanciones económicas a Venezuela..

Además de Venezuela, Roraima limita con Guyana, el único país de América que tuvo un crecimiento económico en 2020. La falta de una infraestructura adecuada entre Boa Vista y la capital, Georgetown, ha impedido que Roraima y Brasil se asocien al reciente desarrollo de este país vecino.  

Más allá de las cuestiones geopolíticas implicadas, el reciente dinamismo económico de la frontera entre el Brasil y Venezuela muestra el potencial sin explotar del comercio intrarregional en América del Sur y la importancia de contar con una infraestructura adecuada. Se trata de una cuestión importante para el programa de recuperación del crecimiento pospandémico.

Foto de Paolostefano1412

Lecciones de A.L. para la democracia de EE.UU. tras el 6-J

Por
Scott Morgenstern
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Coautor Peter Siavelis

Lo ocurrido el pasado 6 de enero de 2021 en Estados Unidos ha acabado de una vez por todas con la idea de que el país norteamericano es excepcional y algunas de las comparaciones de Trump con los peores presidentes populistas y semiautoritarios de América Latina parecen válidas. La oscura jornada vivida en Washington ha terminado con el mito de la superioridad de la democracia estadounidense, mostrando que el sistema está lleno de insuficiencias institucionales y que cuenta con una clase política disfuncional.

Como americanos, pero profesores expertos en política latinoamericana, recurrimos a nuestro conocimiento de la región para ganar perspectiva sobre el significado y los efectos para la democracia de esta insurrección en Estados Unidos. Así, la historia de América Latina, con demasiada frecuencia salpicada por la violencia y golpes militares de la derecha que acabaron con cualquier apariencia de gobierno constitucional, proporciona lecciones y advertencias para los Estados Unidos.

Levantamientos sociales, una señal de alarma

En primer lugar, América Latina nos enseña que los levantamientos sociales son una señal de alarma a largo plazo, y los acontecimientos del Capitolio son probablemente un reflejo de los continuos ataques a la paz social en los Estados Unidos. En este sentido, queremos advertir que la turba inspirada por el presidente Trump no debe ser comparada con otras protestas ocurridas tanto en Estados Unidos como en otros países, siendo estas últimas inspiradas por causas legítimas.

Sin embargo, es fundamental comprender que la polarización que ha originado la toma del Congreso no se revertirá fácilmente. Chile puede ser un buen espejo. Antes del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, hubo años de ataques al gobierno. Los camioneros paralizaron el país con una huelga (apoyada por el gobierno de los Estados Unidos), los legisladores del Congreso se negaron a considerar las propuestas presidenciales y los conflictos callejeros violentos entre los partidarios de ambos espectros de la política se convirtieron en algo habitual.  

Como último paralelismo, una elección previa al golpe de Estado que inclinó la balanza del lado de los partidarios de Allende avivó los fuegos del descontento en la oposición. De este modo, pese a que el levantamiento en Estados Unidos fue sofocado, las divisiones que lo generaron están más vivas que nunca.

La polarización lleva a levantamientos sociales

En segundo lugar, la historia de América Latina nos enseña que la polarización desemboca en levantamientos sociales y crisis de gobierno, lo cual se traduce con demasiada frecuencia en golpes militares o en la destrucción total de la democracia. Lo ocurrido en Venezuela en 2002 puede ser una comparación válida. El líder empresarial Pedro Carmona movilizó a una multitud para enfrentarse a una marcha gubernamental convocada previamente. Tenía la esperanza de utilizar la polarización y el enfrentamiento para justificar el derrocamiento del gobierno de Chávez.  En las 36 horas que detentó la presidencia de facto, Carmona no trató de instalar una democracia floreciente, sino que, entre otras “reformas”, cerró el congreso y suspendió la corte suprema.

En tercer lugar, se encuentran paralelismos con las palabras supuestamente revolucionarias de muchos líderes insurrectos norteamericanos. Esto nos da una pista de lo que Trump (al menos) piensa que ocurrirá. Al empujar a la multitud hacia la tormenta, Trump nos recuerda la famosa frase de Chávez: “hemos fracasado (sólo) por ahora; ¡nunca cederemos!”.  Y como Castro, la versión de Trump de “la historia me absolverá” fue “nosotros no perdimos la elección…no cedáis…no lo aguantaremos más”.

Si Carmona y los dictadores de derecha se  propusieron salvar la democracia cerrando el Congreso y desatando olas de arrestos, torturas y asesinatos, Trump consiguió el apoyo de la multitud etiquetando a sus oponentes políticos como el enemigo, refiriéndose a ellos como “demócratas radicales envalentonados”.

Aunque la megalomanía de Trump provoca comparaciones con dictadores y populistas, no pretendemos establecer paralelismos entre la insurrección de los seguidores de Trump con los movimientos sociales que han defendido causas legítimas en América Latina. Asimismo, claro que hay razones legítimas para la protesta en Estados Unidos, tal como se ha evidenciado con las numerosas manifestaciones pacíficas de los últimos meses, pero estas nada tienen que ver con los disturbios en el Capitolio.

En este caso la fuente de los agravios vino desde arriba, por parte de líderes preocupados por no perder su poder y privilegios. Se ha construido un resentimiento de hostilidad racial, tal como se aprecia en las banderas confederadas que portaban las personas que ocuparon el Congreso. Esto contrasta fuertemente con los movimientos sociales que han abogado por la inclusión política, el avance social y la justicia económica. 

¿Qué hacer con los líderes insurrectos?

Otra lección que aprender de la historia de América Latina es qué hacer con los líderes insurrectos. Algunos se levantaron de sus cenizas mucho más fuertes, y al igual que Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, controlaron a sus dragones. Castro y Chávez son claros ejemplos, ya que ambos emplearon su tiempo en la cárcel o en el exilio escribiendo manifiestos que exhortaban a sus seguidores a movilizarse más tarde. Otros, como Carmona, se han desvanecido de la historia (se convirtió en un académico sin importancia en su exilio colombiano). 

América Latina ofrece lecciones sobre justicia transicional; sobre la preocupación de a quiénes enjuiciar (jerarcas o soldados rasos) y cómo el proceso puede contribuir a una muerte rápida o lenta de la democracia. Los alborotadores que entraron en el Capitolio de los Estados Unidos deberán hacer frente a graves consecuencias.

Pero, ¿qué hay de Trump y de los demás líderes que alentaron la protesta? Durante años se han difundido falsedades que han llevado a millones de personas a denigrar a los que piensan diferente, y han empleado el descontento ciudadano para incitar a sus seguidores —apoyándose en otra mentira, la de la elección robada— a lanzarse al precipicio en busca de una revolución gloriosa. Si Trump y sus secuaces, incluyendo a sus asesores formales, no asumen consecuencias, no existirá ningún elemento disuasorio para nuevos intentos y se abre la puerta a una lenta erosión de la democracia. La experiencia de Hungría, Polonia o Rusia lo demuestra.

La alternativa, imponer severos castigos a los líderes insurrectos, ha provocado que algunos ex autócratas, como por ejemplo en Chile o Argentina, amenazaran a los nuevos regímenes democráticos con nuevos levantamientos y una muerte rápida de la democracia. De este modo, poner a prueba a Trump puede generar nuevas movilizaciones y violencia. Sin embargo, esto parece menos peligroso que someter a Estados Unidos a una muerte lenta de la democracia en la que populistas, demagogos e insurrectos se ven inmunes por cualquiera de sus acciones.

Los controles institucionales impidieron que Trump robara la elección

La siguiente lección que extraemos respecto a la experiencia latinoamericana es de contraste. Pese a reconocer la continua amenaza del triunfalismo y la debilidad representativa de la democracia estadounidense, los controles institucionales existentes impidieron que Trump robara con éxito una elección. Aun cuando las autoridades electorales a nivel estatal y el Tribunal Supremo cuentan entre sus filas con numerosos partidarios de Trump, desde estos organismos se rechazaron abiertamente las acusaciones de fraude electoral manifestadas por el presidente.

 De hecho, cuando el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre las irregularidades electorales en Pensilvania, las rechazó en una sola línea: «La solicitud de medidas cautelares presentada al Juez Alito y por él remitida a la Corte es denegada». Por el contrario, tales salvaguardias han fallado con demasiada frecuencia en la historia de América Latina. 

El papel apolítico de las fuerzas armadas

El papel ejercido por las fuerzas armadas estadounidenses también es crucial. Como latinoamericanistas, somos conscientes del brutal número de bajas infligidas en la región a manos de las fuerzas armadas estadounidenses y sus aliados. No obstante, y a pesar de que Trump ha tratado de imponer sus propios criterios, las fuerzas armadas estadounidenses se han manifestado reiteradamente ajenos a la política.

Como respuesta a la preocupación de que las fuerzas armadas respaldaran el intento de Trump de permanecer en el cargo, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, afirmó: «No prestamos juramento a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador. No hacemos un juramento a un individuo». Continuó su declaración afirmando que «en el caso de una disputa sobre alguna cuestión electoral, son los tribunales y el Congreso de los EE.UU. los que están obligados por ley a resolver el conflicto, no el ejército de los EE.UU”.

No se trata aquí de afirmar que el país norteamericano es una democracia excepcional, pero estas declaraciones demuestran el papel apolítico de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y cómo, en combinación con los controles institucionales, su actitud es fundamental para la democracia.

Como lección esperanzadora, el estallido social de Chile en 2019 muestra efectos potencialmente positivos derivados de una violencia social destructiva. Forzaron al gobierno de Piñera a iniciar el proceso para redactar una nueva constitución. Así, el proceso fue instigado por ciudadanos que exigían justicia social y económica y no por un líder que agitó a las multitudes mediante falsas teorías de la conspiración.

No tratamos de sugerir una correspondencia entre ambas situaciones, pero citamos a Chile con la esperanza de que la espantosa secuencia de acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos pueda dar lugar a una evaluación de la situación y, posteriormente, a la adopción de medidas para abordar las innumerables insuficiencias de la democracia estadounidense. 

Hay cierta ironía intencional en nuestra comparación de Trump con Chávez y Castro y no queremos menospreciar las marcadas diferencias en la legitimidad de los agravios.  Sin embargo, las lecciones de estos casos, más las de otros países y períodos de tiempo, nos muestran la gravedad de la situación. 

América Latina se ha enfrentado continuamente a amenazas populistas y autoritarias, con antihéroes como Pinochet que afirmaron que tuvieron que derrocar la democracia para salvarla de sí misma. A pesar de las diferencias con América Latina, los EE.UU. no son excepcionales en sus vulnerabilidades. Ahora esperaremos a ver si es excepcional en las reacciones y consecuencias. 

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Blinkofanaye en Foter.com / CC BY-NC

La larga trama del conspiracionismo

Por
Federico Finchelstein
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Hay gente que cree que el coronavirus es un instrumento de dominación mundial creado por los enemigos de su país. Son los mismos que opinan que cuando no ganan sus candidatos hubo fraude, o que cualquier cosa que dice el líder es la simple traducción de los deseos del pueblo. Esta es la gente que apoya a Trump en su intento de golpe de Estado cuyo final patético, fugaz y atroz fue el asalto al capitolio. En suma, estamos viendo una nueva versión de la irrealidad en la larga trama del conspiracionismo histórico. O para decirlo de otro modo: se da una nueva configuración de los anti-vacunas y los antidemocráticos en clave post-fascista.

Al igual que los fascismos, los nuevos populismos mezclan, deforman y niegan la ciencia mediante fantasías conspirativas. En Estados Unidos, país que hoy cuenta con la mayor cantidad de dosis de vacunas disponibles, el presidente saliente Donald Trump todavía no se ha vacunado a pesar de los consejos y la frustración de algunos de sus asesores. De hecho, la gran cantidad de norteamericanos que no piensa vacunarse se distingue grosso modo por su “trumpismo” a nivel político.

Las vacunas y las teorías conspirativas

Abundan entonces los delirios y las mentiras utilizados en clave política. Por ejemplo, ideólogos trumpistas, muchas veces posteados o reposteados a través de Twitter por su líder derrotado, sostienen que las vacunas son una forma de control social y poblacional por parte del Estado o un arma esgrimida conscientemente por China.

Así, la campaña de vacunación nacional y global es retraducida por fanáticos evangelistas cristianos y seguidores de la teoría de la conspiración de QAnon que piensan que Trump se ha enfrentado y se enfrenta una conspiración de caníbales-pedófilos satánicos que dominan el Partido Demócrata, Hollywood y las finanzas globales. Según este delirio, esta conjura es responsable de todos los problemas del mundo y esto incluiría también a las vacunas.

En este marco, la realidad es falsificada a través de la negación de la ciencia, de la enfermedad y de los resultados electorales. Según señala el Washington Post, gran parte de la gente que profesa la evidente mentira de un complot de las vacunas para controlar los cuerpos de la gente, es la misma que cree en la gran mentira de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales.

En concreto, no debería sorprendernos que la gente que niega la realidad en general, la niegue también en el sentido particular de las vacunas.

Un movimiento político que canaliza la paranoia

Lo que vemos ahora a nivel global, es una nueva alianza política de los ignorantes, los crédulos y los mentirosos. Antes de Trump, los anti-vaxxers no tenían un movimiento político que canalizara su paranoia. Esto es ahora posible para muchos de ellos, pues como ya había advertido el historiador del populismo americano Richard J. Hofstadter, la teoría de la conspiración y la sospecha indiscriminada fueron un elemento central del estilo populista xenófobo en Estados Unidos.

Pero si en Trump esta situación se presenta de forma ambigua en el sentido de que Trump también, contradictoriamente, quiere presentarse como el principal sostén de la vacuna y en este sentido juega a dos puntas: “pro-vacunas” para el público independiente y “anti-vacunas” para sus seguidores; en Brasil, Jair Bolsonaro ha adoptado una posición llanamente oscurantista.

Bolsonaro desanda una experiencia brasileña de más de un siglo de ser un país líder en campañas de vacunación masiva. Si Brasil fue un ejemplo para América Latina y el mundo; hoy es más bien lo contrario, un país gobernado por un paranoico extremo que hace un elogio de la superchería.

Bolsonaro ha dicho que no piensa vacunarse e incluso ha sostenido que la vacuna puede hacer que a las mujeres les crezca la barba y los hombres se conviertan en cocodrilos o que comiencen a hablar de forma “afeminada”. Como en Estados Unidos, la vacuna de Pfizer es la principal víctima de esta campaña de falsificación de la realidad que contiene elementos homofóbicos, xenófobos y nacionalistas.

Histórica paranoia

Nada de esto es nuevo. Como decía Hofstadter, el estilo paranoico ha existido desde mucho antes y de hecho era la marca principal de reaccionarios, y luego fascistas y antisemitas. “Este estilo ha circulado desde mucho antes de que la derecha extremista lo descubriera y sus objetivos han variado desde ‘la banca internacional’, los masones, los jesuitas y los fabricantes de armas”.

No siempre las cosas fueron así en la historia del populismo clásico. Fueron justamente los primeros regímenes populistas que llegaron al poder luego de 1945 los que dejaron detrás estos delirios. Cuando la necesitó, el populismo recurrió a la ciencia. Y de hecho históricamente, en los períodos clásicos de gobierno populistas la ciencia no sufrió ataques y generalmente el desarrollo científico y médico no fue ignorado. Más allá del folklore de espiritismo tan bien retratado por el escritor Tomás Eloy Martínez en La novela de Perón, sobre ocultismos y magias del peronismo de la Triple A con José López Rega e Isabel Perón a la cabeza, el peronismo, como el populismo en general, no fueron reaccionarios en su relación con la ciencia.

De hecho, el apoyo a la ciencia se extiende a la salud de los propios dirigentes quienes en muchos casos han prometido vacunarse primero. La situación es bien diferente para los nuevos populismos de extrema derecha. Para ellos la conjura de las vacunas es real y la realidad es simplemente descartable.

Foto de chaddavis.photography en Foter.com / CC BY

Asambleas y consultas en las reformas constitucionales en A.L.

Por
Julio Echeverría
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El Ecuador, al igual que el resto de América Latina, ha cerrado el año 2020 envuelto en una crisis de incertidumbre frente al futuro inmediato. La presencia incontrolable del Covid-19 instala una conjunción de crisis sanitaria y económica que se retroalimenta peligrosamente: mientras más incontrolable se vuelve la crisis sanitaria, más se afecta la economia; mientras esta se agrava, más se complica la operación de control de la pandemia. Si bien el Covid-19 puede afectar a todos sin reconocer diferencias de clase, edad, o género, perjudica principalmente a aquellos sectores más vulnerables de la economía, a los trabajadores por cuenta propia, que viven en la informalidad y en la sobrevivencia que caracteriza a las aglomeraciones urbanas.

Esta doble dimensión de la crisis termina por afectar al entramado político institucional; el fenómeno de la corrupción se incrementa y aprovecha el desarreglo social y económico, llegando a comprometer a los actores políticos. El involucramiento de la clase política en la corrupción hace que la política misma y sus instituciones (partidos, asambleas o congresos y los mismos ejecutivos) ingresen en una espiral de deslegitimación incontrolable.

Deslegitimidad política

En Ecuador, la popularidad del presidente, pero también de la Asamblea, no llega a los dos dígitos; en el Perú se asistió recientemente a un golpe parlametario que sustituyó al presidente Vizcarra; mientras en Chile se aprobó via consulta el llamado a una Asamblea constituyente.

En Ecuador, un considerable sector de ciudadanos agrupados en torno al Comité ciudadano para la institucionalidad democrática, ha recogido más de tres mil firmas para lograr que se apruebe la convocatoria a una consulta popular. Esta buscaría introducir radicales transformaciones en la constitución vigente, que fue diseñada a medida del expresidente Rafael Correa y de su agrupación Alianza País.

Esta propuesta de consulta pasó por el filtro de la Corte Constitucional, pero ha recibido resistencias y entorpecimientos en el trámite legislativo, en particular al tratar de eliminar un aspecto sustancial, como es la introducción de una segunda cámara en la actual Asamblea monocameral.

¿Puede la doble cámara contribuir a revertir la crisis de eficacia y legitimidad del sistema político? ¿Cómo puede reducir la tendencia a la concentración de poder en el ejecutivo propia del hiperpresidencialismo, sin que ello signifique obstrucción o  bloqueo decisional? ¿Puede la lógica deliberativa perfeccionarse al pasar por un doble filtro de discusion en la formación de leyes y en la fiscalizacion y control a la gestión de gobierno?

Reformas constitucionales

En la propuesta planteada, el senado o segunda cámara apunta hacia la abstraccion institucional. Incentiva la mirada de largo plazo, la visión estratégica; en esta línea, complementa a la representación territorial que se expresa en la elección de asambleistas provinciales y que se  especifica en  la cámara baja. El senado aparece como órgano reflexivo, esto es, detiene con su poder de veto las decisiones apuradas condicionadas por la presión coyuntural y obliga a repensarlas; devuelve a la camara baja y la obliga a rediscutir la ley aprobada inicialmente, una función de freno que sin embargo, no puede convertirse en bloqueo; la camara alta no estaría obligada a aprobar nuevamente la versión rediscutida por la camara baja.

La cámara alta, por su lado, puede dotarse de mayor legitimidad al abanderar los intereses generales frente a los intereses de partido y, al mismo tiempo, contribuir a la calidad en la formación de leyes; añade así valor a la gestión de la política inmediata, lo cual supone la diferenciacion de competencias entre ambas cámaras.

Parecería ser que las intenciones de detener la posibilidad de la convocatoria a consulta por parte de la legislatura ecuatoriana, obedecen al temor de que pueda afectar el actual status quo del sistema de partidos. El temor a la modificación de una institucionalidad que podría ser funcional a una modalidad de reproducción del sistema de partidos, que es la de los arreglos clientelares por el carácter de representatividad local y provincial que caracteriza al actual sistema representativo.

Se trata de un sistema que quiere aparentar alta representatividad de la base social, mientras deja la dirección estratégica de la política a la concentración inapelable del hiperpresidencialismo, que en el caso ecuatoriano se ha demostrado responsable de la corrupción sistémica.

Las consultas directas

En ambos casos, tanto en Chile como en Ecuador, se combinan modalidades de democracia directa (las consultas) con democracia representativa (asambleas).   La consulta directa adviene cuando se trata de casos excepcionales o extraordinarios que no están plenamente definidos en las cartas constitucionales, como acontece en el caso ecuatoriano, o cuando las posibilidades deliberativas de la representación, no producen resultados y lo que hacen es producir bloqueos decisionales, como sería el caso chileno.

En ambos casos, el acudir a la consulta obedece a la necesidad de contar con una mayor carga de legitimidad de origen, o para ratificar un curso futuro establecido por la presión social, como sería el caso chileno, o cuando se considera que la misma consulta podría producir un nuevo curso de reforma, como es la suposición del Comité ciudadano, en el caso del Ecuador. Conviene, en todo caso, pensarlas como funciones complementarias y no como funciones alternas. 

Las dos reformas, la chilena, como la ecuatoriana, apuntan a conjugar de manera más adecuada los dos desafíos que caracterizan a todo sistema político: su legitimidad y su eficacia. En ambos casos, el acudir a propuestas de reforma institucional mediante el proceso de consulta nos remite a discernir sobre el rendimiento del sistema. En ambos casos, se juega la institucionalidad del sistema político, al discutir reglas pactadas válidas para todo actor político, más allá de su orientación ideológica o programática, una institucionalidad donde se realice el imperativo de protección y profundización de la democracia.

La situación es enormemente paradójica: la democracia directa puede ser un importante instrumento de innovacion política, a condición de que se logre realmente fortalecer la capacidad decisional de la representación política.

Foto de la Asamblea Nacional del Ecuador en Foter.com / CC BY-SA

La derrota de la insurrección trumpista

Por
Carmelo Mesa-Lago
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Coautor Manuel Alcántara

Desde 1814, cuando tropas británicas quemaron la capital, no había ocurrido una tragedia como la protagonizada el 6 de enero por la banda violenta que asaltó el Congreso de Estados Unidos emplazado para ratificar la elección legítima de Joseph Biden y Kamala Harris contra la objeción de una exigua minoría de republicanos de extrema derecha. Entonces, una turba, portando banderas (incluyendo confederadas), rompió ventanas y entró al recinto, destrozó muebles y objetos de arte, e intentó interrumpir la sesión. Cinco personas murieron debido a los incidentes.

El causante de estos actos terroristas fue el presidente estadounidense, que durante dos meses había tildado de fraudulentas (“robo histórico”) las elecciones del 3 de noviembre. Con su desacreditado abogado Rudy Giuliani (que exhortó a olvidarse de los juicios y a “combatir”), había presentado más de 60 demandas en tribunales de la nación, todas las cuales fueron desestimadas por falta de pruebas, incluyendo a la Corte Suprema con los votos de los tres nuevos miembros conservadores nombrados por el propio Trump. En la mañana del motín, un desesperado y furioso presidente exhortó a su base intransigente a que marchara al Capitolio y forzara al Congreso a revertir la elección legítima y apoyara a los republicanos congresistas que objetaban dicha elección en algunos estados.

Actitudes contrarias

El presidente saliente siguió entusiasmado por la televisión los desmanes sin llamar a la guardia nacional para que contuviera el caos, una actitud contraria a la que tomó en agosto cuando frente a una multitud pacífica que protestaba frente a la Casa Blanca contra el asesinato de dos afroamericanos por la policía, ordenó que se disolviera la manifestación con gases lacrimógenos para poder salir y tomarse una foto en una iglesia cercana con una biblia en la mano. Ahora Trump solo hizo una breve alocución televisada para pedir a los sediciosos que volvieran a sus hogares alabándolos como patriotas a los cuales amaba, pero alegando que el vandalismo había sido provocado por el fraude electoral, advirtiéndoles que sus acciones estaban siendo usadas por el “enemigo” (los demócratas).

Una vez que la muchedumbre fue evacuada del Congreso y restaurada la calma por la guardia nacional, los legisladores reanudaron la sesión de ratificación. En ella, un grupo importante de republicanos que habían apoyado la objeción cambiaron su posición abrumados por lo ocurrido. El senador por Utah y excandidato presidencial, Mitt Romney, condenó la incitación de Trump y a los republicanos que objetaban la elección de Biden. El fiel trumpista Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, manifestó la legitimidad de la elección de Biden y Harris. La sesión legislativa terminó en la madrugada del día 7 con la aplastante derrota de los republicanos objetantes y la proclamación de Biden como presidente. Simultáneamente a los sucesos trágicos, la elección pendiente de dos senadores en Georgia se solventó, logrando los demócratas una mayoría en el Senado. La actuación de Trump no debe quedar impune y es esencial que se le procese para evitar una repetición de sus transgresiones, así como prevenir que otros autócratas como él osen intentar una sedición futura.

Todo ello se da en un marco dibujado por la interconexión instantánea en un mundo digital globalizado que acelera exponencialmente el flujo de las noticias y su impacto sobre la configuración del quehacer cotidiano y de las propias ideas que lo sustentan. Algo que es especialmente sensible en la construcción del orden político que rige la convivencia de las distintas sociedades. La transferencia de valores y de pautas de comportamiento mediante procesos ejemplificadores inherente al desarrollo de la humanidad cobra en los tiempos que corren una dinámica aceleradora insólita.

Un viejo asunto que se ha exacerbado en los últimos años gracias a la combinación de la impronta de una antigua pulsión populista junto con la explosión de nuevas formas de comunicación y de información. Por la primera, el movimientismo sustituye a procesos institucionalizadores, el antagonismo entre el pueblo y la elite dirigente se agudiza y lo emocional arrincona a lo racional. Por las segundas, la gente se ve empoderada y el activismo en las redes sociales margina a la reflexión, así como a cualquier otro tipo de intermediación conocida.

La posverdad

2016 fue un año clave en esta evolución ya que coincidieron la manipulación del plebiscito por la paz en Colombia, así como del que abrió las puertas al Brexit, con la campaña electoral presidencial norteamericana cuando Trump resultó vencedor. Fue el año en el que el término postverdad hizo un hueco en el diccionario. Desde entonces las cosas han seguido cambiando mucho. Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, entre otros, llegaron al poder en América Latina.

El bufonesco asalto al Capitolio es posiblemente el momento cenital de dicha transformación que propugna un salto hacia adelante en la historia de Estados Unidos, pero también en la iconografía global. El papel de las turbas autoidentificadas como el pueblo que ocupa un espacio que es suyo y animadas a ello por un presidente todavía en ejercicio, es uno de esos actos trascendentales con consecuencias irreparables. El orden interno norteamericano definido desde hace tiempo por una creciente polarización se quiebra y su patrón de exportación de la democracia entra en una fase de agónico declive. La insurrección trumpista es utilizada por China, Rusia e Irán para proclamar el declive de la democracia occidental, mientras que es criticada por Johnson, Merkel y Macron como un atentado a la democracia que deteriora la imagen del país como líder mundial.

Centroamérica y la nueva administración estadounidense

Por
Pedro Trujillo
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Los países del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) son los que concentran mayor violencia, pobreza, falta de justicia y bajos indicadores de desarrollo en la región, además de Nicaragua, —cada vez se tiene menos información por el régimen autoritario de Ortega— que representa un problema diferente para Washington. Independientemente de las ayudas internacionales, las misiones de paz instauradas en la década de los 90’ y otros esfuerzos realizados, persiste la sensación de siempre estar a punto de iniciarse el proceso para mejorar los indicadores.

Si se analiza el índice de gobernanza del Banco Mundial se puede observar un dato que también se encuentra, aunque más disperso, en otros índices: los problemas sustanciales a superar son la corrupción y la falta de Estado de Derecho (lo que también aplica para Nicaragua). Sistemáticamente desde el 1996, año en el que inicia el estudio, estas son las dos variables con menor puntuación en los tres países. Dicho en otras palabras y siendo un tanto atrevido: las causas de casi todos los problemas de esos países son la alta corrupción institucional y la ausencia de justicia y cumplimento de las leyes.

Impunidad extrema

Con un elevadísimo índice de impunidad (Índice Global de Impunidad) es complejo y difícil establecer las bases para el desarrollo. El coste de oportunidad de delinquir en estos países es extremadamente bajo, lo que “anima” a las personas a ignorar las normas ya que esto no suponga un riesgo significativo. Es más, en la mayoría de las ocasiones esto se promueve desde los gobiernos de turno.

Por ello, tanto en Honduras como en Guatemala han operado instituciones internacionales para combatir la corrupción y, en El Salvador, el presidente Bukele creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Esta comisión fue creada en colaboración con la Organización de los Estados Americanos, al igual que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) iniciada en 2016 y concluida en enero del 2020, aunque diferente a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que operó en Guatemala hasta 2019.

La necesidad de mejorar la lucha contra la corrupción no es nueva, pero se sigue debatiendo la forma. En Honduras, además del caso del expresidente Zelaya, se puede citar el de Porfirio Lobo y su esposa o el más reciente del presidente Juan Orlando Hernández, tras la condena de su hermano en USA por temas relacionados con el narcotráfico. En El Salvador, hay que recordar al fallecido presidente Flores, procesado en su momento, así como a Antonio Saca y Mauricio Funes, este último exiliado en Nicaragua.

Finalmente, Guatemala tiene un presidente huido y refugiado en Panamá (Serrano Elías), otro muerto antes de que se le pudiera levantar el antejuicio que tenía como alcalde (Arzú), un tercero condenado en Estados Unidos por apropiarse de fondos extranjeros, uno mas encarcelado, otro procesado y el último con varios antejuicios y ahora protegido con la inmunidad que otorga ser miembro del Parlamento Centroamericano, después de prestar juramento en un hotel a pocas horas de dejar de ser presidente ¡No debe haber región en el mundo con semejante concentración de casos!

La seguridad nacional de Estados Unidos

Debido a este precedente, pero sobre todo por la importancia que la zona tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a temas como el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado, las diferentes administraciones norteamericanas han prestado especial atención a la zona.

No obstante, se podría decir que durante la administración Trump se relajó la presión y, consecuentemente, se pueden esperar cambios de la nueva administración Biden. Recordemos que Guatemala, junto con Estados Unidos, cambiaron sus embajadas de Tel-Aviv a Jerusalén y también se firmó un acuerdo de “Tercer país seguro” —a solicitud (presión) de USA— para que Guatemala acogiera migrantes en su territorio en tanto en el norte se tomaba la decisión de qué hacer con ellos. Una “elegante” forma de disuadirlos. Por su parte, la administración norteamericana permitió que el presidente Morales (2016-2020) expulsara a la CICIG tras una fuerte y abierta confrontación con el secretario general de la ONU.

No ocurrió así con Honduras, especialmente después de la condena en tribunales norteamericanos del hermano del actual presidente, lo que provocó una reacción muchos más dura contra el mandatario centroamericano al que, incluso, se le adjudica la organización de marchas de migrantes hacia USA que terminó colapsando las instalaciones para indocumentados y provocó graves conflictos en las fronteras con Guatemala y México.

¿Vuelta a la normalidad?

La administración Biden ha anunciado la voluntad de retomar negociaciones con el objetivo de acabar con la pobreza que genera migración —además de violencia— siempre con el interés puesto en la seguridad norteamericana. Para ello ha “asegurado” la donación de unos 750 millones de dólares para apoyar reformas. Sin embargo, el programa más amplio se extendería por cuatro años y alcanzaría un monto de unos 4,000 millones de dólares. En esta nueva ofensiva cabe citar también la Ley de Compromiso Mejorada del Triangulo Norte (HR 2615), aprobada recientemente. Esta se asemeja a la ley Magnitsky, creada para imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países. Sin embargo, esta otorga a las autoridades estadounidenses una herramienta específica para enfocarse en los países del Triangulo Norte.

La nueva administración intentará también promover el desarrollo desde diferentes ópticas: inversión privada, mejora de la seguridad y del estado de derecho y abordar la corrupción endémica y reducir la pobreza. Además, se establecerá en cada embajada estadounidense en los países del triangulo norte, una oficina del Departamento de Justicia y Tesoro y se crearán oficinas de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta iniciativa se asemeja a la eficiente normativa que en su momento propusiera la congresista Norma Torres de origen guatemalteco, con respecto a la identificación de funcionarios públicos que hubieran cometido graves actos de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito en campañas electoras en los países del triangulo norte.

El nuevo año puede, sin duda, traer importantes novedades para la región centroamericana. Sin embargo, aún hay que aguardar al cambio de gobierno en Estados Unidos.

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Foto de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en Foter.com / CC BY-NC-ND

Colombia 2020: un futuro que es pasado

Por
César Niño
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El 2020 ha sido el año del regreso al pasado. Nos deja la lección de cuán vulnerables somos los humanos en la Tierra y la evidencia que el planeta no necesita a la humanidad para existir, pero sí que él es necesario para la vida de la humanidad. Es tal vez, un año trágico para la economía global y por ende regional. Pero más allá de las ecuaciones macroeconómicas, que a veces deshumanizan los datos, fueron 12 meses de problemas de salud pública y una época que desnudó los más graves y urgentes asuntos de América Latina.

Por ejemplo, en Colombia la pandemia cohabita con fallas de todo nivel. Para empezar, la covid-19 abrió un portal que agudizó la pobreza en muchas regiones periféricas del país. Se convirtió en el vector de violencia atomizada y permitió, incluso, que grupos armados criminales reclutaran menores y migrantes irregulares. Dichos reclutamientos se incrementaron en un 113 % en medio de la emergencia sanitaria. En Colombia, la pandemia ha sido uno de los tantos problemas que matan ciudadanos, ha sido uno de los factores de inestabilidad social, ha sido una de las causas de las fallas económicas y la quiebra de empresas, despidos masivos y un exacerbado desempleo.

El panorama nacional

A pesar de los esfuerzos del gobierno por la recuperación económica y la consecución oportuna de la vacuna, no es satisfactorio. La violencia se expande a velocidades mayores que cualquier virus respiratorio, ha coincidido con la víspera de un año electoral que ha sido capitalizado por los peligrosos populismos criollos y el inconformismo social que reclama más derechos y mejores libertades. El panorama colombiano, guardando las proporciones particulares, no se distancia mucho del de la región.

Un 2020 y una pandemia que dejó en evidencia que las cuarentenas eran solo para quienes cuentan con un techo, hecho que profundizó la realidad de Colombia con casi el 49% en la pobreza monetaria y un 14% en la extrema. Sumado a eso, la preocupación de la transformación de la violencia, nuevas masacres, complicaciones medioambientales, un contexto político sumido en la polarización y una agenda de gobierno volcada a paliar los efectos pandémicos, complicó incluso la idea de avanzar en distintos frentes de la implementación del acuerdo de paz.

Sin duda hay avances, pero pudieron ser más y mejores. Preocupa, entre otras que, en algunas zonas del país, haya gobernanzas criminales, es decir, grupos criminales que han construido contratos sociales subterráneos y han tejido controles sociales y económicos suplantando al Estado, o en algunas oportunidades, fungiendo como él. Esta situación no es exclusivamente de la pandemia, pero sí es una constante que se agravó con ella.

Un futuro poco alentador

El panorama para el año entrante no es tan alentador como se quisiera. Los destinos de las naciones no dependen exclusivamente de los gobernantes, pero sí de las transformaciones sociales. Es decir que, a pesar de que Colombia hace parte de la OCDE, tiene pronósticos macroeconómicos de crecimiento por encima del 4% y es socio global de la OTAN, aún muere gente por hambre, violencia y enfermedades por falta de atención hospitalaria de calidad. Entre más contrastes y brechas existan, mayores problemas estructurales son lo que se deben superar.

El 2021 se configura como el año en el que se verán los verdaderos efectos del 2020. La pobreza habrá aumentado, será un año de coaliciones políticas, de protestas sociales, de ajustes tributarios impopulares, de decisiones estratégicas en la órbita política y de seguridad. Un año en el que, si no hay cambios drásticos en los planos sociales y políticos, ni siquiera económicos, las próximas pandemias, que seguro vendrán, no darán chance para pensar en el futuro.

Foto de Cristal Montanez Venezuela en Foter.com / CC BY-SA

Caminantes y balseros: la soledad de la migración venezolana

Por
Nastassja Rojas Silva
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La migración venezolana comenzó a ocupar un lugar en la agenda regional a partir del año 2015 cuando el éxodo empezó a tener un matiz diferente al de años anteriores. Fue entonces cuando principalmente los países vecinos fijaron su mirada hacia este fenómeno migratoria que reclamaba atención especial, ya que en nada se parecía a aquella migración recibida en los primeros años de la revolución bolivariana.

Era de esperar que mientras la situación económica y social en Venezuela no presentara mejoría, la migración iría en aumento. Con el pasar del tiempo,  aquellos que huían de la crisis, saldrían en peores condiciones y con mayores necesidades que debían ser atendidas por los países de acogida. No obstante, debido a la rapidez del deterioro, la región no tuvo tiempo suficiente para preparase institucional ni socialmente para lo que vendría.

Una gran migración en un breve período de tiempo

No se trata del primer movimiento migratorio de gran impacto en Latinoamérica, pero si es el primero en desarrollarse a gran escala en un corto período de tiempo. Las más de cinco millones y medio de personas, en su mayoría, migraron desde el 2015. Esta última ola es la que requiere de mayor atención debido a las precarias condiciones de desplazamiento y a que los lugares de acogida no han contado con serivicos de asistencia mínima, lo cual ha generado dificultades para atender a los migrantes.

Estas carencias se entremezclan con las necesidades históricas de las poblaciones receptoras quienes, en ciertos casos, reclaman su prioridad como nacionales. Esto ha acentuando un aumento de expresiones xenófobas y en ciertos casos se ha llegando a responsabilizar a los migrantes de las miserias propia. En el transcurso del año 2020, solo en Colombia fueron asesinados más de 400 venezolanos, y varios de estos casos han estado relacionados a expresiones de discriminación.

En este marco, no es raro que se responzabilice a los migrantes de su situación y los peligros que han debido sortear en sus rutas de escape. Ya se trate de “caminantes” que han emprendido viajes de días a pie entre las montañas enfrentando bajas temperatura y presiones de los grupos armados, o “balseros” que deciden huir por mar en precarias embarcaciones.

El dilema de migrar

Si bien la persecución política se dio desde la llegada de la revolución, el desmejoramiento de las condiciones de vida se hizo visible para la comunidad internacional con la llegada de Nicolás Maduro al poder. Sin embargo, la crisis no es más que la consecuencia de un proyecto diseñado para controlar a la población por medio del empobrecimiento y la dependencia absoluta al régimen, a lo cual se ha sumado un aumento generalizado de la violencia.

Pero migrar no es fácil. Con una pobreza extrema cercana al 90%, depreciación de la moneda, bajos ingresos que cubren apenas un 0,4% de la canasta básica, el ciclo hiperinflacionario y adicionalmente la imposibilidad de obtener documentos de identificación, emprender el viaje es cada vez más dificil.

Por lo tanto, la migración venezolana no ha sido homogénea y se habla de varias olas con características diferentes. El empobrecimiento ha marcado la tendencia de los migrantes de los últimos años, lo cual sumado a una inflación desbocada y a una dolarización de facto de la económica que han hecho a las remesas insuficientes, se augura para este 2021 un aumento significativo de la migración con la partida de familias enteras.

Cuestión de normas y de humanidad

Quienes finalmente emprenden su viaje se enfrentan a una travesía llena de dificultades y riesgos. Aunque se ha reconocido internacionalmente la condición de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, estos no siempre reciben la protección adecuada y en muchos casos son violentados también en los países de tránsito y acogida. Por ello, numerosas instituciones internacionales demandan de forma imperativa protección para los migrantes y que se impongan obligaciones y responsabilidades tanto para Venezuela como para el resto de países de la región.

Particular atención merece el caso de la migración entre Venezuela y Trinidad y Tobago, en donde más de cien balseros han muerto en el último año intentando llegar a la isla. Incluso, en algunos casos los migrantes, son devueltos siendo abandonados a su suerte en la mitad de mar sin importar su condición o edad. En otros casos son privados de su libertad y sometidos a tratos inhumanos violatorios de las disposiciones internacionales, o caen en redes de trata y explotación sexual, siendo particularmente vulnerables las mujeres y niños.

Sin embargo, hasta el momento los gobernantes de estos dos países parecen no darse por aludidos y se excusan en la violación de derechos por razones políticas. De hecho, para el Primer Ministro de Trinidad y Tobado, el ingreso irregular de un migrante al país le convierte automáticamente en una persona indeseable. Esto no solo limita sus propias posibilidades, si no que pone en riesgo la situación migratoria de cualquier otro venezolano que le ayude.

La migración ante el Covid-19

Como si la crisis venezolana no fuera poco, en marzo se sumó la pandemia y sus embates económicos. Para quienes intentan sobrevivir en el país bolivariano el Covid-19 es una preocupación menor. Pero para los migrantes, la llegada del virus ha complejizado sus condiciones con un aumento importante de expresiones xenófobas. La asocisción del flujo migratorio con la expansión de la enfermedad ha dejado a los migrantes aún más desamparados. Además estos son los primeros afectados laboralmente al ser parte, en su mayoría, de la economía informal.

Ante esta situación, cerca de 100.000 migrantes intentaron emprender su viaje de regreso a Venezuela, en muchos casos a pie, estrellándose con un nuevo muro, el de su propio país. El régimen bolivariano ha impedido el reingreso de sus propios nacionales, acusándolos además de ser armas biológicas.

Esta situación ha incentivado el uso de pasos fronterizos irregulares, solo en el departamento de Norte de Santander en Colombia se han identificado más de 80 de estos pasos conocidos como “trochas”. Estos se encuentran controlados por grupos ilegales que controlan el paso y hacen parte de redes de trata y explotación.

Por lo tanto, si bien a nivel regional aún hace falta mucho esfuerzo para combatir la pandemia y sus consecuencias, es necesario que no se abandone la gestión migratoria coordinada. Los países fronterizos como Colombia y Brasil no tienen la capacidad institucional para soportar en soledad la atención de los migrantes. Un flujo que con toda seguridad aumentará este año y que dadas sus nuevas características, representa nuevos desafíos en la atención diferenciada.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Cristal Montanez Venezuela en Foter.com / CC BY-SA

Brasil 2020: reveses, muerte y precariedad

Por
Flávia Biroli
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En 2020 Brasil retrocedió. Y la política de muerte y precarización quedó en evidencia. Se perdieron casi 200.000 vidas por el Covid-19, el jefe ejecutivo se negó a asumir su responsabilidad y el gobierno optó por la inacción. De hecho, en marzo, el intento del presidente de impedir que los gobernadores de los estados actuaran para contener la pandemia fue llevado al tribunal constitucional brasileño. Además, el presidente utiliza su posición para defender medicamentos que no están comprobados científicamente y difunde desconfianza sobre las recomendaciones de salud como el uso de las máscaras.

En noviembre, cuando llegamos a 180.000 muertos, Bolsonaro nos pidió que dejáramos de ser un «país de mariquitas». Sobre la vacuna, quien ocupa el cargo político más relevante de la nación dijo: no me la daré, «si te conviertes en un caimán, el problema es tuyo». Más allá del intolerable chiste, hubo acciones en una dirección muy clara: en agosto vetó un proyecto de ley que proporcionaba beneficios e indemnizaciones a los profesionales de la salud y sus familias. Y por otro lado, se desperdiciaron recursos. A principios de diciembre, el Ministerio de Salud, dirigido por un militar, había dejado de distribuir 6,86 millones de pruebas de Covid-19 y dejó de utilizar el 27% del presupuesto para luchar contra la pandemia.

Violación del derecho constitucional a la vida

Esta negativa expresa del presidente a asumir la responsabilidad viola el derecho constitucional a la vida. Su contrapunto fue la ayuda de emergencia promovida por el Congreso, que en julio llegó a más de 65 millones de brasileños. Es posible que esta sea la razón por la que el apoyo al gobierno se ha mantenido estable, en poco más de 1/3 de la población.

Más allá del sufrimiento por el Covid-19, la política de desmantelamiento de la Ciencia y la Tecnología en el país sigue adelante, lo que nos lleva al presupuesto más bajo desde los años 90. La tasa de desempleo es del 14,4% y alcanza el 17% entre las mujeres. La participación de estas en el mercado laboral es del 46%, la más baja en treinta años. No hay preocupación por las políticas para el regreso seguro de los niños a la escuela, ni por ayudar a las familias con niños pequeños que regresan al trabajo.

Sin embargo, el gobierno sigue trabajando para la desregulación de la protección del medio ambiente y para sacar adelante leyes que faciliten el acceso a las armas de fuego. También apoya las acciones violentas de la policía, que sistemáticamente provocan asesinatos de jóvenes e incluso de niños negros, en los extremos de la brutalidad del racismo que el mismo gobierno se niega a reconocer. Y se están desmantelando políticas sanitarias como la que combate y trata a los contaminados por el VIH-SIDA.

La política exterior

En política exterior, la negativa a asumir posiciones de liderazgo regional e internacional ha ido acompañada de una posición sumisa hacia los Estados Unidos. Y en diferentes foros internacionales Brasil ha dejado su huella al actuar junto a países que buscan limitar los derechos de la mujer.

Entre las elites económicas, así como en los medios de comunicación brasileños, ha sido habitual rendir homenaje al Ministro de Economía, Paulo Guedes, como si se tratara de una especie de implante racional en un gobierno de gente irresponsable y desorientada. Sin embargo, su racionalidad es la que transfiere a la población los sacrificios del programa de austeridad, hace más precario el trabajo y reduce la capacidad de acción del Estado. La economía brasileña está creciendo muy por debajo del ritmo mundial y las desigualdades se están ampliando.

No hay signos de que en 2021 vaya a haber un cambio de rumbo. Internamente, la política de muerte y precariedad constituye la tragedia nacional. Externamente, la relevancia asumida por el país ha dado paso a una acción que oscila entre la intrascendencia y el antiliberalismo. En 1992, la canción Americanos de Caetano Veloso decía que bailábamos con una gracia inexplicable, «entre la similitud y la desgracia, entre lo monstruoso y lo sublime». En Brasil en 2020, se hizo difícil encontrar la gracia, y el monstruo amplió su capacidad de destrucción.

Foto de Senado Federal en Foter.com / CC BY

La incertidumbre de América Latina en la economía mundial

Por
Gregorio Vidal
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El año 2020 concluye con una notable contracción de la economía mundial, con cifras inéditas y para algunos países la mayor disminución del producto interno bruto (PIB) desde que se registran estas mediciones. La OCDE, en su estimación de diciembre de 2020, señala que la reducción del PIB mundial será de 4.2%. El G20 tiene una contracción de 3.8% y las economías de la eurozona de 7.5%. Globalmente es la mayor contracción del PIB desde el año 1946. En América Latina CEPAL, en su Balance preliminar sobre el año, considera que en 2020 se desarrolla la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región desde el comienzo del siglo XX, con una contracción del PIB de 7.7%.

El escenario incluye incremento notable del desempleo, caída profunda de la participación laboral, aumento relevante de la pobreza y de la desigualdad. En el conjunto de la geografía mundial es excepción el comportamiento de China, con un aumento del PIB, según la OCDE, de 1.8%. En todas las regiones se registra una contracción importante del PIB. incluso en las economías emergentes y en desarrollo, excluyendo a China la reducción es del orden de 5.7%, cifra muy semejante a las economías desarrolladas, con 5.8%.

Para América Latina, considerando la notable apertura de sus economías, el peso del comercio exterior en varias de ellas y la determinante externa en el comportamiento de sus mercados, los datos sobre el desempeño de las principales economías a nivel mundial no son una noticia positiva. Las estimaciones de la OCDE sobre el comportamiento futuro del PIB mundial dejan claro que la tendencia prevista hasta finales de 2019 se abandonó. En el escenario más optimista, con altos niveles de confianza y una drástica reducción de la incertidumbre, para finales de 2022 no se recuperará la tendencia de incremento del PIB mundial estimada a finales de 2019.

Difícil recuperación

También es posible que la recuperación de las actividades productivas se complique más, aún cuando se avance firmemente en el control de la pandemia. A la fecha, no es claro el nivel de afectación en muchas actividades económicas y menos aún las capacidades financieras y productivas de empresas y organizaciones de productores para enfrentar el futuro inmediato.  En particular, considerando la notable distancia entre el comportamiento de los mercados financieros por un lado y el resto de las actividades económicas.  

En América Latina los resultados del año 2020 se suman a un nuevo ciclo de débil desempeño económico. CEPAL señala que los años previos (2014-2019) son un periodo con bajo crecimiento económico, de 0.3%; y en 2019 hay un crecimiento de 0.1%. Se registra un pobre incremento en la economía de Brasil (1.4%) y caídas en las economías de Argentina (-2.1%) y México (-0.1). Es en este escenario que en los primeros meses de 2020 se produjo una salida de capitales de la región, con variaciones notables en los tipos de cambio.

También hubo reducciones en los precios internacionales de los productos primarios, destacando las caídas en el mercado de energéticos, que no se modifican a partir del segundo cuatrimestre del año. Posteriormente se dieron incrementos de la deuda pública y de las corporaciones, destacando las contrataciones en moneda extranjera. Son hechos que se han estado reiterando en el curso de las décadas previas con resultados negativos medidos en términos del crecimiento de la economía y del bienestar social.

A nivel global

El punto de quiebre lo constituyó lo realizado por los bancos centrales en las economías avanzadas, acompañados por varios de economías emergentes. Con diversas modalidades, los bancos centrales han realizado programas de compras de activos que no se reducen a títulos de deuda pública. El incremento en la hoja de balance de la Reserva Federal (FED), del BCE, del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón es notable. Como ejemplo, considérese los activos en poder de la FED que en marzo de 2020 suman 4.3 billones de dólares y se incrementan hasta más de 7 billones desde agosto del mismo año.

Estas acciones se acompañan de operaciones para mantener los mercados globales de títulos de deuda pública de Estados Unidos, con operaciones de canje de divisas entre la FED y los bancos centrales de 13 países y el BCE. Estos bancos centrales son tenedores de una parte importante de los bonos del tesoro estadounidense que circulan a nivel mundial y las acciones de la FED dan soporte a ese mercado.

Los Bancos Centrales en América Latina

En América Latina estas operaciones de canje incluyen a los bancos centrales de Brasil y de México por montos hasta por 60 mil millones de dólares. Estos han sido parcialmente utilizados para actuar en los mercados cambiarios.

Lo realizado por los bancos centrales, que incluye operaciones semejantes por varios de los bancos centrales de economías emergentes, como la de México, influye en el comportamiento de los mercados financieros. El S&P 500, el índice más representativo del mercado estadounidense, tiene un crecimiento sostenido desde el 23 de marzo de 2020 hasta el final del año. Pero el incremento no va más allá de los mercados financieros no bancarios.  Es un reducido espacio para las ganancias de unos cuantos.

Además, para América Latina implica un incremento de la vulnerabilidad financiera. La dinámica de los mercados de capital se encuentra más atada al curso de los mercados globales y parte de la deuda se está contratando en moneda extranjera. Esto incrementa la restricción externa para financiar el crecimiento.

Para la región, contratar deuda en moneda extranjera es un problema por no contar con los medios para poder cubrir su servicio. Es una vieja historia, que como lo demuestra de nuevo el caso de Argentina limita las posibilidades para el crecimiento económico. Además, las acciones realizadas por los bancos centrales no han reducido la incertidumbre y con ello no abonan para una recuperación de las capacidades de producción.      

Foto de Alex E. Proimos en Foter.com / CC BY-NC

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